Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-106872370-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el art. 1° de la resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en la Actuación n° 12206-13730-2010, en los términos de lo indicado en el considerando N° XII, por aplicación del principio de bagatela.
2Confirmar la Resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-13730-2010 en cuanto exige a la actora el pago de tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística y IVA los que ascienden a la suma de DÓLARES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 23/100 (US$ 5.624,23.-). Ello con más intereses del art. 794 del C.A., los que se computan desde el 9/11/2021 hasta la fecha del total y efectivo pago. Con costas a la actora.
3Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-58870418-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Junio de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo para resolver en los autos: “FIBERCORD S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2022-106872370- -APN- SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. En IF-2022-106872273-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12206-13730-2010, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa y de tributos, más intereses, por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación al DIT N° 10073IT14000139F. En primer lugar, plantea violación del plazo razonable atento a que 11 años pasados de la importación de la mercadería se le informó del sumario iniciado y ello sumado a la dilación para obtener la sentencia en fragrante. Cita el art. 8 del Pacto San José de Costa Rica y 18 de la C.N. Manifiesta que en dicho procedimiento se le impidió ejercer los derechos de producir prueba y alegar sobre la misma, incumpliendo un requisito del art. 7 de la Ley 19.549 en grave perjuicio de su derecho de defensa. Plante la prescripción de la multa y los tributos impuestos, atento a que la instrucción de sumario carece de validez por no contar con el DIT original involucrado en la causa. Con respecto al fondo, afirma que cumplido con la finalidad del régimen al que se sometió al reexportar toda la mercadería importada temporalmente. Explica que el C.T.I.T. N° 2159/2007 tipifica el insumo/producto y lo resuelto por la aduana no tiene razón de ser. En subsidio, solicita el archivo de la multa conforme lo establecido por la Instrucción General 9/17 y aplicación del art. 898 del C.A. Ofrece prueba, hace reserva del caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Mediante el IF-2023-19435506-APN-DTD#JGM se presenta el representante fiscal y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Realiza una negativa genérica y se explaya sobre los actuados aduaneros. En primer lugar, advierte que el plazo para resolver los actuados no fue irrazonable y es un plazo acorde para una infracción. Afirma que no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad de todo lo actuado por la quejosa en tanto la importadora reconoció la operatoria en todo el procedimiento, además a la fecha de la notificación de la infracción, la misma era depositaria fiel. Cita jurisprudencia. Explica que la prescripción de multa y tributos que plantea la actora tampoco puede prosperar en virtud a que la instrucción de sumario suspendió/interrumpió dicho curso con su simple dictado. Manifiesta que la infracción en sí, como figura penal aduanera, está tipificada por el C.A. sancionando el incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio de la importación temporaria y es la importadora quien debe demostrar que cumplió con la reexportación de la totalidad de la mercadería importada. Ofrece prueba, hace reserva del caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que por la PV-2023-21062153-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado conferido al fisco y por acompañadas las actuaciones administrativas. Mediante la PV-2023-36632100-APN-VOCXVIII#TFN se abre a prueba la causa y se ordena libra el oficio solicitado. Obra en IF-2025-84526915-APN-SGASAD#TFN contestación del Ministerio de Producción con resultado negativo. Con posterioridad, se certifica la prueba y se cierra el periodo probatorio. Acto seguido se elevan los autos y se pasan a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-13730-2010 se inician con la Multinota, y documentación presentada mediante la cual despachante a los fines de liberar la garantía involucrada en la destinación N° 10073IT14000139F. A fs. 14 se agrega el aforo de la mercadería y a fs. 17 la liquidación de tributos. A fs. 19 obra el acta de denuncia contra la firma FIBERCORD S.A. por la presunta infracción al art. 970 del C.A. A fs. 23 se instruye sumario y a fs. 24 obra la determinación de multa y tributos. A fs. 27 se corre vista de todo lo actuado a la importadora y a la compañía garante (v. cédulas enviadas el 29/10/2021 a fs. 28 y 29). A fs. 30/33 contesta vista la firma importadora y a fs. 40/49 los hace la compañía garante. A fs. 63 se ratifica la denuncia y a fs. 67 el servicio aduanero tiene por presentadas a las partes y contestada la vista. Finalmente y a fs. 68/76 se dicta la resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA aquí apelada.
V. Que, en primer lugar, corresponde analizar la nulidad del auto de instrucción de sumario planteado por la actora.
En tal sentido, la recurrente sostiene que se instruyó sumario sin agregarse el DIT original involucrado de la causa o copia certificada del mismo, siendo la aduana quien tiene a su cargo la demostración de los elementos materiales de la infracción que atribuye que origina el hecho imponible.
Que, cabe señalar que según surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, si bien es cierto que no obra agregada la carpeta contenedora del DIT N° 10073IT14000139F, sí luce copia de la destinación involucrada que fue acompañada por la propia actora a fs. 2/3 de las act. adms.
En efecto, dichas copias fueron acompañadas por el despachante de aduanas a fin de solicitar la liberación de la garantía y las mismas lucen intervenidas por el servicio aduanero. Nótese que en esta instancia fueron acompañadas nuevamente por el Fisco en formato legible (v. RE-2023-25904456-APN-DTD#JGM).
También resulta de las actuaciones que con anterioridad a la apertura de sumario, se aforó la mercadería (ver fs.15) y se practicó liquidación de multa y tributos (ver fs. 17).
Que, en virtud a lo expuesto precedentemente, corresponde recordar que en materia de nulidades rige el principio según el cual no existe nulidad por la nulidad misma, siendo necesario para su procedencia la demostración de un perjuicio concreto al derecho de defensa de quien la invoca. En el caso de autos, considero que el auto de apertura es válido.
VI. Que en consecuencia, resultando válido el auto de apertura de sumario, corresponde tratar la excepción de prescripción tributaria opuesta por la actora. Vale aclarar, en primer lugar, que sin perjuicio de mi opinión respecto a la interpretación de las normas de prescripción del CA, por razones eminentes de economía procesal corresponde aplicar en autos lo decidido por el plenario de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03 y el precedente de la Corte Suprema in re "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12 de mayo de 2009.
