Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-86767098-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en autos en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $913.587 (pesos novecientos trece mil quinientos ochenta y siete) equivalente a 44,36 (cuarenta y cuatro con 36/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $2.283.966 (pesos dos millones doscientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y seis) equivalente a 110,90 (ciento diez con 90/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2022 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios del contador Juan Ignacio Estévez por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $628.655 (pesos seiscientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y cinco) equivalente a 30,52 (treinta con 52/100) UMA la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-119385329-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 6 de Octubre de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2021-86767098- -APN- SGAI#TFN, caratulado “FIDESFE S.A s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. La actora interpone recurso de apelación contra sendas resoluciones dictadas el 26 de agosto de 2021 por la Dirección Regional de Mar del Plata de AFIP-DGI.
En la primera de ellas (Resolución N° 203/2021), se determina la materia imponible del IVA por los períodos febrero de 2018 a abril de 2019, intimando gravamen con más intereses resarcitorios y se aplica una multa equivalente a tres tantos del impuesto evadido, ello respecto a los períodos febrero a septiembre de 2018 y diciembre de 2018 a abril de 2019 y de conformidad a lo establecido en el art. 46 y 47 inc. a) y b) de la ley 11.683 (vide RE-2021-86756069-APN-SGAI#TFN).
Por su parte, en el otro acto (Resolución N° 204/2021) se ajusta el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2018 y 2019, reclamando tributo a ingresar, se liquidan accesorios y se impone una sanción graduada en tres veces el gravamen dejado de ingresar, con sustento en los artículos 46 y 47 inc. a) y b) de la ley de rito fiscal (RE-2021-86759846-APN-SGAI#TFN).
Luego de relatar los antecedentes que dieron lugar a los ajustes practicados, la recurrente se agravia que en los actos apelados se otorga un alcance parcializado a la información obtenida durante la inspección, precisando que las capturas informadas por la Subsecretaría de Pesca son estimaciones y desde ese punto de vista no se puede darle una entidad cierta a lo informado. Resalta que tanto los denominados “Partes de pesca” como el denominado “Parte Marítimo” y el “Acta de Descarga” se refieren a aproximaciones o promedios, dado que en todos estos procesos no se cuenta con balanza. Concluye que los errores incurridos a partir de supuestos no acreditados y las pruebas aportadas desde la inspección demuestran que no existen diferencias que den lugar a ajustes fiscales; subraya en esa línea, la importancia de la apertura a prueba para arribar a la verdad material, el respecto a la realidad económica y la verdadera capacidad contributiva.
Sostiene la improcedencia de las sanciones aplicadas, alegando que no surge el elemento subjetivo para que se configure el tipo descripto en el artículo 46, citando jurisprudencia como sustento de su posición. Ofrece prueba pericial contable y técnica e informativa. Hace reserva del caso federal y por los argumentos que desarrolla, pide que se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Mediante IF-2021-111529327-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado corrido. Pone de relieve, las plenas facultades legales que posee el ente fiscal a los fines de practicar una determinación partiendo de datos ciertos, aclarando que, ante la carencia de documentación y de elementos respaldatorios de los extremos alegados por los contribuyentes puede recurrir parcialmente a la determinación estimativa como método legítimo para arribar a la obligación tributaria real. Resalta que en este caso, a partir de los datos colectados de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, lo que se desprende de las Actas de Descarga y las facturas aportadas por la recurrente a la inspección, el juez administrativo arribó a la conclusión que por los períodos por los períodos febrero a noviembre de 2018 y diciembre de 2018 a abril de 2019 la recurrente habría informado menos kilos facturados que los kilos capturados, ascendiendo la diferencia a un total de doscientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y siete kilos (268.187 kgs.) en los períodos fiscalizados, con el pertinente perjuicio fiscal que ello acarreaba.
