Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 38467-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de la aduana y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas en el orden causado dada la ausencia de réplica (art. 68, segundo párrafo, CPCCN);
2Regular los honorarios en la forma indicada en el cons. VIII.
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Causa nº 25.887/2023, "Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 38467-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo" - TFN - Sala "F"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en los autos caratulados “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 38467-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, y La jueza Clara María do Pico dijo:
I. La sentencia de fs. 62/64 declaró "la nulidad de la instrucción del sumario obrante en la actuación administrativa nº 12210-942-2013 y, consecuentemente, la resolución DE PRLA nº 4477/2017" y "la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas por infracciones aduaneras". Impuso las costas a la aduana.
Para decidir de ese modo, sostuvo lo siguiente:
(i) en el expediente administrativo acompañado no se agregó la documentación original de la destinación nº 07 073 IT14 002298 T, "instrumento básico de análisis para la fundamentación de la imputación infraccional";
(ii) al contestar la vista, la aseguradora señaló esa deficiencia, sin embargo la aduana nada refirió sobre el asunto y no procuró su agregación; (iii) "la falta de agregación de la carpeta original de la destinación de importación temporaria (DIT) por parte del servicio aduanero, impide verificar la totalidad de los datos necesarios para poder determinar si se ha cumplido con la regularización del régimen";
(iv) "[l]a Aduana tiene el deber de guarda de la documentación original de la destinación y de su agregación a las actuaciones en los procedimientos iniciados, independientemente de que por medio de resoluciones dictadas por el propio organismo se establezcan a su favor plazos de conservación";
(v) "si bien el administrado (...) debe colaborar con la Aduana aportando cuando le fuera requerido la documentación que pudiera tener en su poder, el servicio aduanero no se encuentra exceptuado de preservar [la carpeta original que] resulta el elemento ventral para sostener la imputación prevista en el art. 970 del CA";
(vi) "[l]a agregación de la documentación original de la destinación es requisito indispensable para constatar si se reúnen las condiciones para disponer la instrucción sumarial, la imputación de la infracción y, por último, si se configura aquella, la condena. Su omisión no permite determinar si se trata de mercadería de importación prohibida o no y si al momento de su ingreso el verificador observó la posición arancelaria o no, datos que no surgen de la impresión de pantalla, así como tampoco otros elementos tales como un posible pedido de prórroga, etc.";
(vii) la aduana debe fundar sus decisiones en "la verificación fáctica que le da sustento" que, en este caso, es la documentación cuyo confronte permite tener por configurado el incumplimiento que pretende reprochar; (viii) "[c]laramente, las copias de las impresiones de pantalla obrantes en las actuaciones administrativas ensobradas e identificadas como DIT07073IT14002298T no alcanzan mínimamente para poder ejercer el confronte antes referido";
(ix) por estar viciado en su causa y haberse afectado los derechos al debido proceso adjetivo y de defensa, el auto que dispuso la instrucción del sumario es nulo; y (x) en consecuencia, desde que el vencimiento de la DIT habría operado el 19/09/2008, la acción del fisco para reclamar los tributos e imponer penas se encuentra prescripta (arts. 803, 805, 934 y 937 CA).
II. La apoderada del fisco apeló la sentencia y expresó agravios (fs. 75/82), que no fueron contestados.
Los planteos contenidos en esa pieza pueden sintetizarse así:
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(i) al contestar la vista, la aseguradora debió cuestionar los defectos de forma de que pudiera adolecer el acto que dispuso la apertura del sumario y al no hacerlo, convalidó ese acto (arts. 1101, 1104, 1051 CA); (ii) "EN MOMENTO ALGUNO PETICIONÓ LA NULIDAD DE LO ACTUADO EN SEDE ADMINISTRATIVA, circunstancia que invalida su pedido actual" (énfasis en el original);
(iii) la nulidad decretada ha sido extra petita;
(iv) "ESTAMOS -COMO APUNTARA- ANTE UN EXCESIVO RIGORISMO FORMAL, DEMOSTRADO POR LA INTERPRETACIÓN EXÉGETA DE UNA NORMA CUYA APLICACIÓN LITERAL IMPLICARÍA DISPENDIO JURISDICCIONAL Y TOMA DE MEDIDAS INCONDUCENTES" (énfasis en el original);
(v) no puede declararse la nulidad por la simple presencia de un vicio si no existe un perjuicio;
(vi) la sentencia valoró erróneamente las pruebas de la causa, incurriendo en arbitrariedad;
(vii) las normas internas estipulan que la DGA debe conservar la documentación por el plazo de 6 años y la actora, según el Código de Comercio, por 10 años, sin embargo la sentencia pretende que el fisco "salve su falta, guardando los permisos de embarque que aquella no conservó por un término superior al debido".
III. A fs. 84, frente al pedido del letrado apoderado de la aseguradora (Enrique Benítez Cruz), se regularon sus honorarios en la suma de $45.000.
El referido profesional los apeló por considerarlos bajos (fs. 91/92) y el fisco por considerarlos altos (fs. 89/90).
IV. De las actuaciones administrativas acompañadas a la causa surge lo siguiente:
(i) se efectuó una imputación en los términos del art. 970 CA por presunto incumplimiento de la firma Victor Santesteban y Cía SA a las obligaciones resultantes del régimen de importación temporaria de la mercadería introducida mediante el DIT nº 07 073 IT14 002298 T; (ii) nunca se agregó la carpeta original de esa destinación ni se acompañó la póliza con la cual la aduana pretendió extender la responsabilidad tributaria a la aseguradora aquí actora;
(iii) solamente Fianzas y Créditos SA Cía. de Seguros contestó la vista conferida (fs. 29/31 del sumario). Al hacerlo, puso de relieve las falencias apuntadas (ausencia de carpeta contenedora del DIT y póliza originales) y dejó "planteada la nulidad de todo o actuado en las presentes actuaciones hasta tanto se agregue la documentación correspondiente";
(iv) luego de la presentación de la aseguradora, se efectuó una nueva liquidación (fs. 35), se consultó por antecedentes computables del importador, con resultado negativo (fs. 36) y se dictó la resolución DE PRLA nº 4477/2017 que dispuso el archivo del sumario en aplicación de la IG nº 11/16 (por el monto de la multa) y efectuó el reclamo de los tributos. En esa oportunidad, se contestó el planteo de la aseguradora por las carencias referidas señalando que a fs. 18/20 obran las impresiones de pantalla del Sistema María (con los datos consignados en el DIT), cuya validez no se puede poner en duda.
V. El pensamiento que estructura la expresión de agravios del fisco consiste en que la aseguradora consintió el auto de instrucción del sumario por no haber efectuado cuestionamientos al contestar la vista. Como se vio, eso no fue así. Desde su primer presentación, la aseguradora hizo notar que el fisco pretendía exigirle tributos sin ningún respaldo documental. Ciertamente, del sumario no surge qué mercadería se importó, qué tributos fueron garantizados, cuáles fueron abonados (en caso de que ello hubiera ocurrido), cuáles son las cláusulas que rigen el contrato de seguro que obligaría a la aquí actora, el monto por el cual se habría obligado, etc..
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En definitiva, no consta en el sumario el mínimo sustento documental en el cual se asienta la imputación efectuada, que, en lo que aquí importa, es el fundamento de la determinación de la exigencia tributaria y su extensión. A ello se suma un aspecto no menor, la ausencia del título por el cual la aduana formula la exigencia tributaria a la aseguradora aquí beneficiada por la sentencia que se pretende revocar.
VI. En el contexto descripto, vale tener presente que esta sala ha puesto de resalto que, tal como se señala en la exposición de motivos del Código Aduanero, la determinación de los hechos que se reputan constitutivos de la infracción resulta de vital importancia, pues no solamente el imputado podrá tener cabal conocimiento de los ilícitos investigados —lo que incide en un mayor amparo de su derecho de defensa (ver sección 14, título 2, capítulo 3 de la Exposición de Motivos)— sino que, además, implica la primera intervención del administrador aduanero, quien frente a la posibilidad de desestimar la denuncia u ordenar ampliar la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario por entender que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento (causas “Enod SA c/ DGA”, “Arcangel Maggio SA c/ DGA” y “ABB SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 10 de septiembre de 2013, del 14 de julio de 2016 y del 26 de septiembre de 2017). La falta de agregación de la documentación que sirve de fundamento la exigencia tributaria formulada da cuenta del vicio en la causa del acto por el cual se dispuso la instrucción del sumario. Y no puede sostenerse lógicamente, como lo hace la aduana en su recurso, que no existió afectación al derecho de defensa de la aseguradora derivado de tal defecto en la actuación administrativa, pues éste surge evidente por lo apuntado en el considerando anterior.
VII. Por otra parte, la aduana pareciera pretender que este tribunal exija a la aseguradora la guarda de documentos de una operación aduanera que le resulta ajena, mientras busca evadir las obligaciones que imponen los principios que instruyen la actuación administrativa para investigar y reprimir las eventuales infracciones aduaneras que se cometan. Esta sala recordó también que el deber de los administrados de conservar cierta documentación por un determinado plazo, no exime a la aduana de contar con aquellos documentos que constituyeron la causa del acto administrativo que dispuso la apertura del sumario, previo a su dictado (esta sala, causa “Federal Express Corporation c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de julio de 2020).
Es que el deber de la Aduana de fundar los actos administrativos que dicta es un imperativo legal que no puede desoírse con el pretexto de atribuir responsabilidad en la conservación de los documentos a la imputada. Frente a las tres posibilidades que otorga el art. 1090 del CA, cuando la Jefa de la Secretaría de Actuación nº 4 del Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros dispuso la apertura del sumario (fs. 16), debió contar con los antecedentes fácticos y jurídicos que permitan adoptar ese temperamento.
Y lo cierto es que en autos, como bien lo entendió el tribunal a quo, al no contar con los documentos en los que debió fundar la imputación y la consecuente exigencia tributaria, ese acto administrativo, por encontrarse viciado en su elemento causa, resulta nulo (ver, en sentido análogo, esta sala, causas nº 30.455/2018, “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y nº 87.454/2017, “Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2019 y "Federal Express", citada).
Por todo ello, corresponde desestimar el recurso de la aduana.
VIII. En cuanto a los recursos que la demandada y el beneficiario interpusieron contra la regulación de honorarios cabe decir que, dada la naturaleza del proceso, su monto, la única etapa cumplida bajo la vigencia de la ley 21.839, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional cumplida a la luz del resultado obtenido, corresponde CONFIRMAR los honorarios del abogado Enrique Benítez Cruz, por los trabajos realizados CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 25.887/2023, "Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 38467-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo" - TFN - Sala "F"
en su carácter de letrado apoderado de la actora en la sede del Tribunal Fiscal de la Nación.
Por las razones hasta aquí expuestas, VOTO por: 1. Desestimar el recurso de la aduana y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas en el orden causado dada la ausencia de réplica (art. 68, segundo párrafo, CPCCN); 2. Regular los honorarios en la forma indicada en el cons. VIII.
El juez Rodolfo Eduardo Facio adhiere al voto de la jueza do Pico.
La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. Adhiero a los considerandos I y II del voto de la Dra. Clara M. do Pico. Disiento, empero, con la solución propuesta en torno a la validez del auto de apertura de sumario, en tanto habría afectado el derecho de defensa en juicio de la aseguradora “Fianzas y Crédito SA”, aquí actora. Solución a la que arribo, a partir de lo normado por Sección XIV, Capítulo III del Código Aduanero (CA). La que regla el procedimiento infraccional — al que corresponde estar, desde que no ha sido motivo de objeción—.
a) El art. 1090 del referido CA, da cuenta de los actos procesales a cumplir, por el Administrador, al recibir las actuaciones administrativas. Por su parte, el art. 1091 detalla el objeto del sumario; así como los pasos a seguir una vez abierto: i) comprobar la existencia de una infracción aduanera; ii) determinar los responsables; iii) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal, con graduación de las penas aplicables; y iv) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder.
Esto es, el Administrador que recibió la denuncia y consideró ajustada la apertura del sumario contencioso, presume que existen elementos suficientes para aperturar la causa. Atento lo cual, cumplidas las medidas dispuestas en el art. 1094 del CA, correrá vista de lo actuado al presunto responsable para que presente sus defensas (art. 1101 del CA). b) Del juego de los arts. 1094 y 1101 del CA resulta que, con carácter previo a correr vista de lo actuado, el agente aduanero determina los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción, así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, y liquidación del tributo.
Al respecto, claramente el art. 1101 prevé “cumplidas las medidas dispuestas” en el art. 1094, se correrá vista de las actuaciones a los presuntos responsables a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Línea que mantienen también, otros artículos del CA. Entre ellos:
i) El art. 110, en tanto prescribe que la vista, también tiene los efectos de notificación de la liquidación de los tributos, a los que alude el inc. d) del art. 1094.
Tal como consideró la Comisión Redactora de la ley 22.415 “(…) dicha vista surte también efectos a los fines de la notificación de la liquidación de los tributos (…)”. Lo cual conlleva a la interrupción de la prescripción de los tributos anudados a la operación (art. 806, inc. a)[1] ).
ii) Por su parte, el art. 1104 siguiente, prescribe que “[D]entro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo”.
iii) Finalmente y con relación a la forma, importa puntualmente tener muy presente el art. 1050; en tanto impide anular actos del procedimiento aduanero, si hubiera logrado su finalidad.
1.
1 El que prevé: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera (…)”.
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Expresamente prescribe que “[n]o se podrá declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a que estaba destinado”.
Es más, ya la Exposición de Motivos con toda precisión dio cuenta de la recepción del principio: el de la no aceptación de la nulidad por la nulidad misma; siguiendo así la línea del art. 169 del CPCCN (Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo X. Basaldúa, Juan P. Cotter M., Héctor G. Vidal A., Código Aduanero Comentado, Edit. Abeledo Perrot, Tomo III, pág. 570).
II. De cara, entonces, a dicho plexo normativo se impone revisar lo actuado tanto ante la Aduana como ante el TFN, a cuyas constancias debe también estarse desde que no fueron contrastadas por prueba en contrario (esta Sala, causas “Luis M. Pagliara S.A.”, del 6/11/2018; “Moncho Vicente Rafael”, del 24/5/22; “Pernord Ricard Argentina SRL (TF 32644-A)”; del 16/8/22, entre otras).
A) La actuación 12210-942-2013 se originó con el Acta denuncia nº 122/13.
Fue llevada a cabo por la autoridad aduanera: “División Registro” y la “Sección Procedimientos Técnicos” (fo. 1/2 de las actuaciones 12210-942-2013, reservadas).
Se formuló, por “infracción al régimen de destinación suspensiva del CA y penado por el art. 970 del CA de la mercadería con vencimiento 19-09-2008”. Todo ello, respecto al “DIT07073IT14002298 T”.
Contiene las impresiones de pantalla SIM del Sistema María, dando cuenta de los hechos y detalles de la importación temporaria en trato. Entre otros: doc. de transporte, importador/exportador, despachante, vendedor, fecha del vencimiento del DIT -el 19709/08-, destinación, fecha y medio de transporte, nº ítem, monto flete y FOB, valor imponible, precio unitario, país de origen, cantidad declarada y disponible. Todo ello, “sin eventos de cancelación”.
Visualizándose allí diferentes ítems. Entre ellos: “CONSULTA DECLARACIÓN DETALLADA”, “CONSULTA PRESUPUESTO GENERAL”, “CONSULTA DE ITEM”, “CONSULTA SÍNTESIS DE ITEM”, “CONSULTA DE GARANTÍA”— (fo. 3/5).
B) Por nota 1793/13, la Sección de Procedimientos Técnicos, consideró que “corresponde elevar la denuncia por presunta infracción al art. 970 CA para la mercadería documentada en 070731T14002298-T”. Asimismo, y previo a todo trámite, ordenó los pases internos para informar “(…) el valor en Aduana para la mercadería documentada para la aplicación de multas, alícuotas que gravan la importación a consumo, y si se trata de una mercadería prohibida, teniendo en cuenta (…) el vencimiento 19-9-2008” (fo.7).
Atento lo cual, la Sección de Liquidaciones División de Verificación, informó sobre diferentes ítems y sus respectivos porcentuales: PA, DI, TE, DIA, IVA, IG, VA. Actuación en la cual, y a diferencia de lo que afirma el TFN, se dejó constancia de que se trataba de mercadería “que no era de importación prohibida” (fo. 8); a lo que se anuda la liquidación de los tributos correspondiente al DIT (fo. 9). El 16/4/13 el Jefe de la División Registro, emite la correspondiente “Orden de Intervención” dando cuenta de los informes habidos, de un perjuicio fiscal de USD12082,52, con multa mínima de USD 3108,71 por presunta infracción al art. 970 CA (fo. 10).
Se determinaron los tributos y la multa (fo. 13/14).
C) En punto a la garantía, se indicó su clase, tipo (seguro caución), motivo de constitución: “importación temporaria” y el código del garante:
“FIANZAS Y CRÉDITOS”.
Concretamente, y para lo que ahora en especial importa; se indicó la póliza “electrónica” respectiva con individualización de su número: 100781; del nombre y código del garante (la aseguradora aquí actora). También, con constancia de su estado: afectada, no devuelta, ni bloqueada; fecha, importe afectado a la DIT en trato, y su vencimiento: 19/09/08 (fo. 15).
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D) Como corolario de toda esta información y con sustento en ella, el 10/10/13 la Jefe de Procedimientos Legales dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090 , inc. c) del CA[2] (fo. 16/ y vta.). Lo hizo, en función de que la firma “no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante Despacho de Importación Temporal nº 07073IT14002298T, con vencimiento el 19/09/2008 lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero (…)”.
Indicó, asimismo que “[e]n caso de poseer documentación que acredite la cancelación del Despacho de Importación Temporal denunciado en autos, deberá acompañar originales o copia de la misma no limitándose tan sólo a su mención (…)”. Haciendo saber a la imputada “que si dentro del plazo para contestar la vista realiza el pago voluntario de la multa mínima, cuyo importe asciende a (…) $14.022, 13 se declarará extinguida la acción penal y no se registrará antecedente”. Citándose a la garante “Fianzas y Créditos SA” (póliza Nº 100781) a estar a derecho.
E) El 23/10/13 y de todo ello, la Aduana corrió Vista a Fianzas y Créditos SA, así como a su asegurada, para que en 10 días comparezca, presente defensas y ofrezca pruebas (fo. 27/28).
F) A diferencia de la imputada (no consta presentación alguna de su parte), la aseguradora contestó la Vista (fo. 29/31).
Planteó, la nulidad de lo actuado “ante falta del original de la póliza […] y el despacho de importación”.
Afirmó que la falta del original de la póliza, hace a la carencia de título y que la ausencia del original del DIT lo hace desconocer “que el despacho sea objeto de investigación paralela por la comisión de la misma infracción”.
2.
Art. 1090: “Recibidas las actuaciones, el administrador: a) ordenará ampliar la investigación en aquellos aspectos que considerare necesarios; b) desestimará la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera; o c) dispondrá la apertura del sumario”.
G) Finalmente, por la res. DE PRLA 4477/17 (también cuestionada por la actora) ante el TFN, se intimó al pago de los tributos adeudados, en su calidad de garante (fo. 37/38).
En dicho acto, se destacó que “(…) a fs. 18/20 se agregan las impresiones de pantalla de la consulta de la Destinación en trato, las que fueran efectuadas en el Sistema María, a través del cual se realizan todas las operaciones aduaneras. Por lo que poner en duda su validez y veracidad, equivale a dudar de la totalidad del sistema que rige actualmente la operatoria aduanera, atento que los datos consignados en el DIT denunciado fue volcado al Sistema María al oficializarse la operación en cuestión”.
Asimismo, que “se encuentra glosada constancia de la consulta realizada al Sistema de ‘Registro de Sumarios Archivados’ con que cuenta este Departamento, de la que surge que no se han encontrado en dicha base antecedentes de sumarios archivados a nombre de la imputada en autos, por el mismo tipo infraccional que el que aquí se investiga que impidan el archivo de los presentes”.
III. En tales condiciones, corresponde admitir los agravios del Fisco y revocar el pronunciamiento recurrido.
En esencia, porque lo actuado en sede administrativa, visualizado en función de las normas de aplicación, da cuenta de la inexistencia del agravio al derecho de defensa, que la aseguradora afirma conculcado. Más aun, si se tiene en cuenta que para sustentarlo, se limitó a invocar defectos formales (esta Sala I, causas nº 17403/202“Pernord Ricar Argentina SRL”, del 16/8/22, 3396/2022“Manufactura de Fibras Sintéticas”, del 22/9/22). Esto es, la falta de agregación del original del DIT y de la póliza.
Lo que hizo, insisto, sin contrastar con prueba en contrario lo actuado en sede aduanera (especialmente por el Sistema María). Tampoco, los fundamentos, ni las conclusiones de la res. DE PRLA 4477/17 que, en definitiva formuló cargo a la importadora y a la garante (aquí actora) por la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 25.887/2023, "Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 38467-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo" - TFN - Sala "F"
obligación tributaria en trato; por lo que a sus términos debe estarse (art. 12 de la ley 19.549; CSJ, Fallos 319:1476; y esta Sala I en “Luis M. Pagliara S.A.”, “Moncho Vicente Rafael”, y “Manufactura de Fibras”, citadas, entre muchas otras).
Máxime que:
(A) Como se vio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado (Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247 :52; 267:134; 273:134; 305:831; 331:2769; esta Sala, “Catardo Emmanuel”, del 4/7/19, “Aseguradores de Cauciones SA”, del 26/6/23, “Manufactura de Fibras”, 22/9/22, entre muchas otras).
Quien plantea la nulidad de un acto debe señalar, no solo los vicios de éste, sino también el perjuicio sufrido y las defensas que se ha visto impedido de oponer. A cuyo fin, no basta, la mera invocación de haber sido privado del derecho de defensa en juicio, si no indica concretamente, de qué modo habría influido el vicio alegado en el ejercicio de aquél (doc. Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1404; 339:480; 342:624; y de esta Sala I “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero”, del 3/2/12; “Banco de Valores SA y otros c/ CNV s/ mercado de capitales –ley 26.831- art. 143”, del 28/8/2018; “Kimberly Clark Argentina SA”, del 4/6/19; “Pernord Ricar”, ya cit., y “Vidriería Argentina SA”, del 17/10/23; entre otras).
(B) Sin que sea procedente declarar la nulidad por la nulidad misma. Lo que aparece como solución inaceptable, en el ámbito del derecho procesal (doc. Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1404; 339:480; 342:624; esta Sala I, “Catardo, Emmanuel”, “Pernor Ricard”, ya citadas; Sala II, “Metrópolis Casa de Cambio SA”, del 15/09/11; Sala III, “Moncho Vicente Rafael”, del 24/5/22, entre otros). La aseguradora no cumplió con dichos recaudos.
No negó la determinación de los hechos resorte de la imputación infraccional. Tampoco alegó la carencia de algún requisito indispensable que le impida a la Aduana lograr la finalidad que estaba destinada a cumplir.
En tales condiciones, y más allá de no discutirse el vencimiento del plazo para la conservación de la documentación original; lo cierto es que lo actuado ante dicha sede, tiene suficiente apoyo fáctico en las constancias del Sistema María, reseñados en el considerando II de este voto. De donde resulta la determinación de los hechos constitutivos de la infracción, los resultados de la verificación, valoración y clasificación de la mercadería; y liquidando el tributo con arreglo a los arts. del CA antes revisados, en especial los arts. 1094 y 1101.
Sistema que, lo reitero, no fue contrastado por la aseguradora, quien se limitó a ponerlo en duda invocando la eventual existencia de una investigación paralela por la misma infracción; lo que es claramente insuficiente al fin buscado.
Es más, la aseguradora, no obstante reconocer expresamente la “confiabilidad y seriedad del Sistema Informático María”, insistió en plantear la nulidad del acto de apertura por “cercena[r] su derecho de defensa”. Todo ello, sin contrarrestar, insisto, los detalles de las impresiones de pantalla ni de la póliza electrónica nº 100781, que como se vio, individualizó de manera suficiente el Fisco (conf. mi disidencia en “Chubb”, del 6/2/24).
Por todo lo cual, con carácter previo a la presentación de la defensa, la firma imputada y su aseguradora, aquí recurrente, pudieron conocer “los hechos investigados”, la verificación, clasificación y valoración de la mercadería en trato, y la liquidación de tributos (Mario A. Alsina, y otros, “Código Aduanero Comentado”, cit., pág. 620; esta Sala I “Manufactura de Fibras”, ya cit., y mi disidencia en “Chubb”, ya citada).
(C) A su vez, en el expediente tramitado ante el TFN, se requirió “a la representación fiscal para que en el plazo de cinco días acompañe el original o copia certificada de la póliza nº 100781 (identificador de garantía 07073015537U)” (fs. 47).
Lo que, el Fisco acompañó (fs. 51/54) con el detalle de las condiciones generales y particulares. Ratificando en su integridad, los montos garantizados y demás datos relativos a la operación garantizada.
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Causa nº 25.887/2023, "Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 38467-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo" - TFN - Sala "F"
D) En suma y, aun cuando no se hayan anexado los originales del DIT y de la póliza, lo cierto es que lo actuado en sede administrativa es suficiente para tener por válido al acto de apertura del sumario y consecuentemente la res. DE PRLA 4477/17, en atención a que la aseguradora ninguna otra defensa invocó respecto de ésta última.
IV. De todo ello resulta que, el acto de apertura del sumario —del 10 /10/13— tuvo aptitud suficiente para suspender el plazo de prescripción que se encontraba en curso (conf. art. 805, inc. a), del CA). También la plena validez del procedimiento sumarial, incluida la res. DE PRLA 4477 /17.
V. Consecuentemente, corresponde admitir el recurso interpuesto por el Fisco, dejar sin efecto el pronunciamiento apelado y confirmar la res. DE PRLA 4477/17. ASÍ VOTO.
En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, el tribunal, RESUELVE: 1. Desestimar el recurso de la aduana y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas en el orden causado dada la ausencia de réplica (art. 68, segundo párrafo, CPCCN); 2. Regular los honorarios en la forma indicada en el cons. VIII.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia