Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2020-49321161-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el acto apelados en todas sus partes, imponiéndose las costas a cargo de la recurrente.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $2.312.176 (pesos dos millones trescientos doce mil ciento setenta y seis) equivalente a 357,47 (trescientos cincuenta y siete con 47/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $5.780.441 (pesos cinco millones setecientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y uno) equivalente a 812,45 (ochocientos doce con 45/100) UMA, los que quedan a cargo del la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y lo resuelto en el punto anterior, como así también, lo resuelto mediante sentencia de fecha 27/10/2020 (IF-2020-72585338-APN-VOCX#TFN), conforme Ley 27.423, Acordada N°28/2021 (09/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios del perito Juan Carlos Waldmann por su desempeño en autos como perito ingeniero agrónomo designado a propuesta del Fisco Nacional en el importe de $2.088.431 (pesos dos millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno) equivalente a 322,98 (trescientos veintidós con 98/100) UMA, el que queda a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-18482520-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 25 de Febrero de 2022 SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2020-49321161-APN- SGAI#TFN, caratulado FIDEICOMISO EL 13 (ALICIA RODRIGUEZ) s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I -Que mediante la IF-2020-49321103-APN-DTD#JGM, se presenta la Sra. Alicia Rodríguez en representación de Fideicomiso “El 13” e interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 25/6/2020, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Rosario de la AFIP-DGI mediante la cual se determinó al citado Fideicomiso el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2008 a 2016 –ambos inclusive-, arrojando gravamen a ingresar con más intereses resarcitorios, y se aplica una multa por los períodos 2008 a 2012, equivalente a tres veces el tributo evadido de acuerdo con lo fijado por los artículos 46 y 47 inc a), b), d) y 49 de la ley de rito fiscal. Asimismo, se hizo reserva de imponer sanciones respecto de los períodos 2013 a 2016 –ambos inclusive- conforme al artículo 20 de la ley penal tributaria.
Explica que se trata de un fideicomiso de administración cuya característica es la vinculación familiar entre fideicomisarios y fiduciario, razón por la cual la operatoria se basa en la confianza por sobre el formalismo. Relata la recurrente que, en virtud del contrato indicado, la sociedad Las Mulas SA –fiduciante- transfirió al fideicomiso fracciones de campo por un total de 3330 héctareas (has) en la Provincia de Entre Ríos y que celebró, en su carácter de fiduciaria, sucesivos contratos de arrendamiento con los fideicomisarios para la explotación agrícola de 800 has para tal fin. Sostiene que los mismos adolecen de errores propios de un mal asesoramiento técnico del cual no se discriminó que de las 3330 ha de superficie, 800 has tienen por fin la actividad agrícola y las 2500 restantes, la explotación ganadera.
Sostiene que la determinación de oficio se funda principalmente en la interpretación de una cláusula contractual en lugar de arribar a la verdad material y realidad económica del contribuyente. Arguye que la inspección consideró originalmente que los arrendamientos solo se efectuaban por las 800 has –que son hábiles para la siembra-; pero basándose en la literalidad de las cláusulas contractuales redactadas por las mismas partes, el Fisco finalmente consideró que el contrato de arrendamiento se realizaba por el total de la superficie del terreno, es decir, 3.300 has.
Argumenta que los contratos deben interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de buena fe, indicando que es común en este tipo de contratos que los precios de locación de inmuebles rurales se pacten haciendo referencia a la cotización de granos o ganado en los mercados donde estos se negocian. Remarca que si bien todas las cláusulas del contrato se refieren a la actividad agrícola, lo cierto es que del inmueble rural arrendado solo una porción del mismo posee dicha aptitud; y respecto a este punto, remarca que la actividad ganadera era desarrollada por la Sra. Alicia Rodriguez y el Fisco Nacional conocía dicha situación la que quedó plasmada en su informe final de inspección, con lo cual mal podrían los contratos de arrendamiento haber incluido dichas hectáreas, puesto que las mismas ya estaba ocupadas por una explotación económica. En cuanto a los intereses resarcitorios sostiene su improcedencia, indicando que al no existir una deuda principal no pudo devengarse interés alguno, ello en virtud del principio jurídico de que toda obligación accesoria corre la misma suerte que la principal.
Por último y sobre la multa aplicada, indica que las declaraciones juradas originales de los períodos 2008 a 2016 resultan acordes con el ajuste practicado y notificado en fecha 22/3/2019 con lo cual no se advierte el carácter engañoso en las declaraciones, sino mas bien, una actitud complaciente con la actuación administrativa. Agrega que no adecuó sus declaraciones al ajuste reformulado, y que le fuera notificado con posterioridad, por encontrarse en desacuerdo, entendiendo que no existió dolo en su conducta y por lo tanto la misma resulta atípica respecto del encuadre del artículo 46, por lo cual solicita se deje sin efecto la misma.
Ofrece prueba y por los argumentos de hecho y derecho que desarrolla solicita se haga lugar al recurso interpuesto y se revoque la resolución recurrida con costas al Fisco Nacional. Hace reserva del caso federal.
II. Mediante la presentación incorporada al IF-2020-63205215-APN-DTD# JGM el Fisco Nacional contesta el traslado incoado. Sostiene que en el marco de la auditoría fiscal efectuada, la firma recurrente omitió declarar ingresos por arrendamientos rurales; indica que la Sra. Alicia Rodríguez, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso el 13 celebró el contrato de arrendamiento con los fideicomisarios cuya vigencia era por seis ciclos agrícolas, acordando un pago en pesos argentinos del equivalente a seis (6) quintales de soja por hectárea. Dice que en el marco de dicha fiscalización, el fideicomiso no aportó la documentación de respaldo de sus rentas y gastos por lo que se procedió a relevar la información que surgía de las propias bases de datos del organismo y en base a las mismas se realizó al cálculo de la pretensión fiscal valorizando según las condiciones establecidas en los contratos de arrendamiento, tomando para ello los seis quintales de soja por hectárea adicionado por las 3.500has arrendadas, arribando así a los saldos a favor del organismo correspondiente al impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2008 a 2016, inclusive.
Indica que de la redacción de las cláusulas de los acuerdos indicados no surge duda alguna que la fracción de tierra sujeta a arrendamiento no solo se constituyen por las 800has para la explotación agrícola sino también las restantes 2500has exclusivas para la explotación ganadera. Agrega que no puede la aquí recurrente argumentar error en la redacción de los contratos, toda vez que seis años después de celebrado, en fecha 17/9/2013 las partes vuelven a celebrar otro contrato de arrendamiento en los mismos términos y cláusulas que el anterior; asimismo, remarca que no surge del convenio celebrado libremente entre las partes que se establezcan valores distintos para la explotación agrícola y para la ganadera, en otras palabras, no se indica específicamente en el contrato que el precio fijado de 6 quintales de soja por hectárea acordado corresponden solamente a las 800 hectáreas afectadas a la explotación agrícola.
En cuanto a los intereses resarcitorios, sostiene su procedencia toda vez que la recurrente no expreso agravios específicos sobre los mismos más allá de sostener su improcedencia en virtud de su accesoriedad respecto de la cuestión principal, es decir, el impuesto determinado.
Por último, respecto de la sanción impuesta, sostiene que la conducta imputada a título de dolo bajo la previsión del art. 46 de la ley de procedimiento fiscal se encuentra plenamente acreditada sin que la actora haya aportado en sede fiscal elementos que hayan llevado al Juez Administrativo a modificar su apreciación sobre el comportamiento de la recurrente, por lo que solicita se proceda a su confirmación.
III. Que mediante la IF-2020-72585338-APN-VOCX#TFN, de fecha 27/10/2020, este Tribunal resolvió rechazar la excepción de nulidad articulada por la actora con costas Que mediante la PV-2021-28585145-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba admitiéndose la pericial técnica ofrecida por la recurrente, la que fue producida y se encuentran agregadas a los presentes autos. Que mediante la PV-2021-84696118-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se elevan la presente causa a conocimiento de la Sala “D” y por IF-2021-86456649-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para alegar, obrando las presentaciones efectuadas por las partes a tal fin agregadas como IF-2021-88817638- APN-DTD#JGM e IF-2021-91500030-APN-DTD#JGM Finalmente, por IF-2022-14170751-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que previo a toda consideración, estimo pertinente, hacer una reseña de los elementos agregados en los antecedentes administrativos de la causa.
Que del Informe Final de Inspección (vide fs. 45/57 Cpo ppal Impuesto a las Ganancias incorporado al IF- 2020-63190338-APM-DTD# JGM), surge que la actividad principal del contribuyente es el “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p”. Que en uso de las atribuciones conferidas por la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modif.) se dispuso la verificación de la rubrada de la cual pudo constatarse la falta de presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a los períodos fiscales 2008 a 2016.
