Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 45932023-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso interpuesto por la AFIP – DGA, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravios- la resolución dictada el 7/2/2023 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación; y
2Tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada a favor del profesional interviniente en defensa de Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros y fijar los correspondientes a la actividad desplegada ante esta instancia judicial (Considerando VIII).
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2023.-
VISTOS estos autos 42.039/2023 “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 45932023-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
I. Por resolución del 7/2/2023 (conf. esp. fs. 185/188 del hipervínculo incluido en el presente párrafo), la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación:
-tuvo por consentida a Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros por la suma de $98.685, con más intereses a calcular conforme lo normado por el artículo 794 del Código Aduanero, a computar desde el 13/9/2021 y hasta la fecha de efectivo pago;
-tuvo por allanado al Fisco Nacional, conforme la autorización conferida por disposición “DI-2022-63-E-AFIP-SDGTLA”, con relación al recurso de apelación interpuesto por la aseguradora contra la resolución fallo AD MEND 229/2022; y -impuso las costas a cargo del Fisco Nacional.
Para así decidir, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales destacó: que, de conformidad con el escrito de inicio, la apelante consintió el pago de los tributos reclamados respecto del DIT “10 038 IT14 000115 A”, hasta el límite establecido en la póliza de caución, es decir por la suma de $98.685, con más los intereses correspondientes, controvirtiendo únicamente la inclusión en la liquidación practicada de las percepciones en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias; que la limitación de la responsabilidad de la aseguradora respondía a la garantía dada, con la salvedad de los accesorios que pudieran corresponder, a calcular, en el caso, desde la notificación del auto de corrida de vista el 13/12/2021; y que, atento a la autorización conferida por disposición “DI-2022-63-E-AFIP-SDGTLA” de la Subdirección General de Técnico Legal Aduanera, encontrándose reunidos los requisitos exigidos por el artículo 1143 del Código Aduanero, correspondía tener por allanado al Fisco Nacional con respecto al recurso deducido en autos por Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros. Finalmente, en punto a las costas, con asiento en lo normado por el artículo 70 del CPCCN, consideró que debían ser soportadas por el Fisco Nacional puesto que su actuar, materializado en el acto aduanero impugnado, obligó a la aseguradora a litigar; sumado a que el pronunciamiento del Alto Tribunal en autos “Cladd ITA SA c/EN - DGA - Resol. 2590/06 (Expte. 604155/01) s/DGA”, sent. del 26/11/2019, resultaba anterior al dictado de la resolución administrativa cuestionada.
II. Disconforme con lo resuelto, la AFIP - DGA apeló, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 194/196 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas.
Recordó que el principio general en la materia, que determina la imposición de las costas al vencido, admite diversas excepciones, entre las cuales, en caso de allanamiento, tal como aconteciera en la especie; a cuyos efectos ha de considerarse si la conducta previa a la deducción de la demanda resultó dilatoria o entorpecedora, así como también si durante la tramitación del proceso, tendió a dificultar o prolongar su desarrollo.
Añadió que igual lineamiento se encuentra receptado por el artículo 1163 del Código Aduanero.
Luego, postuló que las particulares circunstancias de la causa justificarían que, por aplicación del artículo 70 del CPCCN, las costas fueran distribuidas en el orden causado.
Al respecto, hizo hincapié en el hecho que su allanamiento fue oportuno, total y efectivo; correspondiendo que sea valorada su actitud en pos de acogerse a la pretensión de la recurrente. En función de lo expuesto, el Fisco Nacional requirió que se modificara -en parte- el pronunciamiento apelado, disponiendo que las costas sean distribuidas en el orden causado.
Dicha presentación mereció réplica de la aseguradora (conf. esp. fs. 215/218 del hipervínculo referido en el presente párrafo).
III. A pedido de parte, por resolución del 27/3/2023, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios correspondientes al profesional interviniente en defensa de Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros; siendo apelados por su titular por considerarlos bajos y por el Fisco Nacional por entenderlos elevados (ver esp. fs. 202/203, 207/210 y 220/223 del hipervínculo referido en el presente párrafo).
IV. Ante todo, recuérdese que el artículo 70 del CPCCN, supletoriamente aplicable en la especie en virtud de la remisión contemplada en los artículos 1174 y 1182 del Código Aduanero, posibilita dispensar del pago de las costas a quien se allana a la pretensión de su contraria en la medida que se encuentren reunidos todos los requisitos que dicha norma prevé al efecto.
El precepto bajo referencia, dispone que, a los fines de la aludida dispensa, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo, y que quien lo realice no se encuentre en mora ni haya dado lugar, por su culpa, a la reclamación judicial (conf. esta Sala, en autos 55.371/2019 “Casa Gili SRL c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 5/3/2021 y su cita).
Por tanto, es posible dispensar del pago de las costas a quien se allana, en la medida que se encuentren reunidos los requisitos que el artículo 70 del CPCCN establece al efecto; debiendo interpretarse tal supuesto en forma restrictiva (conf. Sala IV del Fuero, en autos 38.438/2019 “Salas y Cía. c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 22/8/2019).
V. Ahora bien, en el caso de autos se observa que, al momento de formular su allanamiento, el Fisco Nacional no demostró que se encontraban configurados todos y cada uno de los requisitos que exige el ordenamiento vigente para la dispensa de las costas.
Ello resulta ser así pues, independientemente de lo que manifestara respecto de la oportunidad de su presentación, lo cierto y determinante es que de las constancias de la causa surge que el actuar de la Aduana determinó el inicio de estos actuados, llevando a la aseguradora a cuestionar la validez de la resolución AD MEND 229/2022 por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en tanto y en cuanto le exigió, en cuanto aquí interesa, en su carácter de garante de los tributos involucrados en el DIT “10 038 IT14 000115 A”, la suma de $43.905,33 como percepciones del IVA Adicional y del Impuesto a las Ganancias. Al respecto, cabe añadir que la actora consintió expresamente el importe máximo garantizado en pesos en la póliza respectiva, controvirtiendo únicamente la falta de limitación del reclamo a la suma máxima asegurada en pesos y la improcedencia del reclamo del servicio aduanero del pago de percepciones por IVA Adicional y por el Impuesto a las Ganancias, de conformidad con el criterio sentado por el Alto Tribunal en autos 22.930/2009 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/EN - DGA Resol. 2590/06 (Expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”, sent. del 26/11/2019.
Téngase presente que la limitación de la responsabilidad de las aseguradoras al máximo garantizado en las pólizas suscriptas, no sólo es una cuestión de derecho común, que surge de dicho documento, sino que -además- ha sido un criterio unánime e invariable en la jurisprudencia; extremos puestos de manifiesto por la disposición “DI-2022-63-E-AFIP-SDGTLA” que autorizara el allanamiento a la pretensión de Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros.
A ello, añádase que el fallo del Alto Tribunal dictado en autos “Cladd ITA SA”, op. cit., data de noviembre del año 2019, por lo que no es posible que el Fisco Nacional, tres años más tarde, formulara un reclamo de tales conceptos y pretenda ahora eximirse de las costas en función de su allanamiento, cuando resulta evidente que la actitud asumida por el servicio aduanero en su resolución obligó a la actora a litigar, incurriendo en gastos de honorarios profesionales y tasa de actuación.
En definitiva, la posición asumida por la Administración dio lugar a la reclamación, obligando a Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros a interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación; todo lo cual, en el caso, debe verse reflejado en la imposición de las costas.
Estas circunstancias, llevan al Tribunal a considerar que, en la especie, no se encuentran reunidos los extremos necesarios para distribuir, con sustento en las previsiones del artículo 70 del CPCCN, las costas por su orden, resultando -consecuentemente- ajustada a derecho la decisión adoptada al respecto por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
VI. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 32.741/2023 “Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 18/10/2023; y en autos 33.043/2023 “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 45928580- A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 17/11/2023.
VII. En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas de esta instancia judicial también han de ser soportadas por la AFIP - DGA, vencida (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
VIII. Decidido ello, a fin de tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado la actividad desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa; a cuyos efectos ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Para lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras que se alcancen mantengan una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, en autos 29.975/2013 “Securitas Argentina SA c/PNA - Disp. 647/12 (Expte. S02: 38.567/12)”, resol. del 18/3/2014 y su cita; entre otros); razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (conf. CSJN, Fallos, 270:388; 296:124, entre otros).
Sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, dada la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. resolución AD MEND 229/2022, convertido a pesos, lo resuelto el 7/2/2023 y precedentemente-; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las etapas del pleito cumplidas, corresponde reducir a la suma de doscientos cincuenta y tres mil setecientos treinta pesos ($253.730; equivalentes a 10 UMA) los honorarios del doctor Enrique Benítez Cruz, letrado apoderado actuante en la defensa de la aseguradora (conf. artículos 16, 20, 21, 24, 29, 44, literal b), y concordantes y citados de la ley 27.423).
Asimismo, por las tareas efectuadas ante esta Alzada, atento al resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas del proceso, corresponde regular en la suma de setenta y seis mil ciento diecinueve pesos ($76.119; equivalentes a 3 UMA), los emolumentos del doctor Enrique Benítez Cruz, letrado apoderado actuante en la defensa de la aseguradora (conf. artículos 20, 24, 29, 30, 44, literal b) y concordantes de la ley 27.423).
El importe del Impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", resol. del 16/7/1996).
Para el caso de que el profesional no hubiera denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar el recurso interpuesto por la AFIP – DGA, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravios- la resolución dictada el 7/2/2023 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación; y 2°) tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios practicada a favor del profesional interviniente en defensa de Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros y fijar los correspondientes a la actividad desplegada ante esta instancia judicial (Considerando VIII).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia