Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 48412-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación). 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la letrada de la parte actora y por el perito contador respecto de los honorarios regulados a fs. 208 y vta, hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Fisco respecto de Alta en sistema: 19/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V aquellos y fijar los honorarios de la Dra. Daniela Paula Manesi y del perito contador Gonzalo Alan Hiriart Urruty, de conformidad con lo expresado en el primer párrafo del considerando VII. 3) Regular los honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del considerando VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
25286/2023 FIDIA SA (TF 48412-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 160/164 (de las actuaciones en soporte papel, a las que se aludirá en lo sucesivo) el Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso de apelación interpuesto en los términos del artículo 81 de la Ley N° 11.683 por la firma Fidia S.A., y revocó la Resolución n° 228/2017 mediante la cual la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte había denegado el pedido de repetición de $23.720.475,24 −más intereses resarcitorios− abonada en concepto de Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2010 a 2015, que la firma actora consideró abonados sin causa y de manera confiscatoria en tanto habían sido calculados sobre una renta ficticia, al no permitírsele aplicar el mecanismo de ajuste por inflación. Para decidir de ese modo, reseñó algunas de las consideraciones relevantes en los precedentes “Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo” y “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” del Alto Tribunal, y puntualizó que, con arreglo a ellos, no estaba excluida la posibilidad de que se configurara un supuesto de confiscatoriedad, cuando la alícuota a ingresar por el contribuyente insume una porción sustancial de las rentas obtenidas o excede cualquier límite razonable de imposición. En tal sentido, expresó que cobraba especial relevancia el examen de la prueba producida en la causa a fin de acreditar la pretendida confiscatoriedad.
Seguidamente, refirió que “…de las conclusiones del informe pericial conjunto presentado por los peritos contadores a fs. 98 /112vta. llevan a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en los considerandos 7° y siguientes del referido precedente”.
Agregó de manera expresa, “…respecto de la impugnación que de la pericia efectúa la representación fiscal, que a los efectos de responder los puntos de pericia no es óbice que los peritos no intervinieran en la auditoría sobre los Estados Contables puesto que la información a brindar es aquella que surge de los libros de la recurrente. Por otra parte, el propio perito del Fisco Nacional reconoce haber tenido Alta en sistema: 19/06/2024 a la vista los papeles de trabajo de la recurrente y los Estados Contables. Asimismo, respecto al IPC Congreso y los cálculos que efectúa a partir de ellos el perito de la actora, cabe puntualizar que así lo requería el punto de pericia que oportunamente admitiera este Tribunal; por el contrario, ha sido el perito del Fisco nacional quien en su respuesta efectúa un análisis de la legislación que no era requerido al respecto. Más allá de las salvedades que introdujo el perito del Fisco Nacional respecto de la documentación que dice que le fue exhibida, en definitiva, produjo sus respuestas a los puntos propuestos, las que conjuntamente con las brindadas por el perito de la actora…” fueron objeto de examen concreto por ese Tribunal.
En tal sentido, y a continuación, efectuó un relevamiento detallado mediante el cual puso de manifiesto la tasa efectiva del impuesto en cada uno de los períodos fiscales, a saber:
Para el período fiscal 2010: señaló que el Impuesto a las Ganancias calculado sin aplicación del ajuste por inflación se había determinado en 3.982.731,38 pesos, mientras que el resultado impositivo ajustado había arrojado una ganancia de 1.030.556,98 pesos. De manera tal que la tasa efectiva de ese impuesto ascendía a un 386,46 %. En el caso del período fiscal 2011: el Impuesto a las Ganancias oportunamente determinado por la empresa había sido de 5.079.877,68 pesos, mientras que el resultado impositivo ajustado era de 6.379.537,47 pesos y; por ende, la tasa efectiva del impuesto era de 79,63%.
Con relación al período fiscal 2012: el Impuesto oportunamente calculado, sin aplicación del ajuste había ascendido a 4.234.204,91 pesos, mientras que la ganancia neta ajustada mediante el mecanismo del artículo VI de la Ley del Impuesto era de 4.163.885,61, de manera tal que la alícuota efectiva del tributo que la parte ingresó era del 101,69 % de las utilidades obtenidas por la actora durante ese período.
Respecto al período fiscal 2013: refirió que, en ese caso, el Impuesto a las Ganancias determinado y pagado por la empresa había sido de 7.283.211,72 pesos, mientras que el resultado impositivo ajustado había sido de 11.566.510,64 pesos. En consecuencia, la alícuota efectiva del impuesto había sido de 62,97%.
Para el período fiscal 2014: expresó que el Impuesto a las Ganancias ingresado por la empresa, sin ajustar, había sido de Alta en sistema: 19/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 3.322.391,23 pesos, mientras que al aplicar el ajuste por inflación en ese período se había obtenido una pérdida de 10.444.021,20 pesos. Finalmente, y con relación al período 2015: señaló que en ese caso el impuesto determinado e ingresado por la parte actora había sido de 22.178.490,53 pesos y el resultado impositivo ajustado había sido de 49.806.677,62 pesos, de modo que la alícuota efectiva del impuesto durante ese período había sido del 44,53%.
Concluyó que las circunstancias reseñadas evidenciaban que se había excedido el límite razonable de imposición en todos los períodos. Por ende, expresó que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias resultaba inaplicable al caso, ya que de conformidad con los términos expresados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy”, se advertía un supuesto de confiscatoriedad al absorber aquél una parte sustancial de la renta.
Finalmente, expresó que a las sumas reconocidas en restitución debían ser adicionados intereses a partir de la fecha en que se interpuso el reclamo administrativo, a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con la doctrina plenaria establecida por ese Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.”, expediente n° 6.031-I, del 27 de diciembre de 1993. Asimismo, a fs. 208 y vta. fueron regulados los honorarios de la Dra. Daniela Paula Manesi en la suma de 1.217.650,75 pesos, por las actuaciones cumplidas, en su carácter de letrada apoderada y patrocinante de la parte actora, en la primera etapa del pleito. Asimismo, fijó los honorarios de la referida profesional, bajo la vigencia de la Ley n° 27.423, en la cantidad de 85,16 UMAs por las actuaciones cumplidas en el carácter de apoderada y; en 212,89 UMAs, por las actuaciones cumplidas como patrocinante. Además, reguló los honorarios del perito contador de la parte actora en la cantidad de 114,04 UMAs. Dejó constancia de que todos los honorarios se hallaban a cargo de la representación fiscal, de conformidad con la manera en que fueron impuestas las costas.
II. Que, contra dicha sentencia, apeló el Fisco y expresó sus agravios a fs. 179/188vta, los que fueron replicados por la parte actora a fs. 196/205vta.
Alta en sistema: 19/06/2024 Además, el letrado de la parte actora, apeló los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos y el Fisco, por su parte, los apeló al considerarlos altos. Asimismo, el perito de la parte actora apeló los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos. En lo relativo al fondo de la cuestión, el Fisco afirma que la normativa vigente no permitía la aplicación del ajuste por inflación a los períodos fiscales comprometidos en autos, es decir, los comprendidos entre 2010 y 2015.
En diferente orden de ideas, afirma que en la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal se hizo caso omiso a lo manifestado por su parte en orden a que “…la actora no exhibió durante el curso de la pericial documentación respaldatoria de los papeles de trabajo que fueron confeccionados por ella para determinar el ajuste por inflación”. En tal sentido, considera que el tribunal a quo consideró válidos los porcentajes de confiscatoriedad “…cuando uno de los elementos de la proporción (impuesto a las ganancias aplicando las pautas del ajuste por inflación) no ha podido ser corroborado por los peritos, y de lo cual sólo dejó constancia el perito propuesto por el fisco”.
Refiere que, a contrario de lo expresado en la sentencia apelada, los peritos ofrecidos por ambas partes no son contestes en punto a la determinación de la tasa efectiva del gravamen relativa a los períodos fiscales comprendidos entre 2010 y 2015. Concretamente, cuestiona que se haya hecho lugar al pedido de repetición relativo al período fiscal 2014 ya que no fue determinado en el referido informe la tasa efectiva del impuesto para ese período y; por ende, tampoco se pudo válidamente concluir que haya existido un supuesto de confiscatoriedad. Asimismo, y con relación al período fiscal 2015, refiere que la alícuota efectiva del impuesto es notoriamente inferior a la considerada en el precedente “Candy” y similares, de manera que a su entender no cabe afirmar, en ese caso, que se trate de un impuesto confiscatorio en los términos del referido precedente.
Finalmente, sostiene que de conformidad con lo establecido en la ley 11.683 y en diversos precedentes que cita para fundar su postura, los intereses deben ser los establecidos por el Ministerio de Economía y no por el Banco Central de la República Argentina como erróneamente dispuso, a su entender, el mencionado Tribunal. Ello, en tanto constituyen una reglamentación propia de las leyes fiscales federales que desplazan a las disposiciones generales. Alta en sistema: 19/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V III.- Que, en primer término, y en cuanto al agravio del Fisco relacionado con la pretendida inaplicabilidad del precedente “Candy” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en que en autos se trata del Impuesto a las Ganancias relativo a los períodos fiscales 2010 a 2015 (diversos al examinado en “Candy”), no constituye un argumento suficiente que permita concluir en la imposibilidad de hacer uso de ese mecanismo en supuestos en los cuales se constate, de manera concreta y efectiva, la confiscatoriedad del impuesto. El examen de la confiscatoriedad del caso no se encuentra condicionado al año fiscal en que se produzca sino a la configuración de las circunstancias fácticas que den lugar a tal supuesto; a lo que se debe agregar que las conclusiones del fallo “Candy” han trascendido al aplicarse a otros períodos fiscales; y, a tal efecto, corresponde destacar que en los precedentes relacionados con la cuestión no se han tomado en consideración los resultados acumulados correspondientes a ejercicios sucesivos para ponderar si han existido ganancias contables e impositivas, ni criterios de rentabilidad diversos de los enunciados en los precedentes invocados. Tampoco se formuló un examen relacionado con la evolución de la tasa de inflación experimentada en los ejercicios cuestionados y a los fines de valorar la confiscatoriedad, se consideró suficiente comparar las ganancias sujetas a gravamen resultantes de balance ajustado, y sin ajustar.
Siguiendo tales lineamientos generales, esta Sala tuvo oportunidad de examinar y resolver con relación a la aplicación del ajuste por inflación relativo al período fiscal 2016, a la luz del precedente “Candy” en los autos “Paolini Hnos. S.A. c/EN- AFIP-DGI s/proceso de conocimiento”, expediente n° 32078/2017, del 17 de agosto de 2021. Del mismo modo, las demás Salas de esta Cámara han dictado diversos precedentes en los cuales se admitió la utilización del ajuste respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2016. En tal sentido resolvió la Sala II de esta Cámara en los autos caratulados “BBVA Banco Francés S.A. c/A.F.I.P.-D.G.I. s/proceso de conocimiento”, expediente n° 31.249/17, del 9 de diciembre de 2020, la Sala I en la causa “Industrial and Commercial Bank of China S.A. c/E.N. -A.F.I.P. -D.G.I. s/Dirección General Impositiva”, expediente n° 77.855 /17, del 17 de septiembre de 2021, Sala III en la causa “Weatherford Alta en sistema: 19/06/2024 International de Argentina SA c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva”, expediente n° 33.507/17, del 17 de octubre de 2019, entre otros.
En sentido concordante con lo expresado hasta aquí, cabe tener presente que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 345:1184 convalidó la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación, en los términos del precedente “Candy”, respecto del Impuesto a las Ganancias relativo los períodos fiscales 2008 y 2009, es decir, diversos al del precedente referido en último término. Ello, en la medida en que se había acreditado -mediante el dictamen pericial- que de no aplicárselo se obtendría un resultado confiscatorio, al verse obligado el contribuyente a ingresar un importe que insume una porción sustancial de las rentas obtenidas y excede el límite razonable de imposición.
Por tales razones, cabe desestimar los agravios propuestos en orden a la imposibilidad de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación respecto del Impuesto a las Ganancias por corresponder a los períodos fiscales 2010 a 2015.
IV. Que, en segundo orden de ideas, resulta oportuno recordar que esta Cámara ha destacado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683; de modo tal que cabe −en principio− estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación sobre los hechos probados. Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (cfr. Fallos 300:985; 326 :2987; 332:357 y c. nro. F. 454. XLVI. “Forexcambio S.A. (TF 27.070-I) c/ DGI”, del 8 de octubre de 2013, Sala IV "La Rueca Porteña S.A. (TF 9861-I) c/D.G.I" del 27 de octubre de 1998; Sala V "S.A. Molinos Fénix (TF 17.290-I) c/D.G.I.", del 20 de junio de 2006).
En otras palabras, la ponderación de los aspectos de hecho es atribución del Tribunal Fiscal de la Nación y resulta en principio irrevisable en esta instancia (cfr. doctr. de Fallos 300:985); y, de este modo, el recurso interpuesto no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera llegado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto.
Alta en sistema: 19/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V En ese contexto, importa destacar que la actuación del Tribunal Fiscal de la Nación se halla determinada por el artículo 164 de la Ley N° 11.683 que le otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes. Es que, en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y/o la potestad sancionadora de la Administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (cfr. esta Sala, in re “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).
En tales condiciones, y con relación a las objeciones señaladas por el Fisco respecto al informe pericial tomado como base para concluir que en el caso se constata un supuesto de confiscatoriedad, resulta transcendental determinar si aquellas objeciones son relevantes y conducen a una conclusión diferente. Ello depende de una cuestión de prueba, ya que en el citado precedente la Corte ha fijado un estándar con arreglo al cual debe establecerse si las normas que impiden realizar el ajuste por inflación poseen efectos confiscatorios sobre el patrimonio del contribuyente, es decir si en el caso concreto, se produce una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (cfr. el caso “Candy” y sus citas de Fallos 242:73; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre otros). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en el precedente invocado que “en razón de las cambiantes circunstancias del país -e incluso bajo las mismas circunstancias- la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general, derivada de la clase de riqueza o actividad gravada, entre otros factores, puede justificar que la determinación del límite [de confiscatoriedad] varíe en más o en menos. Dicho límite no es absoluto sino relativo, variable en el tiempo y aun susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo” (in rebus “Candy” y sus citas de Fallos 210:855, 1208).
Por otra parte, y con relación al agravio del Fisco por el cual afirma que “…la actora no exhibió durante el curso de la pericia documentación respaldatoria de los papeles de trabajo que fueron confeccionados por ella para determinar el ajuste por inflación”, no constituye un argumento suficiente para desestimar las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación. Ello por cuanto; precisamente, nada le impedía a dicha parte que al tiempo de presentarse en la oficina de la empresa examinara los elementos que le eran exhibidos y que requiriera la presentación de los elementos adicionales que estimara necesarios y presentara a su vez el informe que hubiera considerado apropiado, circunstancia que no se verificó en el caso (cfr. artículo 458, 471 y 472 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por el contrario, el perito que intervino en representación del Fisco al tiempo de la confección del informe pericial se limitó a hacer un relevamiento normativo y a expresar que, a su entender, el mecanismo de ajuste por inflación no resultaba aplicable respecto de los períodos fiscales que se Alta en sistema: 19/06/2024 examinaban en autos. Luego de efectuar esa salvedad, dio cumplimiento a lo encomendado y examinó los resultados que arrojaba la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación, tomando como referencia los diversos índices propuestos por la parte actora (“índice publicado por el INDEC”, “índice Congreso” e “índice IPC de la Ciudad de Buenos Aires”). Cuestionó la utilización del “índice Congreso” en tanto “no es realizado por ninguna dependencia de la Secretaría Parlamentaria” y asimismo el “índice IPC de la Ciudad de Buenos Aires” por cuanto no existieron publicaciones para los períodos 2010, 2011 y 2012. Además, agregó que “…con respecto al IPC publicado por el INDEC que se solicita utilizar, se informa que no existe dicho índice por lo que se aplicó a estos efectos el IPIM que representa el índice de precios internos al por mayor”. A continuación, agregó los cálculos correspondientes, según cada uno de los índices, en los períodos comprendidos en autos y concluyó que la tasa efectiva del impuesto, sin la aplicación del mecanismo de ajuste, era la misma que la concluida por el perito designado por la parte actora de conformidad con lo expresado en ese mismo dictamen pericial.
En tales condiciones, los cuestionamientos en los que insiste el Fisco al expresar agravios, relacionados con la imposibilidad de ajustar períodos fiscales diversos al examinado en el precedente “Candy” deben ser desestimados de conformidad con lo expresado en el primer párrafo de este considerando y; los vinculados con los índices propuestos y utilizados en el referido dictamen, también deben ser desestimados. Ello, toda vez que no dan cuenta de las razones en virtud de las cuales correspondería considerarlos incorrectos ni tampoco propone cuál debiera ser el índice alternativo que conduzca al debido examen de la cuestión.
A lo expuesto, cabe agregar que tampoco produjo prueba a fin de poder desvirtuar las conclusiones puestas de manifiesto en el informe pericial en orden a que, si se determina el Impuesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% - que fija la ley- sino que representaría porcentajes mucho más elevados en cada uno de los períodos comprendidos en esta causa.
Por lo demás, en lo atinente al valor probatorio del informe pericial contable, debe reconocerse validez a las conclusiones del experto para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (Fallos 319:469; 320:326), circunstancias que a criterio de este Tribunal no concurren en el caso.
En tales condiciones, lo resuelto en la instancia precedente basado en las consideraciones expresadas por los peritos de ambas partes dan cuenta de que efectivamente se configura un supuesto de confiscatoriedad, según el criterio establecido en precedente “Candy”. En esa inteligencia, la insuficiencia de las observaciones de la parte demandada y la ausencia de prueba específica que Alta en sistema: 19/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V contradiga a la postura de la actora, imponen reconocer como válidas las conclusiones exhibidas en el informe pericial; puesto que la sana crítica aconseja la admisión de sus conclusiones (cfr. art. 477 C.P.C.C.N.). Por otra parte, cabe tener presente lo expresado por la Sala II al tiempo de examinar los agravios planteados por el Fisco con relación a que el informe pericial fue confeccionado, pura y exclusivamente, sobre la base de los datos suministrados por la propia empresa, sin haber verificado la documentación respaldatoria. Dicha Sala puso de manifiesto que “[l]as críticas de la demandada debieron necesariamente traducirse en una liquidación que controvirtiera la información contable –ratificada por el perito– y las tareas de auditoría invocadas debieron producirse en la etapa probatoria de autos, que fue el momento procesal oportuno para hacer valer sus defensas”.
Se añadió en dicha ocasión que: “[l]as circunstancias que le impidieron actuar de tal modo (es decir, avocarse al estudio de las registraciones de la actora para corroborar su veracidad, determinar la base contable, efectuar los cálculos correspondientes, etc.) no son oponibles a su contraria, que ofreció y produjo la prueba que acreditó su posición y dio sustento a su pretensión” (cfr. Sala II de esta Cámara en la causa “Ferrero Argentina S.A. c/E.N. –A.F.I.P. –D.G.I. -ley 24.073 s /proceso de conocimiento”, expediente n° 26.296/03, del 29 de mayo de 2012, sentencia que quedó firme, en atención a que el Alto Tribunal declaró que el recurso extraordinario cuya denegatoria originaba la queja, resultaba inadmisible en los términos del art. 280 del C.P.C.C.N. –ver F. 310 XLVIII, RHE, “Ferrero Argentina S.A. c/Estado Nacional –A.F.I.P. –D.G.I. ley 24.073 s/proceso de conocimiento”, del 30 de octubre de 2012).
Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en la causa C.598.XLV “Consolidar AFJP S.A. c /EN-AFIP DGI-resol 71/05 (GC) s/Dirección General Impositiva”, del 12 de abril de 2011, puso de manifiesto que “…los agravios de la recurrente no logran desvirtuar los fundamentos de la sentencia de cámara que rechazó los objeciones del informe pericial contable planteadas ante dicha instancia sobre la base de señalar que la Administración Federal de Ingresos Públicos había contado ‘con un proceso de amplio debate y prueba en el que pudo…desvirtuar las conclusiones de la pericia, no de un modo dogmático, sino con la concreta expresión de los errores que pudiera advertir, y con otra liquidación acorde a su postura, mecanismo que no utilizó’ (fs. 253)…”.
En consecuencia, cabe concluir que los agravios expresados por el Fisco, no se hallan debidamente fundados en tanto insisten con una pretendida imposibilidad de relevar documentación mas no se hace cargo de que contaba con amplias facultades para llevar a cabo la completa fiscalización de la firma contribuyente y para que expusiera los resultados correspondientes y explicara por qué razones concretas las conclusiones a las que se llegó en el informe pericial debieron ser consideradas como inexactas, equivocadas, o falsas. Alta en sistema: 19/06/2024 V.- Que, despejadas esas primeras cuestiones, corresponde examinar los agravios del Fisco Nacional demandado en autos, en tanto controvierte que el tributo sea confiscatorio en el período 2015, como se reconoció en la sentencia de grado. Según se ha visto, tal alegación se basa, por un lado, en las diferencias del caso “Candy” con las registradas en ese período, según da cuenta el resultado que informa el dictamen pericial.
En el caso de autos, debe advertirse que según resulta del informe del perito (fs. 94/112), el impuesto determinado e ingresado por la parte actora había sido de 22.178.490,53 pesos y el resultado impositivo ajustado había sido de 49.806.677,62 pesos, de modo que la alícuota efectiva del impuesto durante ese período había sido del 44,53%. Es decir, que la alícuota efectiva del tributo que la parte ingresó en ese período y cuya medida fue cuestionada en la presente causa, resultaría del 44,53 % de las utilidades obtenidas por la actora durante el ejercicio 2015; es decir, resulta superior a la alícuota máxima del 35% prevista en la ley que crea ese impuesto, sujeto, como en todos los supuestos, al principio de legalidad o reserva de ley (ver Fallos: 319 :3400; 332:2872; 340:1884; 343:86, entre otros). Al respecto se ha señalado que, para que la confiscación exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos 160:247, 196:61, 206:247, 211:1781, 242:73, 268:56, 314 :1293, 322:3255, entre otros), más cuando el límite de la potestad tributaria está claramente fijado en la norma legal del impuesto, ese debe ser considerado como el límite constitucional determinado para el tipo de gravamen del que se trata.
Por otra parte, cabe destacar que en el escrito recursivo el Fisco sostiene que el exceso no llega a constituir un supuesto de “confiscación” sin hacerse cargo del porcentaje máximo fijado en la ley que crea el impuesto mas no aporta mejores argumentos a efectos de desvirtuarlo; de manera tal que, tal como expuso el Tribunal Fiscal en la sentencia apelada, debe considerarse como excesivo y sin sustento en la ley formal al exceso y, en consecuencia, la demanda de repetición debe prosperar exclusivamente en esa medida. En tal sentido, cabe tener presente que en Fallos 210:310, consid. 7º se aclaró que lo resuelto en materia de confiscatoriedad no significa la liberación total ni impide que el impuesto sea percibido previo reajuste de su monto.
Asimismo, el cuestionamiento formulado por el Fisco en orden a que al no haberse podido establecer la tasa efectiva del impuesto durante el período fiscal 2014 impide concluir que aquél sea confiscatorio, pasa por alto el hecho de que tal circunstancia deriva de que el resultado impositivo de ese ejercicio, ajustado por inflación, arrojó una pérdida de modo que el Impuesto a las Ganancias oportunamente ingresado lo fue sobre la base de una ganancia inexistente en tal período. Por ello, y en tanto no es dable determinar la tasa efectiva del impuesto sobre una base negativa, sólo cabe concluir que cualquier Alta en sistema: 19/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V impuesto que se haya ingresado en tales condiciones lo fue de modo indebido.
En consecuencia, no se advierte que la evaluación probatoria realizada por el tribunal a quo haya sido arbitraria o carente de fundamento. Tampoco parece haber incurrido en un error flagrante al expresar sus conclusiones en el fallo objeto de apelación.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto revocó la Resolución n° 228/2017 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte e hizo lugar a la repetición solicitada.
VI. Que, por otra parte, el agravio relativo a la improcedencia de la aplicación de la tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, ha sido examinado por este Tribunal en las causas “Osram Argentina SACI c/EN-AFIP-DGI Resol. 30/11 s/Dirección General de Aduanas”, expte. n° 15.885/2011, del 15 de agosto de 2017; “Driollet Laspiur, Rogelio c/EN-AFIP s /Dirección General Impositiva”, expediente n°. 29472/2014, del 12 de diciembre de 2017; “Irastorza Miguel Angel c/ DGI”, expediente nro. 31014/2019, del 19 de septiembre de 2019, y “Carreras, Julia Inés c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expediente nro. 34.785/2017, del 8 de febrero de 2018, entre otros; a cuyos fundamentos cabe remitirse y pueden ser consultados en la página de la CSJN, en el link “Nueva Consulta de Causas Judiciales”
(www.csjn.gov.ar).
Asimismo, es del caso advertir que mediante la Resolución nro. 598/19, publicada en el Boletín Oficial el 18 de julio de 2019, el Ministerio de Hacienda dispuso que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre” (cfr. artículo 4º). Finalmente, corresponde poner de manifiesto que el 1° de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución n° 559 /2022 del Ministerio de Economía que en su artículo 4º estableció la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley 11.683 en un 3,84 % mensual.
Por tales motivos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en lo que a este aspecto respecta.
Alta en sistema: 19/06/2024 VII.- Que con relación a los recursos de apelación interpuestos por la letrada de la parte actora, por el Fisco y por el perito contador de la parte actora contra las regulaciones de honorarios practicadas en favor de la letrada de la parte actora y del referido perito, y de acuerdo con la base regulatoria (23.720.475,24 pesos en concepto de tributos, más los respectivos intereses resarcitorios), la cantidad de etapas cumplidas (tres), corresponde rechazar los recursos interpuestos por la letrada de la parte actora y por el perito contador, hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Fisco y; en consecuencia: 1) confirmar los honorarios regulados en favor de la Dra. Daniela Paula Manesi por las actuaciones cumplidas en el carácter de letrada apoderada y patrocinante de la parte actora en la primera etapa;
2. reducir los honorarios de la referida profesional a la cantidad de 67,41 UMAs equivalentes al día de la fecha a 3.539.699,10 pesos por las actuaciones cumplidas en el carácter de apoderada durante la segunda y tercera etapa y; a 168,53 UMAs, equivalentes al día de la fecha a 8.849.510,30 pesos, por las actuaciones cumplidas como patrocinante durante la segunda y tercera etapa; 3) Reducir los honorarios fijados en favor del perito contador de la parte actora a la cantidad de 76,51 UMAs equivalentes al día de la fecha a 4.017.540,10 pesos.
Dichos honorarios se hallan a cargo de la parte demandada.
Por otra parte, y con relación a las tareas cumplidas en esta instancia, corresponde regular los honorarios de la Dra. Daniela Paula Manesi, en su carácter de letrada apoderada y patrocinante de la parte actora en 96,58 UMAs, equivalentes a la suma de 5.071.415,80 pesos (cfr. artículos 16, 19, 21 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA Nº 1497/24 de la CSJN).
Cabe aclarar que en los importes establecidos precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de IVA, por lo que -frente a la acreditación de la condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente realicen los interesados, la obligada al pago deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, juntamente con los respectivos honorarios.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación). 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la letrada de la parte actora y por el perito contador respecto de los honorarios regulados a fs. 208 y vta, hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el Fisco respecto de Alta en sistema: 19/06/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V aquellos y fijar los honorarios de la Dra. Daniela Paula Manesi y del perito contador Gonzalo Alan Hiriart Urruty, de conformidad con lo expresado en el primer párrafo del considerando VII. 3) Regular los honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del considerando VII.
Se deja constancia de que el Dr. Guillermo F. Treacy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 19/06/2024
Fin de la sentencia