Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.700-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 71.412 (Pesos setenta y un mil cuatrocientos doce) equivalente a 6,87 (seis con 87/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- y por la representación procesal $ 28.565 (Pesos veintiocho mil quinientos sesenta y cinco) equivalente a 2,75 (dos con 75/100) UMA, respectivamente, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15,16, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 25/2022 (8/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios de la Dra. María Angélica Gattorronchieri, por su actuación como perita contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $ 12.614 (Pesos doce mil seiscientos catorce) equivalente a 1,21 (uno con 21/100) UMA respectivamente, los que quedan a cargo de la actora teniendo en cuenta a tales fines la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-19445149-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Febrero de 2023 VOC XII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. Nº 48.700-I caratulado “FIDEICOMISO COMBE II PLAYA UNION. s/recurso de apelación – Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 41/62 Fideicomiso Combe II Playa Unión interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 011/18 de fecha 27 de febrero de 2018 dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la A.F.I.P.-D.G.I. por la que se impugnaron las declaraciones juradas del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de los períodos fiscales 2012 y 2013 y se determinó su obligación impositiva con más intereses resarcitorios. Asimismo, se aplicó una multa equivalente al 100% del impuesto omitido según el art. 45 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Manifiesta que el Ente Administrador de Servicio Previsionales de la Pcia. de Chubut -COMBE- fue el único suscriptor del fideicomiso inmobiliario al reunir las figuras de fiduciante y beneficiario, el que fue constituido con el objeto de construir un edificio de departamentos en propiedad horizontal a través del aporte de sus recursos propios.
Denuncia vicios en el procedimiento administrativo que provocan la nulidad de la resolución recurrida al haberse afectado su derecho de defensa debido a que el organismo fiscal omitió producir la prueba ofrecida y valorar la aportada oportunamente en las actuaciones administrativas, al considerarla improcedente e inconducente, cuando la misma resultaba indispensable para comprender la real existencia de las operaciones involucradas. Agrega que también se prescindió de considerar las cuestiones propuestas al contestar la vista otorgada y no se expusieron en forma razonada los fundamentos que sustentaban la pretensión fiscal.
Hace saber las condiciones del contrato, en el que los departamentos se construyeron para ser distribuidos entre los fiduciantes, con finalidad de uso propio, mediante un sistema de administración al costo. Indica que también se detalló la afectación de los fondos aportados por el fiduciante, los que representaban el valor constructivo de las unidades funcionales a construir y el valor proporcional que cada fiduciante debía integrar para el costo constitutivo de las unidades funcionales que como beneficiario le correspondían.
Remarca que de los términos del contrato se desprendía que la construcción era al costo pero que la AFIP entendió que las unidades funcionales constituían bienes de cambio para modificar el tratamiento impositivo, en un claro desconocimiento de la realidad económica de la operatoria adoptada por el Fideicomiso.
Advierte que el Fideicomiso Edificio Combe II Playa Unión no lleva libros contables pero que se elaboró un Informe de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal para brindar una guía para la registración, exposición y valuación de las operaciones instrumentales mediante contratos de fideicomiso y determinar así el tratamiento contable más adecuado para el tipo de contrato.
Insiste que de la documentación acompañada se desprendió en forma manifiesta que la operatoria resultó un fideicomiso al costo, que se demostró que los beneficiarios no compraron el producto final ni se propusieron venderlo una vez obtenido, sino que acordaron obtener dicho producto para uso propio. Advierte que resulta contradictoria la pretensión del Fisco al reconocer que se estaba frente a un fideicomiso que operaba al costo pero que además poseía propósito de lucro.
Analiza las normas involucradas para concluir que no se configuró el hecho imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Menciona las causas “Hermitage S.A.” y “Diario Perfil S.A.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a introducir la revisión sobre la constitucionalidad del impuesto en trato al sostener que no ha existido en cabeza del fideicomiso la renta presumida por la ley. Alega que la multa aplicada debe ser dejada sin efecto al no haberse acreditado cuales fueron las maniobras incurridas para omitir la declaración del impuesto en su justa medida. Apunta que no se acreditó el elemento intencional sino que su aplicación obedeció a una ilegitima y arbitraria construcción interpretativa del ente fiscal, lo que vulneró el principio de inocencia y personalidad de la pena. En subsidio, pide que se tenga en cuenta que hubo un error excusable.