Que, el art. 803 del C.A. establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación.”
Que, el art. 805 inc. a) del CA establece: "La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión"
Que de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que el vencimiento del DIT operó el 22/01/2011, por lo que, el cómputo de la prescripción tributaria comienza el 1º de enero de 2012 y de no mediar causales suspensivas del curso de la misma opera el 31/12/2016.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 14/12/2016 -auto que resulta válido, ver fs. 23 de las actuaciones administrativas-, se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”-conforme art. 805, inc. a), del C.A.-.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
VII. Que, a continuación, corresponde analizar la excepción de prescripción de la acción del fisco para exigir la multa.
Que el art. 934 del CA establece: "La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de CINCO (5) años" y el art. 935: «La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 934, comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación".
Que, el art. 937 inc. a) del CA dispone: "La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario". Que, comienza el cómputo de la prescripción de la acción del fisco para reclamarla el 1/01/2012 -vencimiento del DIT 22/01/2011-, y de no mediar causales interruptivas de su curso operaría 31/12/2016.
Que atento a que el 14/12/2016 -ver fs. 29 de las actuaciones administrativas- se instruyó sumario, el curso de la prescripción de la acción de la aduana para exigir la multa comienza a computarse nuevamente a partir del 15/12/2016; por lo que de no mediar ninguna otra causal de interrupción o suspensión de dicho plazo, operaría el 15/12/2021.
Que, asimismo, mediante el art. 17 de la ley 27.562 se dispuso la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para (...) aplicar multas (...)” y el art. 18 de la referida ley consagra que dicho plazo queda suspendido entre el 26/08/2020 al 26/08/2021; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 15/09/2022 la misma fue dictada dentro del plazo quinquenal.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción del fisco para reclamar la multa.
VIII. Que con respecto al agravio sobre la dilación en la tramitación del sumario administrativo, y en particular respecto del tiempo transcurrido para tomar conocimiento de las actuaciones y obtener una resolución, la actora sostiene que ello configuró una flagrante violación de su derecho de defensa y de las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al impedirle ejercer adecuadamente sus derechos dentro de un plazo razonable.
Que en ese sentido, no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 27/04/2016 (ver acta denuncias de fs. 19) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el C.A., la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal. Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
IX. Que, sentado lo expuesto, a continuación, se debe analizar el fondo; esto es: si la Resolución RESOL-2022- 6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones SIGEA 12206-13730-2010, mediante la cual se le exige el pago de una multa y tributos a la importadora -única recurrente en autos- por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT N° 10073IT14000139F y el pago de tributos más intereses, resulta ajustada a derecho.
Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que mediante el DIT N° 10073IT14000139F, oficializado el 27/01/2010, se documenta la importación temporaria de 451 Kilogramos de “Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 ó 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; hilados «de cadeneta»”, mercadería clasificada en la PA 5606.00.00, cuyo vencimiento operó el 22/01/2011, al amparo del Decreto 1330/04.
X. Que, la actora afirma que cumplió con las obligaciones del régimen de importación temporal al que se acogió y que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) N° 2159/2007 determina la relación insumo/producto con relación al despacho involucrado, a contrario sensu de lo resuelto por el servicio aduanero. En ese entendimiento del asunto, el Decreto 1330/04 –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos, establece que: “La mercadería importada bajo el presente régimen deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento” (Art.6). Asimismo, “El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. (...)” (Art. 15).
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (CTIT y “descarga” del D.I.T. en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que, asimismo, el CTC es e1 documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de él, la Aduana pueda conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
XI. Que del análisis del CTC N° 2159/2007, que obra a fs. 8/10 ref. de las act. adms., del mismo no surge la posición arancelaria del insumo importado, por lo que no se logra determinar el insumo utilizado, ni su cantidad específica, para el producto que se exporta.
En ese entendimiento del asunto el C.T.C. no constituye una exigencia meramente formal, sino un instrumento sustancial que permite al responsable colaborar eficazmente con las funciones de control y fiscalización propias del servicio aduanero.
Que, advirtiendo que la actora no aporta elementos en instancia aduanera, ni tampoco ante esta instancia, que permitan desvirtuar los hechos denunciados, corresponde tener por configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A y confirmar la multa que se le impone a la aquí actora.
XII. Que, seguidamente, corresponde analizar el agravio respecto al monto de la multa.
Que, bajo tales premisas, la actora solicita el archivo de la multa al considerar bajo el monto graduado por el servicio aduanero en una vez los tributos que gravan la importación en $22.401,30.
En virtud de la insignificancia del monto de la multa a la quo se arriba, considero que debe dejarse sin efecto el reclamo de la misma, por aplicación del principio de bagatela. Ello no significa revocar la aplicación de la multa por no haberse dado la configuración de la infracción investigada en el presente, sino por la insignificancia del monto y el costo administrativo que irrogaría su percepción.
XIII. Que, seguidamente corresponde analizar la obligación tributaria emergente del DIT.
En efecto, el régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, se aplica, a los efectos tributarios, el art. 274.1 inc. a), del CA, que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería y su garante serán responsables de las correspondientes obligaciones tributarias.
XiV.- Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, cabe aclarar que la aquí actora no se agravia de la liquidación tributaria efectuada en sede aduanera, por lo que la suma de US$ 5.624,23 (en concepto de Derecho de importación, Tasa de estadística e IVA), se confirma.
Que ello es así, toda vez que:
(i) las normas de determinación de tributos aduaneros cuando tienen lugar en materia infraccional (arts. 638 inc. e) y la regla del art. 639 del CA) son normas especiales previas; en consecuencia, no habiendo sido derogadas, su vigencia y aplicación subsiste frente a una norma general posterior sobre determinación de derechos de exportación e importación (art. 20 de la ley 23.905, BO: 18.02.191), máxime cuando esta última norma, en rigor, no introdujo novedad alguna en la materia de determinación tributaria sobre la que versa, pues lo que establece igualmente ya operaba de consuno con las normas especiales previas del CA;
(ii) el dictado del art. 20 de la ley 23.905 debe interpretarse de modo armónico con las normas especiales previas del CA, no derogadas por dicha ley y que continúan vigentes, y que se aplican a los supuestos específicos que gobiernan. Vale remarcar que esta es la interpretación correcta del ordenamiento normativo, dado que en nuestro sistema jurídico no se admite: la derogación tácita de normas; no se presume la imprevisión del legislador y todas las normas vigentes deben interpretarse armónicamente, siendo esta última la modalidad que debe prevalecer sobre aquellas cuyo resultado es la destrucción de unas contra otras, por simple vía interpretativa del magistrado.
(iii) afirmar que fue a partir del dictado del art. 20 de la ley 23.905 que los derechos de exportación e importación empezaron a determinarse en dólares resulta una aserción errónea, divorciada de la realidad fáctica (comercial) y normativa (aduanera del comercio exterior) que se pretende captar. Aunque sorprenda tener que recordarlo, las obligaciones de comercio exterior se contraen en dólares y, en consecuencia, los tributos anejos a dichas obligaciones, como accesorios de ellas, también se determinaron siempre en esa moneda (con independencia de las franquicias de los diferentes estados para cancelarlos en moneda nacional). Efectivamente, que los arts. 638 inc. e) y 639 del CA establecieran, en 1981, cuál era el tipo de cambio aplicable a supuestos específicos de determinación de derechos de importación (i.e. los emergentes de un sumario infraccional) se debía precisamente a que dichas obligaciones se determinaban en dólares en 1981, diez años antes de que, en 1991, ello se aclarara por el legislador mediante el art. 20 de la ley 23.905, dictada preventivamente por la inminente sanción de la ley de convertibilidad 23.928. En tal sentido, resulta lisa y llanamente antojadiza la tesis de que el art. 20 de la ley 23.905, por aclarar que los tributos aduaneros se determinan en dólares, modificara o alterara el alcance de dos normas vigentes del CA; justamente porque esas dos normas, por su propio contenido -fijación del tipo de cambio aplicable- desde su misma concepción y sanción en 1981, operaban sobre la realidad comercial y legal de que los tributos aduaneros se determinan en dólares, no pudiendo ello verse alterado en su alcance por una ley que simplemente aclaró o consignó tal realidad comercial y jurídica operante desde siempre.
(iv) finalmente, el supuesto infraccional específico de estos autos, en lo que concierne al tipo de cambio aplicable a la determinación tributaria concomitante a la configuración del ilícito -gobernado por los arts. 638 inc. e) y 639 del CA- resulta una cuestión ajena, no decidida ni tratada por la Corte Suprema en ninguno de los precedentes del alto tribunal que se usan para sostener la tesis contraria (“Editorial Perfil S.A. (TF 13.456-A) c/ DGA. s/ Recurso de hecho” del 12.08.08; “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16.674-A) c/ Dirección General de Aduanas” del 27.04.10 y “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA" del 23.08.11), no siendo de recibo interpretaciones extensivas de dicha jurisprudencia a supuestos normativos especiales extraños a tales precedentes. Máxime cuando dichas interpretaciones extensivas conllevan la derogación judicial de normas del Código Aduanero que se encuentran plenamente vigentes -arts. 638 inc. e) y 639 del CA-, sin intervención del Congreso. Por lo expuesto, lo aquí resuelto no contradice, de ningún modo, jurisprudencia alguna del Alto Tribunal y se atiene a las normas legales vigentes.
Que, en virtud de lo expuesto, voto por:
1. Revocar el art. 1° de la resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en la Actuación n° 12206-13730-2010, en los términos de lo indicado en el considerando N° XII, por aplicación del principio de bagatela.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-13730-2010 en cuanto exige a la actora el pago de tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística y IVA los que ascienden a la suma de DÓLARES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 23/100 (US$ 5.624,23.-). Ello con más intereses del art. 794 del C.A., los que se computan desde el 9/11/2021 hasta la fecha del total y efectivo pago. Con costas a la actora. El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede. No obstante, disiento con la solución propiciada por el Vocal preopinante en lo que respecta a la incidencia que corresponde atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 sobre el régimen originariamente previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero. Que, en efecto, el voto que antecede funda su conclusión en la aplicación de dichas disposiciones, entendiendo que, en los supuestos de incumplimiento del régimen de importación temporaria, corresponde acudir al régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio vigentes al momento del hecho generador de la obligación tributaria.
Que, conforme a dicha inteligencia, la conversión a moneda nacional de la deuda tributaria determinada por la Dirección General de Aduanas debe efectuarse utilizando el tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente.
Que la cuestión controvertida exige determinar el alcance que corresponde atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 en relación con el sistema originariamente previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, particularmente en lo atinente a la moneda en que deben determinarse los tributos aduaneros y al criterio legal aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos. Que, en tal sentido, el voto que antecede parte de la premisa según la cual los tributos aduaneros se habrían determinado históricamente en dólares estadounidenses, atribuyendo al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 un alcance meramente aclaratorio o sistematizador. Desde esa perspectiva, considera que las disposiciones contenidas en los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero conservan plena operatividad también en materia cambiaria.
II. Que el criterio adoptado se sustenta, en lo sustancial, en una interpretación según la cual las disposiciones contenidas en los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero, en tanto normas específicas aplicables a los supuestos de incumplimiento del régimen de importación temporaria, conservarían plena operatividad aun con posterioridad a la sanción del artículo 20 de la Ley Nº 23.905, tanto en lo relativo a la moneda de determinación de los tributos aduaneros como respecto del momento al cual debe referirse el tipo de cambio aplicable para su conversión a moneda nacional.
Que, de acuerdo con esa inteligencia, la especialidad de dichas disposiciones impediría atribuir al artículo 20 de la Ley Nº 23.905 efectos modificatorios sobre el régimen previamente establecido por el Código Aduanero, por entenderse que los tributos aduaneros ya se encontraban determinados en dólares estadounidenses con anterioridad a dicha reforma y que la cuestión relativa al tipo de cambio continuaría íntegramente regida por los artículos 638 —inc. e)— y 639 del citado cuerpo legal.
