Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 86767098-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el pronunciamiento apelado, en cuanto confirmó las resoluciones N°s 203/2021 y 204/2021 de la A.F.I.P. – D.G.I. y
2Las costas de esta instancia se imponen a la actora, en tanto resultó vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
Expte. Nº 1219/2024.-
///nos Aires, 2 de julio de 2024.- JMVC Y VISTOS, estos autos caratulados: “Fidesfe S.A. (TF 86767098-I) c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, y
I. Que, por sentencia del 6/10/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar las resoluciones determinativas apeladas en autos en todas sus partes, con costas.
Adicionalmente, se fijaron los honorarios correspondientes al perito interviniente designado a propuesta del Fisco Nacional (cfr. fs. 1782/1790 del documento digitalizado).
II. Que, para decidir del modo indicado, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo señaló que según surge del Informe Final de Inspección, la División Investigaciones obtuvo por medio de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, el detalle de las capturas por especie incluidas en los partes de pesca o actas de descarga confeccionados por el Buque Pesquero B/P FIDESFE II, el cual era explotado por la aquí recurrente, por los períodos enero de 2018 a abril de 2019. Refirió que la División mencionada, comparó la información obtenida con los kilos de pescado facturado por especie, que surgían de la totalidad de las facturas electrónicas emitidas por la aquí actora, observando diferencias en algunas de las especies comercializadas.
A partir de dicha información, prosiguió, los inspectores requirieron a la actora la documental necesaria para explicar tales diferencias detectadas entre las ventas facturadas por la contribuyente y las capturas informadas por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura.
La parte actora en respuesta, aportó el “Acta de descarga”, documento mediante el cual se informan las especies, cantidad de cajones y kilogramos promedio por cajón, pesados por el inspector de pesca (autoridad de aplicación) y -según se expone en el mentado informe final-, dicha acta es firmada por el responsable de la firma y el inspector de la dirección de pesca. Asimismo, se destacó que entre lo declarado entre el armador y lo verificado por la Autoridad de Aplicación no puede superar el 12% (cfr. art. 1° Disposición N° 66/2011, SAGPYA); y cuando las cantidades hayan sido efectivamente constatadas y documentadas mediante el Acta de Descarga, prevalecerán sobre lo consignado en el “Parte de Pesca Final” (cfr. art. 16 Resolución N° 167/2009, SAGPYA), que también se acompañó.
Asimismo, señaló que la parte actora también presentó el detalle de las especies y kilogramos y/o cajones facturados y las diferencias con las Actas de Descarga, compensando las diferencias positivas y negativas, haciendo notar que los cajones contienen el 30% de hielo e informó sobre las características y particularidades de su actividad, puntualizando que existían especies y kilos decomisados, aunque sin aportar documentación respaldatoria al respecto. A continuación, indicó que, a fin de determinar las diferencias entre las capturas indicadas por el Inspector de la Dirección de Pesca de acuerdo a lo detallado en el “Acta de Descarga” y lo facturado por la parte actora, se procedió a relevar, por un lado, las facturas de venta por marea, detallándose especie y kilogramos vendidos. En caso de que lo vendido estuviera expresado en cajones, se tomaron los kilogramos promedio informados por el Inspector de la Dirección de Pesca en el Acta de Descarga por marea.
Por otro lado, se relevaron los kilogramos por especie y por marea, según Actas de Descarga verificados por el Inspector de Pesca (o del Parte de Pesca final en el caso de que la firma no posea el Acta de descarga), habiendo el Fisco referido en el Informe Final, que los kilogramos y especies que surgían del Acta de Descarga (o en su caso del Parte de Pesca Final) coincidían con lo informado por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura al organismo recaudador.
Además, señaló que se tomaron las diferencias de kilogramos por especie y por marea en el caso de que los kilogramos capturados constatados superaran a los facturados, dejándose constancia que dichas diferencias no se compensaban en el caso que la marea hubiera otras especies donde los kilogramos facturados fueran superiores a los capturados, ya que especies y kilogramos fueron verificados por la Autoridad de Aplicación. Tampoco se compensaron con la facturación del pescado variado, pues el inspector constató cantidad de cajones, especies y kilogramos por marea.
En el mismo orden de consideraciones, el Tribunal refirió que los decomisos fueron detraídos de la diferencia en proporción a las especies consignadas en dichos comprobantes cuyos kilos capturados fueran superiores a lo facturado. Se valorizaron las diferencias de kilogramos por especie y por marea, tomándose el precio neto facturado por la recurrente y, en caso de haber variaciones de precios facturados en la marea, se consignó mayoritariamente el precio menor y, en el supuesto de no encontrarse ninguna factura de venta que incluyera la especie con diferencia, se tomó un precio anterior a dicha marea y/o mes facturado por la firma.
Expuso que, por ejemplo: para las especies Pez Gallo y Pez Ángel capturadas en diciembre de 2018 y sin ventas en dicho mes, se tomó el precio facturado en el último mes en el cual fueron vendidas (agosto y noviembre de 2018, respectivamente). En febrero de 2019, para las especies Brótola y Pez Ángel se tomó el precio de la marea posterior (dentro del mismo mes) que tenía ventas de dichas especies, ya que las anteriores databan de más de dos meses. Por su parte, las especies Lenguado, Salmón, Corvina, Besugo, Pescadilla y Trilla que facturaban mayormente en kilogramos (a diferencia de las restantes especies que se facturaban por cajones), salvo que por tamaño chico de dichas especies su valor comercial fuera muy inferior y se facturara por cajones, tomando el menor valor facturado en kilogramos (generalmente el de tamaño mediano de esas especies), dado que el facturado por cajones resulta inferior al que corresponde a dichas especies. Finalmente, con relación a la especie Castañeta -que fue capturada en agosto de 2018, pero la firma no la facturó en el período fiscalizadoa fin de valorizar las diferencias, se adoptó el menor precio de las especies vendidas de dicha marea.
Por otra parte, con respecto a la cuestión planteada por la actora vinculada con el contenido de hielo en los cajones, el Tribunal referenció lo expuesto por el Fisco e indicó que: i) no se aportaron elementos que acreditaran la razonabilidad del porcentaje del 30%, si bien se considera verosímil su utilización en la actividad desarrollada;
ii) la mercadería en el estado descargado se vendía, es decir no existió manipulación, ya que los cajones eran entregados a los clientes en condiciones similares al relevamiento de las Actas de Descarga, razón por la que el hielo se encontraba contenido en las cantidades consignadas en dichos documentos;
iii) no se aportó ningún elemento de prueba a fin de acreditar que en las facturas emitidas (kgs., cajones) se expresen las cantidades de pescado neto, es decir, sin considerar los kilogramos de hielo que contenía cada cajón, ello para justificar las diferencias entre el pescado capturado y el facturado;
iv) entre ambas variables (capturado y facturado), se concluyó que contenían razonablemente las mismas proporciones de hielo; y, v) finalmente, en cuanto al decomiso y/o descarte indicado por la actora en cada venta pretendiendo, según el Fisco, justificar el pescado no facturado, al no verificarse documentación de respaldo, solo se consideró el decomiso en la forma señalada en el punto anterior.
De este modo, prosiguió, el Fisco Nacional consideró ingresos omitidos a las diferencias de kilogramos por especies y por marea en el caso de que los kilogramos capturados constatados hubieran superado a los facturados, realizando los ajustes correspondientes en el I.V.A. y en el Impuesto a las Ganancias.
A continuación, enfatizó que resulta indudable que dadas las circunstancias puestas de relieve tanto por la A.F.I.P., como por la parte actora durante la inspección, acerca de las particularidades de la actividad pesquera, las mismas resultan demostrativas de la razonabilidad del ente fiscal en el método empleado para reconstruir la medida del hecho imponible, partiendo de la base de la documentación y registros aportados por la contribuyente, e integrar su labor mediante estimaciones.
De este modo, interpretó, no puede juzgarse que haya error en los ajustes practicados por simples manifestaciones vertidas en el recurso, sino que éstos deben ser sostenidos por prueba conducente en tal sentido, remarcando que fue la propia recurrente quien resaltó la importancia de la apertura a prueba en su escrito de inicio.
En tal contexto, resulta aplicable el principio por el cual la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el art. 377 del C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión. Ello por cuanto, le correspondía a la accionante, en ejercicio de su derecho de contradicción, aportar los elementos probatorios suficientes para justificar la diferencia entre los kilogramos de pesca capturados y los posteriormente vendidos, a fin de demostrar razonablemente las causas de la disparidad detectada.
Luego, refiriéndose al resultado de las medidas probatorias ofrecidas por la contribuyente, manifestó que la prueba informativa no resultó conducente a los efectos pretendidos, mientras que la pericial contable, en punto a la comparación entre “kilos facturados” y “kilos comprados”, los peritos coincidieron en que no resultó posible realizar dicho estudio con la información obtenida de los Libros I.V.A. Compras y Ventas.
A su vez, el Tribunal destacó que resultó acertado lo manifestado por el perito del Fisco y, de igual modo, la impugnación a la pericia efectuada por la demandada, toda vez que el perito designado por la actora se extralimitó en el análisis encomendado, ya que basó su opinión en una nota presentada por la actora ante la inspección y en planilla de cálculo carente de respaldo documental, por lo que concluyó en su desestimación.
En definitiva, concluyó, la actora tuvo oportunidad de producir las pruebas que consideraba pertinentes para acreditar su tesitura y desvirtuar así el criterio fiscal en el que fueron sustentados los ajustes, lo cual no ha sucedido en estos autos y si bien el Tribunal cuenta con amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes - en los términos de lo establecido en el art. 164 de la L.P.T.-, ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal. Por lo expuesto, confirmó los ajustes practicados en el I.V.A. y en el Impuesto a las Ganancias. De igual modo, confirmó la procedencia de los intereses resarcitorios, toda vez que -además de que fueron correctamente aplicados- la actora no ha formulado agravios contra su imposición ni tampoco impugnó el método empleado para su cálculo.
Por último, en cuanto a las sanciones aplicadas en las resoluciones impugnadas con sustento en los arts. 46 y 47 de la L.P.T. -tras recordar lo establecido en dichas normas y la interpretación usual de las mismas- consideró que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la L.P.T. y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa de las sanciones impuestas tanto en la resolución determinativa de I.V.A. como en la correspondiente al Impuesto a las Ganancias, como así tampoco para modificar la graduación dispuesta en tres tantos de los tributos omitidos, corresponde disponer la confirmación de las multas impuestas.
En consideración a la forma en que resolvió, impuso las costas a la actora vencida.
III. Que, contra lo así resuelto, la parte actora interpuso apelación con fecha 1/11/2023 (cfr. fs. 1793 del documento digitalizado) y presentó su memorial en forma tempestiva (cfr. fs. 1809/1812 del documento digitalizado). El Fisco Nacional contestó el traslado oportunamente conferido respecto del memorial de la contraria (cfr. fs. 1822/1836 del documento digitalizado). La causa fue elevada para conocimiento del Tribunal en fecha 2/02/2024.
IV. Que la parte actora en su memorial, luego de transcribir parcialmente ciertos pasajes de la sentencia recurrida, indicó que lo agravia lo resuelto por el Tribunal a quo en cuanto a que, precisamente, se apartó de las únicas constancias probatorias de la causa que se respaldan en la realidad de la actividad, la empresa y el sector, tornando de ese modo al pronunciamiento en arbitrario.
Agregó que, el ajuste fiscal no se sustentó en prueba válida y razonable alguna, siendo que la prueba aportada por su parte es fundada, amplia, generosa en sus contenidos e ilustrativa de la actividad.
Señaló que el dictamen del perito de su parte, no hace más que basarse en la prueba objetiva y contundente que refleja la verdad de la actividad, y consecuentemente, demuestra que el ajuste es improcedente.
Manifestó que, el error del ajuste parte precisamente del alcance que da a la información obtenida, y la parcialización que hace el Fisco respecto al complejo mecanismo de datos respecto a las capturas, que incluso surge de documentación indubitable que el mismo complejo normativo de la actividad exige.
Interpretó que debe considerarse que las capturas informadas por la Subsecretaría de Pesca, son estimaciones; punto esencial a considerar pues de lo contrario la conclusión que se tome es infundada.
Agregó que el presupuesto del cual parte la A.F.I.P. y le da el carácter de indudable e irrefutable no es tal, la cantidad de captura que el Fisco considera es sólo una estimación y en nada consiste un dato cierto. Este extremo surge de la misma documentación que cita la propia A.F.I.P. y consta en forma expresa, no pudiendo haberse obviado tal extremo.
Señaló que estos procesos se hacen en lugares donde no hay balanza. Por lo tanto, la determinación parte de un elemento viciado que hace que todo lo desarrollado a posteriori también tenga el mismo carácter, pues, sencillamente la estimación que da por cierta no posee sustento probatorio ni está apoyado en ningún elemento que dé certeza.
De allí el agravio respecto a la aseveración del Tribunal en punto a la carga de la prueba; ya que según señaló, la mecánica y forma de llevar adelante el arte y negocio de la pesca, hacen que las estimaciones deban ser analizadas e interpretadas con sus particularidades y, si son dejadas de lado -como ocurre en este caso- la determinación a la que se arribe es irrazonable.
Por ello, solicitó que se revoque la resolución apelada y se impongan las costas a la vencida.
V. Que con carácter previo al tratamiento de las cuestiones planteadas, corresponde señalar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “Puente Hnos. S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/proceso de conocimiento”, Expte. N° 45029/2017, sentencia del 27 de abril de 2023, entre muchos otros).
VI. Que, a modo de recapitulación, cabe señalar que en estos autos se discute la validez de las resoluciones N°s 203/2021 y 204/2021 , dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata, en fecha 26/08/2021 (cfr. fs. 26/63 y fs. 68/109 del documento digitalizado, respectivamente).
Por conducto de la primera resolución, se determinó la materia imponible y débito fiscal ajustado respecto de los períodos febrero de 2018 a abril de 2019 y se determinó el importe a ingresar y los saldos a favor inferiores a los declarados de la contribuyente actora en el I.V.A., con más sus intereses resarcitorios. Asimismo, se le impuso una sanción de multa en los términos de lo establecido en los arts. 46, 47, incs. a) y b), con la reducción del art. 49 de la ley 11.683 (t.v.).
Por medio de la segunda, se determinó de oficio, con carácter parcial, la obligación de la parte actora en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2019 y 2020 y se la intimó a ingresar $ 379.318, 73 y $ 1.057.635, 69, respectivamente, con más intereses resarcitorios.
Asimismo, se le impuso una sanción de multa en los términos de lo establecido en los arts. 46, 47, incs. a) y b), con la reducción del art. 49 de la ley 11.683 (t.v.).
VII. Que sentado lo anterior, es preciso recordar que los actos administrativos gozan de la denominada presunción de legitimidad (cfr. artículo 12 de la ley 19.549 y modificatorias y esta Sala, in re, “LDC Argentina S.A. c/D.G.I.”, Expte. Nº 91.325/2017, del 3/05/2018, entre otros).
En ese sentido, se ha indicado que tal presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la presunción permite inferir que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. Fallos: 319:1476, in re, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/08/1997, entre otros). En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, Derecho Administrativo, Bs.As., Abeledo-Perrot, 1976, 2da. edición, t. I, p. 348).
Sin embargo, la revisión de los actos concurre para enervar la presunción y, en todo caso, ello significa que la presunción puede ser desvirtuada ante un tribunal (cfr. Comadira, Julio R. -Monti, Laura M., colaboradora, Procedimientos Administrativos, Bs. As., La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).
Es en razón de la vigencia de la citada norma, que le correspondía a la parte actora en ejercicio de su derecho de contradicción, ofrecer y producir prueba conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían al acto administrativo impugnado.
VIII. Que, asimismo, es del caso recordar que para que resulte aplicable la solución normativa prevista en el art. 86, inc. b) de la L.P.T., la sentencia del Tribunal Fiscal debe presentarse como una sentencia arbitraria.
Al respecto, cabe comenzar por recordar que la primera formulación de la noción de sentencia arbitraria data del año 1909 y fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar la causa: “Rey vs. Rocha”, registrada en Fallos: 112:384.
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal sostuvo que sentencia arbitraria es aquella desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces y no lo es, en cambio, cuando concurra simplemente una interpretación errónea de las leyes a juicio de los litigantes. De allí que resulte trascendente remarcar la distinción entre arbitrariedad, por un lado y el mero error en la interpretación de las leyes o en la apreciación de la prueba por el otro. Sobre el punto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquella que caracteriza que debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el” (cfr. Fallos: 207:72, in re, “Carlozzi c/Tornese Ballesteros”, del 14/02/1947 y doctrina concordante posterior, doctrina aplicada por esta Sala en reiteradas oportunidades, por ejemplo, sentencia en autos: “Quilsa Com Ar S.H. (T.F. 28283-
I. c/D.G.I.”, Expte. Nº 6647/2021, del 26/04/2022, entre muchos otros). A lo expuesto, debe agregarse que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho, así se estimen esas discrepancias legítimas o fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen como tales, sino que atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, los pronunciamientos quedan descalificados como actos jurisdiccionales (cfr. Fallos: 244:384, citado por Carrió, Genaro R., Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Bs. As., Abeledo Perrot, 1967, p. 29).
En este orden de ideas, se observa que la resolución del Tribunal a quo dista de poder ser considerada arbitraria; a lo que cabe agregar que la pretendida tacha del recurrente, no supera el umbral de la mera discrepancia en cuanto a la inteligencia otorgada a cuestiones de hecho y prueba.
Como se verá en el desarrollo posterior, el apelante no ha logrado demostrar que la sentencia del Tribunal a quo adolezca de la anunciada arbitrariedad, que la torne revisable por esta Cámara en los términos de lo dispuesto en el art. 86, inc. b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.); norma a cuyo respecto cabe recordar que, en cuanto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, in re, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, in re, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre muchos otros). Sobre el punto, el criterio jurisprudencial imperante en esta Excma. Cámara de Apelaciones puede sistematizarse en los siguientes aspectos fundamentales:
1. se trata de un recurso como principio limitado, en la medida en que no habilita al Tribunal de Alzada a revisar la materia fáctica y probatoria, debiendo tenerse por ciertas las conclusiones del T.F.N. sobre esta materia;
2. tal principio tiene como excepción, el supuesto de que las conclusiones del T.F.N. sobre las cuestiones fácticas presentan deficiencias serias, las que sólo tienen lugar cuando exista arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad en las conclusiones del T.F.N. sobre estas cuestiones; y, 3) no se verifican dichos supuestos, cuando el recurso ante la Cámara manifiesta solamente una discrepancia respecto de la selección y valoración de prueba por el T.F.N. La circunstancia de que el Tribunal a quo haya dado preferencia a determinada prueba no configura, per se, un supuesto de arbitrariedad.
Lo apuntado precedentemente es relevante, puesto que el recurrente se limitó a discrepar exclusivamente la valoración que sobre los hechos y las pruebas ha efectuado el T.F.N.
IX. Que, tal como acertadamente lo señaló el Tribunal Jurisdiccional, la carga probatoria es el imperativo que tienen las partes de activar adecuadamente las fuentes de prueba para que demuestren los hechos que les corresponda probar a través de los medios probatorios, y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante (cfr. esta Sala, in re, “De Simini, Vito (TF 25889-I) c/D.G.I. s/R.D.O.E.”, Expte. N° 37790/2013, sentencia del 28/11/2013, y sus citas, entre otros).
De tal suerte que resulta de aplicación lo establecido en el artículo 377 del C.P.C.C.N. (supletoriamente por conducto del artículo 197 de la L.P.T.), en cuanto allí se plasma normativamente el adagio: “onus probandi incumbit ei qui dicit”. La norma y el principio han sido vinculados de un modo inescindible por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En razón de lo cual, ante un acto que no esté afectado por un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien propone su nulidad, alegarla y probarla dado el principio de legitimidad que fluye de todo acto administrativo (cfr. Fallos: 310:234, del dictamen del Procurador General al que el Tribunal adhirió).
Desde esta perspectiva, luce ciertamente incumplida esta carga por parte de la recurrente, en la medida en que ante esta instancia se limitó a reiterar conceptos ya vertidos en las actuaciones -los que por cierto, fueron desestimados con argumentos sólidos y suficientes por la instancia anterior- y, además, tampoco ha producido prueba suficiente y conducente al efecto de demostrar la procedencia de su pretensión, tal como ha sido elocuentemente puesto de manifiesto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el pronunciamiento materia de recurso.
X. Que, a la luz de los preceptos antes enunciados, cabe aquí remitirse - por razones de brevedad- a la valoración que de la prueba efectuó el Tribunal Fiscal, y señalar que, como quedara dicho, la recurrente no logró en modo alguno ante esta instancia, formar la convicción acerca de su desacierto, ni mucho menos la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento recurrido.
De lo expuesto, no puede extraerse que las premisas por las cuales fueron dictadas las resoluciones administrativas resulten incorrectas o ilegítimas, en tanto el criterio valorativo expuesto por el Organismo Recaudador -y ratificado por el Tribunal Fiscal- no resulta susceptible de objeción, dado que no existen elementos de prueba con entidad suficiente como para controvertir las bases fácticas tenidas en cuenta para resolver del modo en que lo hizo.
Dentro del catálogo probatorio que la propia parte actora propuso, se observa que o bien no resultó conducente (tal el caso de la prueba informativa), o bien no fue finalmente tenido en consideración, pues el perito propuesto por su parte se extralimitó al efectuar sus consideraciones y, al haber sido expresamente señalado por la contraparte, fue desestimado por el Tribunal con adecuada fundamentación (cfr. Considerando IV, del voto de la Dra. Gómez, al que adhieren los restantes integrantes de la Sala D, del Tribunal Fiscal de la Nación). Todo lo cual pone en evidencia la corrección del temperamento del Tribunal Jurisdiccional, al tiempo que afirmó que la actora tuvo oportunidad de producir las pruebas que consideraba pertinentes para acreditar su postura e intentar desvirtuar el criterio fiscal y, sin embargo, no lo hizo de un modo adecuado a tales efectos.
A lo hasta aquí expuesto, corresponde adicionar el hecho de que el recurso ante esta instancia no da acabado cumplimiento a lo establecido en el art. 265 del C.P.C.N. (de aplicación supletoria por conducto de lo dispuesto en el art. 197 de la L.P.T.), y permite concluir que resultó insuficiente e inconducente a los efectos de desvirtuar la presunción de legitimidad que inviste a las resoluciones impugnadas; todo ello, evaluado de conformidad con la regla de la sana crítica, expresamente prevista en el ordenamiento adjetivo al efecto (cfr. art. 386 del C.P.C.C.N., también de aplicación supletoria).
En tales condiciones, analizando los antecedentes descriptos bajo el prisma de la doctrina antes apuntada, no cabe más que concluir que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación resulta ajustada a derecho, no habiendo logrado la recurrente demostrar ni siquiera mínimamente su incorrección, presentándose así el recurso bajo examen como una pieza procesal insuficiente -frente a los desarrollos y fundamentos expuestos en el fallo- a los efectos de ser considerado como una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido, sellando de ese modo la suerte de la impugnación.
En consecuencia, cabe concluir que la presunción de legitimidad de que gozan las resoluciones impugnadas, resiste incólume a los planteos intentados por la parte actora y, por ende, corresponde desestimar la apelación, confirmando la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso en estos autos.
XI. Que, las costas de esta instancia se imponen a la actora quien resultó vencida (cfr. artículo 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998- y modif.).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el pronunciamiento apelado, en cuanto confirmó las resoluciones N°s 203/2021 y 204/2021 de la A.F.I.P. – D.G.I. y 2º) las costas de esta instancia se imponen a la actora, en tanto resultó vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia