Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 70512812-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y confirmar la resolución del 27/2/25, en lo que ha sido materia de agravios.
2Distribuir las costas de alzada por su orden, en atención al resultado adverso para ambos recurrentes y los motivos que sustentan el rechazo de sus planteos (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 35868/2025 “FIANZAS Y CRÉDITO SA COMPAÑÍA DE SEGUROS (TF 70512812-A)
c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2025.
VISTA:
La elevación electrónica del expediente TF 70512812-A (v. DEOX del 12/9/25) a fin de considerar “los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 07/04/2025 y 22/04/2025 (v. IF-2025-35953896-APN-DTD#JGM e IF-2025-41736806-
APNDTD#JGM), concedidos el 08/04/2025 y 12/05/2025 (v. PV-2025-36571438-APN- VOCXXI#TFN y PV-2025-49754436-APN-VOCXXI#TFN), contra la sentencia dictada el 27/02/2025… (v. INLEG-2025-21440843-APN-VOCXXI#TFN)” (v. pág. 234 del expediente citado, donde también consta que las partes expresaron agravios en plazo, y contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) confirmó parcialmente el artículo 3° de la resolución DE PRLA 4348/17 y declaró que la actora adeudadaba -hasta el límite de la pólizala suma de USD 8.527,54, importe que deberá convertirse a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, y sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado; (ii) distribuyó las costas por su orden.
Para así resolver, señaló que, mediante la resolución aduanera impugnada, la importadora había sido condenada a pagar una multa por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, con relación a la destinación de importación temporaria 06 001 IT14 8228X. Además, tanto la importadora como la aseguradora -aquí actora- habían sido intimadas a pagar los tributos resultantes, inicialmente determinados en las sumas de USD 8.527,54 (derechos de importación, tasa de estadística e IVA) y $ 23.906,12 (percepciones de tributos interiores).
Precisó que únicamente había apelado la aseguradora, y que cuestionaba puntualmente los intereses resarcitorios computados desde el 24/02/17 al 3/7/19, ya que -a su entender- la mora en la que incurrió el servicio aduanero en notificar la resolución aduanera no podía perjudicarla, computándose intereses durante dicho lapso. Más adelante, insistió en que el objeto del pleito se circunscribía “a determinar la procedencia del cómputo de intereses cuestionado por la recurrente” (pág. 123, expte. cit.).
A continuación, examinó los términos de los artículos 794 y siguientes del Código Aduanero. Consideró que tales normas no exigían mayor esfuerzo interpretativo y que no preveían una excepción al devengamiento de intereses como la pretendida, por lo que rechazó ese planteo.
Por otra parte, aplicó de oficio el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CAF 38004/2007/CS001 “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ DGA Resol. 2590/06 s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 26/11/19, y dejó sin efecto la intimación al pago de las percepciones del IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Sobre esa base, sostuvo que correspondía confirmar parcialmente la resolución apelada, con costas por su orden, atento a que la exclusión de las percepciones había sido promovida de oficio.
Precisó que la obligación en cabeza de la aseguradora debía limitarse al monto máximo garantizado en la póliza, que, en el caso, era de USD 28.264,21 (cfr. fs. 11 de las act. adm.).
Finalmente, en cuanto al pago aludido por la actora en el inciso c, del punto VI de su escrito de apelación, señaló que no podía ser considerado, al no haber ninguna constancia que lo acreditase.
2. Que, en sus agravios, la actora planteó que se omitió considerar que nunca se agregó una copia certificada de la póliza 62.427, en virtud de la cual quedó constituida como garante de la destinación 08 001 053100 H. Dijo que, al momento de interponer el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, consintió el pago de la suma máxima garantizada y de los intereses devengados hasta el dictado de la resolución condenatoria, pero que ello, lógicamente, estaba condicionado a que se agregase la documentación mencionada. Especificó, en este sentido, que el tribunal de origen la había condenado basándose exclusivamente en una impresión de pantalla de su sistema informático, obrante a fs. 11 de los antecedentes administrativos.
En subsidio, indicó que la decisión incurrió en un error al consignar el monto máximo garantizado por dicha póliza, el cual ascendía a $90.000, y no a USD 28.264,21. Adjuntó una copia del instrumento en sustento de sus dichos.
A su vez, insistió en que debía eximírsela del pago de los intereses devengados durante la demora que no le era imputable, de acuerdo con la doctrina de la Corte federal en las causas “IKA-Renault” (Fallos: 304:203) y otras posteriores que citó.
Por último, planteó la prescripción de la acción tendiente al cobro del IVA, la que, a su entender, se encuentra regida por las prescripciones de la ley 11.683.
3. Que, por su parte, el Fisco cuestionó la validez del límite máximo de cobertura previsto en la póliza de seguro de caución aduanero, considerado en términos nominales, por entender que resultaba incompatible con el régimen legal aduanero y con los principios constitucionales que rigen la relación jurídica entre el importador y el Estado. En particular, invocó el artículo 453, inciso c, del Código Aduanero, que impone que la garantía cubra los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo, configurando una norma de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 35868/2025 “FIANZAS Y CRÉDITO SA COMPAÑÍA DE SEGUROS (TF 70512812-A)
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orden público fiscal. En consecuencia, cualquier cláusula contractual que limite irrazonablemente dicha cobertura vulneraría directamente esa disposición legal imperativa. Afirmó que el seguro de caución aduanero garantiza una obligación futura e incierta, cuya liquidación se hace en los términos del artículo 20 de la ley 23.905, que impone que las determinaciones tributarias se mantengan a valores actuales. En ese contexto, consideró que el límite máximo pactado en términos nominales resultaba insuficiente, especialmente en escenarios inflacionarios como el argentino, desvirtuando la finalidad pública de la garantía. Insistió en que la cláusula contractual debía interpretarse dentro del régimen legal indisponible que le da origen y, por lo tanto, el límite máximo debía actualizarse por índices como el IPC, sin que ello implicara la actualización de la deuda, lo cual sí está prohibido por los artículos 7 y 10 de la ley 23.928. En ese sentido, remarcó: “Actualizar el límite máximo (nominal) de un contrato (una cláusula del contrato), consustanciado a un régimen legal indisponible, no es lo mismo que disponer la actualización o repotenciación de una deuda (eso sí está prohibido por los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928). Hay que aclarar que son dos cosas distintas. Por ello, al no estipular la cláusula ‘cómo’ debe tomarse el límite máximo estipulado (no dice que será nominal y sin actualización el límite), cabe interpretarlo dentro del régimen legal general (indisponible) que le da vida. Por esa razón debe actualizarse por I.P.C. u otro índice (pero NO la deuda, sino ‘el límite máximo estipulado en el contrato de seguro’ que se otorga para garantizar tributos en los términos del art. 453 inc. c) del CA)” (p. 179, expte. cit.).
Invocó, además, la protección constitucional del crédito fiscal, destacando que el principio de reserva legal tributaria exige que el régimen de garantías responda a criterios legales objetivos. Advirtió que convalidar cláusulas que limiten la responsabilidad a valores históricos afectaría la seguridad jurídica y la función recaudatoria del Estado. Citó jurisprudencia y recordó que la ARCA (ex AFIP) aceptó la garantía bajo el entendimiento de que se establecía con una razonable actualización, y no como una barrera infranqueable para el cobro efectivo de los tributos determinados.
Denunció también el incumplimiento del régimen de seguros, señalando que el proceso inflacionario obligaba a revisar el paradigma del límite previsto en el artículo 118 de la ley 17.418.
Añadió que mantener la cobertura a valores históricos implicaba un enriquecimiento sin causa por parte de la aseguradora, que percibía primas actualizadas mientras congelaba la obligación a su cargo.
Invocó el principio de buena fe contractual y subrayó que la aseguradora, en su rol profesional, debió prever que la garantía cubriera íntegramente los tributos a valores actuales. Finalmente, apeló al control judicial de las cláusulas predispuestas del contrato de seguro, conforme los lineamientos del Código Civil y Comercial de la Nación, y advirtió que cualquier pacto que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa debe considerarse otorgado en fraude a la ley. Reiteró que las compañías aseguradoras contaban con los elementos técnicos necesarios para determinar correctamente la suma asegurada, y que recaía sobre ellas la carga de acreditar lo contrario.
4. Que corresponde desestimar los planteos de la actora vinculados con la falta de agregación de la póliza 62.427 y la prescripción de la acción tendiente al cobro del IVA, por ser producto de una reflexión tardía, al no habérselos deducido en el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. pp. 12-17, expte. cit.); oportunidad en que correspondía expresar todos los agravios (arg. art. 1145 del CA).
También con sustento en el artículo 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -aplicable en virtud del art. 1182 del CA- se ha interpretado que esta Cámara no tiene facultades para expedirse sobre materias que no hayan sido propuestas en la anterior instancia (cfr. esta Sala, causa 51372/22 “Bunge Argentina SA TF 36695-A c/ DGA”, sent. del 13/12/22; entre muchas otras).
Sin perjuicio de lo expuesto, se deja a salvo que este Tribunal ha desestimado la aplicación de la ley 11.683 en lo concerniente a la prescripción de la acción tendiente al cobro del IVA que grava la importación de bienes muebles y es percibido por la Aduana (cfr. causa 44289/15 “Aseguradora de Créditos y garantías SA” y su acumulada, sent. del 13/9/22). Finalmente, en lo que respecta a la póliza del seguro de caución, y a efectos de considerar los planteos subsidiarios de la propia recurrente, se hace constar que en las páginas 153-154 de los antecedentes obra una copia de ese instrumento.
5. Que, asiste razón a la aseguradora al señalar que el monto máximo garantizado por la póliza 62.427 asciende a $90.000 y no a USD U$S 28.264,21, como se consignó en el considerando X del pronunciamiento. Así lo acredita la copia del instrumento obrante en autos, cuya autenticidad no fue desconocida por la parte contraria. A ello se suma que los términos de la apelación interpuesta por el Fisco resultan plenamente compatibles con la existencia de un límite máximo asegurado expresado en moneda nacional.
6. Que, en línea con lo expuesto, se adelanta que no pueden prosperar los cuestionamientos a la validez del límite máximo estipulado en dicha póliza de seguro de caución aduanero.
No puede soslayarse que este planteo también es extemporáneo, al no habérselo deducido al contestar el recurso en la instancia anterior (v. pp. 79-84, expte. cit. y art. 1146 del CA). Pero, sobre todo, resulta incompatible con los propios actos de la Aduana, que previamente aceptó la constitución de esa garantía.
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Se debe tener presente que las condiciones de los seguros de caución aduanera son determinadas por las entidades aseguradoras, quienes evalúan los riesgos y establecen los términos específicos de la póliza y su costo para el tomador. No obstante, dicha facultad debe ejercerse conforme a la normativa dictada por la propia demandada, que establece los modelos de pólizas y los requisitos que deben cumplir las compañías aseguradoras, y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que autoriza a las aseguradoras a operar en el mercado y habilita la aplicación de determinadas condiciones contractuales (véase, sin ir más lejos, la referencia a su aprobación en la póliza del caso, en la pág. 153 de los antecedentes).
En particular, el artículo 453, inciso 1°, del Código Aduanero establece que el régimen de garantía previsto en ese Título debe utilizarse “cuando se pretendiere obtener: …c) el libramiento de mercadería sometida al régimen de importación temporaria. La garantía debe asegurar el importe de los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería de que se tratare…”. El artículo 454 añade que, para utilizar dicho régimen, el interesado debe formalizar su petición por escrito ante el servicio aduanero, pudiendo referirse a una o a varias operaciones aduaneras, de conformidad con lo que determinare la reglamentación. Por su parte, el artículo 455 dispone: “Siempre que el importe y la solvencia de la garantía fueren considerados satisfactorios por el servicio aduanero, los interesados podrán optar por alguna de las formas siguientes: La constitución, ampliación, modificación, sustitución y cancelación de la garantía podrá efectivizarse …en las formas, requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la reglamentación …d) seguro de garantía…” (el destacado es propio).
Finalmente, el artículo 459 fija el plazo en que la Administración debe resolver la autorización o denegación del uso del régimen de garantía. A su turno, la resolución general AFIP 3885/16 y sus modificatorias, que reglamentan el régimen de garantías otorgadas en seguridad de obligaciones fiscales, establece, en su artículo 3°: “Al exigir o aceptar la constitución, sustitución o ampliación de garantías, los funcionarios competentes deberán ponderar estrictamente las mismas, verificando que el importe garantizado se ajuste a la normativa aplicable” (el destacado es propio). Por último, el artículo 24 aclara que las pólizas se otorgarán conforme a los modelos que constan en los apartados y anexos de la resolución.
Queda en evidencia, entonces, que la postura asumida por la parte demandada en la apelación, al intentar desconocer la suficiencia de la garantía, resulta contradictoria con su conducta anterior -jurídicamente relevante y vinculante-, consistente en haber aceptado su constitución sin objeciones, y no haber promovido en tiempo y forma su ampliación, conforme lo habilita la normativa vigente. Tal comportamiento vulnera los principios de buena fe y coherencia procesal, y desatiende las exigencias reglamentarias que obligan a ponderar la adecuación del importe garantizado al momento de su aceptación.
Por otra parte, la argumentación de la apelación contradice los términos de la propia resolución aduanera apelada, donde quedó admitido que la garante debía responder “dentro del límite numérico y por los rubros afianzados conforme la póliza N° 62427, mediante la cual se garantizaron los tributos exigibles en la operación en trato, rigiendo en lo demás lo establecido por el art. 794 del Código Aduanero” (v. p. 7, expte. cit.).
Para más, en la póliza aquí involucrada quedó “especialmente convenido que el Asegurador responderá con los mismos alcances y en igual medida en que resulte obligado el Tomador o Proponente de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro y que la suma máxima asegurada no comprenderá a los intereses previstos en los artículos 794 y 797 del referido Código Aduanero, y artículos 37 y 52 de la ley nro 11.683 (t.o. en 1998 y sus Modificaciones) según corresponda, los cuales deberán abonarse aún en el caso que excedieran la misma” (p. 153, expte. cit.). En definitiva, en ningún punto se especificó la actualización del monto máximo garantizado; circunstancia que deja sin respaldo a la asunción del Fisco en torno a los alcances de la garantía. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar su recurso.
7. Que, por último, en atención a lo prescripto por los artículos 794 a 796 del Código Aduanero, y a que la aseguradora no ha invocado ni mucho menos demostrado la imposibilidad de afectar sumas en garantía en sede aduanera a fin de ejercer la opción prevista por el legislador, no se advierten motivos que puedan justificar la eximición de intereses pretendida (doctr. esta Sala, causa 2544/18 “Vesuvio SACIFI”, sent. del 11/8/22 y citas). Esto conduce a desestimar el restante agravio de la actora y sella la suerte adversa de su apelación.
Por todo lo expuesto, SE
1. Rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y confirmar la resolución del 27/2/25, en lo que ha sido materia de agravios.
2. Distribuir las costas de alzada por su orden, en atención al resultado adverso para ambos recurrentes y los motivos que sustentan el rechazo de sus planteos (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 30/9/25.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia