Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 45928580-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.), y
2Modificar los honorarios y regular los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
33.043/2023 Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 17 de noviembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 9/11/2022 Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por allanada a la Dirección General de Aduanas en la presente causa, con costas al Fisco Nacional.
Para así resolver, precisó que, mediante IF-2022-93081993-APN- DTD#JGM se presentaron la DGA y la actora y solicitaron la suspensión del plazo para contestar el recurso de apelación en los términos del art. 1146 in fine del C.A. Señaló que, mediante IF-2022-113599167-APN-DTD#JGM, el fisco se allanó al recurso de apelación interpuesto por la firma aseguradora FIANZAS Y CRÉDITO S.A. CÍA DE SEGURO contra la Resolución Nº 228/2022, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12447-5582-2013. Refirió que la demandada señaló que “(…) el allanamiento se realiza en virtud de la Disposición N° DI-2022-62-E-AFIP-SDGTLA. Pone de resalto que al interponer el recurso de apelación ante este Tribunal, la aquí actora: 1. consiente el pago del monto de tributos debidos hasta el límite establecido en la póliza de caución Nº 221155 ($157.796), con más los intereses que correspondan conforme al art.794 del C.A.;
2. se agravia de la inclusión de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias -conforme el precedente de la CSJN Cladd ITA S.A.- en la liquidación de tributos adeudados; 3. se agravia de que se lo condene al pago de los tributos más allá del límite máximo de la póliza, establecido en $157.796.
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Concluye que teniendo en consideración que el recurso de apelación se encuentra constituido únicamente por estos dos agravios y que la firma ha consentido el monto máximo de la póliza con más los intereses que correspondieran, la Representación Fiscal elevó solicitud de allanamiento, la cual fuera concedida por medio de la Disposición anteriormente citada. En consecuencia, solicita se tenga presente el allanamiento practicado. En cuanto a las costas, peticiona se las impongan por su orden ya que el allanamiento es oportuno, total y efectivo; por lo que entiende que corresponde apartarse del principio objetivo de la derrota”. Apuntó que, mediante IF-2022-117190140-APN-DTD#JGM la actora contestó el traslado del allanamiento que le fuera conferido, solicitó que se tenga por allanado al fisco con expresa imposición de costas en virtud de lo dispuesto en el art. 1163 del C.A. toda vez que “(…) el servicio aduanero estuvo en condiciones de limitar el reclamo tributario a la aseguradora hasta la suma máxima garantizada en pesos, sin embargo se vio obligada a recurrir ante este Tribunal en busca de justicia y abonar la tasa de actuación. Agrega que al momento de dictar la resolución condenatoria, la Aduana tuvo la oportunidad de atenerse a las condiciones particulares y generales de la póliza emitida, aplicando correctamente las cláusulas del contrato que resultan claras, expresas e inequívocas, por lo que no debió apartarse de lo allí dispuesto. Solicita que impongan las costas a la aduana, de conformidad con lo normado por el art. 1163 C.A.”.
El Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que, en los términos del art. 1143 del Código Aduanero y atento el consentimiento formulado por la actora correspondía tener por allanado al Fisco, con costas a su cargo, en razón que por su accionar obligó a la actora a interponer el recurso de apelación que diera origen a la presente causa (art. 70 inc. 1 in fine del CPCCN).
II. Que contra dicha decisión con fecha 4/12/2022 la demandada interpuso de apelación y expresó agravios (concedido el 13/12/2022), los que fueron contestados el 26/12/2022.
III. Apelación del Fisco Nacional:
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Sostiene la recurrente que, si bien es cierto es que en nuestro derecho positivo la calidad de vencido constituye el principio básico para definir la condena en costas, se debe tener en cuenta que a la vera de ese hecho objetivo el legislador ha reconocido diversas excepciones fundadas en pautas subjetivas que exigen el análisis de la conducta de las partes extra e intra litis. En este marco, adujo que, en relación al demandado, y en particular en caso de allanamiento, es menester examinar si su conducta previa a la deducción de la demanda fue dilatoria o entorpecedora y también, ya en el curso del proceso, si su actitud tendió a dificultar o alongar su tramitación (confr.: Gozaíni, “Costas procesales”, EDIAR, Bs. As., 1990, págs. 170/171, nros. 61 y 62).
Puntualiza que, si bien el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (C.P.C.C.N.) consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, dicha regla admite excepciones. Esto también se ve reflejado en el art. 1163 del C.A., que claramente dispone: “La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición. A los efectos expresados serán de aplicación las disposiciones que rijan en materia de arancel de abogados y procuradores para los representantes de las partes y sus patrocinantes así como las arancelarias respectivas para los peritos intervinientes”.
En este orden, destaca que, conforme el voto de la Doctora Elena Highton de Nolasco recaído en la causa “Metrogas SA c/ Neuquén Provincia s/ acción declarativa” (CSJN, 25/09/07, T 330, P 4.256), las circunstancias particulares de la causa hacen al apartamiento del principio rector, imponiendo la aplicación del artículo 70 del C.P.C.C.N. y por ende la aplicación de las costas en el orden causado.
