Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 62137
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fs.56/56vta., en cuanto se declaró operada la caducidad de la instancia de estas actuaciones, con costas a la actora; imponiéndose también a la accionante las costas de alzada, en atención al resultado desfavorable obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). Por los trabajos realizados en esta instancia, y atento a lo dispuesto por el art. 31 del Decreto/Ley 8.904/77, se regulan los honorarios del Dr. Luis Guillermo Bravo Elizondo, en la suma de pesos cuatrocientos dieciocho ($418), con más aporte legal e IVA si correspondiere.
Causa nº: 2-62137-2017 "FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA LEY 12.726 C/ ETCHEGOYEN, PEDRO EBEL S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC. ALQUILERES ETC) 109 "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 66 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 12 días del mes de Junio del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi, para dictar sentencia en los autos caratulados “Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726 c/ Etchegoyen Pedro Ebel s/ Cobro sumario sumas dinero” (Causa n° 62.137), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dra. Longobardi y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs.56/56vta.?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. En la sentencia que ha llegado apelada a esta alzada (dictada con fecha 2 de febrero de 2017), se declaró operada la caducidad de instancia de las presentes actuaciones, con costas a la parte actora, regulándose los honorarios de los letrados intervinientes en el proceso (fs.56/56vta.).
Para arribar a esta conclusión recordó la a quo la intimación a impulsar el procedimiento cursada a fs.49, y analizó la conducta asumida por la parte actora, poniendo de relieve que la última actividad útil data del día 2 de octubre de 2014; superándose ampliamente el plazo previsto en el art.310 del código ritual, y sin que se haya respondido a la intimación a impulsar el procedimiento (fs.56/56vta.).
II. Dicha sentencia fue apelada por la parte actora (fs.57/57vta.), quien abasteció su recurso mediante el memorial que luce a fs.60/62vta. Adujo la recurrente que le causa agravio la intervención de oficio del juzgado, al intervenir en autos afectando la igualdad jurídica; facilitando, de esta manera, un enriquecimiento indebido del accionado que ni siquiera tomó intervención (fs.60/60vta.). Luego de formular otras reflexiones sobre el sistema de paralización, archivo y destrucción de expedientes, y sobre el instituto de la prescripción liberatoria (fs.60vta./61), planteó la recurrente la inconstitucionalidad del art.316 del Código Procesal, en cuanto habilita y permite la intervención judicial para declarar de oficio la caducidad de la instancia, sin intervención de parte (fs.61/61vta.). Sostuvo que de este modo se afecta su derecho de propiedad (fs.61vta.), y que también se vulnera el principio de igualdad (fs.61vta./62).
Habiéndose elevado las actuaciones a esta Cámara y cumplidos los pasos procesales de rigor, se practicó el sorteo de ley, quedando el expediente en condiciones de ser abordado a los fines de la emisión del presente pronunciamiento.
III. El recurso de apelación interpuesto no puede prosperar. Me explicaré a través de los desarrollos siguientes.
1. Para arribar a la declaración de caducidad de instancia, tuvo en cuenta la a quo la intimación cursada a la actora por disposición de fecha 21 de agosto de 2014, donde se hizo constar que el último acto impulsorio del procedimiento databa del día 28 de agosto de 2013 (ver auto de fs.49 y la respectiva notificación de fs.50/51). Ahora bien, si se cotejan las presentes actuaciones es posible observar que ante dicha intimación para que se produjera actividad procesal útil, la parte actora manifestó su voluntad de continuar con los actuados y puso en conocimiento de la magistrada que -por mesa de entradas- se había presentado cédula de notificación de traslado de la demanda -bajo responsabilidad de su parte- a los fines de su debido diligenciamiento (véase el escrito de fs.52, presentado el día 3 de septiembre de 2014). Fue así que se proveyó esta petición el día 9 de septiembre de 2014 (fs.53), mientras que con fecha 2 de octubre de ese mismo año se revisó por secretaría la cédula presentada (fs.53vta.). Seguidamente se practicó el respectivo diligenciamiento, donde el Oficial Notificador hizo constar que, con fecha 15 de octubre de 2014, se había fijado una copia de la cédula en el domicilio denunciado, atento a que se trataba de una notificación bajo responsabilidad de la parte actora (véanse las constancias de fs.54/55).
En función de los actos procesales analizados en el párrafo precedente, en la sentencia apelada que se dictó con fecha 2 de febrero de 2017, se consideró que en autos operó la caducidad de la instancia ante la inactividad demostrada por el accionante, “toda vez que la última actividad útil data del 02/10/2014 (fs.53vta.) superando ampliamente el plazo previsto por art.310 del CPCC y que no ha respondido a la intimación a impulsar el procedimiento que le fuera cursada” (fs.56vta., punto 2). Las motivaciones dadas en el decisorio de grado resultan irrefutables, ya que en el caso de autos se cumplió con la previa intimación exigida por el art.315 del código ritual; y como consecuencia de la misma la parte actora realizó un acto impulsorio del procedimiento, consistente en la revisión por secretaría de de instancia (fs.61/62). Estos argumentos de la recurrente carecen de todo asidero por cuanto no se compadecen con el régimen legal imperante en la materia que nos ocupa.
Luego de reseñar los regímenes legales que precedieron al actual, sostiene Fraga que “el Código Civil y Comercial de la Nación se inclina por el sistema de declaración judicial, por lo que no se produce la caducidad de la instancia hasta tanto no exista una resolución judicial que así lo decida. Por ello es que la caducidad puede ser convalidada o purgada por actos posteriores emanados del tribunal o de la parte, consentidos por el solicitante de su declaración, actividad que se complementa armónicamente con la norma contenida en el art.316, que congruentemente habilita al juez a declararla de oficio, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento” (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo 5, Highton-Areán dirección, pág.889; lo destacado me pertenece; SCBA., Ac. 86.454 del 15.3.06, Ac.77.944 del 1.4.04, Ac. 76.446 del 19.2.02; Cám. Civil 2da. Sala I, La Plata, 112647, RSI-67.101 del 22.4.10, Sumario Juba B257464). Aquí cabe aclarar que el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires mantiene el mismo esquema que su par de la Nación, si bien incorpora el recaudo de la intimación previa establecido en su artículo 315 (conf. Loutayf Ranea y Ovejero López, Caducidad de la instancia, 2da. edición actualizada y ampliada, pág.619).
O sea que el sistema legal vigente impone la necesidad de la declaración judicial de la caducidad de instancia, habilitando al juez a declararla de oficio cuando se encuentren reunidas las condiciones pertinentes, entre las que se cuenta el cumplimiento de los plazos de inactividad procesal exigidos por el art.310, y la formalización de la intimación previa establecida en el art.315. Este sistema no puede merecer ningún reproche de inconstitucionalidad, debiendo desestimarse el planteo contenido en el memorial; por cuanto a través del mismo se encuentra plenamente garantizado el derecho de defensa y el debido proceso legal, dado que la parte actora ha tenido a su alcance todas las posibilidades para llevar adelante el proceso y, pese a ello, ha mantenido una pasividad que no puede ser respaldada en modo alguno (art.18 de la Constitución Nacional, art.15 de la Constitución Provincial).
3. Precisamente, ha sostenido la Suprema Corte Provincial que “la carga de instar el adelanto del proceso está gravada con la sanción de caducidad porque bien se comprende que, por razones de interés colectivo, el legislador, en resguardo del orden de la justicia trate de impedir que se acumulen las actuaciones abandonadas por las partes. Surge así como una institución de orden público, que tiende a liberar a los órganos de la sustanciación y resolución de los procesos cuando la parte interesada carece presumiblemente de interés en su prosecución (SCBA, Ac. y Sent., 1978, v. III, p.24). Que, la razón de ser de este instituto, no es otra que la de ser un remedio al mal de la prolongación de los juicios, cuando se advierte el desinterés del actor, y la necesidad de liberar a sus propios órganos de las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal. Que, la finalidad del referido instituto consiste también en la conveniencia de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial, exonerando a los órganos jurisdiccionales de la obligación de custodiar y dirimir juicios que, por la pasividad o negligencia de las partes, devienen tales solo en apariencia y perturban indebidamente la tarea tribunalicia, desvirtuando de esa suerte la verdadera función del proceso y de la propia judicial (SCBA Ac. y Sent.1956, v. V, p.487; 1967, v. II, p. 679; entre otros). Que en ese orden de ideas, en los fundamentos de la ley 13.986 que modificara los artículos 310 y 315 del CPCC, se expresó que los juzgados se encuentran sometidos a una tensión, manifestada por el incremento de las demandas y por el factor tiempo, que exige cada vez mayor celeridad en la prestación del servicio de justicia. Asimismo, se manifestó que más allá de los distintos criterios sostenidos por la doctrina, lo cierto es que la caducidad de instancia encuentra justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios” (considerandos de la Res.3694/12 de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, donde se recordó a los magistrados la conveniencia e importancia de utilizar el instituto de la caducidad de instancia, para disponer la finalización de causas).
Las consideraciones expuestas por el Superior Tribunal resultan por demás suficientes para sustentar la confirmación de la sentencia apelada y desestimar los agravios de la parte actora, debiendo señalarse que el planteo de inconstitucionalidad contenido en el memorial no cuenta con la necesaria precisión y fundamentación que requiere este extremo remedio que se erige en última ratio del ordenamiento jurídico (art.31 de la Constitución Nacional; esta Sala, causa n°61782, “Banco Hipotecario”, sentencia del 26 de abril de 2017, voto del Dr. Galdós). En efecto, la apelante se limita a sostener que la resolución apelada importa la confiscación de su propiedad al frustrar el recupero de su crédito (fs.61vta.), y que al haberse decidido como se hizo en la anterior instancia se ha lesionado el principio de igualdad, dado que el deudor se encuentra ausente del proceso (fs.62).
Ninguno de estos argumentos es valedero, puesto que la parte actora ha tenido a su alcance todas las posibilidades de instar el trámite procesal en debida forma a los fines del cobro de su pretendida acreencia; pero, por el contrario, ha evidenciado una marcada pasividad que ha redundado en una excesiva paralización del proceso, tal como quedó expuesto en los párrafos precedentes. Asimismo, no debe perderse de vista que en el caso se encuentran involucradas poderosas razones de interés público, pues no puede tolerarse la indebida prolongación de los juicios y es menester arribar a una pronta solución de los litigios, ya que como lo manda nuestra Constitución Provincial, “las causas deberán decidirse en tiempo razonable” (art.15, segundo párrafo de la ley fundamental de esta provincia). El apego constitucional que ostenta la facultad del juez para declarar de oficio la caducidad de la instancia, cuando lo considere prudente y conveniente, no ha sido puesto en tela de juicio desde ningún sector de la doctrina, de manera tal que el planteo en escorzo se encuentra desprovisto de todo basamento (conf. Loutayf Ranea y Ovejero, ob. cit. pág.621).
4. Desde otro ángulo, devienen insustanciales otras alegaciones volcadas en el escrito recursivo, como la referida al sistema de paralización, archivo y destrucción de expedientes, que no guarda relación alguna con el supuesto de marras (fs.60vta.). Tampoco es pertinente la referencia al carácter de ente descentralizado que reviste la actora, pues ello ninguna incidencia tiene en la concreta solución de la cuestión (fs.60vta.). Y, finalmente, es inaudible la manifestación vinculada a la prescripción liberatoria, con cita del art.2562 del C.C. y C. (fs.61), ya que este instituto no tiene aplicación alguna en el supuesto que nos ocupa, donde rige la normativa procesal relativa a la perención de la instancia (arts.310 a 318 del Cód. Proc.).
IV. Por todo lo expuesto, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fs.56/56vta., en cuanto se declaró operada la caducidad de la instancia de estas actuaciones, con costas a la actora; debiendo imponerse también a esta parte las costas de alzada, en atención al resultado desfavorable obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós por los mismos fundamentos adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se confirma la sentencia apelada de fs.56/56vta., en cuanto se declaró operada la caducidad de la instancia de estas actuaciones, con costas a la actora; imponiéndose también a la accionante las costas de alzada, en atención al resultado desfavorable obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.).
Por los trabajos realizados en esta instancia, y atento a lo dispuesto por el art. 31 del Decreto/Ley 8.904/77, se regulan los honorarios del Dr. Luis Guillermo Bravo Elizondo, en la suma de pesos cuatrocientos dieciocho ($418), con más aporte legal e IVA si correspondiere. Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Longobardi y Galdós, por los mismos fundamentos adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 12 de Junio de 2017.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fs.56/56vta., en cuanto se declaró operada la caducidad de la instancia de estas actuaciones, con costas a la actora; imponiéndose también a la accionante las costas de alzada, en atención al resultado desfavorable obtenido en el trámite recursivo (art.68 del Cód. Proc.). Por los trabajos realizados en esta instancia, y atento a lo dispuesto por el art. 31 del Decreto/Ley 8.904/77, se regulan los honorarios del Dr. Luis Guillermo Bravo Elizondo, en la suma de pesos cuatrocientos dieciocho ($418), con más aporte legal e IVA si correspondiere. Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase. Firmado: Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II –Dr. Jorge Mario Galdós – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II - Dra. María Inés Longobardi - Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Claudio Marcelo Camino – Secretario – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia