Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 46779466-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución del 11/4/23 en cuanto fue materia de agravio, con costas.
2Reducir la regulación de honorarios practicada el 28/4/23 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta instancia del modo en que surge del considerando 6º.
3Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del demandado con arreglo a lo dispuesto en el considerando 7º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 41761/2023 FIANZAS Y CREDITOS SA COMPAÑIA DE SEGUROS
(TF 46779466-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, octubre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que estas actuaciones tienen origen en la apelación interpuesta el 11/5/22 por Fianzas y Créditos SA Compañía de Seguros contra la resolución AD MEND 231/22, dictada en la actuación 12447-1418-2014, en cuanto le había exigido el pago de tributos por las sumas de USD 11.977,83 y $28.565,72 (este último importe en concepto de percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias), sin limitar el reclamo a la suma máxima garantizada en pesos por la destinación 11 038 IT14 000184H, con respecto a la cual se había considerado configurada la infracción prevista por el artículo 970 del Código Aduanero (v. pp. 1-27 de la versión digital del expediente TF 46779466, remitida con el oficio del 17/10/23). Antes de contestar el traslado conferido, la representación fiscal convino con la actora una suspensión de los plazos procesales. Más tarde, efectuó una presentación mediante la cual se allanó a las pretensiones de esta última, con arreglo a la autorización conferida para este expediente y en los términos de la disposición DGA 3/17. Dicha autorización hizo mérito del criterio jurisprudencial imperante en virtud del cual el monto máximo que se puede exigir a las compañías aseguradoras en concepto de tributos garantizados es el que surja de la póliza con más los intereses que correspondan (v. pp. 56-57 y 69-73, expte. cit.).
2. Que, el 11/4/23, el Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por allanado al Fisco Nacional e impuso las costas a su cargo con referencia al artículo 1163 del Código Aduanero (v. pp. 86-87, expte. cit.).
3. Que, disconforme con la condena en costas, el 18/4/23 el demandado interpuso y fundó apelación; que se concedió el 18/4/23 y fue replicada el 20/4/23 (v. pp. 96-98, 99 y 102-105, expte. cit.).
Argumentó que su allanamiento había sido oportuno, total y efectivo, y que había motivos para apartarse del principio general de imposición de costas al vencido en razón de lo previsto por el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
4. Que, el 28/4/23, se regularon los honorarios del letrado apoderado de la parte actora; los que fueron apelados por bajos el 5/5/23, y por altos el 7/5/23. Ambos recursos se concedieron el 10/5/23 (v. pp. 110-111, 116, 118-122 y 123, expte. cit.).
5. Que, el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ―supletoriamente aplicable en la especie por la remisión que establecen los artículos 1174 y 1182 del Código Aduanero― permite dispensar al demandado que se allana del pago de las costas siempre que se reúnan todos los requisitos que estipula la norma, toda vez que la exención allí contemplada debe interpretarse en sentido estricto (doctr. esta Sala, causas 30573/17 “Weatherford International de Argentina SA c/ DGA”, sent. del 6/6/17; 38438/19 “Salas y Cía. SA c/ DGA”, sent. 22/8/19, y sus citas).
En el caso, no se advierten motivos que justifiquen apartarse de lo que resolvió el tribunal de origen con relación a las costas.
En particular, no puede obviarse que este expediente se inició el 11/5/22 y que el allanamiento se presentó el 24/10/22. Además, allí se hizo referencia a una disposición del año 2017, así como a precedentes emitidos hasta 10 años antes del inicio de la actuación. Tales circunstancias confirman que, con su conducta, el Fisco obligó a la contraria a litigar, e impiden considerar oportuno se reconocimiento, conforme lo exige la normativa procesal.
Por ende, corresponde rechazar el recurso deducido y confirmar la decisión del 11/4/23 en cuanto fue materia de agravio, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
6. Que, a continuación, procede tratar las apelaciones deducidas contra la regulación de honorarios del 28/4/23.
En atención a los planteos formulados por las partes, se remite al criterio expuesto por este Tribunal en cuanto a que, para establecer la base regulatoria de los honorarios en casos como el presente, en que se cuestionan liquidaciones de tributos aduaneros que se determinan en dólares estadounidenses (arg. art. 20, ley 23.905), resulta equitativo estar a la cotización de la moneda vigente a la fecha de interposición de la acción (11/5/22); que es la misma que se toma en cuenta para determinar el monto del litigio y abonar la tasa de actuación (cfr. causa 15539/19 “Wintershall Energía SA c/ DGA”, sent. del 17/2/20, entre muchas otras).
Por otro lado, debe contemplarse que, en el supuesto de labores profesionales efectuadas bajo la vigencia de la ley 27.423, corresponder incluir en la base regulatoria los intereses que se hubieren devengado durante el transcurso del pleito porque así se encuentra expresamente previsto en el artículo 24 de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 41761/2023 FIANZAS Y CREDITOS SA COMPAÑIA DE SEGUROS (TF 46779466-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO norma (cfr. esta Sala, causa 32765/99 “ENTEL (EL) c/ Telefónica de Argentina SA s/ contrato administrativo”, resol. del 22/3/22).
Teniendo en cuenta, entonces, la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto calculado en base a las pautas precedentes; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Enrique Benítez Cruz en carácter de patrocinante y apoderado en la defensa de la actora, durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados a su favor a la suma de $329.849 –equivalentes a la cantidad de 13 UMAS– (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y res. CSJN SGA 2722/23). Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, y contemplando que la apelación se circunscribió a las costas, corresponde REGULAR en la suma de $30.448 – equivalentes a la cantidad de 1,2 UMA– los honorarios del citado profesional por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios del 20/4/23). Se deja constancia que la regulación que antecede deberá cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423, y que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.
7. Que resta examinar el pedido de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulado por el demandado el 25/10/23.
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento. En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 17/10/23, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la resolución del 11/4/23 en cuanto fue materia de agravio, con costas.
2. Reducir la regulación de honorarios practicada el 28/4/23 y fijar los correspondientes a la actuación ante esta instancia del modo en que surge del considerando 6º.
3. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del demandado con arreglo a lo dispuesto en el considerando 7º.
El juez de cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN
Fin de la sentencia