Que, sin embargo, no comparto tal conclusión, pues el argumento fundado en la pretendida especialidad de los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero no resulta decisivo para resolver la cuestión debatida. Ello es así, pues el carácter general o especial de una norma no se define por la amplitud temática de la ley en la que se inserta, sino por el aspecto concreto de la realidad jurídica que regula.
Que, desde esa perspectiva, si bien la Ley Nº 23.905 contiene diversas disposiciones de naturaleza tributaria, su artículo 20 regula de manera directa y específica una cuestión determinada: la moneda en que deben ser determinados los tributos aduaneros y el criterio aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos.
Que, en tales condiciones, la cuestión controvertida no consiste en determinar si una norma especial debe prevalecer sobre una norma general, sino en establecer si el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo o no una modificación relevante respecto del régimen originariamente previsto por el Código Aduanero en materia de moneda de determinación de los tributos aduaneros y de conversión a moneda nacional.
Que, por las razones que seguidamente expondré, entiendo que dicha reforma alteró el sistema preexistente, extremo que impide atribuir a los artículos 638 —inc. e)— y 639 del Código Aduanero el mismo alcance que tenían bajo el régimen originario.
III. Que los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero se inscriben en el sistema originario de dicho cuerpo legal, dentro del cual la cuantificación de los tributos aduaneros se estructuraba mediante la aplicación del tipo de cambio vigente al momento imponible.
Que, desde una perspectiva histórica, dicho sistema no constituyó una innovación introducida por la Ley 22.415, sino que respondió a un esquema preexistente en el cual los valores expresados en moneda extranjera —propios del comercio internacional— debían ser considerados conforme a una referencia cambiaria determinada para posibilitar la liquidación de los tributos correspondientes.
Que ese criterio fue receptado y sistematizado por el Código Aduanero en sus artículos 638, inciso e), y 639 y concordantes, al establecer la aplicación del tipo de cambio vigente al momento imponible, y encuentra asimismo confirmación en los estándares internacionales en materia de valoración aduanera incorporados al derecho interno mediante la Ley Nº 23.311, cuyo artículo 9 contempla la utilización del tipo de cambio vigente al momento de la importación o exportación.
Que, en este contexto, no puede ser atendida la afirmación según la cual los tributos aduaneros se habrían determinado siempre en dólares estadounidenses, pues tal aseveración importa no distinguir entre el plano de la realidad económica —en la cual las operaciones de comercio exterior pueden celebrarse en moneda extranjera— y el plexo normativo de la determinación tributaria, que bajo el régimen originario del Código Aduanero se estructuraba en moneda nacional.
Que, en tal sentido, la circunstancia de que las operaciones de comercio exterior se estructuren habitualmente sobre valores expresados en dólares estadounidenses, o que determinados importes sean exteriorizados en dicha moneda al momento de oficializarse una destinación aduanera, no autoriza por sí sola a concluir que la obligación tributaria se encontrara jurídicamente determinada en dólares estadounidenses en el mismo sentido previsto por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que una cosa es la utilización del dólar estadounidense como moneda de valoración, referencia comercial o unidad de cuenta dentro de la operatoria del comercio internacional, y otra distinta es la determinación jurídica de la obligación tributaria en dicha moneda, entendida como una consecuencia normativa expresamente establecida por el legislador.
Que, por ello, la sola existencia de valores FOB, CIF o importes tributarios expresados en dólares estadounidenses dentro de la operatoria aduanera no permite concluir, sin más, que el régimen originario del Código Aduanero hubiera consagrado una determinación jurídica de los tributos aduaneros en dicha moneda en los términos posteriormente receptados por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
IV. Que, en ese marco, la propia existencia de una regla como la contenida en el artículo 639 del Código Aduanero —destinada a fijar el tipo de cambio aplicable al momento imponible— evidencia que dicha referencia cambiaria constituía un elemento integrante del sistema legal vigente al tiempo de su sanción, extremo difícilmente conciliable con la afirmación de que los tributos aduaneros ya se encontraban determinados en dólares estadounidenses en el mismo sentido y con el mismo alcance que posteriormente consagró el artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que, no obstante, ese presupuesto normativo fue sustancialmente alterado por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905, el cual dispuso que los tributos aduaneros se determinen en dólares estadounidenses, sustituyendo el esquema originario en el cual la obligación tributaria quedaba cuantificada en moneda nacional mediante la aplicación del tipo de cambio previsto por el artículo 639 del Código Aduanero, referido, en el supuesto contemplado por el artículo 638, inciso e), al vencimiento del plazo acordado para la reexportación.
Que la incorporación de dicha disposición impide considerar que el régimen legal permaneció inalterado. Por el contrario, revela la voluntad del legislador de introducir una regulación específica respecto de la moneda de determinación de los tributos aduaneros y del criterio aplicable para su conversión a moneda nacional, aspectos que hasta entonces se encontraban regidos por una lógica normativa diversa.
Que, en consecuencia, no se configura aquí una verdadera colisión entre normas especiales y generales que deba resolverse mediante la prevalencia de unas sobre otras, sino una modificación legislativa posterior que incide directamente sobre el presupuesto normativo dentro del cual operaban originalmente los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero.
Que ello impide atribuir a dichas disposiciones el mismo alcance que tenían bajo el sistema originario, sin tomar en consideración la incidencia que sobre la materia introdujo el artículo 20 de la ley 23.905.
V. Que, en ese nuevo contexto normativo, los artículos 638 y 639 del Código Aduanero conservan vigencia en cuanto determinan el momento al cual deben referirse los elementos del régimen tributario aplicable —tales como la alícuota, la base imponible y el tratamiento arancelario correspondiente—. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 regula específicamente la moneda en que deben determinarse los tributos aduaneros y establece el criterio aplicable para su conversión a moneda nacional cuando el pago se efectúe en pesos, circunstancia que necesariamente incide sobre la función que el artículo 639 cumplía en materia cambiaria dentro del sistema originario.
Que, en tales condiciones, no resulta posible atribuir a la regla cambiaria contenida en el artículo 639 del Código Aduanero el mismo alcance que poseía con anterioridad a la reforma introducida por la Ley Nº 23.905, pues el presupuesto normativo sobre el cual dicha disposición operaba ha sido sustancialmente modificado por el legislador.
VI. Que no altera esta conclusión la circunstancia de que la determinación tributaria examinada se exteriorice en el marco de un procedimiento infraccional. En efecto, el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no establece distinción alguna según el origen, causa o vía procedimental de la obligación tributaria aduanera, ni limita su aplicación a determinadas clases de liquidaciones. Antes bien, su texto se refiere, en términos amplios, a los derechos de importación, a los derechos de exportación y a los demás tributos que gravaren las operaciones de comercio exterior, razón por la cual no corresponde introducir por vía interpretativa restricciones que el legislador no contempló.
VII. Que tampoco resulta atendible sostener que la cuestión aquí debatida sea completamente ajena a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien es cierto que el Alto Tribunal no se expidió en forma expresa sobre un supuesto exactamente igual al presente, no lo es menos que sus precedentes han reconocido de manera reiterada la plena vigencia del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 y la validez de la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses, premisa de la cual se siguen necesariamente las consecuencias jurídicas propias del régimen legal allí establecido.
Que, de la secuencia conformada por los precedentes "Editorial Perfil" (12/8/2008), "Bridgestone Firestone Argentina S.A." (27/4/2010), "Volkswagen Argentina S.A." (23/8/2011) y "Compañía Argentina de Seguros La Mercantil Andina S.A." (15/10/2020), así como del dictamen emitido por la Procuradora Fiscal, Dra. Laura Monti, en esta última causa (12/2/2019), se desprende una línea interpretativa definida, a saber: a) el artículo 20 de la ley 23.905 se mantiene plenamente vigente;
b) los tributos aduaneros alcanzados por dicha norma deben determinarse en dólares estadounidenses; c) cuando la obligación ha sido exteriorizada en esa moneda, corresponde reconocerle el tratamiento jurídico propio de una obligación expresada en moneda extranjera;
d) cuando el pago se efectúa en moneda nacional, la conversión correspondiente debe realizarse conforme al régimen previsto por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905; y e) la circunstancia de que el pago se efectivice en moneda nacional no altera la regla legal que fija la moneda de determinación del tributo en dólares estadounidenses.
Que, en tales condiciones, no resulta posible afirmar que la citada disposición legal careció de toda incidencia sobre el régimen originariamente previsto por el Código Aduanero, pues ello importaría desconocer el alcance que reiteradamente le ha sido reconocido por la jurisprudencia del Máximo Tribunal.
Que, por el contrario, la inteligencia que mejor se armoniza con los precedentes citados es aquella que reconoce que el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo una regulación específica respecto de la moneda de determinación de los tributos aduaneros y de su conversión a moneda nacional, extremo que necesariamente debe ser considerado al interpretar el alcance actual de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero.
VIII. Que, a mayor abundamiento, corresponde aclarar que la cuestión relativa al tipo de cambio aplicable no puede ser caracterizada como un problema de naturaleza meramente instrumental, metodológica o de técnica liquidatoria.
Que ello es así, pues no se trata de una simple modalidad operativa de pago, sino de un aspecto que incide directamente en la cuantificación de la deuda tributaria y, por ende, en su contenido económico. Que, en efecto, no resulta jurídicamente indiferente considerar el tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente, conforme a lo previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero o, por el contrario, mantener la obligación determinada en dólares estadounidenses hasta su cancelación, con conversión a moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley Nº 23.905. Que lo expuesto puede apreciarse con claridad a partir de un ejemplo sencillo. Supóngase una obligación tributaria determinada por un importe de USD 1.000.
Que, si se aplicara el tipo de cambio vigente al momento jurídicamente relevante previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero —por ejemplo, $100 por dólar—, la obligación quedaría cuantificada en $100.000 desde ese momento, permaneciendo inalterada frente a posteriores variaciones cambiarias. Que, por el contrario, si la obligación permanece determinada en dólares estadounidenses y su conversión a moneda nacional se difiere hasta el momento del efectivo pago, aplicándose el tipo de cambio vigente el día anterior a éste —por ejemplo, $200 por dólar—, el importe exigible ascendería a $200.000.
Que ello evidencia que el criterio de conversión aplicable no constituye una cuestión meramente operativa ni una simple modalidad de cancelación, sino un elemento que incide directamente sobre la cuantificación económica efectiva de la obligación tributaria.
Que, en tales condiciones, la problemática aquí examinada trasciende el plano estrictamente operativo o cancelatorio y se proyecta sobre el propio régimen monetario de la obligación tributaria, extremo que impide abordarla como una cuestión meramente accesoria o secundaria dentro del sistema legal aplicable.
IX. Que, sentado lo anterior, corresponde examinar la construcción interpretativa según la cual la cuestión relativa al tipo de cambio aplicable debería ser analizada distinguiendo entre un supuesto plano constitutivo de determinación de la obligación tributaria y un ulterior plano relativo a su cancelación efectiva. Que, en tal sentido, la distinción entre un supuesto “plano constitutivo” de determinación del tributo, regido por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, y un “plano extintivo” relativo a su cancelación, gobernado por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905, aun cuando pueda enunciarse en un plano teórico o meramente ilustrativo, no resulta jurídicamente apta para resolver la cuestión debatida en la litis. Que la distinción precedentemente descripta se sustenta en la premisa según la cual los tributos aduaneros ya se encontraban jurídicamente determinados en dólares estadounidenses con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 23.905, atribuyendo al primer párrafo de dicha disposición un alcance meramente declarativo de una situación preexistente en materia de determinación monetaria de los tributos aduaneros.
Que la dificultad que presenta la construcción analizada no radica en la circunstancia de que la determinación de la obligación tributaria y su efectivo pago puedan verificarse en momentos temporalmente distintos, extremo que naturalmente puede acontecer en toda relación jurídica obligacional. En realidad, la cuestión debatida consiste en determinar la naturaleza jurídica de la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 y el ámbito normativo al cual corresponde atribuirla.
Que, en tal sentido, no puede compartirse la premisa según la cual dicha disposición integraría exclusivamente un supuesto plano extintivo o cancelatorio de la obligación tributaria.
Que ello es así, pues el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no establece una modalidad de pago ni regula los efectos extintivos de la obligación tributaria, sino que se limita a fijar la referencia temporal a la cual debe remitirse el tipo de cambio aplicable. De manera tal que si la disposición examinada se limita a establecer el momento al cual debe referirse el tipo de cambio aplicable cuando el pago se efectúe en moneda nacional, la cuestión debatida no concierne propiamente al pago de la obligación tributaria, sino al criterio cambiario que debe regir la conversión a moneda nacional de una obligación determinada en dólares estadounidenses. Que tampoco resulta suficiente para justificar dicha conclusión la afirmación según la cual el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 regularía exclusivamente el importe en moneda nacional necesario para extinguir la obligación tributaria, pues, como se ha analizado en el considerando anterior, la determinación del criterio cambiario aplicable incide directamente sobre la cuantificación económica de la deuda y no constituye una cuestión autónoma o escindible del régimen monetario que la disciplina.
Que, en tales condiciones, la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no puede ser examinada de manera aislada, pues integra, junto con la previsión contenida en el primer párrafo de dicha disposición, un mismo régimen normativo relativo a la determinación monetaria de los tributos aduaneros. En efecto, mientras el primer párrafo establece que tales tributos se determinarán en dólares estadounidenses, el segundo dispone el criterio temporal al cual debe remitirse el tipo de cambio aplicable cuando su cancelación se efectúe en moneda nacional, conformando ambos aspectos una regulación jurídicamente integrada de una misma materia.
Que, por ello, la sola invocación de un supuesto plano constitutivo regido por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero y de un plano extintivo regido por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no basta para resolver la cuestión debatida, pues una vez descartado que esta última disposición constituya una mera regla relativa al pago de la obligación tributaria, permanece pendiente determinar de qué modo dicha regulación monetaria se articula con el sistema de cuantificación previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero, cuestión que será examinada seguidamente.
X. Que la inconsistencia de la construcción analizada se advierte con particular claridad cuando se examina la función que cumplen los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero dentro del sistema normativo originario.
Que, en efecto, dichas disposiciones no regulan aisladamente distintos aspectos de la obligación tributaria, sino que integran un sistema de determinación construido sobre una referencia temporal única e históricamente determinada, en virtud de la cual el régimen tributario aplicable, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio quedan fijados conforme a las circunstancias vigentes al momento jurídicamente relevante previsto por la ley. Que, en el supuesto aquí examinado, incumplimiento del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria, el artículo 639 del Código Aduanero remite expresamente a la fecha prevista en el artículo 638, inciso e), esto es, al vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente. Que, en ese esquema, la conversión de la moneda extranjera a moneda nacional no constituye una operación autónoma o posterior a la determinación del tributo, sino que integra el propio proceso de cuantificación de la obligación tributaria previsto por el citado artículo 639. Así, el régimen tributario aplicable, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio quedan fijados conforme a las circunstancias vigentes al momento del vencimiento del plazo para la reexportación.
Que, de tal modo, la obligación tributaria resulta íntegramente cuantificada mediante la remisión a circunstancias ya verificadas al tiempo previsto por la ley, quedando íntegramente cuantificada en moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente al momento del vencimiento del plazo para la reexportación, sin que la determinación de su contenido económico dependa de acontecimientos posteriores vinculados al momento de su cancelación. Que, por el contrario, el régimen instaurado por el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 responde a una lógica normativa diversa en materia de determinación monetaria de los tributos aduaneros, pues dispone que éstos se determinen en dólares estadounidenses y que, cuando su pago se efectúe en moneda nacional, la conversión correspondiente deba practicarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, incorporando así una referencia temporal necesariamente posterior al momento imponible y ajena al esquema de cuantificación histórica previsto por los artículos 638 y 639 del Código Aduanero.
Que, en tales condiciones, el tipo de cambio previsto en el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905 no constituye una mera sustitución puntual de la regla contenida en el artículo 639 del Código Aduanero, pues presupone una forma distinta de determinación monetaria de la obligación tributaria.
Que lo expuesto no implica desconocer la vigencia de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero en lo relativo a la determinación de los restantes elementos estructurales de la obligación tributaria. En efecto, en el supuesto aquí examinado, tales disposiciones continúan rigiendo en cuanto remiten al vencimiento del plazo acordado para la reexportación de la mercadería importada temporariamente como fecha relevante para la determinación del régimen tributario aplicable, la alícuota y la base imponible.
Que la cuestión debatida se circunscribe exclusivamente al régimen monetario aplicable a los tributos aduaneros, ámbito en el cual el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 introdujo una regulación específica relativa tanto a la moneda de determinación de la obligación como al criterio temporal de conversión cuando el pago se efectúe en moneda nacional, redefiniendo en ese aspecto el régimen legal originario.
Que, por ello, no resulta jurídicamente consistente preservar la lógica temporal histórica de los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero respecto del régimen tributario aplicable, la alícuota y la base imponible y, simultáneamente, sustituir exclusivamente el tipo de cambio allí previsto por el vigente al momento del efectivo pago en razón de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que semejante solución importa desarticular el funcionamiento interno del sistema previsto por dichas disposiciones, conservando algunos de sus elementos y sustituyendo otros por criterios pertenecientes a una lógica normativa distinta, sin explicar adecuadamente el fundamento jurídico que justificaría dicha operación. Que, en efecto, termina combinando un esquema de cuantificación de la obligación tributaria en moneda nacional por referencia al tipo de cambio vigente al momento legalmente relevante previsto por los artículos 638, inciso e), y 639 del Código Aduanero con una regla de conversión concebida para operar respecto de tributos determinados en dólares estadounidenses, conforme al segundo párrafo del artículo 20 de la Ley Nº 23.905.
Que, de tal modo, reconoce eficacia normativa a esta última disposición en materia de tipo de cambio aplicable y, simultáneamente, niega que el primer párrafo de esa misma norma hubiera introducido modificación alguna en lo relativo al régimen de determinación monetaria de los tributos aduaneros establecido por el legislador, construyendo así un régimen híbrido que no se corresponde íntegramente ni con el sistema originario del Código Aduanero ni con el instaurado por la Ley Nº 23.905.
Que admitir una interpretación en tal sentido importa prescindir de un principio reiteradamente afirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al cual no cabe presumir la inconsecuencia del legislador (Fallos: 312:1614; 312:1680; 315:1256; 316:1319; 317:1820; 319:3241; 323:585; 324:3876, entre muchos otros), debiendo interpretarse las leyes de modo tal que sus disposiciones no se neutralicen entre sí, sino que se integren en un sistema coherente y armónico (Fallos: 313:1149), extremo que no se verifica en la construcción analizada, en tanto conduce a vaciar de contenido una de las previsiones centrales del artículo 20 de la ley 23.905, esto es, la determinación de los tributos aduaneros en dólares estadounidenses.
Que ello evidencia que la construcción analizada no logra integrar de manera coherente la modificación introducida por el artículo 20 de la Ley 23.905, sino que termina combinando reglas pertenecientes a sistemas normativos diversos cuya coexistencia, en materia de moneda de determinación y tipo de cambio aplicable, no resulta jurídicamente conciliable.
XI. Que los fundamentos expuestos resultan suficientes para precisar el alcance que corresponde atribuir a las normas involucradas. Sin perjuicio de ello, la exigencia de claridad en la fundamentación de las decisiones jurisdiccionales no autoriza a simplificar un problema jurídico cuya adecuada resolución exige un análisis integral del sistema normativo aplicable, a fin de asegurar una adecuada comprensión del régimen jurídico vigente y evitar interpretaciones que, por su carácter reductivo y fragmentario, generen confusión acerca de su alcance y aplicación.
XII. Que, en ese entendimiento, corresponde remitirse a los fundamentos desarrollados en los Considerandos IV a XXII del voto del suscripto en el expediente EX-2024-14015961--APN-SGASAD#TFN, caratulado “SKF ARGENTINA S.A.”, de esta Sala F, con sentencia de fecha 9 de abril de 2026, en los cuales se aborda con mayor extensión la problemática aquí tratada, en términos concordantes con la solución que se propicia en el presente. Que, en virtud de lo expuesto, VOTO por:
1. Revocar el art. 1° de la resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en la Actuación n° 12206-13730-2010, por aplicación del principio de bagatela.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-13730-2010 en cuanto exige a la actora el pago de tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística y IVA los que ascienden a la suma de DÓLARES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 23/100 (US$ 5.624,23.-). Ello con más intereses del art. 794 del C.A., los que se computan desde el 9/11/2021 hasta la fecha del total y efectivo pago. Con costas a la actora.
3. Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Hago propio el relato de los hechos y de la prueba acollarada efectuada por el Sr. Vocal instructor, a cuyas constancias me remito en honor a la brevedad.
I. Alcance de mi adhesión.
Comparto la solución propiciada por el Sr. Vocal instructor en cuanto rechaza los planteos de nulidad, prescripción y violación del plazo razonable articulados por la recurrente, confirma la configuración de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero y mantiene la exigencia tributaria derivada del incumplimiento del régimen suspensivo documentado mediante el D.I.T. involucrado en autos.
Sin embargo, discrepo parcialmente con los fundamentos desarrollados respecto de: a) las consecuencias jurídicas que corresponde atribuir al principio de insignificancia aplicado a la multa; y b) el tipo de cambio aplicable para la cancelación de la obligación tributaria determinada.
II. Sobre la impropiedad técnica de la denominada “bagatela”.
Comparto la preocupación manifestada por el Sr. Vocal instructor respecto de la reducida entidad económica de la sanción aplicada en autos y la necesidad de evitar que el ejercicio del poder punitivo estatal se transforme en una actividad desprovista de razonabilidad práctica.
Sin embargo, considero que la solución adoptada requiere algunas precisiones conceptuales.
En primer término, estimo que no resulta técnicamente apropiado referirse a la cuestión como un supuesto de “bagatela”.
La expresión, ampliamente difundida en la práctica forense y en ciertos desarrollos doctrinarios, constituye una formulación descriptiva del fenómeno, pero no identifica con precisión la categoría jurídica involucrada. En materia penal —y, por derivación, en el derecho administrativo sancionador que de ella se nutre— el instituto relevante es el principio de insignificancia.
No se trata de una mera cuestión terminológica.
La diferencia adquiere relevancia porque la denominada bagatela suele remitir a la escasa entidad económica del hecho, mientras que la insignificancia constituye una categoría dogmática vinculada a la ausencia de afectación material relevante del bien jurídico protegido por la norma.
Donna enseña que el principio de insignificancia constituye una derivación necesaria de los principios de lesividad e intervención mínima, impidiendo la actuación del poder punitivo cuando la afectación del bien jurídico resulta materialmente irrelevante.
En igual sentido, Maurach y Zipf explican que el Derecho Penal no puede ocuparse de comportamientos cuya lesividad resulte tan reducida que la reacción estatal aparezca desprovista de necesidad práctica, pues ello conduciría a una utilización desproporcionada del ius puniendi incompatible con su carácter fragmentario y subsidiario.
Precisamente por ello, la insignificancia no elimina la existencia del hecho.
No transforma en lícita una conducta previamente considerada típica.
No convierte en inexistente una infracción cuya configuración ha sido expresamente afirmada.
Su función es diversa: excluir la necesidad de una respuesta sancionatoria estatal frente a una afectación que, aun siendo formalmente subsumible en el tipo, carece de entidad suficiente para justificar la aplicación efectiva de una pena.
Y es precisamente allí donde encuentro la principal dificultad metodológica de la solución propuesta. Porque luego de desarrollar un análisis detallado de la prueba producida y concluir —correctamente, a mi juicio— que la conducta investigada encuadra en la figura prevista por el art. 970 del Código Aduanero, se arriba finalmente a la revocación de la sanción por razones vinculadas a la reducida cuantía económica involucrada. Sin embargo, una vez afirmada la configuración de la infracción, la consecuencia jurídica no puede consistir en negar aquello que previamente se tuvo por acreditado.
La insignificancia no opera sobre la existencia de la infracción.
Opera sobre la necesidad de la pena.
Dicho de otro modo, si la conducta es típica, antijurídica y reprochable, la solución jurídicamente correcta no consiste en revocar la sanción por inexistencia de infracción, sino en reconocer la configuración de ésta y excluir la aplicación efectiva de la pena por razones de insignificancia material.
La diferencia no es menor.
Permite mantener la coherencia interna del razonamiento y evita confundir dos planos conceptualmente diversos: la existencia de la infracción y la procedencia de la reacción punitiva estatal.
Por ello, considero que corresponde confirmar la configuración de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero y dejar sin efecto la pena aplicada por aplicación del principio de insignificancia.
III. Sobre el tipo de cambio aplicable para la cancelación de la obligación tributaria.
Comparto la determinación de la obligación tributaria efectuada por el Sr. Vocal instructor y la cuantificación del crédito fiscal resultante.
Sin embargo, discrepo respetuosamente con los fundamentos desarrollados respecto del tipo de cambio aplicable para la cancelación de dicha obligación.
A mi juicio, la cuestión exige distinguir dos planos conceptualmente diversos que no deben confundirse. Por un lado, la determinación de la obligación tributaria, esto es, la individualización y cuantificación del crédito fiscal nacido como consecuencia del hecho imponible previsto por la legislación aduanera.
Por otro, la cancelación de esa obligación ya determinada, cuestión que remite a la forma en que el obligado extinguirá válidamente el crédito fiscal así establecido.
La distinción no es meramente terminológica.
Por el contrario, constituye un presupuesto lógico indispensable para interpretar armónicamente el sistema normativo aplicable.
Comparto plenamente la cuantificación de la obligación tributaria efectuada en el voto preopinante, en tanto surge de la aplicación de las normas específicas del Código Aduanero que regulan el nacimiento del tributo, la configuración del hecho imponible y la determinación de la deuda.
Sin embargo, de ello no se sigue necesariamente que la conversión de dicha obligación a moneda nacional deba efectuarse al tipo de cambio vigente al momento en que se produjo el hecho imponible o al tiempo en que se determinó el crédito fiscal.
El artículo 20 de la ley 23.905 dispone que los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan operaciones regidas por la legislación aduanera, se determinan en dólares estadounidenses y que, cuando corresponda su cancelación en moneda nacional, la equivalencia deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al efectivo pago.
A mi entender, dicha disposición no deroga, desplaza ni contradice las normas específicas del Código Aduanero relativas a la determinación de la obligación tributaria.
Antes bien, ambas regulaciones operan sobre aspectos diferentes de una misma relación jurídica. Mientras las disposiciones del Código Aduanero permiten establecer cuánto se adeuda, el artículo 20 de la ley 23.905 regula cómo debe cancelarse esa obligación cuando el pago se efectúa en moneda nacional. Desde esta perspectiva, no existe incompatibilidad normativa alguna que exija acudir a criterios de derogación tácita, prevalencia temporal o especialidad.
Las normas gobiernan momentos distintos del fenómeno tributario y, precisamente por ello, pueden coexistir armónicamente.
Esta inteligencia encuentra adecuado sustento en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179-A) c/ D.G.A.”.
A mi juicio, dicha interpretación permite armonizar adecuadamente las disposiciones del Código Aduanero con la legislación posterior, sin necesidad de considerar desplazada ninguna de las normas involucradas. La interpretación propiciada preserva la coherencia interna del ordenamiento.
En efecto, si se acepta —como correctamente lo hace el voto preopinante— que la obligación tributaria se encuentra determinada en dólares estadounidenses, resulta conceptualmente difícil sostener, al mismo tiempo, que la cancelación de dicha obligación deba efectuarse mediante una conversión histórica practicada al tipo de cambio vigente al momento del hecho imponible.
Ello importaría, en los hechos, transformar inmediatamente una obligación determinada en moneda extranjera en una obligación expresada en pesos históricos, privando de efectos prácticos a la propia determinación efectuada en dólares.
Dicho de otro modo, una cosa es establecer cuánto se debe y otra muy distinta determinar cuánto debe entregarse para extinguir válidamente esa deuda.
Confundir ambos planos conduce a resultados interpretativos que no parecen compatibles con la estructura normativa diseñada por el legislador.
IV. Conclusión.
Por las razones expuestas, adhiero parcialmente al voto del Sr. Vocal instructor.
Comparto la configuración de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero y la procedencia de la exigencia tributaria determinada en autos.
Sin embargo, considero que la aplicación del principio de insignificancia no conduce a la revocación de la infracción sino a la exclusión de la pena por razones de mínima lesividad material; y que la cancelación de la obligación tributaria debe efectuarse conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905. Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar el art. 1° de la resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en la Actuación n° 12206-13730-2010, en los términos de lo indicado en el considerando N° XII, por aplicación del principio de bagatela.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2022-6570-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-13730-2010 en cuanto exige a la actora el pago de tributos en concepto de derechos de importación, tasa de estadística y IVA los que ascienden a la suma de DÓLARES CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 23/100 (US$ 5.624,23.-). Ello con más intereses del art. 794 del C.A., los que se computan desde el 9/11/2021 hasta la fecha del total y efectivo pago. Con costas a la actora.
3. Establecer que los tributos deberán considerarse determinados en dólares estadounidenses y que, para su cancelación en moneda nacional, la conversión deberá efectuarse conforme al tipo de cambio vigente el día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la ley 23.905. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.06.12 13:04:21 ART Date: 2026.06.12 17:13:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.12 17:15:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.12 17:16:22 -03:00
Fin de la sentencia