Por último, ofrece prueba documental, testimonial, pericial contable e informativa y solicita se revoque la resolución apelada conforme los argumentos expuestos y la jurisprudencia citada, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 75/90 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Responde sobre la nulidad pretendida y afirma que el acto cuestionado fue dictado por un funcionario público en cumplimiento de sus atribuciones y que reúne los requisitos necesarios que lo convalidan en lo que hace a su causa-fuente, como al procedimiento seguido y la motivación. Recalca que se establecieron los hechos y se fundamentó el criterio fiscal aplicado.
Menciona las normas pertinentes de la ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y enfatiza que los fideicomisos fueron designados sujetos del gravamen sin efectuarse distingo sobre sus tipologías, es decir sin importar si el fiduciante y el beneficiario coinciden o no.
En el caso teniendo en cuenta que el contrato celebrado consistió en la construcción de un edificio y la asignación de las unidades funcionales, momento en el que se transmitió el derecho real de dominio de las unidades a los fiduciantes-beneficiarios, quienes revestían el carácter de terceros con relación al fideicomiso y que dichos fiduciantes-beneficiarios abonaban cuotas en función a su participación, señala que se concluyó que detrás de la figura del fideicomiso existía onerosidad y propósito de lucro, lo que permitió entender que las unidades tenían para el fideicomiso inmobiliario el carácter de bienes de cambio.
Advierte que al tener la condición de bienes de cambio no resultaban de aplicación a las inversiones realizadas en la construcción de los mismos, las exclusiones y exenciones previstas en el inc. b) del art. 12 de la ley del impuesto.
Efectúa un análisis del contrato de fideicomiso inspeccionado para reafirmar dicho carácter ya que el negocio pactado consistió en la construcción de un complejo habitacional bajo el régimen de propiedad horizontal y la enajenación de las unidades resultantes.
Rechaza la aplicación de los precedentes “Hermitage S.A.” y “Diario Perfil S.A.” debido a que en la controversia de autos no se probó la existencia de pérdidas contables ni quebrantos, es decir que el recurrente no demostró la falta de capacidad contributiva para afrontar el pago reclamado.
Repara en que no se trató de un fideicomiso al costo, en el que no se verificó que no obtuvo ganancias, más allá de haberse utilizado la figura, sin que la actora haya podido demostrar lo contrario.
Pide que se confirmen los intereses resarcitorios, sobre los que la apelante no formuló agravios. Asevera que la conducta de Fideicomiso Combe II Playa Unión fue correctamente tipificada debido a que de la verificación llevada a cabo y de los elementos reunidos surgió que había presentado las declaraciones juradas en forma inexacta, dejando de ingresar el gravamen en su justa medida. Rechaza que su accionar pueda ser atribuido a un error excusable al no manifestarse un error esencial o inculpable como causal exonerativa de su responsabilidad.
Por los argumentos desarrollados y la jurisprudencia citada peticiona que, oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución apelada en todas sus partes, con costas, y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 97 se hizo lugar a la prueba pericial contable ofrecida, informativa y testimonial. A fs. 108/210 se agregó el informe contable presentado, mientras que a fs. 224/248 se incorporaron las actuaciones labradas por el organismo fiscal con relación a la prueba testimonial. A fs. 254 se dio por decaído el derecho a producir la prueba informativa y a fs. 257 se cerró el período de instrucción.
Por PV-2022-78641791-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Por IF-2022- 81350048-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para alegar, encontrándose agregado el del Fisco Nacional a IF-2022-86010586-APN-DTD#JGM Por último, se ponen por IF-2023-15578704-APN-VOCXII#TFN los autos para dictar sentencia.
IV. Que en lo que hace al planteo de nulidad, cabe precisar que el acto recurrido fue emitido en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que lo sustentaban como así también la procedencia y pertinencia de las probanzas ofrecidas, advirtiéndose que los argumentos expuestos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal seguido para su dictado, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo en debate. Por lo cual, se concluye que la nulidad invocada no es procedente, correspondiendo su rechazo.
V. Que cabe establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que el sujeto involucrado en autos comprende un fideicomiso inmobiliario constituido en el país, cuyo único suscriptor es el Ente Administrador de Servicios Previsionales de la Pcia. de Chubut -COMBE-, el que reúne las figuras de fiduciante y beneficiario. La actividad principal en la que se encontraba inscripto era la de “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”.
Que el contrato de constitución de Fideicomiso Combe II Playa Unión se celebró el 22/10/2011, para construir un edificio afectado al Régimen de Propiedad Horizontal en conformidad con las leyes Nros. 24.441 y 13.512, y se acordó que el fiduciante - beneficiario aportaba los inmuebles y los fondos para la edificación de los departamentos. Dicho fideicomiso se extinguió por liquidación el 18/10/2012.
Que el ente fiscal tuvo en cuenta que el contrato constitutivo tenía por objeto la construcción de un edificio y la consiguiente asignación de las unidades funcionales al finalizar las obras, momento en el cual se transmitía el derecho real de dominio de las citadas unidades a los fiduciantes-beneficiarios, los que abonaban las cuotas correspondientes a su participación pero eran terceros con relación al fideicomiso, razón por la cual la fiscalización consideró que había onerosidad y finalidad de lucro, lo que conllevó a que tales unidades fueran catalogados como bienes de cambio, y por lo tanto excluidas del inc. b) del art. 12 de la ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Que se procedió a analizar las declaraciones juradas informativas presentadas, y la información obrante en la base del Fisco, lo que permitió observar que el fideicomiso informó por el año 2012 aportes por el importe de $ 1.241.000 en conceptos dinerarios y $ 260.000 en concepto de terreno, mientras que en el año 2013 consignó aportes dinerarios efectuados por el fiduciante por el monto de $ 2.158.500.
Respecto de las declaraciones juradas surgió para el período fiscal 2012 que el activo estaba compuesto por $ 878.047,97 declarado como activo no computable, construcción de edificios nuevos o mejoras y de $ 811.452,03 declarado como dinero en efectivo. Con relación al período fiscal 2013 se declaró como activo no computable, construcción de edificios nuevos o mejoras el monto de $ 3.449.484,09 y el de $ 200.260,34 como activo computable por dinero en efectivo.
Que en definitiva se tuvo en consideración que la exclusión de la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de las inversiones realizadas en la construcción de bienes inmuebles resulta procedente únicamente cuando los activos en cuestión no posean para el titular el carácter de bienes de cambio, lo que a criterio del ente fiscal no sucedía en autos.
Que a los efectos de la determinación del gravamen el art. 4 de la ley del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta prevé que los bienes inmuebles construidos se deben valuar sumando al costo de adquisición del terreno el costo de construcción, excepto que revistan el carácter de bienes de cambio, en cuyo caso se deben valuar según las normas de la ley del Impuesto a las Ganancias.
Que por lo tanto, para la liquidación al total de los activos sujetos a impuesto se les aplicó la alícuota del 1% para obtener el impuesto determinado y luego se detrajo el saldo declarado oportunamente y anticipos para arribar a la diferencia a ingresar.
VI. Que la figura del fideicomiso encuentra marco legal bajo el amparo de la ley N° 24.441, cuyo art. 1° establece que "Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de que quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario".
Que la norma mencionada no contiene regulaciones específicas referidas a los distintos tipos de fideicomisos que pueden presentarse en la realidad negocial, solo con relación al financiero-, al contener los los principios jurídicos generales que resultan aplicables a esta figura.
Que en lo que hace a la imposición en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta la ley del gravamen en el art. 2 inf. f) dispone que son sujetos pasivo del impuesto los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la Ley 24.441, con excepción de los fideicomisos financieros previstos en los artículos 19 y 20 de dicha ley. Luego el último párrafo prevé: A los efectos previstos en los incs. f), excepto fideicomisos financieros, y g) precedentes, las personas físicas o jurídicas que asuman la calidad de fiduciarios y las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, respectivamente, se encuentran comprendidas en las disposiciones del art. 16, inc. e), de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones.
Mientras que la ley del Impuesto a las Ganancias en el art. 69, inc. a) pto. 6, expresa que quedan sujetos a la tasa del 35% los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la Ley 24.441, excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario, como sucede en autos. Mientras que el art. 49 en el párrafo agregado a continuación del inc. d) establece que constituyen ganancias de la tercera categoría las derivadas de fideicomisos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario, para atribuir a cada fiduciantebeneficiario la ganancia del fideicomiso como ganancia de tercera categoría.
VII. Que la presente controversia radica decidir si las unidades funcionales construidas por el Fideicomiso están comprendidas dentro del objeto del impuesto al revestir, como entiende el ente fiscal, el carácter de bienes de cambio o por si el contrario, como alega la recurrente, al tratarse de obras nuevas no resultan alcanzadas. Que en los antecedentes administrativos se encuentran agregadas las declaraciones juradas del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta presentadas por Fideicomiso Edificio Combe II Playa Unión por los períodos fiscales 2012 y 2013, (act. adm., Cpo. Anexo I, fs. 9/12 y 30), la primera de ellas con saldo a pagar de $ 2.704,84 y la restante sin saldo a pagar, lo que pone de resalto que el mismo Fideicomiso se reconoció como sujeto pasivo del impuesto, de manera que no rige a su respecto ninguna exención de tipo subjetivo, sino que lo que se encuentra en discusión consiste en determinar que activos se encuentran alcanzados por el impuesto.
Que por lo tanto no resulta controvertido que Fideicomiso Edificio Combe II Playa Unión presentó, en su calidad de sujeto pasivo, sus declaraciones juradas del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los ejercicios fiscales 2012 y 2013, mediante los formularios 715, sino que la cuestión está centrada en los bienes que conformaron esas bases imponibles, las que el Fisco Nacional consideró incorrectas.
De esta manera se desprende que el Fideicomiso se comportó como un sujeto alcanzado (hechos propios) lo que conlleva a examinar otro asunto: sobre qué activos se debe abonar. Del relato de la recurrente se desprende que el Fideicomiso no abonó por las construcciones nuevas, pero si este es el núcleo, entonces se presenta una dificultad porque pretende que se trató de construcciones nuevas, tal como lo prevé el art. 12, pero allí la norma dispone que esa “no computabilidad” es solo para los bienes del art. 4° inc. b), es decir solo para los inmuebles -no bienes de cambio-, con lo cual esos activos no computables pasarían a ser computables, para lo cual cabe indagar si eran bienes de cambio, por lo que cobra relevancia conocer quien construyó y si hubo ventas posteriores. Que por otro lado, se debe tener en cuenta el art. 3 sobre exenciones, y su incidencia en el caso, al disponer que “f) Los bienes entregados por fiduciantes, sujetos pasivos del impuesto a los fiduciarios de fideicomisos que revistan igual calidad frente al gravamen de acuerdo con lo establecido por el inciso f) del artículo 2° y, en el caso de fideicomisos financieros, los certificados de participación y los títulos representativos de deuda, en la proporción atribuible al valor de las acciones u otras participaciones en el capital de entidades sujetas al impuesto que integren el activo del fondo fiduciario”
Dicha norma prevé la exención en cabeza del fiduciante por la entrega del terreno para construir, siempre que ambos estén alcanzados por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Que el legislador no pretende gravar dos veces pero claramente si quiere gravar una vez, por ende se plantea el interrogante si COMBE acreditó que pagó por la entrega del terreno o si debe hacerlo ahora, pese a sostener lo contrario.
Que resulta necesario descomponer los rubros del activo declarados por el Fideicomiso, ya que al admitir que era sujeto del gravamen, como ya se dijo, aunque fuera por algunos activos, si no lo declara el fiduciante -COMBE-, entonces lo tiene que computar el fideicomiso creado, siempre que sea sujeto pasivo del gravamen, lo que no es una cuestión que estaría en discusión debido a la presentación de las declaraciones juradas por los períodos fiscales involucrados, en las que se incluyeron algunos bienes.
Que ello así, el Fideicomiso trasladó a las liquidaciones del impuesto los montos de los activos corrientes ($ 811.452,03 para 2012 y $ 200.264,33 para 2013) que surgen de los respectivos estados contables, sin incluir los activos no corrientes ($ 878.047,97 y de $ 3.449.484,09, respectivamente) y sin discriminar entre ellos. En forma tácita eliminó en carácter de no computable los Activos No corrientes integrados por los siguientes rubros (2012 Lotes de terreno, materiales, honorarios técnicos, gastos administrativos, honorarios y resultados financieros negativos, como se desprende de la Nota 3 de los Estados Contables). Dichas sustracciones las habría efectuado entendiendo que el art. 12 inc. b) contempla que el valor de las inversiones en la construcción de nuevos edificios o mejoras, comprendidos en el inc. b) del art. 4º serán consideradas como no computables a los fines de determinar la base imponible del tributo.
A su turno el Fisco estima que por tratarse de un sujeto que tiene ánimo de lucro con el desarrollo inmobiliario, esas inversiones incluidas en el Activo No corriente, en rigor son verdaderos bienes de cambio, con lo cual no le alcanza la excepción señalada en el art. 12 de la Ley 25.063 y modificatorias.
VIII. Que en base a lo expuesto corresponde analizar la prueba obrante en los antecedentes administrativos como así también la producida ante este Tribunal a los efectos de establecer cuál fue el verdadero objetivo y destino del negocio planteado por Fideicomiso Combe II Playa Unión.
Que la recurrente ofreció la producción de un informe contable, en el que el profesional actuante por su parte expuso el flujo neto de efectivo generado por el fideicomiso por las actividades operativas a partir de su constitución, mientras que el otro profesional, luego de dejar a salvo ciertas consideraciones sobre el uso de libros contables por parte de los fideicomisos, respondió, en base a la documentación puesta a disposición, que de los Estados Contables en el “Estado de Flujo de Efectivo” surgía el flujo neto de efectivo de cada ejercicio y los movimientos que conformaron el saldo final y estimó que el método utilizado era válido, y aclaró que el brindar mayores respuestas implicaría realizar una auditoria.
Sobre la pregunta “de qué modo fueron aplicados dichos fondos y si existió algún fin lucrativo en la operatoria realizada”, el perito de la actora acompañó anexo con el detalle de los aportes en especie, lotes de terreno, aportes de fondos y su aplicación y concluyó que los montos aportados cubrieron los costos de concreción del objeto del fideicomiso, es decir la construcción del complejo habitacional integrado por seis unidades funcionales bajo el régimen de propiedad horizontal, sin advertir un fin lucrativo. El experto del ente fiscal mencionó datos que surgían de los Estados Contables sin obtener conclusiones ya que para ello sería necesario recurrir a una auditoria para determinar ingresos y pagos en función de facturas, extractos bancarios y otros elementos.
Los peritos fueron consultados sobre la existencia de remanentes de fondos a aplicar luego de la atribución de las unidades funcionales, en ese caso el contador propuesto por el fideicomiso respondió en forma negativa al hacer saber que conforme surgía de los Estados Contables al 30/6/2013 no existían remanentes de fondos sin aplicar, ya que el excedente de $ 15.843,97 fue reintegrado al fiduciante, mientras que el otro perito reitero que no hay registraciones contables rubricadas que permitan conocer este dato pero expresó que de los Estados Contables certificados aportados se observó que en el rubro Caja y Bancos al 30/6/2013 no había ningún monto y que de los extractos bancarios del Banco Francés surgía al 28/6/2013 un saldo de $ 15.843,97.
Asimismo, señalo que el último Estado Contable correspondía al ejercicio irregular, 01/2/2013 a 30/6/2013, donde el único rubro con monto era el Activo Inversiones. Por otro lado, el perito de la actora contestó que COMBE fue el único beneficiario de las unidades funcionales adjudicadas, y el profesional actuante por el ente fiscal, luego de analizar el contrato de constitución y las Escrituras, alegó que no se aportaron títulos de propiedad donde conste que los bienes fideicomitidos se hayan vuelto a inscribir como propiedad del fiduciante. A la pregunta sobre “si las sumas que aportaran fueron aplicadas para obtener la tierra y e posterior desarrollo de las unidades que constituirían sus futuras viviendas; asimismo informe si la figura del fideicomiso sólo los mancomunó para tal fin y no otro”, el perito de la actora manifestó que los montos aportados cubrieron los costos de concreción del objeto del fideicomiso y que el terreno fue aportado por el fiduciante, el restante profesional expuso las razones por las cuales entendió que la pregunta no se correspondía con la situación del fideicomiso.
En otra de las preguntas el contador de parte del fideicomiso contestó que el beneficiario no compró el producto final sino que en su calidad de único fiduciante - beneficiario resultó ser adjudicatario de las unidades, mientras que el perito del Fisco rechazó la utilización del término “comprar” al tratarse de la figura de fideicomiso. Sobre la generación de hechos imponibles en el Impuesto a las Ganancias el perito de la actora señaló que el fideicomiso tuvo como objeto la construcción de unidades funcionales bajo la modalidad “al costo”, pero el otro perito entendió que no era procedente emitir opinión. Por último, el profesional designado a propuesta del fideicomiso indicó que COMBE estaba exento del Impuesto a las Ganancias y el otro experto respondió que se aportó un certificado de exención en dicho tributo que no se correspondía con los períodos fiscales de autos.
Que también se agregó el testimonio brindado por el Presidente del Consejo de Administración del Ente Administrador de Servicios Previsionales para Profesionales de la Pcia. del Chubut, quien respondió que era informado en forma periódica sobre el flujo de fondos porque Combe era el único fiduciante y beneficiario, para lo cual se aportaron los fondos necesarios para la compra de dos terrenos y los necesarios para la construcción al costo de las unidades funcionales. Aclaró que, pese a no ser obligatorio, el fideicomiso contaba con libros y estados contables e indico que obtuvo la posesión el 20/10/2013 mediante acta de cierre del fideicomiso, al realizarse el traspaso de las unidades funcionales y que en la misma acta se instruyó al Escribano a realizar las escrituras traslativas de dominio.
IX. Que reviste particular importancia analizar el contrato de constitución de Fideicomiso Combe II Playa Unión suscripto el 22/10/2011, obrante en las actuaciones administrativas (cpo. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, fs. 6/17), cuyo objeto era la construcción de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, y sus integrantes como fiduciario el Ente Administrador de Servicios Previsionales para Profesionales de la Pcia. del Chubut -COMBE- y como fiduciaria intervino la Sra. Adriana Claudia Pap quien lo hace a los efectos de aceptar el cargo para el que fue designada. Se dejo asentado que la problemática habitacional en la villa Balnearia Playa Unión del ejido de Rawson debido al déficit de inmuebles y la precaria oferta constatada junto la creciente demanda constituían una oportunidad de inversión. Así también se indico que se contaba con dinero y con dos parcelas ya adquiridas para efectuar la construcción del complejo habitacional, que los aportes consistían en los inmuebles que la parte fiduciante se obligaba a transferir al fideicomiso en el mismo acto, el proyecto de construcción y las sumas que el fiduciante debía abonar para cumplir con el avance de obra. Por otro lado, se acordó que el fiduciante revestía la calidad de beneficiario.
Que los aspectos mencionados del contrato demuestran la finalidad de inversión en el rubro inmobiliario perseguido por el Fideicomiso pero se impone analizar si de sus términos se evidencia el ánimo de lucro, base sobre la cual se sustentó la determinación de oficio recurrida para considerar comprendido dentro del ámbito de imposición del impuesto a las unidades funcionales como bienes de cambio.
Para ello debe indagarse qué destino tuvieron o qué destino se acordó que tuvieran las unidades construidas, sin que se pueda admitir que no paguen el impuesto ni el fiduciante ni el fideicomiso. Se hace necesario profundizar si hubo ventas posteriores, o por qué modalidad se asignaron las unidades y a quien, porque allí radica el meollo para determinar si eran bienes de cambio o no. Como adelanto si se vendieron eran bienes de cambio entonces el art. 12 de la ley sobre la no computabilidad de la construcción nueva no sería aplicable.
Que ello así, cabe remarcar ciertas expresiones y/o manifestaciones vertidas en el mencionado contrato. De esta manera en la Sección Tercera.- 3. Bienes Fideicomitidos, pto. 3.3. Inversiones al y del fideicomiso dice “con finalidad de protección del capital, de procurarse financiación hasta que se proceda a la venta de las unidades, y…”; luego en la Sección Quinta.- 5 Del administrador Fiduciario, pto. 5.2, e) dentro de las facultades de la fiduciaria se consigna la de “otorgar las escrituras públicas necesarias, de transferencia de dominio fiduciario, unificación, otorgamiento y modificación del reglamento de copropiedad y administración, confección y ratificación de planos de afectación al régimen de propiedad horizontal, escrituras de transmisión del dominio de las unidades funcionales a favor de los futuros adquirientes, y demás documentos que sea menester”, para agregar que “la fiduciaria queda facultada para otorgar todos los instrumentos privados y convenios que resulten necesarios a los efectos de vender o enajenar a título oneroso por cualquier contrato las unidades funcionales resultantes del emprendimiento. Como consecuencia podrá suscribir boletos de compraventa, o convenios que otorguen derechos personales a los adquirientes de las unidades funcionales, quedando facultado además a entregar la posesión y tenencia de las unidades a los adquirientes ya adjudicados”. Luego en la misma sección quinta, pto. 5.14 se estableció que la fiduciaria “deberá contar con autorización previa del fiduciante… para establecer los precios para comercializar las unidades funcionales, los que serán fijados por el fiduciante otorgando específicamente las facultades a la fiduciaria para negociar y cerrar acuerdos de venta dentro de determinados márgenes.
En la Sección Sexta.- 6 Impuestos y gastos del Fideicomiso.- pto. 6.1. Apartado Gastos se hace referencia a las escrituras traslativas de dominio pleno a los futuros adquirientes y luego se menciona que todos los impuestos, tasas y contribuciones que gravan a los inmuebles fideicomitidos quedan a cargo del fiduciante hasta el día de entrega de la posesión del mismo a la fiduciaria, ya que de allí en adelante serán abonados por el fideicomiso, hasta el día de entrega de la posesión de las diversas unidades funcionales a los futuros adquirientes.
Así continua en la Sección Séptima.- 7. De los beneficiarios.- pto. 7.2. Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios en la que se acordó entre sus derechos “recibir las sumas de dinero que a cada uno le correspondan de acuerdo a su participación y proveniente de la venta de los departamentos construidos dentro del marco del presente fideicomiso…”
Que al tratar lo atinente a la extinción del fideicomiso en la Sección octava.- pto. 8.3 Liquidación se menciona que en caso de no venderse todas las unidades se asignaran, a los fiduciantes dinerarios al momento de la liquidación final, metros cuadrados, al valor que indique el mercado inmobiliario en ese momento, para dar por cancelada el total de la deuda equivalente al monto de imposición inicial (la negrita me pertenece). Que lo resaltado permite demostrar que si bien COMBE era beneficiario del Fideicomiso, el mismo no era el destinatario final de las unidades funcionales cuya construcción se propuso el Fideicomiso, sino que las mismas serían finalmente comercializadas mediante su enajenación, es decir mediante la transmisión del dominio pleno a quienes sean sus adquirientes, lo que claramente acredita que las unidades no eran simplemente bienes de uso, sino que consistían en bienes de cambio, lo que permite tener por acreditado el próposito de lucro perseguido por el Fideicomiso, al obtener un redito por la enajenación final de los departamentos construidos.
Que los elementos reunidos por el ente fiscal resultan suficientes para fundar el pretendido carácter de bienes de cambio asignados a las unidades funcionales construidas por el Fideicomiso, debido a que si bien no se encuentran agregadas en autos las escrituras traslativas de dominio a favor de los adquirientes de las unidades funcionales, dicho propósito de lucro fue claramente plasmado en varias de las cláusulas de su contrato constitutivo.
Que por lo tanto, resulta acertado el criterio fiscal sustentado en la resolución recurrida para gravar con el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a Fideicomiso Combe II Playa Unión .
X. Que con relación a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Hermitage S.A.” y “Diario Perfil S.A.” cabe precisar que dichos fallos no resultan de aplicación en autos al no haberse demostrado la existencia de pérdidas contables e impositivas.
XI. Respecto de los intereses resarcitorios pretendidos, cabe señalar que han sido liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, por lo que deben ser confirmados.
XII. Que resta referirse a la sanción aplicada con sustento en el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Que al encontrarse acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta en dicha figura al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, sin que se haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar, ni tampoco la existencia de un error con entidad para eximir su conducta, cabe disponer la confirmación de la multa aplicada.
XIII. Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución venida en recurso, en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O’Donnell dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos, fijándolos por el patrocinio letrado en la suma de $ 71.412 (Pesos setenta y un mil cuatrocientos doce) equivalente a 6,87 (seis con 87/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria- y por la representación procesal $ 28.565 (Pesos veintiocho mil quinientos sesenta y cinco) equivalente a 2,75 (dos con 75/100) UMA, respectivamente, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15,16, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 25/2022 (8/09/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios de la Dra. María Angélica Gattorronchieri, por su actuación como perita contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $ 12.614 (Pesos doce mil seiscientos catorce) equivalente a 1,21 (uno con 21/100) UMA respectivamente, los que quedan a cargo de la actora teniendo en cuenta a tales fines la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio.
4. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2023.02.22 12:51:21 -03:00 Date: 2023.02.22 13:03:30 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.22 15:49:25 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.22 15:49:26 -03:00
Fin de la sentencia