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Observa que incluso el mismo artículo 70 del CPCCN que se cita en el decisorio recurrido se contemplan circunstancias que motivan el apartamiento al principio general en materia de costas, como lo es el último párrafo que lee: “Si de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación, las costas se impondrán al actor”.
Al respecto, señala que en el allanamiento manifestado y que motiva la sentencia aquí recurrida fue oportuno, total y efectivo. Por ende, no ha de aplicarse el principio objetivo de la derrota, sino que reivindicar la facilitación a la pretensión de la recurrente y reconocer en este allanamiento la carga de las costas por el orden causado.
IV. Que mediante el pronunciamiento del 15/02/2023 el Tribunal Administrativo reguló los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz por su actuación profesional en el doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la actora, en 29,56 UMA, equivalentes a la suma de pesos doscientos cuarenta y siete mil sesenta y seis ($ 307.500.-), debiendo adicionarse el monto en concepto de IVA. Dispuso que la totalidad de dichos emolumentos se encuentran a cargo del Fisco Nacional.
Contra dicho pronunciamiento, interpusieron sendos recursos de apelación, la demandada -por altos- y la actora –por bajos-, con fecha 28/02/2023 y 23/02/2023, respectivamente.
La actora contestó el traslado de la expresión de agravios del Fisco Nacional el 6/03/2023.
V. Que desde ya corresponde adelantar que el recurso intentado no podrá prosperar.
En efecto, resulta pertinente recordar que el artículo 70 del CPCCN - cuya aplicación procede en la forma prescripta por el artículo 1174 del Código Aduanero-, determina los extremos que necesariamente debe reunir el allanamiento para que proceda la eximición de costas a favor de quien lo formula.
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En tales condiciones, exige que aquél sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, y que quien lo realice no se encuentre en mora ni haya dado lugar, por su culpa, a la reclamación judicial (confr., esta Sala, in re, causa Nº 9.372/01, in re “García Saraví, Amparo y otros c/ EN -CSJN- Consejo de la Magistratura AC 57/92 s/ Empleo Público”, sentencia del 2/7/2009.
Ahora bien, en el caso de autos se observa que, al momento de formular su allanamiento la demandada no demostró que se encontraban configurados todos y cada uno de los requisitos que exige el citado artículo 70 para su dispensa.
Ello así pues, independientemente de lo que manifestara respecto de la oportunidad de su presentación, lo cierto es que de las constancias de la causa surge que fue el actuar de la Aduana lo que ha dado origen a la reclamación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Pues, en el caso, la actora dedujo recurso de apelación contra la Resolución 228/2022 (AD MEND), en cuanto le exigió a la aseguradora, en su carácter de garante de los tributos, la suma de u$s 35.859,71.- y $ 68.844,63.- (éste último importe en concepto de percepciones de IVA Adicional y Ganancias). Al respecto, cabe añadir que, en el recurso, la accionante consintió expresamente el importe máximo garantizado en pesos en la póliza respectiva y controvirtió dos aspectos concretos: la falta de limitación del reclamo a la suma máxima garantizada en pesos y la improcedencia de reclamar las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema del año 2019 en “Cladd ITA SA”.
En efecto, la limitación de la responsabilidad de las aseguradoras al máximo garantizado en ellas, no sólo es una cuestión de derecho común, que surge de la propia póliza sino que además ha sido un criterio unánime e invariable en la jurisprudencia de ese Excmo. Tribunal Fiscal, la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (según el dictamen que la propia demandada acompaña en la cual se analiza y autoriza el allanamiento).
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Asimismo, el reclamo de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación data de noviembre de 2019, por lo que no es posible que el Fisco, tres años más tarde, formule un reclamo de tales conceptos y pretenda ahora eximirse de las costas en función de su allanamiento, cuando la actitud del servicio aduanero en su resolución obligó a la actora a litigar, incurriendo en gastos de honorarios profesionales y tasa de actuación, por responsabilidad de la demandada.
Por consiguiente, en tanto no se encuentran reunidos los excepcionales requisitos exigidos por el referido artículo 70 del Código Procesal, corresponde confirmar la imposición de las costas correspondientes a la instancia de origen, a la demandada, en los términos del artículo 70 del CPCCN, y artículos 1163 y 1174 del Código Aduanero; debiendo imponerse a la demandada los accesorios generados por la actuación ante esta Alzada.
VI. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 - XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. Resol. 228/2022, convertido a pesos, lo resuelto con fecha 09/11/2022 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las etapas del pleito cumplidas, corresponde modificar la regulación de fecha 15/02/2023, fijando en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($355.222) – equivalente a 14 UMA- los honorarios del DR. ENRIQUE BENITEZ CRUZ, letrado apoderado,actuante en la defensa de la actora (arts.16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($106.566,60) -equivalente a 4,20 UMA-; los emolumentos del DR. ENRIQUE BENITEZ CRUZ,letrado apoderado, actuante en la defensa de la actora (arts. 20, 24, 29, 30, 44 inc b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
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Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, imponiendo las costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.), y 2°) modificar los honorarios y regular los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VI.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia