Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 48021-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso de la parte demandada en los términos del art. 266 del CPCCN, con costas (art. 68 del CPCCN).
2Regular los honorarios de la representación letrada de la actora del modo indicado en el considerando IV del voto del Dr. Gallegos Fedriani.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
FIDEICOMISO LOS ALISOS - TF 48021-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, junio de 2024-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 19/2/2020, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó con costas las resoluciones del 15/5 /2017 dictadas por la AFIP-DGI y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.-
II.-Que el 15/05/2019 apeló la parte demandada. El 22/11/2019 expresó agravios la parte demandada, los que fueron contestados por la parte actora el 20/12/2019. A su vez, el 13/03 /2020 el Fisco apeló la regulación de honorarios, y su apelación fue replicada el 15/12/2021. El 10/03/2022 se llamaron autos a sentencia.- III.-Que en su expresión de agravios el Fisco Nacional reitera argumentos y cita precedentes que expusiera oportunamente en su escrito de inicio ante el Tribunal Fiscal de la Nación y que fueron atendidos de manera suficiente por el referido organismo jurisdiccional. Por lo demás, los nuevos argumentos expuestos tampoco constituyen una crítica concreta y razonada en los términos exigidos por el art. arts. 265 del CPCCN. Máxime cuando los fundamentos desarrollados por la decisión mayoritaria del Tribunal Fiscal de la Nación se remiten a un precedente dictado por la Sala II de esta Cámara expte. nro. 26.704 /2015, in re “Fideicomiso Nordelta SA – Reinaldo Niella c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, sentencia del 8/10/2015.-
Alta en sistema: 01/07/2024 Por ello, corresponde declarar desierto el recurso de la parte demandada en los términos del art. 266 del CPCCN, con costas (art. 68 del CPCCN).
IV.-Que en función de la naturaleza del proceso y su monto; del resultado obtenido y de la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, corresponde confirmar la regulación de honorarios practicada, por haber sido apelada únicamente por alta (conf. Arts. 6, 7, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432).
Asimismo, por el trabajo cumplido ante esta Alzada, se regulan los honorarios de la representación legal y asistencia letrada de la actora en la cantidad de 44 UMAs –equivalente al momento del dictado de este pronunciamiento a la suma de $101.659.360- (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y la Res. SGA 1497 /24).
V.-Que, en consecuencia, correspondería en suma: 1) Declarar desierto el recurso de la parte demandada en los términos del art. 266 del CPCCN, con costas (art. 68 del CPCCN); 2) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora del modo indicado en el considerando IV. ASÍ VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy dijo:
I. Que en su pronunciamiento 19 de febrero de 2020, la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió dejar sin efecto las Resoluciones nros. 89 y 90/2017 dictadas por el Jefe de la Divisón Revisión y Recursos de la AFIP. Por el primero de esos actos el Fisco determinó de oficio el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales enero 2010 a diciembre 2013 y aplicó una multa equivalente al 70% del gravamen omitido. En el segundo, se impugnaron las declaraciones del impuesto a las ganancias de los ejercicios 2010 a 2013 presentadas por el fideicomiso y se estableció para esos ejercicios el resultado impositivo atribuible al socio Nordelta SA, determinando la diferencia de resultado neto de este fiduciante-beneficiario.
Alta en sistema: 01/07/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Para decidir como lo hizo el a quo explicó esencialmente que:
i) El Fideicomiso Los Alisos, constituido entre Nordelta SA y el Sr. Pedro Miguel Rodríguez como fiduciantes-beneficiarios y Nordelta Administradora Fiduciaria SA como fiduciaria llevó adelante el desarrollo, loteo, urbanización y posterior venta en lotes de uno de los barrios cerrados dentro de Nordelta en el Partido de Tigre –Pcia de Buenos Aires-, de acuerdo con el Plan Director aprobado por Decreto del Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires Nº 1736/92 y Ordenanza Municipal de Tigre Nº 1297/92, sujetándose para la urbanización del predio a los lineamientos del Decreto-Ley PBA Nº 8912 /77 y Decreto provincial Nº 9404/86;
ii) En el acto determinativo del IVA el Fisco consideró que al haber optado la actora por regirse por el Decreto-Ley N° 8912/77 para la organización y administración de cada barrio constituyó una asociación civil a la que le transfirió gratuitamente los inmuebles que conforman las áreas de esparcimiento y espacios circulatorios. Sostuvo que por aplicación del art. 4 de la ley del IVA el Fideicomiso Los Alisos es sujeto del tributo, y que si bien la venta de lotes no se encuentra dentro del ámbito del impuesto, la realización de obras sobre inmueble propio o ajeno por aplicación del art. 3 inciso b) de la ley del gravamen sí lo está, y el hecho imponible se perfecciona con la transferencia a título oneroso del inmueble en los términos del inciso a) del art. 5 de la ley citada;
iii) Como indicó el a quo, el marco jurídico de la operación examinada puede describirse del siguiente modo: a.- El Decreto-ley Nº 8912/77 de la Pcia. de Buenos Aires ordena y regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo en su territorio, estableciendo en su artículo 56 que “al crear o ampliar núcleos urbanos, áreas y zonas, los propietarios de los predios involucrados deberán ceder gratuitamente al Estado Provincial las superficies destinadas a espacios circulatorios, verdes, libres y públicos y a reservas para la localización de equipamiento comunitario de uso público” -cuyo uso y goce es regulado por el Decreto Provincial Nº 9.404/86-. El Alta en sistema: 01/07/2024 mismo Decreto-ley se encarga de fijar las características que debe reunir un Club de Campo o complejo recreativo residencial señalando entre ellas, que “el área común de esparcimiento y el área de viviendas deben guardar una mutua e indisoluble relación funcional y jurídica, que las convierte en un todo inescindible” para agregar que el área común de esparcimiento no puede subdividirse “ni enajenarse en forma independiente de las unidades que constituyen el área de viviendas” (art. 64 inc. d) (el destacado no corresponde al original);
b.-Mediante Decreto N° 27/98 de la Pcia.
de Buenos Aires se define y reglamenta a los Barrios Cerrados, disponiendo su artículo 10 que éstos deberán gestionarse a través de la Ley Nacional Nº 13.512 de Propiedad Horizontal -sin vulnerar los indicadores contenidos en el artículo 52 del Decreto-Ley 8912/77- u optar en lo pertinente por el régimen jurídico establecido por el Decreto Nº 9404/86; c.-En los considerandos del Decreto Nº 9.404 /86 -que reglamenta el capítulo V del Decreto-Ley Nº 8912/77 en lo referente a los clubes de campo-, se califica a los clubes de campo como una especie de los denominados complejos urbanísticos o urbanizaciones especiales, que se caracterizan por regirse de acuerdo a un plan urbanístico especial, dada la existencia de múltiples inmuebles o unidades parcelarias con independencia jurídica, que tienen un similar destino funcional, disponibilidades de áreas de uso común y prestación de servicios generales y que pueden contar con una entidad prestataria de los servicios y propietaria de los bienes comunes integrada por los titulares de las parcelas residenciales. El Decreto se dicta en el entendimiento de que era inapropiado que se incluyera dichos complejos en el régimen de la Ley Nº 13.512, y con el fin de resolver la necesidad de un complejo de acceso restringido, áreas comunes de propiedad de todos los copropietarios y administración común, y la posibilidad de mantener calles o espacios circulatorios en el dominio privado;
d.-El artículo 1 del Decreto Nº 9.404/86 dispone que en los clubes de campo que se constituyan conforme al régimen específico del Decreto-Ley 8912/77 una entidad jurídica que integren o a la que se incorporen los propietarios de cada parcela con destino residencial será titular del dominio de las áreas recreativas o de esparcimiento y responsable de la prestación de los servicios generales Alta en sistema: 01/07/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V (inciso a). Por otra parte, dispone que a fin de cumplimentar lo indicado en el artículo 64, inciso b) del Decreto-ley, simultáneamente a la transmisión del dominio de cada parcela perteneciente al área de viviendas, deberá constituirse el derecho real de servidumbre de uso sobre las áreas de esparcimiento, el que deberá constar como restricción en el plano de subdivisión pertinente (inciso c): y se puntualiza que la entidad a que se hace alusión (en los incisos a y b), “será también titular dominial de dichos espacios circulatorios” (inciso d);
iv) El Tribunal Fiscal explicó que en virtud de lo expuesto en las normas citadas la recurrente optó por un régimen de dominio con más la acción de una asociación civil sin fines de lucro, es decir que se rige de acuerdo a lo normado por el Decreto N° 9404 /86. Conforme a lo establecido por la normativa referida, deben transferirse los bienes que correspondan a las áreas comunes del emprendimiento a una asociación civil que será la encargada de la administración, mantenimiento, conservación y mejoramiento de éstos, pero los propietarios de los lotes destinados a vivienda –no obstante la constitución y continuidad de la Asociación-, siguen siendo los titulares de los bienes comunes en tanto existe una indivisión forzosa a tenor de lo establecido por el Decreto-ley Nº 8912/77. Además, el Decreto 9404/86 -art. 1 inciso c)- establece la necesidad de constituir una servidumbre real sobre los lotes destinados a áreas comunes a favor de todas y cada una de las parcelas residenciales, prohibiéndose la enajenación de los bienes comunes de forma separada a los lotes destinados a vivienda;
v) A la luz de lo anterior –concluyó el a quo-, no se advierte en el caso que el recurrente se haya valido de formas inadecuadas o manifiestamente improcedentes, según establece el art. 2 de la ley de rito;
vi) Además –agregó-, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, al resolver el 8 de octubre de 2015 en la causa la Sala II de la Excma. Cámara al resolver la causa “Fideicomiso Nordelta SA -Niella, Reinaldo c/DGI s/recurso directo de organismo externo” explicó que:
a.- más allá de las críticas doctrinarias formuladas al sistema implementado por las normas provinciales citadas Alta en sistema: 01/07/2024 -particularmente, a las disposiciones del Decreto PBA Nº 9404/86-, concernientes a la utilización de la figura del derecho real de servidumbre como vehículo para regular lo atinente a las partes comunes, lo cierto es que la constitución de tal servidumbre aparece como requisito del régimen, y que el negocio que subyace al fideicomiso, se ajusta a la normativa provincial citada;
b.- lo atinente a los clubes de campo carecía de una regulación propia, por lo que los desarrolladores podían optar entre distintas alternativas para el establecimiento del marco legal de estos emprendimientos;
c.- recién con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, los conjuntos inmobiliarios, entre los que se incluyen los clubes de campo, barrios cerrados o privados, existentes o que se vayan a emplazar deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial (art. 2075);
d.- las ventas de cada uno de los lotes de terreno, sobre los que se transfiere el dominio, no se encuentran alcanzadas por el impuesto al valor agregado; asimismo, la transferencia de la propiedad de la acción de cada una de las asociaciones civiles -titulares del dominio de los espacios comunes-, se halla exenta del gravamen; e.- sobre las partes comunes del club de campo no se transfiere el dominio a los compradores de los lotes, sino que se constituye a favor del “fundo dominante” adquirido (lote o parcela) una servidumbre de uso, que constituye por definición un derecho real sobre un inmueble ajeno y que no implica facultades de disposición; en consecuencia, en el caso de autos, no se configura el perfeccionamiento del hecho imponible en los términos requeridos por el art. 5, inc. e) de la ley del tributo, en tanto aquel establece como tal el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble sobre el que se realizaron las obras, entendiéndose que ésta tiene lugar al momento de extenderse la escritura traslativa de dominio o al entregarse la posesión, si este acto fuera anterior.
vii) Finalmente, el Tribunal Fiscal explicó que como la determinación del Impuesto a las Ganancias fue consecuencia Alta en sistema: 01/07/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V directa del ajuste realizado en el IVA, la conclusión alcanzada anteriormente debía necesariamente conllevar la revocación de la resolución referida al impuesto a las ganancias (conf. consid. VII de la sentencia apelada; y esp. páginas 11 y 12 del acto determinativo, a fs. 53/4 del expte. judicial en soporte papel).
II.–Que, en suma, el Tribunal Fiscal entendió, al igual que la Sala II de esta Cámara en el precedente citado (que ha quedado firme luego de que la CSJN declarara inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra aquella), por un lado, que la venta de los lotes no se encontraba alcanzada por el impuesto al valor agregado y que la venta de la acción de la asociación administradora del barrio se encontraba exenta, y, por el otro, que no se configuraba el supuesto previsto por el art. 5° inc. e) para el perfeccionamiento del hecho imponible al no transferirse el dominio del inmueble sobre el que se efectuaron las obras (espacios comunes). A lo anterior agregó que toda la operatoria examinada respondía a la estructura legal exigida por el Decreto-ley PBA Nº 8912/77 y los Decreto PBA Nº 9404/86 y Nº 27/98. En esas condiciones, tal como puso de relieve el Dr. Gallegos Fedriani en su voto, no se advierte que la apelación contenga la crítica concreta y razonada de los argumentos del a quo que exige el Código de rito.
Por ello, corresponde declarar desierto el recurso de la parte demandada en los términos del art. 266 del CPCCN, con costas (art. 68 del CPCCN).
III.-Que en lo referido a la apelación de los honorarios fijados en la resolución apelada, así como en lo relativo a los correspondientes a esta instancia, adhiero al voto de mi colega preopinante. IV.-Que, en consecuencia, correspondería en suma: 1) Declarar desierto el recurso de la parte demandada en los términos del art. 266 del CPCCN, con costas (art. 68 del CPCCN); 2) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora del modo indicado en el considerando IV del voto del Dr. Gallegos Fedriani. ASÍ VOTO.-
Alta en sistema: 01/07/2024 El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).- Que en atención al desarrollo que antecede, SE RESUELVE: 1) Declarar desierto el recurso de la parte demandada en los términos del art. 266 del CPCCN, con costas (art. 68 del CPCCN). 2) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora del modo indicado en el considerando IV del voto del Dr. Gallegos Fedriani. Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 01/07/2024
Fin de la sentencia