Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 48.600-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-100114437-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Octubre de 2021 En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), y Claudio E. Luis (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 48.600-I, caratulado FIDEICOMISO GALES III s/ recurso de apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 6/26 se interpone recurso de apelación contra la resolución suscripta por el Jefa (Int.) de la Sección Determinación de Oficio A/C de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP-DGI, de fecha 28 de diciembre de 2017 mediante la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de la recurrente en el impuesto a la ganancia mínima presunta por los ejercicios 2011 y 2012, con más los intereses resarcitorios y se aplicó sanción en los términos del artículo 45 de la ley 11.683. En primer lugar efectúa una descripción de la actividad realizada por el fideicomiso, así como también del procedimiento seguido en sede administrativa.
Explica que conforme se desprende del contrato social los fiduciantes se reunieron y celebraron ante notario un contrato de fideicomiso, con el objeto de construir un edificio de departamentos en propiedad horizontal a través del aporte de recursos propios.
Enfatiza que del mencionado documento surge también que los departamentos se construyeron para ser distribuidos entre los fiduciantes, con finalidad de uso propio mediante un sistema de administración al costo, detallándose además en el mismo los bienes fideicomitidos, los cuales se aplicaron para la construcción del edificio en propiedad horizontal y las unidades construidas se adjudicaron a cada uno de los fiduciantesbeneficiarios conforme se estableciera contractualmente.
Agrega que el artículo 1° del contrato constitutivo desarrolla los antecedentes que sirven de base del mismo, para luego el artículo 2° establecer quienes participan como fiduciantes clase “A” y “B” respectivamente, señalándose que los primeros son condóminos en partes iguales del terreno sobre el cual se edificará el inmueble afectado a propiedad horizontal, el que se obligan a transferir al fiduciario, interviniendo ambas categorías como fiduciante y como beneficiarios.
Puntualiza que el artículo 3° identifica catastralmente los bienes fideicomitidos, otorgando la escritura traslativa dentro de los 60 días y el artículo 4° se establece la aplicación de la totalidad de los bienes fideicomitidos a la construcción del edificio.
Señala que todas las cláusulas del contrato constitutivo llevan a un solo destino, la constitución del fideicomiso destinado para la construcción del fideicomiso destinado para la construcción del edificio siendo los fiduciantes al mismo tiempo beneficiarios de las unidades que le serán adjudicadas a la finalización de la construcción.
Seguidamente, plantea la nulidad de la resolución apelada toda vez que entiende que se habría violado su derecho de defensa al omitir producir la prueba ofrecida oportunamente por su parte. Asimismo, entiende que la resolución en discusión no se encuentra debidamente motivada, toda vez que no fundamenta adecuadamente el ajuste propuesto, resultando entonces violatoria del derecho de defensa del contribuyente, así como también del debido proceso.
En relación al fondo de la cuestión, señala que de la documentación aportada, se ha acreditado que se está en presencia de un fideicomiso al costo, en donde un grupo de personas que revisten a la vez la doble calidad de fiduciantes y beneficiarios, aportaron para obtener la tierra y posterior desarrollo de las unidades en las que constituirán sus futuras viviendas, y que la figura del fideicomiso solo los mancomunó para tal fin. Sostiene que a lo largo del procedimiento administrativo se demostró que los beneficiarios no compraron el producto final, ni se propusieron venderlo una vez obtenido, sino que se mancomunaron justamente para obtener dicho producto final.
Destaca que la figura del fideicomiso tiene un esquema operativo y de garantía, el que no se lo podría identificar con ninguno de los hechos imponibles alcanzados por el impuesto a las ganancias y el impuesto a la ganancia mínima presunta, indicando que si bien en ambas normas se encuadra como sujetos pasivos a los fideicomisos constituidos en el país.
Enfatiza que en el presente caso se trató de un sistema de suscripción al costo concebido para que los interesados crearan sus respectivas viviendas mediante un esfuerzo mancomunado y que la función fiduciaria se asumió por cuenta y en beneficio de los suscriptores, a quienes debía transmitir oportunamente el dominio pleno de sus respectivas unidades.
Afirma que es conteste la jurisprudencia en afirmar que para el caso del impuesto a la ganancia mínima presunta, corresponde acreditar al contribuyente que la renta presumida por la ley no ha existido en cabeza del fideicomiso para liberarse de la obligación tributaria endilgada por el ente recaudador. Señala que siendo el tributo bajo análisis un impuesto que recae sobre activos caracterizados por su potencialidad productora de rentas, debe destacarse que dicha potencialidad no se advierte en las presentes actuaciones, en mérito de las pruebas reunidas y las que se producirán, que acreditarán la modalidad que adquiere la operatoria del fideicomiso analizado.
Seguidamente, plantea la inconstitucionalidad del tributo en cuestión en función de la doctrina sentada en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Hermitage”. En otro orden de ideas, se agravia de la multa impuesta señalando que la utilización de presunciones habilita ajustes impositivos pero nunca el presupuesto para la imposición de sanciones, ello en virtud de la aplicación de los principios de derecho penal aplicable a los ilícitos tributarios. Explica que en el caso el organismo recaudador no aportó la evidencia necesaria para acreditar cuales fueron las maniobras con las que presuntamente el fideicomiso omitió declarar el impuesto en su justa medida ni tampoco prueba directa de la culpa.
Subsidiariamente, y para el caso que se considerara que resulta correcta la aplicación de la sanción, plantea la existencia en el caso de un error excusable.
Entiende que la interpretación que se realizó de las normas aplicables no resulta caprichosa sino que es el fruto de la realidad económica de las operaciones cuestionadas, habiendo efectuado una razonable interpretación de las normas fiscales aplicables no procediendo entonces la aplicación de sanción alguna Finalmente, cita jurisprudencia, ofrece prueba documental, pericial contable, informativa y testimonial y solicita que se revoque la resolución apelada en todas sus partes, con costas al Fisco Nacional. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 75/90 la representación fiscal contesta el traslado del recurso, solicita, por los argumentos de hecho y derecho que expone, se confirme el acto apelado. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 129 se clausura el período probatorio, se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y se ponen los autos para alegar, habiendo hecho uso del derecho acordado a fs. 132/134vta el Fisco Nacional. Finalmente, a fs. 138 se pasaron los autos a sentencia IV.- Que en primer lugar, en puntual respuesta a su planteo sobre la nulidad con sustento en la falta de receptividad de las pruebas ofrecidas, circunstancia que entiende vulnera su derecho constitucional de defensa, cabe recordar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos el recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente.
V. Que con relación con al planteo de nulidad formulado por la recurrente con fundamento en que los actos apelados carecerían de causa, por lo que concluye se encuentran inmotivados.
A fin de definir la causa encontramos dos corrientes doctrinarias, los subjetivistas y los objetivistas. Los primeros entienden que la causa del acto administrativo está constituida por la “voluntad” del sujeto que emite el acto, en tanto para los objetivistas aquella está formada por los antecedentes de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Nuestro legislador adscribió a ésta última corriente, definiendo a la causa como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión –por apartase de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (conf. Hutchinson, Tomás; “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Tº I, pag. 154).
En ese contexto, los argumentos del recurrente deben ser rechazados toda vez que encuentran sustento en la discrepancia con las conclusiones a las que arriba el ente fiscal para determinar de oficio su obligación tributaria. Más, preciso es señalar que los actos recurridos detallan los elementos de hecho y derecho tenidos en cuenta por el Fisco Nacional y, en definitiva, su discrepancia con el encuadre jurídico o la valoración de los hechos realizada, eventualmente puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la revocación del acto, pero no a su nulidad.
Por último, el acto expone las razones que llevaron al organismo fiscal a efectuar la determinación de oficio apelada, por lo que no se advierte la vulneración del derecho de defensa alegado. En mérito a lo expuesto, debe rechazarse la defensa de nulidad articulada.
Las costas deben imponerse a la recurrente pues más allá de la denominación elegida por la actora, sus argumentos constituyen jurídicamente la articulación de una cuestión de previo y especial pronunciamiento que torna aplicable los principios rectores contemplados en el art. 68 y cc. del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.
En este sentido, en el sub examine el planteo de nulidad no se encontró encaminado a obtener la revocación de la pretensión fiscal a través de una decisión referida al aspecto sustancial de la controversia sino a una cuestión que, de haber prosperado, hubiese traído aparejado la nulidad absoluta e insanable del acto sin entrar por ende al análisis del aspecto sustancial de la litis (cfr. C.S.J.N."Bolland Y Cía SA" del 21/2/13).
VI. Que ahora bien en relación con la controversia que este Tribunal está llamado a resolver, cabe señalar que conforme lo señalado en el informe de inspección obrante en los antecedentes administrativos acompañados a la presente causa (vide. fs. 97/105 del Cuerpo Principal Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), el ente fiscal efectuó un ajuste en el impuesto a las ganancia mínima presunta por considerar que el fideicomiso es sujeto del impuesto a la ganancia mínima presunta, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2° inciso f) de la ley del gravamen, habiendo detectado además, que el contribuyente otorga el tratamiento de activos no computables a las inversiones (adquisición del terreno y obras) en la construcción de edificio u obras destinadas a la realización de barrios privados o countries, por aplicación incorrecta del artículo 12 inciso b) de la ley del gravamen.