Puntualiza que la contribuyente no logró ni durante la inspección ni en el recurso incoado ante este Tribunal atenuar las consecuencias de su accionar omisivo, limitándose a ejercer una débil defensa relativa a ciertos aspectos del ajuste realizado y endilgándole la responsabilidad al organismo de la acreditación de la procedencia de su criterio, cuando el mismo –según la representación de la demandada- se encuentra debidamente sostenido.
Con relación a las sanciones, expone que en virtud de las consideraciones expuestas en los actos apelados, el accionar desplegado resultó malicioso en su relación con el Fisco, ya que Fidesfe S.A. ocultó deliberadamente su real capacidad contributiva al presentar las declaraciones juradas imputadas en autos declarando una materia imponible inferior a la que correspondía. Finalmente, indica que las liquidaciones de intereses deben ser confirmadas, toda vez que no existió agravio contra las mismas.
Se opone a la producción de la prueba ofrecida por la contraria, pide se tenga presente la reserva del caso federal y solicita que oportunamente se dicte sentnecia confirmando los actos apelado, con expresa imposición de costas.
III. Mediante el PV-2021-125570935-APN-VOCX#TFN, se abrió la causa a prueba admitiendo la producción de la informativa y la pericia contable (puntos a, b y c), mientras que se hizo lugar a la oposición del Fisco respecto a la pericia técnica y el punto d) del informe contable.
A través del PV-2022-101255736-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se eleva la causa a conocimiento de la Sala, poniéndose a alegar por IF-2022-104505430-APN-VOCX#TFN, obrando las presentaciones de la parte actora y del Fisco mediante IF-2022-108924565-APN-DTD#JGM e IF-2022-
110133706-APN-DTD#JGM
Mediante IF-2023-118743570-APN-VOCX#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que corresponde resolver si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
1-. Según surge del Informe Final de Inspección (fs. 349/356 ant. Cpo impuesto a las ganancias anexo al IF-2021-111630412-APN-DTD#JGM), la División Investigaciones obtuvo por medio de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, el detalle de las capturas por especie incluidas en los partes de pesca o actas de descarga confeccionados por el Buque Pesquero B/P FIDESFE II, el cual era explotado por la aquí recurrente, por los períodos enero de 2018 a abril de 2019.
Dicha División comparó la información obtenida con los kilos de pescado facturado por especie, que surgían de la totalidad de las facturas electrónicas emitidas por la aquí actora, observando diferencias en algunas de las especies comercializadas.
Frente a ello los inspectores requirieron a la actora la documental necesaria para explicar tales diferencias detectadas entre las ventas facturadas por la contribuyente y las capturas informadas por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura.
En respuesta a ello, la sociedad recurrente aportó el “Acta de descarga”, documento mediante el cual se informan las especies, cantidad de cajones y kilogramos promedio por cajón, pesados por el inspector de pesca (Autoridad de Aplicación) y -según se expone en el mentado informe final-, dicha acta es firmada por el responsable de la firma y el inspector de la dirección de pesca. Asimismo, se destacó que entre lo declarado entre el armador y lo verificado por la Autoridad de Aplicación no puede superar el 12% (cfr. Art. 1° Disposición N° 66/2011 SAGPYA; y cuando las cantidades hayan sido efectivamente constatadas y documentadas mediante el Acta de Descarga, prevalecerán sobre lo consignado en el “Parte de Pesca Final” (cfr. Art. 16 Resolución N° 167/2009 SAGPYA), que también se acompañó (fs. 40/185 ant.agregados como IF-2021-111630110-APN-DTD#JGM)
Cabe señalar que la apelante también presentó el detalle de las especies y kilogramos y/o cajones facturados y las diferencias con las Actas de Descarga, compensando las diferencias positivas y negativas, haciendo notar que los cajones contienen el 30% de hielo e informó sobre las características y particularidades de su actividad, puntualizando que existían especies y kilos decomisados, aunque sin aportar documentación respaldatoria al respecto (vide fs. 37/39 del IF-2021-111630110-APN-DTD#JGM)
2. A fin de determinar las diferencias entre las capturas indicadas por el inspector de la Dirección de Pesca de acuerdo a lo detallado en el “Acta de Descarga” y lo facturado por Fidesfe S.A., se procedió de la siguiente manera (vide ant citados fs. 99/111):
- Se relevaron por marea las facturas de venta, detallándose especie y kilogramos vendidos. En caso de que lo vendido estuviera expresado en cajones, se tomaron los kilogramos promedio informados por el inspector de la Dirección de Pesca en el Acta de Descarga por marea.
- Se relevaron los kilogramos por especie y por marea, según Actas de Descarga verificados por el inspector de pesca (o del Parte de Pesca final en el caso de que la firma no posea el Acta de descarga). El Fisco mencionó en el Informe Final que los kilogramos y especies que surgían del Acta de Descarga (o en su caso del Parte de Pesca Final) coincidían con lo informado por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura al organismo recaudador. - Se tomaron las diferencias de kilogramos por especie y por marea en el caso de que los kilogramos capturados constatados superaran a los facturados, dejando constancia que dichas diferencias no se compensaban en el caso que la marea hubiera otras especies donde los kilogramos facturados fueran superiores a los capturados, ya que especies y kilogramos fueron verificados por la Autoridad de Aplicación. Tampoco se compensaron con la facturación del pescado variado, pues el inspector constató cantidad de cajones, especies y kilogramos por marea. - Los decomisos facturados fueron detraídos de la diferencia en proporción a las especies consignadas en dichos comprobantes cuyos kilos capturados fueran superiores a lo facturado.
- Se valorizaron las diferencias de kilogramos por especie y por marea, tomándose el precio neto facturado por la recurrente y, en caso de haber variaciones de precios facturados en la marea, se consignó mayoritariamente el precio menor. En el supuesto de no encontrarse ninguna factura de venta que incluyera la especie con diferencia, se tomó un precio anterior a dicha marea y/o mes facturado por la firma. Por ejemplo: para las especies pez gallo y pez ángel capturadas en diciembre de 2018 y sin ventas en dicho mes, se tomó el precio el precio facturado en el último mes en el cual fueron vendidas (agosto y noviembre de 2018, respectivamente).
- En febrero de 2019, para las especies brótola y pez ángel se tomó el precio de la marea posterior (dentro del mismo mes) que tenía ventas de dichas especies, ya que las anteriores databan de más de dos meses. Por su parte, las especies lenguado, salmón, corvina, besugo, pescadilla y trilla que facturaban mayormente en kilogramos (a diferencia de las restantes especies que se facturaban por cajones), salvo que por tamaño chico de dichas especies su valor comercial fuera muy inferior y se facturara por cajones, tomando el menor valor facturado en kilogramos (generalmente el de tamaño mediano de esas especies), dado que el facturado por cajones resulta inferior al que corresponde a dichas especies. Finalmente la especie castañeta, fue capturada en agosto de 2018, pero la firma no la facturó en el período fiscalizado, con lo cual a fin de valorizar las diferencias, se adoptó el menor precio de las especies vendidas de dicha marea.
3. Con respecto al contenido de hielo en los cajones señalado por la actora, el Fisco expuso que: - No se aportaron elementos que acreditaran la razonabilidad del porcentaje del 30%, si bien se considera verosímil su utilización en la actividad desarrollada.
- La mercadería en el estado descargado se vendía, es decir no existió manipulación, ya que los cajones eran entregados a los clientes en condiciones similares al relevamiento de las Actas de Descarga, razón por la que el hielo se encontraba contenido en las cantidades consignadas en dichos documentos.
- No se aportó ningún elemento de prueba a fin de acreditar que en las facturas emitidas (kgs., cajones) se expresen las cantidades de pescado neto, es decir, sin considerar los kilogramos de hielo que contenía cada cajón, ello para justificar las diferencias entre el pescado capturado y el facturado.
- Entre ambas variables (capturado y facturado), se concluyó que contenían razonablemente las mismas proporciones de hielo.
- Finalmente, en cuanto al decomiso y/o descarte indicado por la actora en cada venta, pretendiendo –según el Fisco- justificar el pescado no facturado, al no verificarse documentación de respaldo, solo se consideró el decomiso en la forma señalado en el punto anterior.
4. Que bajo estos parámetros, el Fisco consideró ingresos omitidos a las diferencias de kilogramos por especies y por marea en el caso de que los kilogramos capturados constatados hubiera superado a los facturados, realizando los ajustes correspondientes en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias.
VI. En primer lugar, cabe resaltar que en ambos actos apelados se expone que los ajustes realizados resultan producto de una metodología mixta por parte del Fisco Nacional.
Al respecto, y de manera preliminar cabe recordar que al resolver la causa “Alfafin SA s/recurso de apelación”, sentencia de la Sala B este Tribunal del 31 de mayo de 1995, cfr. voto del Dr. Torres, se dijo que: “...la determinación practicada por el Fisco, lo es sobre base cierta. No ha estimado el Fisco la ganancia omitida a partir de un incremento patrimonial no justificado, sino que se impugna por falso un asiento contable. Aquí hay una medición concreta, exacta del hecho imponible, a partir de un dato, bien que impugnado, de la propia contabilidad de la actora. Mas, como el resultado se alcanza en forma indirecta, es acertada tanto la observación que hoy se hace en punto a la superposición parcial de ambos métodos cuanto a que el sistema presuncional se utiliza incluso puntualmente en la autoliquidación (vide vgr. Pérez de Ayala Pelayo, Concha: 'Temas de Derecho Financiero' - Univ. Complutense - Madrid - 1990 - págs. 429 y ss.) bien que no por ello la determinación deja de serlo sobre una base cierta o real”.
En efecto, surge de la labor de inspección que acudió a la información de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura verificando las diferencias de kilogramos capturados que se exteriorizaron contrastado con la facturación realizada por la propia actora, para después valorizar aquellas tomando variaciones de precios y características propias de la actividad (por ej. la utilización del hielo)
Que se ha dicho que no corresponde edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, como tampoco permite descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De aquí que, en todo caso, su validez dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa (cfr. Sala I de la Alzada in re “Chiesa S.A. (TF12187-I) c/ DGI”, sentencia del 23 de abril de 1998; Sala II in re “Centro GNC SA (TF 23.998-I) c/ DGI”, sentencia del 27 de agosto de 2013); ello, sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:515; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107).
Por lo demás, resulta indudable que las circunstancias puestas de relieve por la AFIP e incluso lo manifestado por la recurrente durante la inspección (vide fs. 37/39 IF-2021-111630110-APN-DTD#JGM) acerca de las particularidades de la actividad pesquera resultan demostrativas de la razonabilidad del ente fiscal para reconstruir la medida del hecho imponible sobre la base de la documentación y registros de la actora e integrar su labor mediante estimaciones.
Ante este contexto, no puede juzgarse que haya error en los ajustes practicados por simples manifestaciones vertidas en el recurso, sino que éstos deben ser sostenidos por prueba conducente en tal sentido, remarcando que fue la propia recurrente quien resaltó la importancia de la apertura a prueba en su escrito de inicio. Ello así, resulta aplicable el principio por el cual la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Al ser ello así, le correspondía a la demandante, en ejercicio de su derecho de contradicción, aportar los elementos probatorios suficientes para justificar la diferencia entre los kilogramos de pesca capturados y los posteriormente vendidos, afin de demostrar razonablemente las causas de la disparidad detectada. Como se expuso en el Considerando III del presente, mediante PV-2021-125570935-APN-VOCX#TFN, se abrió la causa a prueba admitiendo la producción de prueba informativa a la Subsecretaría de Pesca y Agricultura y la pericia contable (puntos a, b y c), mientras que se hizo lugar a la oposición del Fisco respecto a la pericia técnica y el punto d) del informe contable. Puntualmente respecto de la admisión a la oposición formulada por el Fisco Nacional, cabe advertir que la recurrente no cuestionó oportunamente lo decidido, ello a través del cauce procesal idóneo para dirimir este tipo de cuestiones.
Como resultado de las medidas probatorias admitidas surge que, la Subsecretaría de Pesca y Agricultura en respuesta al oficio cursado, acompañó el Memorándum ME-2022-14034915-APN-DAP#MAGYP, emitido por la Dirección de Administración Pesquera, y Memorándum ME-2022-11731648-APN-DCYFI#MAGYP de la Dirección de Control y Fiscalización, ambas áreas técnicas dependientes de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura (vide adjunto al PV-2022-23341256-APN- VOCX#TFN). En lo que aquí interesa, respecto del requerimiento de información efectuado (vide puntos 1 ° y 2° del ME-2022-14034915-APN-DAP#MAGYP y puntos a, b, d e i del ME-2022-11731648-APN- DCYFI#MAGYP), allí se exponen cuestiones generales sobre las normativa y la documentación relativa a la actividad desarrollada por la recurrente, que nada agregan para rebatir específicamente los ajustes efectuados a Fidesfe S.A, destacando además que en el caso de los puntos e, f, g y h del ME-2022-11731648-APN- DCYFI#MAGYP el organismo oficiado dijo no era competencia de su area expedirse al respecto. Cabe puntualmente señalar en torno al peso del cajón y del hielo, que durante la fiscalización ha sido la propia apelante quien mencionó distintas cuestiones puntuales que ocurrirían con relación acondicionamiento del pescado y generó cuestiones para analizar (condiciones estructurales del barco, tipo de pesca) que obviamente no son evacuadas para el caso concreto en virtud de lo expuesto en el punto d) del ME-2022-11731648-APN- DCYFI#MAGYP.
Con relación a la pericial contable (adjunto al IF-2022-87461907-APN-DTD#JGM) y más allá de los aspectos contestados en los puntos a) y b), cabe enfocarse en lo expuesto en el punto c,. en tanto estaba dirigido a efectuar una comparación entre los kilos facturados y la cantidad de kilos comprados. En primer término, ambos expertos coincidieron que con los libros IVA Compras e IVA Ventas no era posible realizar dicho estudio.
A posteriori, el perito propuesto por la parte actora tomando en cuenta los Libros referidos, planillas de trabajo Excel sobre comparativas entre Actas de Descarga y/o Partes de Pesca y facturas de venta y sobre hielo y descartes informados por frigoríficos más la nota del 11 de junio de 2019 (obrante a fs. 37/39 IF-2021- 111630110-APN-DTD#JGM), concluye que la cantidad de kilogramos de pescados capturados y facturados coinciden y están respaldados por Actas y/o partes que exigen las normativas del sector. Por su parte el contador del Fisco Nacional, expone que: i) no corresponde referirse la nota señalada por surgir cuestiones técnicas ajenas a la profesión contable, ii) en base a lo antedicho, tampoco efectuó conclusiones sobre las planillas de Excel ya agregadas en las actuaciones administrativas.
Ante ello, corresponde señalar que resulta acertado lo expuesto por el experto propuesto por el Fisco Nacional y en línea con esto la impugnación efectuada por la representación fiscal (vide archivo adjunto al IF- 2022-97748909-APN-DTD#JGM), dado que el perito designado a propuesta de la actora no puede extralimitarse del análisis encomendado como lo hizo, máxime que basa su opinión en una nota presentada por la recurrente ante la inspección y meras planillas de cálculo sin respaldo documental alguno, puesto que cualquier consideración que los auxiliares efectúen más allá de las que estén delimitadas por los puntos sometidos a su dictamen, resultan improcedentes y deben ser desestimadas de plano.
En resumidas cuentas, la actora tuvo oportunidad de producir las pruebas que consideraba pertinentes para acreditar su tesitura y desvirtuar así el criterio fiscal en el que fueron sustentados los ajustes, lo cual no ha sucedido en estos autos.
Que si bien este Tribunal -conf.art. 164 de la ley de rito- tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, es jurisprudencia pacífica que ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal, a lo que se agrega que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar fehacientemente los hechos en que sustenta su pretensión . Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de lalegitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos” (conf. CSJN - in re “Romero SA”, sentencia del 8 de febrero de 2005).
Por lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes practicados en IVA y en el Impuesto a las Ganancias.
VII. Asimismo, corresponde confirmar la procedencia de los intereses resarcitorios liquidados en sendos actos cuestionados, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y que la actora no ha formulado agravios contra su imposición ni tampoco impugnó el método empleado para su cálculo.
VIII. Resta referirse a las sanciones aplicadas en las resoluciones recurridas, sustentadas en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la ley de rito fiscal.
Que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Asimismo, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones (en este caso las contempladas en los incisos a) y b) del artículo 47), los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
Sentado ello, cabe analizar si el encuadre realizado por el organismo se encuentra justificado. Ello así, los actos cuestionados exteriorizaron a través de elementos de fundamentos asertivos el despliegue de maniobras tendientes a la falsear la realidad de los hechos con el propósito de perjudicar al Fisco, lo que no hubiera sido detectado de no mediar una fiscalización.
En tal sentido, respecto a la presunción del artículo 47 inciso a), las inexactitudes detectadas en las declaraciones juradas ajustadas, fueron el resultado de una grave contradicción con la documentación analizada por la fiscalización, con lo cual a la aquí actora le correspondía invocar y probar que tales diferencias no habían sido producto de su voluntad de omitir su realidad impositiva, sino de alguna otra circunstancia excluyente de este propósito, lo cual no sucedió en estos autos (cfr. Sala V de la CNACAF in re “Servicios Integrales BMB S.A.”, sentencia del 12 de abril de 2016).-
En esta línea, también se configuró la presunción establecida en el artículo 47, inc. b) de rito, de conformidad con las cual, salvo prueba en contrario, la intención de producir declaraciones engañosas se presume cuando en las declaraciones juradas se consignen datos inexactos que presenten una grave contradicción respecto de la información consignada en los libros y demás documentación contable y; además, considerando que en el caso esa inexactitud produjo una grave incidencia en la determinación de la materia imponible. Por ello, a la recurrente le incumbía la carga de probar los motivos de las diferencias detectadas entre la pesca capturada y la posteriormente facturada, a fin demostrar tales inexactitudes no habían sido el producto de una conducta intencional, sino consecuencia de un error excusable o de alguna otra causa eximente de responsabilidad (cfr. Sala I de la Alzada in re “Construcciones Thor S.A., sentencia del 10 de mayo de 2022).
En definitiva, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa de las sanciones impuestas tanto en la resolución determinativa de IVA como en la correspondiente al Impuesto a las Ganancias como así tampoco para modificar la graduación dispuesta en tres tantos de los tributos omitidos, corresponde disponer la confirmación de las multas impuestas.
IX. Por lo expuesto, corresponde confirmar los actos apelados en todas sus partes. Con costas.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martin dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en autos en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $913.587 (pesos novecientos trece mil quinientos ochenta y siete) equivalente a 44,36 (cuarenta y cuatro con 36/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $2.283.966 (pesos dos millones doscientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y seis) equivalente a 110,90 (ciento diez con 90/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2022 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3°)Regular los honorarios del contador Juan Ignacio Estévez por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $628.655 (pesos seiscientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y cinco) equivalente a 30,52 (treinta con 52/100) UMA la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.10.06 07:37:00 -03:00 Date: 2023.10.06 16:21:28 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.06 17:13:05 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.06 17:13:05 -03:00
Fin de la sentencia