Que de las constancias surge que se trata de un Fideicomiso de Administración el cual consta de los siguientes participes: Fiduciario : la Sra. Alicia Rodríguez, Fiduciante: Las Mulas SA, Beneficiario: Oris SA y Fideicomisarios: los Sres. Fernando Julio Sileoni, José Joaquín Sileoni, Dino Nicolás Sileoni y Natalia SILEONI. De la documentación aportada por la recurrente durante la fiscalización surge el Fideicomiso El 13, representado por la Sra. Alicia Rodríguez en su carácter de fiduciaria, celebró en fecha 17/7/2007 un contrato de arrendamiento con los fideicomisarios -que además resultan ser sus hijos- por el período comprendido entre el 17/7/2007 hasta el 30/5/2013 por las fracciones de tierra indicadas en el contrato, con un precio de seis quintales (6qq) de soja por hectárea pagadero en pesos argentinos, siendo 800 hectáreas exclusivas para explotación agrícola. Por otra parte, con fecha 17/9/2013, la Sra. Rodríguez celebra un nuevo contrato de arrendamiento en idénticos términos que el anterior, con la diferencia que el precio pactado en esa ocasión era de seis quintales (6qq) de soja por hectárea pagaderos de la misma forma que el anterior.
Que los actuantes hacen constar que la fiduciaria no declaró en ninguno de los períodos verificados ingresos relativos a su actividad de administradora, por lo que el Fisco consideró como ingresos omitidos el valor equivalente de 6qq de soja por hectárea a valor Cámara de Rosario sin descuentos en cada ciclo agrícola. Así se hace constar que de la cláusula primera de los contratos celebrados surge que el arrendador cede 3300 hectáreas sito en la Estancia Las Mulas, discriminando 800ha exclusivas para la explotación agrícola y 2500ha exclusivas para la explotación ganadera, efectuando la liquidación del impuesto por el total de las hectáreas referidas (vde Nota 120/2019 fs. 66 cpo ganancias incorporado al IF-2020-63190407-APM-DTD# JGM).
Que en fecha 27/5/2019, mediante nota aclaratoria, las partes intervinientes en el contrato -Sra. Alicia Rodriguez y los Sres José Joaquín Sileoni; Dino Niciolas Sileoni; Fernando Julio Sileoni y Natalia Sileonimanifiestan que han advertido un error en la redacción de los acuerdos celebrados, alegando que en la cláusula tercera de los mismos no consta que el alquiler pactado se refiere únicamente a las héctareas con aptitud agrícola y que son 800 ha. Así exponen que “El resto del Establecimiento es un campo con monte nativo de muy difícil acceso, y que esas héctareas se incluyeron por que las partes de ellas tenían otorgado de palabra los permisos provinciales para desmonte racional, a los fines de explotarlos como agrícolas. En el interín el Gobierno Nacional sanciono la Ley Nacional de Bosques, Ley a la cual adhirió la Prov. De Entre Rios y que impide los desmontes, lo que hizo que los permisos nunca fueran otorgados...Esa parte del campo, unas 2500Has., no tienen valor agrícola y es monte espeso.”, agrega que “...Si bien en el alquiler por error consta la totalidad del campo, solo las Has. Agrícolas son las que pagan Arrendamiento.” para finalmente solicitar que esa “situación sea tenida en cuenta ya que las héctareas no agrícolas nunca fueron explotadas y por lo tanto nunca generaron ningún tipo de ingresos” (sic)
Cabe señalar que, con posterioridad a la notificación de la vista es que el Fideicomiso El 13 presenta las declaraciones juradas originales del impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2008 a 2013 inclusive.
V. Que la actora se agravia de que la determinación solo se sustenta en la interpretación forzada de las cláusulas de los contratos de arrendamiento. Por su parte el ente fiscal sostiene que la literalidad de cláusulas que nacen de los contratos celebrados no admite duda alguna dado que en ellos se detalla con claridad la superficie de tierra sujeta a arrendamiento, y pone de resalto que la contraria no aportó elementos suficientes que permitan avalar los dichos en cuanto sostiene que no existió -en el tiempo de duración de los convenios citados- pago alguno por parte de los arrendatarios y/o percepción de monto alguno por parte del fideicomiso derivado del arriendo de la totalidad de la superficie cedida.
Sentado ello, cabe referirse en primer término a los citados contratos celebrados entre la Sra. Alicia Rodriguez, en su carácter de fiduciaria y sus hijos, Sres José Joaquín Sileoni; Dino Niciolas Sileoni; Fernando Julio Sileoni y Natalia Sileoni como fideicomisarios y lo que surge de las cláusulas allí establecidas. Que tal como se expusiera en el considerando precedente, de las cláusulas de los convenios celebrados en fechas 17/7/2007 y 17/9/2013 se establece, en lo que aquí interesa, que:
“Primera: El arrrendador cede en arrendamiento al arrendatario la fracción de campo antes descripta, de 800Has exclusivas para la explotación agrícola y 2500Has exclusivas para la explotación ganadera, sitas en la Estancias Las Mulas, Paraje Las Toscas, Dpto La Paz, Pcia de Entre Rios, superficie que será medida con GPS, por ambas partes”; “Tercera: El precio acordado es el equivalente en pesos argentinos, pagaderos en pesos argentinos billetes, de 6QQ de soja por hectárea, condición cámara Rosario, sin descuentos, en cada ciclo agrícola, a pagar 50% el 30/09 y 50% el 30/5 de cada ciclo agrícola.” y “octava: El arrendatario recibe los lotes en perfecto estado y libres de ocupantes, debiendo restituirlos en el mismo estado a la finalización del Contrato.” (sic). (vde fs. 22/25 Cpo de Investigación incorporado al IF-2020-63190240-APM-DTD# JGM)
Que de la lectura de las disposiciones transcriptas y que fueran establecidas entre partes, surge que el arrendador cedió a los arrendatarios una porción de tierra el cual se componía de una fracción exclusiva para la agricultura y otra para la ganadería fijándose un precio por hectárea. Que de los instrumentos mencionados, si bien especifican las superficies destinadas a cada labor, de ellos no surge que el arrendamiento antes indicado sea por una fracción específica para el desarrollo de una sola de las actividades allí referidas, por el contrario, en su cláusula octava se expone que el arrendador recibió ambos lotes y acordó entregarlos en el mismo estado en que los recibió a la finalización del contrato.
En este orden de ideas, y en base a lo que se expresa en las cláusulas de los acuerdos celebrados, el objeto y el precio pactado –de 6QQ por héctarea en ambos- fue por la totalidad de la superficie objeto de los mismos, es decir, por las 3.300 hectáreas sin que pueda vislumbrarse que haya sido otra la intención de las partes como postula la recurrente. Ello así, cabe además indicar que cuando las previsiones contractuales resultan claras y precisas –es decir, no existiendo ambigüedad en los términos empleados-, no corresponde efectuar una mayor labor hermenéutica adicional ni tampoco recurrir a otras pautas interpretativas, por aplicación del principio de la buena fe contractual.
Que la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, y en tal sentido le corresponde a la recurrente probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión o defensa a fin de acreditar la verdad de sus dichos, esto es, que los contratos celebrados entre las partes tenían por objeto una sola parte del terreno arrendado como sostiene la actora.
Que resta examinar la única prueba ofrecida y producida ante esta instancia jurisdiccional,esto es una pericia técnica.
Del informe elaborado por los peritos ingenieros designados en autos que luce agregado en autos los expertos manifiestan que la estancia Las Mulas es un establecimiento agrícola-ganadero el cual consta de una superficie total de 3.340Has; que de ella puede afectarse a la actividad agrícola una porción de 780Has y las restantes 2.560Has no son aptos para la siembra, pudiendo eventualmente afectarse a la actividad ganadera, indicando que es un ambiente que representa un ecosistema denominado Espinal, compuesto de bosques y arbustos que tornan imposible el empleo de elementos agrícolas como herramientas de labranza y productos fitosanitarios. (vde IF-2021-80393847-APN-DTD#JGM).
Sentado ello, el informe técnico no aporta mayores precisiones sobre la cuestión aquí planteada, ello por cuanto del mismo surgen cuestiones relativas a las actividades que potencialmente podrían realizarse en las superficies del terreno, pero no establece si durante los períodos objetados en él se desarrollaron actividades - agrícolas y/o ganaderas- ya sea en la totalidad de la superficie o en una porción de esta.
Que no puede pasarse por alto que durante la fiscalización practicada a la recurrente, y a pesar de los reiterados requerimientos, esta no aportó la documentación respaldatoria relativa al giro comercial de la empresa por los períodos objetados, lo que obligó al organismo recurrir a la información obrante en sus propias bases de datos y calcular la pretensión fiscal valorizando según las condiciones establecidas en los contratos de arrendamiento (valor de 6QQ de soja por héctarea por un total de 3.300).
Que no pasa inadvertido tampoco el hecho de que, por un lado, la misma recurrente manifiesta -tanto en su descargo como en su escrito de recurso- que los contratos celebrados adolecen de errores propios de un mal asesoramiento técnico y, por otra parte, que con posterioridad a la vista efectuada, la recurrente presentó las declaraciones juradas originales del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2008-2016 inclusive.
Por ello, y ante la falta de los elementos requeridos a la recurrente y/o otros que sirvan para desvirtuar la omisión de ingresos detectados, los argumentos esbozados por la actora no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada, no resultando tampoco desacertado el procedimiento efectuado por el Fisco Nacional y las conclusiones arribadas en el acto recurrido. A mayor abundamiento, cabe resaltar también que no obran en los presentes actuados elementos que permitan avalar las manifestaciones de la recurrente en cuanto la misma no recibió pago alguno por parte de los arrendatarios y/o por parte del fideicomiso derivado del arriendo de la totalidad de la superficie cedida. En esa línea he venido sosteniendo que la necesidad de documentar todos los actos que involucren a los contribuyentes sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal (conf. Sala IV in re: “Rodríguez, Luis A. -TF 15.728-I- c/DGI” del 6/8/2002, vide también criterio de esta Sala in re “Piñeyro De León Liliana B.” sentencia del 6/12/2004). De acuerdo con el análisis efectuado en el Considerando precedente, cabe concluir que la conducta desplegada por la contribuyente constituyo una maniobra por la que se perjudicó al Fisco; en razón de ello y al no encontrarse avaladas las manifestaciones de esta por elementos fehacientes que permitan desvirtuar el criterio fiscal en orden a demostrar que los ingresos no declarados no resultaban gravados, corresponde confirmar el impuesto intimado.
VII. En cuanto a la procedencia de los intereses resarcitorios intimados en la resolución en crisis, cabe confirmar los mismos puesto que, su cálculo se ajusta a lo establecido por el art. 37 de la ley N°11.683 (t.o. 1998 y modif.). Que, en tal sentido, cabe recordar que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio".
Que la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, de modo tal que la sola falta de pago total o parcial de un gravamen, como en el presente, torna procedente la aplicación de este tipo de intereses. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por los recurrentes. (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
VIII. Que resta referirse a la sanción aplicada con relación al Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2008 a 2012.
Que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de no ingresar el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales. En efecto, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”).
En el caso concreto existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en omisiones en virtud del art. 47 inc. a), esto es que: " medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11” y b), “cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
Que respecto a tal presunción del inc. d) del art. 47 aplicada en autos, cabe traer a colación lo sentenciado por el Dr. Carlos Porta in re “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. SCA “ (TFN, Sala B, sentencia del 11 de febrero de 2008):
“Que el inciso d) exige que el Fisco acredite que el contribuyente tiene una entidad jurídica (por ej.: SA) o económica (importancia de su movimiento e inversión) que sea imposible pensar que pueda actuar sin necesidad de la documentación necesaria para ello, sin causa que lo justifique”. Ello así, resulta evidente en el caso concreto la entidad jurídica de la actora ameritaba que llevara la correspondiente documentación de respaldo sobre la operatoria invocada, advirtiéndose de la reseña efectuado que ello no sucedió, sumado a la inexistencia de otros elementos adicionales que rebatieran el sustento de los ajustes practicado por el organismo. Es por ello, que considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción prevista en el art. 46 de la ley de rito y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa o reducción, corresponde disponer la confirmación.
IX. Por lo expuesto, voto por confirmar el acto apelados en todas sus partes, imponiéndose las costas a cargo de la recurrente.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
De la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el acto apelados en todas sus partes, imponiéndose las costas a cargo de la recurrente.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $2.312.176 (pesos dos millones trescientos doce mil ciento setenta y seis) equivalente a 357,47 (trescientos cincuenta y siete con 47/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $5.780.441 (pesos cinco millones setecientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta y uno) equivalente a 812,45 (ochocientos doce con 45/100) UMA, los que quedan a cargo del la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y lo resuelto en el punto anterior, como así también, lo resuelto mediante sentencia de fecha 27/10/2020 (IF-2020-72585338-APN-VOCX#TFN), conforme Ley 27.423, Acordada N°28/2021 (09/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios del perito Juan Carlos Waldmann por su desempeño en autos como perito ingeniero agrónomo designado a propuesta del Fisco Nacional en el importe de $2.088.431 (pesos dos millones ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno) equivalente a 322,98 (trescientos veintidós con 98/100) UMA, el que queda a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°28/2021 (09/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.02.24 13:46:35 -03:00 Date: 2022.02.24 14:34:40 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.25 09:39:54 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.25 09:39:55 -03:00
Fin de la sentencia