Agrega que la exclusión de la base de imposición a que se refiere el inciso en cuestión sólo resultará procedente en aquellos casos en que los activos en cuestión no revistan para su titular el carácter de bienes de cambio.
A los fines de sustentar su postura cita el Dictamen (DAT) 18/06 en donde el área técnica del organismo señaló que en los fideicomisos de construcción, las inversiones en las construcciones de unidades a ser vendidas o adjudicadas a los fideicomisarios revisten el carácter de bienes de cambio, por lo tanto, no corresponde la consideración como activos no computables a las inversiones efectuadas para las construcciones mencionadas.
Seguidamente, y en relación con la documentación aportada por la actora consistente en el contrato de fideicomiso celebrado con fecha 17/01/11, el ente fiscal señala que se trata de un fideicomiso cuyos suscriptores son los fiduciantes beneficiarios quienes aportan los fondos para la construcción de un edificio de departamentos en propiedad horizontal y otros aportan el terreno, todos ellos con derecho a que se les asignen las unidades resultantes, agregando que la administración fiduciaria fue llevada a cabo por el Sr. Blanchet quien recaudó los aportes realizados y aplicó a la construcción del edificio, función asumida por cuenta y beneficio de los suscriptores, a quienes, finalmente transmite el dominio pleno de las unidades suscriptas. Agrega que el emprendimiento se desarrolló como un fideicomiso bajo la forma “al costo”
consistente en solventar obras con el aporte de los suscriptores (fiduciantes).
Explica que los aportantes fueron clasificados en dos grupos: uno denominado “clase A” integrado por la Sra. Estefanía Bozzo, Jorge Schmid y la empresa Saronika S.A., propietarios en condominio de terreno en un 25%, 25% y 50% , respectivamente, que transferirán al fiduciario el dominio del mismo sobre el cual se construirá el edificio de departamentos y otro grupo “Clase B”, integrado por los aportantes de dinero para la construcción del edificio de departamentos en propiedad horizontal y desarrollo de la obra, todos ellos, intervinieron en carácter de fiduciantes.
En función de la normativa y los hechos expuestos, la fiscalización entendió que correspondía considerar a los inmuebles en cuestión como bienes de cambio, dado que el negocio pactado a través del contrato de fideicomiso consiste en la construcción de un edificio y enajenación posterior de las unidades funcionales resultantes.
VII. Que una vez descripto el tema en debate, preciso es destacar que esta Sala ha tenido la posibilidad de expedirse en un caso similar al discutido en autos en la causa “Fideicomiso San Francisco s/recurso de apelación” de fecha 29/05/18.
Allí se sostuvo que “…se debe señalar que la ley N° 24.441 -vigente a la fecha de los períodos fiscales determinados por el organismo fiscal- disponía en su artículo 1° que: “Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario”.
“Que en la actualidad, la figura del fideicomiso ha sido incorporada al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (aprobado por la ley N° 26.994), en sus artículos 1666 y sgtes., que no tiene cambios significativos del concepto del contrato al que hacía referencia la ley N° 24.441.
“Que la mencionada ley define las partes intervinientes en la celebración del fideicomiso, así como la individualización de los bienes objeto del contrato, el plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el destino de los bienes a su finalización, etc.
“Que en cuanto a la figura del fiduciario, la norma establece que podrá ser cualquier persona física o jurídica y es el administrador de los bienes debiendo cumplir las obligaciones impuestas por la ley o la convención con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios (art. 6º). Asimismo tiene la obligación de rendir cuentas a los beneficiarios con una periodicidad no mayor a un año (art. 7º).”
“Que el fiduciante es el que aporta los bienes al fideicomiso, que también puede ser una persona física o jurídica y ser residente en el país o en el exterior. El beneficiario es el que recibe el producido de la administración. El fiduciante puede coincidir con el beneficiario.”
“Que la ley sólo regula al fideicomiso financiero por sus características especiales (vide arts. 19 y siguientes).”
“Que por su parte la ley 25.063, en su Título V, establece en el artículo 2º inciso f) que serán alcanzados por el impuesto a la ganancia mínima presunta los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la ley 24.441, excepto los fideicomisos financieros previstos en los artículos 19 y 20 de la ley. “Que el fideicomiso no tiene trascendencia autónoma como tal, sino que es el instrumento para realizar otros negocios que le son subyacentes y que pueden ser de la naturaleza más variada, de ahí su versatilidad y flexibilidad (cfr. Soler, Osvaldo, “Fideicomiso común u ordinario”, Impuestos 1996-B pág 2542).”
VIII. Que sentado ello, corresponde analizar el caso de autos.
A fs. 121/135vta de los antecedentes administrativos obra agregado el contrato de fideicomiso celebrados entre los fiduciantes-beneficiarios y el fiduciario.
De los antecedentes del mentado documento surge que el objetivo inmediato del fideicomiso es la construcción de un edificio de departamentos en propiedad horizontal, en la zona céntrica de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, a través del aporte de recursos propios y que los departamentos se construyen para ser distribuidos entre los fiduciantes con finalidad de uso propio, mediante un sistema de administración al costo. (conf. Art. 1°).
En cuanto a su objetivo mediato, se señala que es la constitución del derecho personal de adjudicación de propiedad a los fiduciantes-beneficiarios, en virtud del compromiso de aportes que éste asume. Cumplido el plazo o la condición establecidos en el convenio, el Fiduciario efectuará la transmisión de dominio a favor de cada titular de derechos. (conf. Art. 2.1, 4.1. y 11).
Asimismo, en el artículo 2° antes mencionado se aclara que los fiduciantes-Beneficiarios son clasificados en dos clases, a saber: i) Clase “A”: son propietarios en condominio del terreno que formará parte de los bienes fideicomitidos, transfiriéndole al fiduciario el dominio del mismo sobre el que se construirá el edificio y también aportarán dinero para la adjudicación de las unidades complementarias destinadas a cochera y ii) Clase “B” quienes aportarán fiduciariamente el dinero para la construcción del edificio y desarrollo de la obra, su subdivisión y adjudicación.
Por su parte el informe pericial obrante a fs. 115/128 de autos, detalla los montos recaudados por el administrador fiduciario, por cada período fiscal y el modo en que fueron aplicados esos fondos. (Puntos 1° y 2°). Acompañan el Estado de Flujo Efectivo y efectuaron el detalle de los orígenes de los fondos por períodos y a qué fueron aplicados (concreción del objeto del fideicomiso).
En el Punto 3° el perito de la actora señala que de acuerdo a la documentación puesta a disposición (Anexo d) al 31/12/12, posterior a la entrega de la posesión de los bienes a los fiduciantesbeneficiarios, no existían remanentes de fondos a aplicar.
Resulta oportuno destacar que si bien el perito designado por la apelada elabora conjuntamente con su par de la actora los Anexos “A” a “D” y “G” a “I”, señala que en atención a que la apelante no lleva libros rubricados ni confecciona estados contables, desconoce si dicha documentación responde a la universalidad existente y/o la que demuestra la totalidad de las operaciones, limitando su opinión a la documentación aportada por la actora.
No obstante lo expuesto, resulta pertinente destacar que tal informe no mereció objeción alguna de las partes y tampoco, el Fisco Nacional aportó elementos que acrediten la existencia de renta.
IX. Que así planteado el caso, corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de referirse a las características del impuesto a la ganancia mínima presunta, al mensaje de elevación de dicha ley y a su debate parlamentario, ha señalado que: “12)...como principio general, no es objetable que el legislador al establecer un tributo utilice la técnica de las presunciones. La necesidad de acudir a éstas es admitida por la doctrina y receptada por los ordenamientos jurídicos de diversos países, aunque se ha enfatizado en que para evitar situaciones inicuas su uso debe ser limitado a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen “En efecto, la problemática de las presunciones en materia tributaria es el resultado de la tensión de dos principios: el de justicia tributaria y el de capacidad contributiva, y es por ello, que " requieren un uso inteligente, concreto y racional”. Es en el supuesto de las presunciones denominadas iuris et de iure, en el que la cuestión adquiere "su mayor dramatismo”, pues hay veces que el legislador “para simplificar acude al resolutivo método de no admitir la prueba en contrario, cercenando la posibilidad de que el contribuyente utilice, frente a la Administración, algunos de los medios jurídicos de defensa. Que con esto se consigue seguridad jurídica es indudable; pero tal vez la aplicación del principio de capacidad contributiva se vea relegado e irrespetado por tales 'aseguramientos'” (Salvador del Castillo Alvarez-Cedrón, "Consideraciones sobre las presunciones jurídicas en materia impositiva”, Revista de Administración Pública, n° 62, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, en especial, págs. 100, 104 y 136)”.
“13) Que, en este orden de ideas, es pertinente recordar que esta Corte ha justificado la existencia de esta clase de mecanismos presuntivos, pero al así hacerlo, ponderó la existencia de excepcionales circunstancias.”.
“14) Que, en el caso, sobre la base de la alegada necesidad de inducir al pago del impuesto a las ganancias y asegurar al fisco la recaudación de un ingreso mínimo -argumento del legislador-, o bien, con sustento en que quien mantiene un activo afectado a una actividad empresaria es porque, al menos, obtiene una rentabilidad que le permite su sostenimiento -argumento del mensaje de elevación n° 354-, se ha contemplado en la hipótesis de incidencia del tributo la presunción de obtención de una ganancia mínima que no es posible derribar mediante prueba en contrario ”
Agrega que “Sin embargo, el legislador, sin tener en cuenta las modalidades propias que pueden adquirir explotaciones tan diversas, ha supuesto -sobre la base de la existencia y mantenimiento de sus activosque dichas explotaciones, en todos los casos, obtendrán una renta equivalente al 1% del valor de éstos, y no ha dado fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley”.
“15) Que, la iniquidad de esta clase de previsión, se pondría en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no ha existido”.(Hermitage SA c/PEN - MEOSP - Título 5 - L. 25063 s/proceso de conocimiento” del 15/06/2010).
X. Que teniendo en cuenta la doctrina anteriormente expuesta, la prueba producida en autos y las constancias obrantes en los antecedentes administrativos, debe tenerse por acreditada la inexistencia de “ganancias” y por ende la ausencia de capacidad contributiva como presupuesto legitimante del impuesto en cuestión, en los términos exigidos por el Máximo Tribunal en el precedente citado.
A mayor abundamiento como consecuencia del fallo mencionado y lo decidido en la causa “Diario Perfil S.A.” del 11/2/2014, también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el organismo fiscal dictó la Instrucción General N° 2/2017 (18/5/2017), que resulta de aplicación por parte de todas las áreas jurídicas con competencia en la materia. Dicha instrucción dispone que en aquellos juicios donde se encuentre en discusión el tema analizado por los citados pronunciamientos, corresponde que el ente fiscal se allane o desista de la acción, total o parcialmente o, en su caso, consentir la sentencia.
Si bien la demandada se siente agraviada porque exige en este caso la probanza de pérdidas contables y quebrantos impositivos, cuestión no acreditada en autos, no cabe hacer lugar a dicho agravio ya que esta es una exigencia de innecesaria aplicación al caso tratado.
XI. Que en el mismo sentido se ha expedido recientemente la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en la causa “Fideicomiso San Marco c/DGI” de fecha 16/12/14.
En mérito a lo expuesto, voto por revocar la resolución apelada. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Adhiere al voto de la Dra. Guzmán, salvo en lo que respecta a las costas referidas a la nulidad resuelta en la parte final de pto. V, ya que como estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Bolland y Cía SA c/DGI", sentencia del 21/2/13, en los casos en los que la defensa no es tratada ni resuelta como cuestión previa, no corresponde la imposición de costas en forma autónoma A mayor abundamiento, cabe destacar que este caso presenta las mismas características que el analizado en el Expte. N° 41.592-I, caratulado: “FIDEICOMISO PV s/ Denegatoria de Repetición - Ganancia Mínima Presunta” sustanciado ante la Sala B que integro como Vocal titular con sentencia emitida el 27/11/2018. En dicho precedente, el Fisco Nacional presentó recurso ante la Alzada contra esa sentencia, aunque termina desistiéndolo en relación a la repetición articulada por la actora, manteniéndolo respecto del cálculo de los intereses accesorios (CAF 3484/2020/CA1; FIDEICOMISO PV (TF 41.592-
I. c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO).
En lo que hace a este caso, resultan plenamente aplicables las conclusiones del precedente mencionado, en el sentido que el incordio refiere a un impuesto que recae sobre activos caracterizados por su potencialidad productora de rentas y en consonancia con la jurisprudencia que se viene citando, debe destacarse que la renta presumida por la ley no se advierte en las presentes actuaciones, en mérito a las pruebas producidas y la modalidad que adquiere la operatoria del fideicomiso analizado.
Por ello, corresponde acudir a la doctrina sentada por el Máximo Tribunal que cita la vocal instructora e inclinarse por la inaplicabilidad al presente caso de la presunción absoluta contenida en la ley del impuesto.
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere a lo dicho por la Dra. Guzmán, compartiendo las consideraciones vertidas por el Dr. Porporatto respecto de las costas referidas a la nulidad.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada. Con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y archívese.
Date: 2021.10.19 13:11:25 -03:00 Date: 2021.10.19 17:23:56 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.20 09:37:54 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.20 09:37:55 -03:00
Fin de la sentencia