Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 15481439-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación en trato, y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, 1º párrafo, CPCCN);
2Regular los honorarios de la representación letrada de la actora en la forma indicada en el considerando VI.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° CAF 10.156/2024 FIANZAS Y CREDITOS SA COMPAÑIA DE SEGUROS (TF 15481439-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la resolución del 31 de octubre de 2023 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró nulo el auto de apertura de sumario dictado en las actuaciones SIGEA nº 12197-1913 -2013 y prescripta la acción de la DGA para percibir tributos respecto de la firma Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros en ese procedimiento infraccional. Por ese motivo, revocó la Resolución N° 8417/2022 -dictada en las actuaciones n° 17124-11803-2016- mediante la cual se había intimado a la firma mencionada al pago de u$d 71.488 en concepto de tributos en su calidad de garante de la destinación de importación temporaria DIT Nº 10 073 IT11 000013 Z, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero (v. páginas 186/92 del DEO Nº 14310804 que contiene el expediente digital remitido por el Tribunal Fiscal). Impuso las costas al Fisco en su condición de vencido.
Para así decidir, señaló en primer lugar que el auto de apertura del sumario sólo produce la suspensión del plazo de prescripción a partir de su notificación; y puso de resalto que esta había tenido lugar el 2/05/2022, mucho después de transcurridos cinco años desde el acaecimiento del hecho imponible (vencimiento de la prórroga de la DIT el 08/04/2012). En este punto, indicó que el plazo de prescripción comenzó a computarse el 1 de enero de 2013 (el hecho gravado tuvo lugar el 08/04/2012 al vencerse el plazo de la prórroga de la importación temporaria) en los términos de los arts. 804 y 935 del CA y, ante la falta de causales suspensivas e interruptivas, debía considerarse operado el 31 de diciembre de 2017.
Adicionalmente, explicó que el acto de apertura del sumario del 08/11/2017 era nulo, por haber incumplido los requisitos del artículo 1094 del Código Aduanero desde que al momento del dictado de ese acto el servicio aduanero no contaba con la carpeta original de la DIT N° 10 073 IT11 000013 Z, causa y antecedente del procedimiento infraccional.
Alta en sistema: 19/03/2025 Luego de recordar los requisitos del artículo 1094 CA, puso de resalto que la resolución de apertura de sumario no es un simple acto administrativo de mero trámite sino que es de suma importancia porque es el acto por el cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera; y que, además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que presenten sus defensas iniciales.
Explicó que la falta de agregación de la carpeta original de la DIT por parte del servicio aduanero –cuya guarda le incumbe- impedía verificar –entre otras cosas- la fecha de su oficialización, su vencimiento, si se ha concedido, o no, prórroga del plazo de permanencia de la mercadería, si existen, o no, permisos de embarque y/o despachos de importación a consumo, certificados de tipificación, clasificación y declaraciones juradas de insumos que pudieran haber sido documentados.
II. Que el Fisco Nacional apeló esa resolución y expresó sus agravios en la presentación del 06/02/024 (v. páginas 215/9 del DEO), replicada por la contraria el 01/03/2024.
En su memorial, luego de recordar los antecedentes del caso se agravió de que el a quo hubiera tachado de nulo el auto de apertura del sumario.
Adicionalmente, señaló que no había motivos para privar de efectos interruptivos a ese acto hasta el momento de su declaración de nulidad. Explicó que a su juicio se trataba en todo caso de un acto anulable, que debió considerarse válido hasta su anulación.
Además, sostuvo que declarar nulo el procedimiento por la falta de agregación de la carpeta original de la destinación constituía un exceso de rigor formal, pues las constancias informáticas emitidas por la Administración Pública Nacional hacen plena fe por sí mismas, máxime cuando se trata de una extraída del Sistema informático Malvina por el que se rige toda la operatoria aduanera del comercio internacional. En consecuencia, solicitó que se hiciera lugar al recurso y se revocara la resolución apelada, confirmándose el acto administrativo atacado.
Alta en sistema: 19/03/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V III.- Que el 29/12/2023 el a quo reguló los honorarios de la representación letrada de la actora. Tanto el beneficiario como la accionante recurrieron esa resolución (el 05/02/2024 y el 07/02/2024, respectivamente).
IV. Que el 19/06/2024 tomó intervención el Sr. Fiscal Federal (fs. 3/4).
V. Que en este estado de las actuaciones, corresponde examinar en primer lugar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional contra la resolución de fondo.
V.1. En primer lugar, es preciso poner de relieve que las conclusiones de la decisión cuestionada sobre las cuales se centra la apelación refieren a extremos de hecho y prueba, aspectos que –de conformidad con el art. 1080, inc. b) del Código Aduanero– se encuentran reservados al Tribunal Fiscal de la Nación, siempre que, del ejercicio por parte del a quo de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas, no surja que hubiera mediado arbitrariedad o error de magnitud suficiente para apartarse la aplicación del mentado principio (Fallos: 300:985; Sala I, in re "Scioli S.A.", del 14/12/93; Sala III, in re "Schmid, Walter Edmundo", del 26/10/84; esta Sala, in rebus "Ducilo S.A", del 14/8/95, e "Incobe SRL c/ ANA", del 23/8/95; entre muchos otros).
En sentido concordante, se ha dicho que el recurso ante la alzada no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión a que aquel tribunal hubiese arribado al valorarla, salvo que se verifique la existencia de error manifiesto o arbitrariedad en la valoración de la prueba (esta Sala, in re “Agencia Marítima Alpemar S.R.L (TF 26.550-A) c/ DGA”, del 12/6/2012, y sus citas).
V.2. No se advierte en el caso que la apreciación efectuada por Tribunal Fiscal –en particular, a la luz de las normas reseñadas en el considerando precedente- haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. Es que en el escrito recursivo la apelante no ha controvertido el hecho de que todo el sumario se tramitó sin que el servicio aduanero contara con la destinación original y la documentación complementaria, que debieron servir inexorablemente de antecedente al acto cuestionado.
V.3. Sin perjuicio de lo anterior, las críticas del Fisco al pronunciamiento apelado -referidas únicamente a la invalidez del auto de Alta en sistema: 19/03/2025 apertura del sumario por la falta de agregación de la carpeta original de la destinación y la póliza de seguro- no demuestran el desacierto de la decisión apelada y deben ser desestimadas.
En efecto, así como esta Sala ha señalado recientemente que para la comprobación de la infracción prevista en el artículo 954 prevista en el Código Aduanero resulta indispensable contar con la destinación y su documentación complementaria (causas n° 34.678/2023 “ Ampacet South America SRL (TF 18960731-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 9/04/2024; y n° 5150/2023 “Molino Cañuelas SACIFIA –TF 31396-A- c/ DGA S/ recurso de directo de organismo externo”, del 3/10/2023; entre otras), lo mismo es predicable respecto de la infracción reprochada en autos en la medida en que –tal como explicó el a quo- la falta de la carpeta original de la DIT impide, entre otras cosas, verificar la fecha de su oficialización, corroborar su vencimiento, determinar si por el mismo se ha concedido o no prórroga a los fines de la regularización del régimen y, si la recurrente cumplió en definitiva con la obligación de reexportar la mercadería involucrada (conf. en el mismo sentido, Sala III, causas nº 3063/2020 “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada TF 40026-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/03/2021;y nº 1304/2018 “Aseguradora de Créditos Y Garantías SA TF 31725-A C/ Administración Nacional De Aduanas S/Recurso Directo De Organismo Externo”, del 07/02/2019; Sala II, causa nº 74812/17 “Ferrero Argentina S.A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 28/12/17; Sala I, causa nº 74.954/2018, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 29846-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/09/2019 ; entre otros). En aquellos precedentes, esta Sala reconoció también –en consonancia con lo indicado en la resolución apelada- que la obligación de producir esa documentación recaía sobre el servicio aduanero, lo cual se ve reforzado en este caso por el tiempo transcurrido entre el presunto incumplimiento y el dictado del acto cuestionado.
Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar la apelación en trato, y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, 1º párrafo, CPCCN).
VI. Que en función de la naturaleza del proceso y su monto, el resultado obtenido, la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, corresponde modificar la regulación practicada y reducir los honorarios del Dr. Benitez Cruz por su desempeño en la representación legal y asistencia letrada de la actora, fijándolos en la cantidad de 57 UMAs –equivalente actualmente a la suma Alta en sistema: 19/03/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de $3.786.852 (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 3495/2024).
Asimismo, por el trabajo cumplido ante esta Alzada, se regulan los honorarios del mencionado profesional en la cantidad de 17,1 UMAs –equivalente al momento del dictado de este pronunciamiento a la suma de $1.136.055,6- (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA 3495/2024).
Cabe dejar aclarado que en los importes establecidos precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de Impuesto al Valor Agregado, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realice el beneficiario-, la obligada respecto de dichos emolumentos deberá depositar el importe correspondiente a ese tributo, juntamente con el monto del honorario.
Por las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar la apelación en trato, y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, 1º párrafo, CPCCN); 2) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora en la forma indicada en el considerando VI.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge F. ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 19/03/2025 Alta en sistema: 19/03/2025
Fin de la sentencia