Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 48660-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
2Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
55822/2022 FIDEICOMISO EDIFICIO ROCA V (TF 48660-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2023.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, a fs. 170/175, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó las Resoluciones nº 008/2018 y 009/2018. Mediante las referidas resoluciones, el Jefe (Interino) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia había determinado la obligación tributaria de la firma apelante, correspondiente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, por los períodos fiscales 2012 y 2013, en la suma de 93.168,64 pesos, más 132.437,96 pesos en concepto de intereses resarcitorios y había fijado una multa de 93.168,64 pesos, equivalente a una vez el monto de los tributos adeudados, en los términos del artículo 45 de la Ley n° 11.683.
En primer término, rechazó el planteo de nulidad formulado por la parte actora sobre la base de haberle sido denegada la producción de prueba en sede administrativa, ya que “…aún en el caso de una ‘desestimación arbitraria’ de las medidas, tal agravio no resulta suficiente, por sí solo, para ocasionar la nulidad del acto en un planteo por vía excepcional, aunque pueda originar, sin dudas, la revocación del mismo al momento de analizar el fondo de la cuestión controvertida”. Posteriormente, puso de manifiesto que como consecuencia de la inspección efectuada al contribuyente, el organismo fiscal había detectado que aquél había omitido computar en sus declaraciones juradas, “activos integrantes del patrimonio fiduciario, ya que en los períodos fiscales 2012 y 2013 consigna montos impositivos inexactos”.
Refirió que en el caso, y según resultaba de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, se trataba de un fideicomiso inmobiliario, constituido en el país, cuyos suscriptores son fiduciantes – beneficiarios, habiéndose declarado como actividad principal la “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales”. Destacó que del contrato de constitución del fideicomiso resultaba que aquél se había celebrado el 11 de julio de 2012 y que sus suscriptores (fiduciantes - beneficiarios) aportarían fondos para la construcción de un edificio de departamentos en propiedad horizontal y el terreno, todos ellos con derecho a la asignación de las unidades Alta en sistema: 30/08/2023 resultantes, habiéndose designado como fiduciario al arquitecto Daniel Blanchet.
Señaló que, si bien en sede administrativa no se habían examinado los estados contables ni las actas, por no haber sido aportadas por el referido fideicomiso, sí se habían realizado consultas sistémicas de las que resultaba que durante los referidos períodos se había aportado un inmueble y dinero en efectivo, tal como se había consignado en el contrato de constitución de aquél. En tales condiciones, hizo referencia a que el organismo fiscal consideró que habían resultado diferencias en las declaraciones presentadas en la medida en que durante el ejercicio fiscal 2012 se había omitido declarar el valor del terreno y; durante el período fiscal 2013, otros aportes de algunos fiduciantes - beneficiarios.
Hizo referencia a que el Fisco había considerado a los inmuebles como bienes de cambio, “…dado que el negocio pactado, a través del contrato de fideicomiso consiste en la construcción de un edificio y enajenación posterior de las unidades funcionales resultantes”. Indicó que para la determinación del activo computable en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta había considerado los montos que consideró omitidos y; además, los aportes acumulados durante el período fiscal 2012, de 3.112.995,21 pesos. Sobre ese total de activos sujeto a impuesto, el Fisco había aplicado la alícuota del 1%, monto al que detrajo el saldo declarado oportunamente y los anticipos relativos al período fiscal 2013. Esa diferencia, constituyó el impuesto reclamado en autos.
Puso de manifiesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley n° 24.441 “habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario”. Agregó que no se hallaban contenidas en la referida ley disposiciones específicas relativas a los diversos tipos de fideicomisos que pueden presentarse, a excepción del financiero, sino que allí fueron establecidos los principios jurídicos generales aplicables a la figura. Destacó que de conformidad con lo establecido en el artículo 69, inciso c), de la Ley de Impuesto a las Ganancias los fideicomisos constituidos en el país se hallan sujetos a una tasa del 35%, excepto aquellos en los cuales el fiduciante posea la calidad de beneficiario, como ocurre en el caso de autos. Puso de manifiesto que en el artículo 49, párrafo agregado a continuación del inciso d), de la Alta en sistema: 30/08/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V mencionada ley se estableció que “constituyen ganancias de la tercera categoría las derivadas de fideicomisos en los que el fiduciante posea calidad de beneficiario. En este aspecto, siguiendo la normativa indicada, la ganancia del fideicomiso se atribuye a cada fiduciante-beneficiario, como ganancia de tercera categoría”.
A su vez, refirió que “la imposición en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta es distinta por cuanto la ley del gravamen en el art. 2 inc. f) otorga el carácter de sujeto pasivo del impuesto a los fideicomisos constituidos en el país conforme con las disposiciones de la Ley 24.441, a excepción de los fideicomisos financieros previstos en el artículo 19 y 20 de dicha ley”.
Aclarado el marco normativo que consideró aplicable a la cuestión debatida, puso de manifiesto que el caso debía ser examinado a la luz de lo concluido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Hermitage” (Fallos 333:993). Sobre la base de la doctrina fijada en ese precedente, destacó que en el caso correspondía examinar si se había comprobado de manera fehaciente si la renta presumida por la ley realmente existió.
En tal sentido, reiteró que en el caso se trata de un fideicomiso inmobiliario de construcción “al costo”, tal como fue consignado en el contrato constitutivo obrante a fs. 16/30 de las actuaciones administrativas. Definió dicha figura como aquella en la cual “cada uno de los interesados en adquirir un inmueble asume el rol de inversor por porcentaje de participación, quedando sujeto a las expectativas que existan respecto a la evolución de los precios finales de tales unidades o lotes, y los costos de la construcción…Estos inversores iniciales son fiduciantes y beneficiarios. Mientras que el fiduciario del proyecto será quien se encargue del cumplimiento de la obra, y cuyas obligaciones serán más de medios que de resultado”. Agregó que resultaba típico de esta clase de fideicomisos que “‘no enajena unidades funcionales a terceros sino que las adjudica a los beneficiarios’ que ‘la construcción se instrumenta en mayor medida como una locación de obra en lugar de una compraventa de unidades futuras’”.
En el referido contexto, destacó que más allá del nomen iuris, el objeto que subyace al contrato de fideicomiso bajo examen es la adquisición del terreno y la construcción del edificio, no la mera entrega en garantía de los aportes dinerarios que realiza el fiduciante. Por ello, y de conformidad con la jurisprudencia a la hizo referencia, a la parte actora le correspondía demostrar que el fideicomiso Alta en sistema: 30/08/2023 no tuvo la renta presumida por la ley para liberarse del pago de la obligación tributaria, en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Al respecto, destacó que tal como fuera puesto de manifiesto en el informe pericial obrante a fs. 110/134 de autos, no existe norma legal que le exija al fideicomiso el uso de libros contables previstos en la Ley de Sociedades Comerciales, de manera tal que las conclusiones habían sido realizadas sobre la base de la documentación aportada por la parte actora a ese profesional no merecían ser objetadas por cuanto no le era exigible llevar registro en los referidos libros. Destacó que “se observa de los anexos aportados al informe pericial que los fondos recibidos por el Fideicomiso fueron aplicados en su totalidad al costo del emprendimiento, sin que existiera a posteriori a la entrega de la posesión de los fiduciantes – beneficiarios, remanente de fondos a aplicar”.
En consecuencia, y con cita de diversos precedentes dictados en causas que consideró análogas, concluyó que en el caso no se había constatado la existencia de la renta presumida por la ley en cabeza del fideicomiso recurrente, de manera tal que correspondía revocar las resoluciones apeladas e imponer las costas por su orden “en atención a las particulares características del contribuyente de autos y a la complejidad de la cuestión analizada”.
II. Que, contra esa sentencia el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 183/192, los que fueron replicados a fs. 202 /209vta.
El Fisco expresa que la solución adoptada por el Tribunal Fiscal lo agravia en tanto se aparta de lo previsto en las normas aplicables y asimismo resulta contrario a la prueba producida en autos. En tal sentido, circunscribe sus agravios a cuestionar el hecho de que se hayan tenido por válidas las conclusiones contenidas en el informe del perito contador propuesto por la parte actora, también suscripto de manera conjunta con el perito ofrecido por su parte, obrante a fs. 110/134 de los presentes autos.
Considera que no es su parte quien debe acreditar la existencia de la renta, sino que es la parte actora la que debe derribar la presunción legal en tal sentido, lo que entiende que no fue cumplido con la referida prueba pericial. En tal sentido, insiste en que el hecho de que el fideicomiso no contara con libros rubricados ni confeccionara estados contables condicionó la labor del perito ofrecido por su parte, quien no pudo conocer de manera fehaciente si la documentación sobre Alta en sistema: 30/08/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V la cual se expidió el perito propuesto por la parte actora respondía “a la universalidad existente y/o a la que representa la totalidad de las operaciones” (cfr. fs. 186). Expresa que esa circunstancia fue referida al tiempo de presentar el informe pericial conjunto.
Considera que los precedentes invocados por el Tribunal Fiscal para resolver en el sentido en que lo hizo no resultan sustancialmente análogos en tanto en ellos fueron examinados elementos probatorios diversos a los que se presentan en los presentes autos.
III. Que, de manera preliminar cabe destacar que el Fisco no formula consideraciones en orden a lo afirmado por el Tribunal Fiscal en tanto concluyó que: 1) el Fideicomiso que se examina en la presente causa no se halla sujeto al pago del Impuesto a las Ganancias, dado que los fiduciantes poseen, además, la calidad de beneficiarios (artículo 69, inc. c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias); 2) que las eventuales ganancias obtenidas por aquél deben ser atribuidas a cada fiduciante-beneficiario, como ganancias de la tercera categoría (párrafo agregado a continuación del inciso d), del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias); 3) que, más allá de que el Fideicomiso sea considerado sujeto pasivo del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (artículo 2, inciso f) de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), y que este impuesto pueda ser computado a cuenta del Impuesto a las Ganancias que debieran pagar los fiduciantes-beneficiarios por las ganancias gravadas del ejercicio, lo cierto es que de conformidad con la doctrina del precedente de Fallos 333 :993, el referido Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, no resulta exigible en la medida en que la parte interesada acredite, de manera fehaciente, que no ha tenido la renta presumida por la ley. Tales aspectos, se hallan firmes y consentidos y resultan concordantes con lo examinado y concluido por esta Sala en oportunidad de resolver un supuesto sustancialmente análogo al que se presenta en autos, en la causa n° 11.452/2011, caratulada “Fideicomiso Torre de las Naciones c/EN-M° de Economía (Ley 25063)-AFIP-DGI s /proceso de conocimiento”, del 16 de octubre de 2015, cuyos argumentos pueden ser consultados en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
Al respecto, cabe poner de manifiesto que el Fisco circunscribe sus agravios a señalar que no se probó de manera fehaciente la inexistencia de la renta presumida por la ley para la determinación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Ello, en la Alta en sistema: 30/08/2023 medida en que considera que las conclusiones expresadas en el informe pericial no tienen virtualidad a tal efecto ya que no se fundaron en el examen de estados contables ni libros rubricados. Por ende, afirma que no podía conocerse si la documentación examinada reflejaba “a la universalidad existente y/o a la que representa la totalidad de las operaciones”.
En tal sentido, y tal como resulta de manera expresa del informe pericial conjunto agregado a fs. 110/134, el perito ofrecido por el Fisco se limitó a expresar, al tiempo de dar opinión respecto a cada uno de los puntos de pericia que “…la normativa vigente no exige a los Fideicomisos el uso de libros contables previstos en la Ley de Sociedades Comerciales (Libro Diario, Libro de Inventario y Balance), ya que los mismo no se encuentran incluidos en dicha Ley, ni existe normativa obligatoria respecto a sus registraciones (…) tampoco debemos olvidar que en todos los Contratos de Fideicomiso se establece, incluso en el presente, la principal obligación primaria del Fiduciario, que es la rendición de cuentas; esto lleva a que necesariamente para que dicha rendición sea posible el fiduciario deberá llevar una contabilidad en forma organizada”.
De las constancias de la causa no resulta que, al tiempo se llevarse a cabo las reuniones conjuntas entre los peritos ofrecidos por ambas partes, tendientes a examinar la documentación aportada y suscripta tanto por el fiduciario como por contador público (rendición de cuentas) el perito del Fisco solicitara los elementos adicionales que considerara pertinentes a efectos de verificar la veracidad de lo declarado. Al respecto, nótese que en el informe pericial conjunto el perito del Fisco expresó que “…[e]n el caso presente el actor no lleva ningún tipo de registración rubricada, y para contestar este punto aporta una hoja identificada como anexo [en cada punto de pericia indica el anexo al que hace referencia] firmada por el fiduciario (…) y por el contador del actor (…) esta perito entiende que dada la limitación existente en cuanto a las registraciones contables no existe forma de determinar si lo consignado en el citado Anexo es correcto”.
Además, afirmó que no le correspondía solicitar toda la documentación de respaldo de las facturas de gastos o aplicaciones para verificar la exactitud de aquellos; y destacó que en el caso podría existir documentación que no figura en el anexo y que no tenía forma de determinar.
A contrario de lo expresado por el apelante, que no cuestiona que no existe obligación de llevar libros contables, contaba con facultades suficientes para examinar los elementos que le eran exhibidos Alta en sistema: 30/08/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V y; en caso de considerar que la información aportada era insuficiente, podía haber requerido la presentación de los elementos adicionales que estimara necesarios y presentar a su vez el informe que hubiera considerado apropiado, circunstancia que no se verificó en el caso (cfr. artículos 44, 46, 47 y 48 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación). Ello, en modo alguno excede la tarea encomendada, sino que implica el correcto cumplimiento de aquella. En tales condiciones, no es posible considerar como manifiestamente errónea la conclusión a la que llegó el Tribunal Fiscal de la Nación, según la cual, de la documentación agregada y del informe pericial de fs. 110/134 resultaba que el fideicomiso aplicó la totalidad de los aportes recibidos al desarrollo del proyecto inmobiliario y que no se constató la existencia de fondos remanentes con posterioridad a la entrega de la posesión de los bienes a los fiduciantes-beneficiarios. Finalmente, cabe poner de relieve que el artículo 86, inciso b), de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de la cámara y, en principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho. En tales condiciones, no cabe apartarse de las conclusiones del mencionado tribunal, toda vez que los agravios planteados por el Fisco remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, como regla ajenas al referido recurso, las que han sido resueltas sin que se pueda advertir un error manifiesto en su apreciación (cfr. art. 86, inciso b), apartado 2), primer y segundo párrafo de la Ley 11.683; Fallos 300:985; 318:2304, consid. 8º; 326:2987, considerando 9°, 326:4065, 332:57, consid. 8º y sus citas; CNAp. en lo Cont. Adm. Fed., Sala IV "La Rueca Porteña S.A. (TF 9861-I) c/D.G.I" del 27 de octubre de 1998; Sala V "S.A. Molinos Fénix (TF 17.290-I) c/D.G.I.", del 20 de junio de 2006).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 2) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Alta en sistema: 30/08/2023 Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 30/08/2023
Fin de la sentencia