Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 62.403
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fs. 318/319vta. (arts. 3986, 4023 del Cód. Civ., doct. y jurisprudencia citadas), imponer las costas de la incidencia en ambas instancias al Fideicomiso vencido (art. 68 y 69 del C.P.C.C), disponer el levantamiento de las inhibiciones trabadas a fs. 283/285 y 286/288, a concretarse en la instancia de origen, y regular los honorarios del Dr. Marcos Alfonso Comparato, por su actuación en segunda instancia, en 2 JUS (arts. 31, 22, 9 de la Ley 14.967 (B.O. del día 12/10/2017) y SCBA, Ac. 3869, de fecha 18/10/2017, más los aportes de ley e IVA, este último en caso de corresponder.
Causa nº: 2-62403-2017 "FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA LEY 12726 C/LASPINA SALVADOR VICENTE Y OTRA S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 142 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veinticinco días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores, Víctor Mario Peralta Reyes, Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi para dictar sentencia en los autos caratulados:
“Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12726 c/ Laspina, Salvador V. y Otra s/ Cobro ejecutivo con garantía hipotecaria” (causa n° 62.403) habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dres. Longobardi, Peralta Reyes y Galdós -.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª – ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 318/319vta.?
2ª – ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Juez Dra. LONGOBARDI, dijo:
I. En la sentencia de la anterior instancia se hizo lugar al incidente promovido por los ejecutados declarándose prescripta la sentencia oportunamente dictada en autos. Las costas se impusieron al incidentado vencido y se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes. Para así resolver dijo la Sra. Juez a quo que frente a la existencia de actos posteriores a la sentencia, debe determinarse si los mismos han tenido entidad suficiente para interrumpir el plazo prescriptivo. El incidentado había alegado la interrupción del plazo con la cesión del crédito y los actos procesales tendientes a notificar tal cesión, y el pedido de una medida cautelar (inhibición general de bienes).
Consideró la sentenciante que las presentaciones relativas a la cesión del crédito y su notificación, nada tienen que ver con la realización de su derecho, y el pedido de medida cautelar –aun cuando puede discutirse su carácter interruptorio- recién fue efectivizado con fecha 30/9/2014 (fecha de libramiento de los oficios), cuando ya se encontraba vencido el plazo decenal.
II. La sentencia fue apelada por el incidentado (fs. 322) y los fundamentos del recurso expuestos en el memorial de fs. 324/331vta. Se agravió de la sentencia apelada por considerarla carente de motivación, en tanto la remisión a un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala D, importa un fundamento solamente aparente, sin respaldo en el análisis de la causa y en la aplicación del derecho vigente. Dijo que no sólo deben considerarse interruptivos los actos tendientes a la realización del bien o del derecho, atento a que en estas actuaciones no hay realización posible dado que el bien gravado ya fue objeto de subasta pública, habiéndose agotado los fondos obtenidos por vía de ese trámite. Tampoco fueron hallados otros activos del demandado que sean realizables, lo que ha impedido cualquier liquidación a su respecto.
Describió los actos procesales que a su criterio interrumpieron la prescripción: la denuncia de la cesión de un crédito litigioso en proceso de ejecución, resulta demostrativa del interés del acreedor en perseguir y recuperar su crédito, y los actos procesales posteriores destinados a anoticiar la cesión al deudor cedido, sumado al pedido de inhibición de bienes, que constituyen una clara exteriorización en este sentido. Adujo que no debe confundirse la prescripción de la actio iudicati con el instituto de la caducidad de instancia, dado que este último se refiere al conjunto de actos procesales tendientes a la prosecución del proceso, mientras que aquél hace referencia al derecho y al paso del tiempo. En el ámbito de la caducidad sólo pueden considerarse interruptivos del plazo los actos que efectivamente se correspondan con un avance del proceso, mientras que en la prescripción cualquier acto que demuestre la intención de mantener la prerrogativa en juicio resulta interruptivo. Hizo reserva del caso federal.
Por ello, resultando definitiva la cuestión, por lo que deberá ser resuelta con la formalidad del acuerdo (fs. 340), y practicado el sorteo de rigor (fs. 341), se encuentran estas actuaciones en estado de dictar sentencia.
III. 1) Como primera medida cabe abordar el agravio que plantea falta de motivación de la sentencia, por fundarse en un fallo de la Cámara Nacional Civil, lo que importaría un fundamento aparente, sin respaldo en el análisis de la causa y en la aplicación del derecho vigente. No comparto la conclusión del apelante, atento a que el pronunciamiento que puso fin al proceso por prescripción de la actio iudicati, brinda los motivos que fundamentan la decisión. La Sra. Juez a quo consideró que los actos realizados por el cesionario del crédito, tendientes a denunciar y notificar dicha cesión no tienen efectos interruptivos, en tanto no tienden a la realización del crédito, mientras que la inhibición general de bienes fue efectivizada con el plazo de prescripción vencido, tomó como fecha al efecto la presentación de los oficios el día 30/9/2014. En el marco descripto la cita jurisprudencial se realizó en apoyo de tal decisión (Considerando 4 de la sentencia apelada, fs. 319).
El deber de motivación de la sentencia exige expresar la razón determinante del acto, el conjunto de consideraciones racionales que mueven al juez a inclinarse por una determinada solución (arts. 18, 33 de la Constitución Nacional, art. 15, 171 de la Const. Prov., arts. 34, inc. 4°, 163 incs. 5° y 6° del CPCC; cfr. Azpelicueta, Juan José y Tessone, Alberto “La Alzada. Poderes y Deberes”, La Plata, Librería Editora Platense SRL, 1993, págs. 135 y sgtes., Vila, Rosa “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Elena I. Highton, Beatríz A. Areán (Dir), Tomo 3, Ed. Hammurabi, 2005, pág. 464). Se ha señalado que “el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso” (CC0102 MP 162070, Sent. del 15/06/2017, “Leguizamón…”).
En lo atinente a la etapa recursiva, la motivación de la sentencia de grado permite tanto al apelante como al tribunal ad quem conocer las razones que llevaron al juez a resolver en uno u otro sentido, aliviando la tarea de revisión del pronunciamiento, por lo que el defecto de motivación alegado no ha impedido al apelante ejercer plenamente su derecho de defensa por vía del recurso de apelación, ya que se ha agraviado del aspecto central del resolutorio con amplitud de fundamentos (cfr. expresión de agravios de fs. 324/331vta.). Tampoco impide al Tribunal el ejercicio de su función en la instancia revisora, por lo que esta parcela del recurso deberá rechazarse (arts. 34, inc. 4°, 163 incs. 5° y 6°, 260 ss. y cdtes. del CPCC).
2. Ingresando al tratamiento de la prescripción de la actio iudicati, cabe traer a colación dos sentencias de este Tribunal referidas al tema en cuestión. Puntualizó esta Sala, con cita de López Herrera, que “la demanda interrumpe la prescripción todo el tiempo que dura el proceso hasta que se notifica la sentencia firme. La interrupción causada por la demanda, cuando termina con la condena a cumplir cualquier obligación de dar, hacer o no hacer, no plantea problemas en cuanto a que la prescripción vuelve a correr cuando existe sentencia firme, pues de lo contrario nos encontraríamos ante el absurdo de que la demanda no sólo interrumpiría la prescripción sino que tornaría imprescriptible a la acción de cumplimiento de la condena, lo que es inconcebible. La acción, cuyo plazo de prescripción para hacerla cumplir comienza a correr una vez dictada la sentencia, se conoce como actio iudicati. La doctrina y jurisprudencia en nuestro país aceptan que el plazo de prescripción de la actio iudicati es el ordinario de diez años previsto en el art. 4023 del Código Civil, que se cuenta desde que se notificó la sentencia firme o desde que tuvo lugar el último acto de ejecución de la sentencia” (conf. López Herrera, Tratado de la prescripción liberatoria, tomo I, págs. 543, 544 y 545, con variadas citas doctrinarias y jurisprudenciales) (esta Sala, causa n° 61.947, sent. del 11/05/2017 “Banco Francés del Río de La Plata…”, causa n° 59.085, sent. del 11/09/2014 “Compañía Financiera Argentina SA…”).
La prescripción del derecho emergente de una sentencia no fue regulada en el código de fondo pero resulta pacífico que el derecho del vencedor para obtener la ejecución de la sentencia está sujeto al plazo general de diez años (CSJN, Fallos, 311-574, sent. del 11/12/90, “Crotto Posee de Daireaux, Valeria c/ Prov. de Buenos Aires, La Ley 1991-C, 291; Llambías, Jorge J. “Tratado del derecho civil. Obligaciones”, Tomo III, pág. 367, n° 2051, entre otros autores).
3. Analizando la cuestión traída a juzgamiento, cabe destacar que la jurisprudencia ha admitido que el plazo de prescripción de la actio iudicati pueda interrumpirse mediante actos que tiendan a hacer efectiva la ejecutoria, o sea, que resulten idóneos para continuar adelante con el trámite de ejecución de la sentencia (CNCiv., Sala F, sent. del 30/3/2004 “Carpaneto, Agustín s/suc.”, CCiv.Com. y Cont. San Francisco, sent. del 29/9/2005 “Barbero, Emilio…”).
El apelante denuncia una confusión entre los institutos de la prescripción y de la caducidad instancia, expresando que los requisitos para considerar interrumpido el plazo de prescripción serían más laxos que los actos impulsorios de la caducidad, bastando con la demostración de interés en continuar el proceso (fs. 329vta.). No cabe acoger dicha interpretación, porque tratándose de la actio iudicati, la manifestación de la intención debe ir acompañada de la idoneidad de los actos para concluir la ejecución de la sentencia, porque de otro modo el vencedor, a través de meras manifestaciones realizadas en el expediente, podría tornar imprescriptible su derecho manteniendo a su deudor obligado sine die. Los actos interruptivos de la actio iudicati deben resultar idóneos para continuar con la ejecución, o sea, ser ordenados al cumplimiento y ejecución de la sentencia (CCiv. y Com. Rosario, Sala IV, sent. del 10/03/2008 “Banco de los Andes…”).
Dicho esto, corresponde desentrañar si los actos procesales realizados luego de la resolución de fs. 180 (de fecha 12/04/2004), que dispuso la transferencia del producido de la subasta a la entidad bancaria, revisten entidad suficiente para interrumpir el plazo de prescripción de la actio iudicati, ya que a partir de dicho momento el vencedor pudo perseguir el cobro del saldo pendiente sobre otros bienes de los deudores (arts. 3984 ss. y cdtes. y 4023 del Cód. Civ.).
Se presenta como acto interruptivo de la prescripción a la inhibición general de bienes decretada mediante resolución de fecha 19/3/2009 (fs. 251). En la sentencia apelada se tuvo en cuenta la fecha de efectivización de la medida, que se concretó recién con los oficios presentados a confronte en el mes de Septiembre de 2014 (fs. 280/281) y las inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble de fecha 14/11/2014 (cfr. inscripción de la inhibición general de bienes contra Irma Noemí Melo, fs. 283/285 y Salvador Vicente Laspina, fs. 286/288), con lo cual, al efectivizarse la medida cautelar, el plazo de diez años se encontraba vencido para la jueza de grado (art. 4023 del Cód. Civ.).
Ahora bien, sin ingresar a analizar las posiciones divergentes que existen respecto del carácter impulsorio del proceso de las medidas cautelares genéricamente analizadas (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G. y Ovejero López, Julio C. “Caducidad de la instancia”, 2da. edición actualizada, Ed. Astrea 2005, pág. 328/332; Eisner, Isidoro “Caducidad de instancia”, Ed. Depalma, 1991, pág. 131; Peñalba Pinto, Gonzalo ¿”El embargo preventivo interrumpe el curso de la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo”, DJ, 18/05/2011, pág. 11 y ss.; Maurino, Luis Alberto “Perención de la instancia en el proceso civil”, 2da. edición, Ed. Astrea, 2003, pág. 161; esta Sala, causa nro. 62.155, sent. del 1/8/2017, “Basso…”), debo señalar que su carácter interruptivo no debe desvincularse de la actuación de las partes en proceso, a cuyo efecto describiré los aspectos que considero relevantes del expediente.
Los demandados reprogramaron pasivos que tenían con el Banco de la Provincia de Buenos Aires a través de la toma de dos préstamos de dinero con garantía hipotecaria, que le fueron acordados en el año 1996, por un monto total de U$S 25.000 (cfr. fs. 28/31vta. y fs. 32/42) Con fecha 26/8/1998 se promovió el presente cobro ejecutivo con garantía hipotecaria (fs. 48vta.), que concluyó por sentencia de trance y remate dictada el día 21/12/1998, sin que los ejecutados hayan comparecido (fs. 63/63vta.).
El bien inmueble fue vendido en pública subasta realizada con fecha 7/10/2000 (fs. 126), depositando el comprador la totalidad del precio el 16/2/2001 (fs. 147).
A fs. 171 obra una planilla de “cálculo según instrucciones oficina jurídica” que arroja un saldo deudor de los ejecutados de $ 91.127,61, liquidación que fue aprobada el día 5/3/2004 (fs. 176), sin intervención de los ejecutados que permanecían rebeldes. O sea, que a partir del día 5/3/2004 el ejecutante ya se encontraba en condiciones de perseguir el cobro del saldo adeudado ($ 91.127,61, menos los fondos transferidos a fs. 180). Luego, mediante resolución del día 12/4/2004, se dispuso la entrega al banco de los fondos producto de la subasta (fs. 180). Dicha resolución fue tomada en la sentencia apelada como dies a quo de la prescripción.
Entre dicha fecha y la resolución que ordenó trabar la medida cautelar el día 19/3/2009, el ejecutante realizó diversas actuaciones intermedias (cfr. cesión del crédito fs. 184/229, presentación de nuevo apoderado, fs. 244/244vta. y averiguación de domicilio fs. 246, 248, 249) que no tendieron al avance del trámite ejecutorio, como bien fue resuelto en la sentencia apelada cuando señaló que “las presentaciones del actor relativas a la cesión del crédito y su notificación, nada tienen que ver con la realización de su derecho”, manifestación que no fue debidamente rebatida por el apelante (cfr. Considerado 4°, fs. 319, art. 260 del CPCC). Llegados a este punto, corresponde analizar el carácter interruptivo que el cesionario del crédito pretende asignarle a la petición y decreto de la inhibición general de bienes de los demandados, inclinándome en este caso concreto por la negativa, atento a que desde el día 5/3/2004 el acreedor tuvo certeza del saldo pendiente de ejecución y no produjo actos tendientes a su cobro. Los actos procesales realizados evidencian más la intención de cumplir con un mandato genérico del cesionario, que a percibir el crédito pendiente. Se trata de presentaciones formales dirigidas a mantener viva la instancia sine die, que no revelan otra finalidad. Adviértase que desde el día 5/3/2004 hasta el pedido de la cautelar transcurrieron 5 años (19/3/2009, fs. 251), y entre la resolución que ordenó la medida y la presentación a confronte de los oficios (30/10/2014) y su efectiva inscripción (14/11/2014), transcurrieron otros 5 años y medio (fs. 280, 281, 283,286), lapso este último durante el cual el expediente estuvo paralizado (fs. 279). Cabe agregar, obiter dicta, que la efectividad de una inhibición general de bienes en relación con la ejecutoria, sólo adquiere virtualidad a partir de su inscripción en los registros respectivos, que es cuando surte efecto de impedir la enajenación de bienes del deudor.
En este contexto encuentra plena justificación el fallo apelado, cuando toma como dies ad quem la fecha de efectivización de la medida cautelar (14/11/2014, fs. 286) y no la fecha en que la misma fuera ordenada, atento el excesivo tiempo transcurrido (10 años y 7 meses), desde que el acreedor pudo continuar con la ejecución del saldo impago, hasta que inscribió dicha cautelar.
Elementales razones de orden público y seguridad jurídica justifican la solución proveniente de la anterior instancia, dado que la actitud puesta de manifiesto por el ejecutante, de alongar sine die el proceso, encuentra como límite el derecho de los ejecutados de obtener su liberación, y no encuentro ninguna norma jurídica que ampare la pretensión del fideicomiso de mantenerlos sometidos a su designio sin certeza sobre su situación jurídica (repárese que la hipoteca de fs. 32/42 fue otorgada para reprogramar pasivos ya existentes con anterioridad al año 1996) (arts. 17, 18 de la CN, art. 15 de la Constitución provincial; arts. 3986, 4023 del Cód. Civ., doct. y jurisprudencia cit.).
El Superior Tribunal provincial expresó que “el instituto de la prescripción debe aplicarse en todas las ramas del derecho con el objeto de tutelar valores, tales como el orden y la seguridad jurídica. Su última razón radica en lo inadmisible que resulta para el deudor encontrarse ante una espera indefinida o excesivamente prolongada” (SCBA, A 70320 Sent. del 14/06/2017, Juez NEGRI (OP), “Cortés…”).
Otros Tribunales de provincia se enrolan en la misma orientación señalando que “la prescripción es una institución de orden público y su vigencia es consagrada en todas las ramas del derecho. Esta figura jurídica reconoce génesis en la necesidad de preservar valores como el orden social y la seguridad jurídica, que se obtienen removiendo los obstáculos que permitirían que el deudor de una obligación fuera sometido a un plazo de espera indefinido para conocer si su inactivo acreedor ha renunciado al ejercicio de sus derechos o debe quedar expuesto a pretensiones tardías. El titular tiene la carga de ejercitar tempestivamente su acción” (CC0202, La Plata, causa n° 119.184, Sent. del 10/12/2015 “Nieto…”, ver también CCO Dolores, causa n° 84.517, Sent. del 20/03/2007 “Ianuzzi…”, ver también López Herrera, Edgardo “Tratado de la prescripción liberatoria”, Tomo I, reimpresión, Ed. Lexis Nexis, 2007, págs. 44 y sgtes.).
Por ello, deberá confirmarse la sentencia apelada. La solución que propicio conlleva el levantamiento de las inhibiciones trabadas a fs. 283/285 y 286/288.
IV. En virtud de las consideraciones precedentes, corresponde confirmar la sentencia apelada de fs. 318/319vta. (arts. 3986, 4023 del Cód. Civ., doct. y jurisprudencia citadas), imponer las costas de la incidencia, en ambas instancias, al Fideicomiso vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C), disponer el levantamiento de las inhibiciones trabadas a fs. 283/285 y 286/288, a concretarse en la instancia de origen.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Galdós adhieren al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Juez Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fs. 318/319vta. (arts. 3986, 4023 del Cód. Civ., doct. y jurisprudencia citadas), imponer las costas de la incidencia en ambas instancias al Fideicomiso vencido (arts. 68 y 69 del C.P.C.C), disponer el levantamiento de las inhibiciones trabadas a fs. 283/285 y 286/288, a concretarse en la instancia de origen, y regular los honorarios del Dr. Marcos Alfonso Comparato, por su actuación en segunda instancia, en 2 JUS (arts. 31, 22, 9 de la Ley 14.967 (B.O. del día 12/10/2017) y SCBA, Ac. 3869, de fecha 18/10/2017, más los aportes de ley e IVA, este último en caso de corresponder.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Peralta Reyes y Galdós adhieren al voto precedente, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Octubre de 2017.
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: confirmar la sentencia apelada de fs. 318/319vta. (arts. 3986, 4023 del Cód. Civ., doct. y jurisprudencia citadas), imponer las costas de la incidencia en ambas instancias al Fideicomiso vencido (art. 68 y 69 del C.P.C.C), disponer el levantamiento de las inhibiciones trabadas a fs. 283/285 y 286/288, a concretarse en la instancia de origen, y regular los honorarios del Dr. Marcos Alfonso Comparato, por su actuación en segunda instancia, en 2 JUS (arts. 31, 22, 9 de la Ley 14.967 (B.O. del día 12/10/2017) y SCBA, Ac. 3869, de fecha 18/10/2017, más los aportes de ley e IVA, este último en caso de corresponder. Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
VICTOR MARIO PERALTA REYES PRESIDENTE
CAMARA CIVIL y COMERCIAL SALA II JORGE MARIO GALDÓS MARÍA INÉS LONGOBARDI JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II Ante mí:
CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia