Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 41592-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios. Las sumas adeudadas devengarán intereses desde el momento de formularse el reclamo hasta el 1/8/2019 –fecha en que la Resolución Nº 598/19 comenzó a surtir efectos–, aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA, y a partir de este último momento hasta el efectivo pago, aplicando la tasa efectiva mensual que publica la AFIP.
2Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, atento a las particularidades y lo novedoso de la cuestión analizada (CPCC, art. 68, segundo párrafo).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAF 3484/2020/CA1; FIDEICOMISO PV (TF 41.592-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2021.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 231/237 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación –TFN– resolvió revocar la resolución apelada, haciendo lugar a la repetición requerida por Fideicomiso PV; con más los intereses liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la Republica Argentina –BCRA–, de acuerdo con lo que surge de la jurisprudencia plenaria de ese tribunal en los autos “Dalmine Siderca SAIC”, del 27/12/93. Estos últimos –dispuso el decisorio del TFN– deben ser calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo. Las costas las impuso en el orden causado, en atención a las particulares características del contribuyente y a la complejidad de la cuestión analizada.
Para así resolver, luego de exponer las expresiones de las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, rechazó el planteo de nulidad articulado por la actora, fundamentalmente por entender que los agravios consistían en argumentos que hacían a su disconformidad con la forma en que había resuelto el organismo fiscal y, en lo que hace al fondo del asunto, luego de describir las pruebas ofrecidas y producidas en la causa, declaró que la pretensión de aquélla consistía en el reintegro de la suma de $ 1.062.970,86, que fuera ingresado en exceso en concepto de impuesto a la ganancia mínima presunta, períodos fiscales 2008 a 2012.
Destacó que la recurrente había explicado el sustento fáctico y jurídico de su reclamo ante el ente recaudador, el cual se podía resumir en los siguientes términos: se trata de un fideicomiso inmobiliario bajo la modalidad “suscripción al costo”, conforme surge del contrato de fideicomiso que acompañó; el mismo tiene por objeto la adquisición de un inmueble para la demolición de las construcciones existentes y la posterior construcción de un edificio, para entonces dividirlo y transferir las unidades resultantes a los fiduciantes-beneficiarios.
Luego de efectuar extensas explicaciones en torno de la figura jurídica en cuestión, con cita de doctrina, invocó la ley 24.441 – de Financiamiento de la Vivienda y Construcción– y la ley de impuesto a las ganancias –en especial los preceptos que refieren a los fideicomisos–, para concluir que la imposición en el impuesto a la ganancia mínima presunta es diferente, atento el carácter del sujeto pasivo en cuestión. Sostuvo que la materia litigiosa debe examinarse dentro del cuadro argumental abierto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Hermitage SA” del 15/6/10, por cuanto resulta un viraje en la jurisprudencia mayoritaria que le antecedió, así como el apuntalamiento de una vía plausible para la revisión de la constitucionalidad en cada caso concreto del tributo en cuestión. Transcribió segmentos del fallo referido y afirmó que el Máximo Tribunal ha dejado sentada la pauta rectora a tener en cuenta a fin de subsumir posteriores casos en la doctrina allí establecida; es decir – agregó–, comprobando fehacientemente si la renta presumida ha existido. Destacó que del informe pericial contable de autos se extrae que los estados contables del fideicomiso –ejercicios 2008-2012– no arrojaron resultados contables. Asimismo, que de las declaraciones juradas de esos mismos periodos fiscales el resultado fue igual a cero. Interpretó que la inexistencia de resultados contables obedece a la naturaleza del tipo de fideicomiso de que se trata, en el cual los fondos aportados se aplican a los fines de lograr las inversiones y trabajos destinados a la construcción del inmueble y la posterior adjudicación de las unidades.
Afirmó que, siendo el impuesto a la ganancia mínima presunta un gravamen que recae sobre activos caracterizados por la potencialidad productora de rentas, en consonancia con la línea jurisprudencial citada, correspondía advertir que la renta presumida por la ley del tributo no se evidenciaba en la especie.
En razón de lo reseñado concluyó que correspondía acudir a la doctrina sentada por el Tribunal Cimero e inclinarse por la CAF 3484/2020/CA1; FIDEICOMISO PV (TF 41.592-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO inaplicabilidad al caso de la presunción absoluta contenida en la ley del impuesto.
II. Que contra dicho pronunciamiento se alzó la parte demandada, interponiendo el recurso de apelación a fs. 236 –concedido a fs. 241– y expresando sus agravios a fs. 248/251 vta., los que fueron replicados por la contraria a fs. 256/259 vta. III. Que corresponde aclarar primeramente que, al expresar sus agravios, el organismo fiscal acompañó la Nota Nº 228/18 (SDG TLI) –del 28/2/19–, glosada a fs. 245/246, en función de la cual desistió parcialmente del recurso de apelación interpuesto, únicamente con relación a la repetición articulada por la actora, manteniéndolo respecto del cálculo de los intereses accesorios.
En lo que conforma su expresión de agravios, objeta que los intereses deban calcularse según la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA –tal como lo resolvió el a quo, siguiendo la pauta sentada en el Plenario “Dalmine Siderca SA” de ese tribunal–, sosteniendo que, por el contrario, corresponde aplicar la tasa establecida por la Secretaría de Ingresos Públicos. Invoca el artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, en la parte pertinente, con costas.
IV. Que antes de ingresar al tratamiento de los agravios presentados, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970).
V. Que, asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33.113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016 del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018 del 7/5/19, entre otros).
VI. Que ello sentado, luce claro que la materia que corresponde aquí dirimir se circunscribe a la tasa de interés que habrá de adoptarse al momento de llevar a cabo el cálculo ordenado en autos. No forma parte, pues, de aquella, el importe del capital –la base–, ni el momento de inicio del cómputo en cuestión.
VII. Que clarificado lo anterior, se destaca que esta Sala ya se ha pronunciado en planteos que guardan similitud con el presente, en las causas y con los fundamentos que a continuación se rememoran.
En la causa Nº 37.527/16, in re: “Thomas de Sudamérica S.A c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 12/10/17 y en la causa Nº 2267/2018 in re: “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, del 30/08/18, se puso de relieve el equilibrio que debe existir en la relación jurídica-tributaria, la cual, a consideración de respetada doctrina, encuentra a sus partes en un pie de igualdad ante la ley, CAF 3484/2020/CA1; FIDEICOMISO PV (TF 41.592-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO siendo entendida como una relación jurídica propia de un Estado de Derecho, y no como una relación de poder (Dino Jarach, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, págs. 370/374, ed. Cangallo, 1º edición, Buenos Aires, 1983). Se dijo allí, además, que cuando la ley concede privilegios al fisco, los mismos deben ajustarse a la Constitución Nacional, de lo que se deriva que el acrecentamiento de derechos no puede resultar en caso alguno desmesurado, operando como valladar los principios recogidos por los artículos 28 y 33 de nuestra Carta Magna (conf. Valdés Costa, “Instituciones de Derecho Tributario”, pág. 292, ed. Depalma, 1992).
A partir de tal orden de consideraciones –que tan sólo representa una fracción del total–, luego de efectuar un racconto de las diversas resoluciones dictadas por la cartera económica nacional en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Legislativo en el artículo 37 de la ley 11.683, se afirmó que se tornaba inaplicable la tasa de interés fijada en el artículo 3º de la resolución 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción –por entonces vigente– y, en atención a las tasas aplicables a los réditos que devengan las deudas del Estado Nacional –de conformidad con la reiterada doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: “YPF C/ Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes s/ cobro de pesos”, del 3/3/92–, se resolvió que correspondía aplicar la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA (Comunicado Nº 14.290 BCRA).
Siendo que ambos planteos respondieron a asuntos de naturaleza aduanera, con posterioridad se extendió el razonamiento al terreno de los tributos internos, en la causa Nº 70441/07, in re: “Envico SA c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, del 14/5/19 y en la causa Nº 20284/18, in re: “Gallo, Alejandro Daniel c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, del 21/5/19.
Para finalizar con este esbozo, en la causa Nº 68267/2018, in re: “Veleda, Carlos Alberto c/DGI s/ recurso directo de organismo externo”, del 7/11/19, se analizó la implicancia que tiene el dictado de la resolución 598/19 (B.O. del 18/7/19) del Ministerio de Hacienda sobre la materia en trato.
Recuérdese que la misma derogó la resolución 314/04 y, en lo que incumbe aquí destacar, estableció que: “…la tasas de interés aplicable a los supuesto previstos en el artículo 179 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuesto regidos por la citada ley y a los supuesto previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre. Cuando de se trate de conceptos expresados dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero como veinte por ciento (0,20%) mensual” (art. 4º). A su vez, dispuso que las tasas serían publicadas al inicio de cada trimestre calendario en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–, las que pueden consultarse en: https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/CalculoInteres/punitorios.aspx#t asasEvolucion La resolución 598 entró en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, surtiendo efectos a partir del 1/8/19 (art. 10).
Ahora bien, en la referida causa “Veleda” esta Sala resolvió que los intereses correspondientes a la repetición deberían ser liquidados de la siguiente manera: (i) desde el momento de formularse el reclamo hasta que la resolución 598/19 comenzara a surtir efectos, aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA – tal como fue ordenado en el sentencia apelada, aunque en razón de distintos fundamentos jurídicos–, y (ii) a partir de este último momento, aplicando la tasa efectiva mensual que publica la AFIP, hasta el efectivo pago.
Tal es entonces el orden de cálculos que habrá de seguirse en el sub lite, a la hora de liquidar los intereses en cuestión. CAF 3484/2020/CA1; FIDEICOMISO PV (TF 41.592-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VIII. Que es del caso mencionar que los precedentes “Thomas de Sudamérica SA”, “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, “Gallo, Alejandro Daniel” y “Veleda, Carlos Alberto”, mencionados en el considerando anterior, se encuentran firmes.
En mérito de lo expuesto SE RESUELVE: 1º)
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios. Las sumas adeudadas devengarán intereses desde el momento de formularse el reclamo hasta el 1/8/2019 –fecha en que la Resolución Nº 598/19 comenzó a surtir efectos–, aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA, y a partir de este último momento hasta el efectivo pago, aplicando la tasa efectiva mensual que publica la AFIP.
2. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, atento a las particularidades y lo novedoso de la cuestión analizada (CPCC, art. 68, segundo párrafo).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia