Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Rechazar las excepciones previas que no fueron tratadas al momento de dictar sentencia.-2º) Admitir parcialmente el agravio de la demandada en cuanto al carácter de la condena que se entiende divisible, debiendo responder cada demandado por el 50% de la suma que resulte de la liquidación.-3º) Imponer las costas en el orden causado en esta instancia (art. 68 CPCC).-4º) Regular los honorarios en la instancia a la Dra. Rosa E. Razuri en la suma de $ 414.120,00 (4 JUS) y al Dr. Carlos Toledo Vargas en $ 362.355,00 (3,5 JUS) por la parte actora y demandada respectivamente; conforme lo expuesto en el considerando VIII.-5º) Hacer saber que deberá determinarse la tasa de justicia por la instancia de grado y realizar las gestiones correspondientes para su debido cobro.-6°)Notificar. Registrar y oportunamente, devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no vota por no existir disidencia a dirimir. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201 063 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3234 Folio Nº: 079/084 Secretaria: 1
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9341/26 Sentencia: Definitiva Actor: Figueroa Alejandra Juliana y Otro Demandada: Figueroa Andrea Deolinda y Otro Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 11-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos "FIGUEROA ALEJANDRA JULIANA Y OTRO C/ FIGUEROA ANDREA DEOLINDA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte Nº 1453/19 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Las Heras, ingresados a esta instancia bajo el número 9341/26. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Horacio M. J. Fernandez y Humberto Eduardo Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. Se presentan a fs. 1/81 Alejandra Juliana Figueroa y Félix Andres Morales con el patrocinio letrado de la Dra. Rosa Razuri promueven demanda por daños y perjuicios contra Roberto Marcovich por la suma de $ 2.100.100 más interese y costas.
Refiere que le compraron al demandado una camioneta Ford Eco Sport, modelo 2013 en el mes de octubre del año 2013, señalando que se dedica a la compra y venta de automotores; por su parte los actores pagarían 40 cuotas de $ 5.000. Señalan que la camioneta estaba a nombre de la pareja de Marcovich, Andrea Deolinda Figueroa, y que realizaron la operación porque son familiares y existía confianza. Agrega que posteriormente los demandados se separaron y existieron denuncias ante la justicia de faltas que finalmente ordena entregar la Eco Sport a Andrea Figueroa, siendo que ellos habían finalizado el pago. Reclaman el valor del vehículo.
En otro orden reclaman daño moral por cuanto al haberse realizado una denuncia -que califican de falsa- se realizó un allanamiento en el domicilio de los actores; lo que entienden agraviante ya que son personas de la localidad de las Heras y sostienen un buen hombre y honor.
Reclaman una suma de dinero a Marcovich por cuota de pago de un vehículo que realizaron posteriormente para "reponer" la Eco Sport y dicha operación también fue frustrada por el accionar de los demandados. Refiere al intercambio epistolar entre las partes, señala los montos reclamados, ofrece prueba agregando documentación, funda en derecho y solicita se admita el reclamo más intereses y costas.
II. A fs. 107/112 se presenta el Andrea Deolinda Figueroa con el patrocinio letrado del Dr. Carlos G. Toledo Vargas y contesta el traslado de la demanda. Realiza la negativa de los hechos invocados por los actores, plantea la falta de legitimación por entender que no tuvo nada que ver en la relación comercial entre los actores y Marcovivh y que el rodado Eco Sport en cuestión es de su propiedad. Subsidiariamente deduce la falta de acción con similares fundamentos. Deduce falta de legitimación con relación a Felix Morales por considerar que no surge de ningún elemento que el nombrado haya tenido una relación comercial con Marcovich, siendo únicamente Alejandra Figueroa quien habría firmado el contrato. En su versión de los hechos insiste en que es la titular registral de la Eco Sport, que nunca recibió pago por la venta de la misma, desconoce los recibos que se acompañan. Hace referencia a la forma de transmisión de los automotores y sostiene que es ajena al problema propuesto en la demanda. Sostiene que carece de fundamento el daño moral reclamado por lo que señala como una "falsa denuncia" y que se hayan realizado imputaciones públicas con relación al actor. Con relación a los daños que persigue por la compra de otro vehículo "Toyota" también sostiene que es ajena a dicha operación comercial o préstamo por lo que entiende no debe responder por ello. Ofrece prueba, funda en derecho y solicita se desestime la demanda.- A fs. 114/116 se presenta Roberto Carlos Marcovich con el patrocinio letrado del Dr. Luis O. Corvalán. Deduce excepción de falta de legitimación para obrar por entender que la titular de la Eco Sport era Andrea Figueroa. Sostiene que la demanda contiene diversos ítems que serían incongruentes. En cuanto al daño patrimonial señala que no sería procedente pues él no puede vender un vehículo que no le pertenece y no existe ningún contrato al respecto que lo vincule personalmente. Impugna separadamente los rubros pretendidos, sosteniendo que no estaría alcanzado en su responsabilidad, funda en derecho, solicita el rechazo de la demanda.-
A fs. 138/139 se abre la presente causa a prueba y producidas las ordenadas se dicta sentencia en PE1567165-2024 que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta y condena en forma solidaria a los demandado al pago de la suma de $800.000 más intereses, impone las costas a la parte demandada y regula honorarios.-
En PE1578832-2024 Andrea D. Figueroa con patrocinio del Dr. Carlos Toledo Vargas interpone recurso de apelación y en PE1706684-2025 expresa agravios, que son contestados por la parte actora.
III. En su memorial la demandada se agravia por la condena solidaria dictada en su contra. Señala que el juez no trató debidamente la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por su parte, siendo que la venta la habría realizado Roberto Marcovich y la recurrente es la titular registral del vehículo. Agrega que no existe prueba de que Andrea Figueroa haya participado de la operación comercial con relación al rodado Ford Ecosport -NBI 055- y por ello en todo caso el reclamo debe ser dirigido contra Marcovich únicamente. Reitera su falta de intervención en la operatoria del vehículo, y sostiene que es una tercera ajena al negocio cuestionado. Agrega además que no recibió ningún pago por ello y que si le abonaron a Marcovich debería ser éste quien debe responder. Refiere que el hecho de haber dado la autorización para circular no significa que haya brindado su consentimiento para transferir la propiedad o titularidad del vehículo. Señala la propia torpeza de los actores al adquirir una cosa ajena; sostiene su falta de legitimación y solicita se revoque la sentencia. En otro apartado refiere que tampoco se dio tratamiento a la falta de acción interpuesta como defensa de fondo, por lo que solicita en esta instancia se analice la misma. En similar sentido refiere que no se resolvió la falta de legitimación de Félix Andrés Morales, ya que el nombrado no tendría facultades para reclamar daños en este proceso, y tampoco existen pruebas que acrediten la relación comercial con respecto al vehículo. Recuerda que fue Alejandra Juliana Figueroa quien refiere comprar la camioneta a Marcovich. Hace mención a las notas y pagarés agregados como prueba suscriptos por la nombrada. Concluye que no existió participación de Félix Andrés Morales en la relación con Marcovich y por ende, carece de legitimación activa. Solicita se trate en esta instancia dicha defensa.
En forma subsidiaria se agravia por la admisión del daño patrimonial y extrapatrimonial. Refiere que al no haber intervenido en la operatoria ni percibido precio de venta alguno no le corresponde responder por el daño patrimonial, siendo Marcovich quien habría recibido el precio. Recuerda que es propietaria y titular registral de la Eco Sport NBI 055 y nunca la vendió ni percibió precio alguno. Aclara que la autorización a circular se debe por la relación de parentesco con la actora y no acredita compraventa; en tanto que los pagarés son firmados por Alejandra Juliana Figueroa y el beneficiario de los mismos es Roberto Marcovich. Relata que podría tratarse de un ardid entre los nombrados en su perjuicio. Argumenta la forma en que debe realizarse la compra y venta de un automotor lo que se tiene presente. Solicitando se revoque la sentencia en este aspecto.-
En otro apartado sostiene la improcedencia del daño extrapatrimonial. Recuerda que los actores solicitan este resarcimiento por una falsa denuncia y la forma en que se llevó la medida de secuestro del rodado. Sostiene que lo invocado en el punto en cuanto a los puestos laborales que revisten y la forma que se hizo el secuestro no se encuentra acreditado; como tampoco las injurias que habrían sufrido por tal circunstancia. Concluye que el daño moral que peticionan carece de fundamento. Recuerda que los actores tenían su vehículo sin derecho. Solicita se admita el recurso.-
IV. En PE1772255-2025 la parte actora contesta el traslado. Señala que Deolinda Figueroa, dio su consentimiento para la venta del vehículo Ecosport Dominio NBI 055, en acta policial, presentada en el expediente del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Las Heras, que se encuentra agregado a estos autos, a fs 25. Sostiene por ello que queda desvirtuada la pretensión de hacer creer que no consintió la venta del rodado objeto del presente proceso y por lo tanto, que carece de responsabilidad.
Refiere que está demostrado que la recurrente tenía conocimiento de la operatoria por lo que la falta de legitimación no puede prosperar. Respeto de Felix Morales, afirma que está legitimado por haber sido autorizado a circular y por haber sido dañado por el accionar de la policía, como consecuencia de la falsa denuncia de la agraviada. Señala el expediente municipal que daría cuenta del secuestro y el grave daño que le produjo el accionar en cuanto a su nombre y honor. Hace mención al testimonio de Marcela A. Burgoa, en cuanto al irrazonable operativo realizado en dicha ocasión.-
Sostiene que quedó acreditado que la recurrente dio su consentimiento para la venta del vehículo objeto de los autos, luego se quedó con el rodado y nunca devolvió el dinero, lo que califica como delito de estafa. Solicita se rechacen los agravios formulados.-
V. Así planteados los agravios corresponde ingresar al estudio de los mismos. En primer término se observa que ambos demandados al momento de contestar la demanda deducen excepciones previas. El juez de grado decide diferir el tratamiento de las mismas para el momento de dictar sentencia pero no las trata. Asiste razón a la recurrente en este aspecto y por tal razón en virtud de lo normado por los arts. 276 y ss. del CPCC habré de analizar dichas defensas.- Por su parte Andrea Deolinda Figueroa deduce falta de legitimación pasiva por entender que no guarda vinculación con la compraventa del vehículo que aquí se cuestiona, por ser ajena a la relación. A poco que se observe la propia demandada es quien concurre a la policía y señala que estaba en pareja con Marcovich, que éste se dedicaba a la compra y venta de automotores, que había vendido la Eco Sport que aún estaba a su nombre. También menciona que le extendió una cédula para circular a los actores por la relación de familiaridad que tenían, pero posteriormente decide solicitar el secuestro del vehículo. Es decir, si bien no se menciona la existencia de un contrato con la excepcionante, lo cierto es que no es ajena a las relaciones y conductas que aquí se cuestionan y por las cuales se solicita una reparación por daños. Tengo presente además que no se reclama en éstos un cumplimiento de contrato, sino una reparación por diferentes daños que habrían padecido los actores. Por tal razón esta excepción no puede prosperar (arts. 323, 324 y ccs. CPCC).-
Con similares fundamentos interpone la falta de acción en la persona del co demandado (su ex pareja) por entender que no tiene vinculación con el nombrado en cuanto al negocio por que el que se reclama. Cabe recordar la naturaleza del reclamo, daños y perjuicios, los que se habrían generado por diversas conductas de los demandados (Figueroa y Marcovich), es decir el contrato forma parte de los hechos que dieran origen al reclamo pero no se trata únicamente de la interpretación o ejecución del contrato. Puntualmente la nombrada realizó actos con relación al vehículo y que conllevan consecuencias para los actores y aquí habrá de analizarse dicha responsabilidad. Por tal razón este planteo tampoco puede prosperar.-
VI. Al momento de expresar agravios Andrea Deolinda Figueroa se agravia por cuanto el juez condenó en forma solidaria a los dos demandados. Introduce también la falta de acción de Morales con relación a su persona. Como se señaló precedentemente en el caso se reclama por diferentes conductas que habrían dañado a los actores. Si bien entiendo que no estamos en presencia de una condena solidaria, no puedo dejar de señalar -como lo hizo el juez de gradolas dos personas demandadas deben responder por sus actos. A partir de la interpretación del art. 827 del CCC puede señalarse que la solidaridad exige pluralidad de sujetos, una causa fuente única, unidad de objeto y pluralidad de vínculos. Al respecto se enseña que "...la pluralidad de causas generadoras de la obligación es incompatible con la idea de solidaridad y conduce inexorablemente a la existencia de varias obligaciones distintas. ..." (Lorenzetti, Ricardo Luis, dir. Código Civ. y Comercial de la Nación, Comentado, T. V, pag. 285, Ed. Rubinzal Culzoni-2015). En este entendimiento entiendo que la obligación por la que se condena en autos no participa de los caracteres de la solidaridad. Lo entiendo de tal modo pues en la demanda se hace una numeración de conductas y daños que se habrían ocasionado por diferentes acciones por parte de los demandados. Los demandados eran pareja, sabían lo que hacían y a que se dedicaba cada uno, si bien Marcovich habría sido quien celebró el contrato de compara venta, la recurrente, entregó la autorización de circular, sabía de la operatoria, así lo declaran todos los testigos traídos a juicio, y posteriormente inicia actuaciones ante la policía y posteriormente ante la justicia de faltas para lograr el secuestro del automotor. Es decir tuvo una actuación separada de Marcovich y ello generó consecuencias a las personas que aquí reclaman.
De la prueba producida puede señalarse que en PE 178364 - 2021 y PE 400177-2022 se informa que cuenta que la Eco Sport está a nombre de la demandada Deolinda Figueroa al 100% y que la nombrada es soltera, por lo que es la única titular.-
De las actuaciones administrativas que se acompañan, comparto el análisis que realiza el juez de grado en cuanto a que la conducta de Deolinda Figueroa es contradictoria, y ambigua. Así por un lado dice que tenía relación de familiaridad con los actores y por eso les extendió una autorización para circular, pero luego la revoca y solicita el secuestro del automotor. También quedó demostrado que era pareja del codemandado y sabía a que se dedicaba. Se ha decidido que "El imperativo de conducta de la doctrina de los actos propios significa que cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado en otra con su proceder una confianza fundada en su actuación futura según el sentido objetivamente deducido de su conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada siendo inadmisible todo comportamiento incompatible con ella." (B. E. J. c/ C. de P. del E. V. de O. 1./9. s/ daños y perjuicios, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala: G, 9-dic-2014, Cita: MJ - JU - M - 90603 -AR| MJJ90603 | MJJ90603).-
Estas premisas fueron expresadas claramente por los testigos que comparecieron en éstos. Podría calificarse rayano con la mala fe pretender adoptar una postura evasiva con la relación con los actores y "desconocer" lo que aquí se cuestiona cuando claramente tenía conocimiento. Por tal razón deben responder a la parte actora en la medida de su accionar individual.- El juez valora los llamados daños extrapatrimoniales como lo indica el art. 1741 del Código Civil. No puedo dejar de observar que todas las partes obraron en una fuerte base de confianza y buena fe. Pues se apartaron de las normas que imponen una debida diligencia en la realización de los negocios, más aún cuando el demandado se dedicaba a la compra y venta de vehículos y su pareja lo sabía. Por ello entiendo que si tenía relación de confianza podría haber requerido la devolución del vehículo por otros medios o intentar una intimación en forma previa a solicitar un secuestro. Va de suyo que ser destinatario de una medida de esta índole es impactante para la conducta de las personas, ser irrumpido en su intimidad, y llevarse un bien que creían les pertenecía. Ello claramente produce un daño en la vida de las personas. Un menoscabo, un descrédito o desprestigio que debe ser indemnizado. Entiendo que este agravio no puede prosperar.
Por las razones aquí expuestas entiendo que se trata de una obligación divisible o simplemente mancomunada debiendo los demandados responder por el 50% cada uno en forma individual (arts. 825 y ss. C.C.C.). Entiendo ajustado a derecho la forma en que el juez de grado arriba al monto de condena, lo que no fue cuestionado en agravios.-
VII. Por la forma en que se resuelven los agravios aquí propuestos que son admitidos parcialmente entiendo que las costas en la instancia deben ser en el orden causado (art. 68 CPCC).-
VIII. De conformidad con lo dispuesto en el art. 30 de la ley 3950 por la labor desarrollada en la instancia, importancia del proceso y resultado obtenido se fijan honorarios para la Dra. Rosa E. Razuri en la suma de $ 414.120,00 (4 JUS) y para el Dr. Carlos Toledo Vargas en $ 362.355,00 (3,5 JUS) por la parte actora y demandada respectivamente. Se deja constancia que se tuvo en cuenta los intereses correspondientes y que los honorarios aquí fijados no contienen IVA. (arts. 16, 30 y ccs. ley 3950).-
IX. Resta señalar que la parte actora habría iniciado la causa y un beneficio para litigar sin gastos, el que no se finalizó estando sin movimiento desde el año 2020. Por tal razón por la instancia de grado deberá liquidarse la tasa por servicios judiciales, cuando exista liquidación firme, e intimar al pago de la misma en la forma de estilo (ley 3271 Pcia. Santa Cruz).-
Respondo entonces a la primera primera que la sentencia apelada es parcialmente justa debiendo modificarse en la forma de responder la obligación de condena y así lo voto.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
X. Adhiero al voto que antecede por considerar justa la propuesta y los fundamentos brindados por la Dra. Bard en su voto.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. De conformidad con las razones expuestas al responder a la anterior cuestión, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar las excepciones previas que no fueron tratadas al momento de dictar sentencia.
2. Admitir parcialmente el agravio de la demandada en cuanto al carácter de la condena que se entiende divisible, debiendo responder cada demandado por el 50% de la suma que resulte de la liquidación. 3º) Imponer las costas en el orden causado en esta instancia (art. 68 CPCC). 4º) Regular los honorarios en la instancia a la Dra. Rosa E. Razuri en la suma de $ 414.120,00 (4 JUS) y al Dr. Carlos Toledo Vargas en $ 362.355,00 (3,5 JUS) por la parte actora y demandada respectivamente; conforme lo expuesto en el considerando VIII. 5º) Hacer saber que deberá determinarse la tasa de justicia por la instancia de grado y realizar las gestiones correspondientes para su debido cobro. 6°)Notificar. Registrar y oportunamente, devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernandez dijo:
XIII. Que conforme me he expedido, adhiero a la pro formulada por la primer por entender justa la propuesta .-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
CALETA OLIVIA, 11 de Septiembre de 2018.-
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar las excepciones previas que no fueron tratadas al momento de dictar sentencia.-2º) Admitir parcialmente el agravio de la demandada en cuanto al carácter de la condena que se entiende divisible, debiendo responder cada demandado por el 50% de la suma que resulte de la liquidación.-3º) Imponer las costas en el orden causado en esta instancia (art. 68 CPCC).-4º) Regular los honorarios en la instancia a la Dra. Rosa E. Razuri en la suma de $ 414.120,00 (4 JUS) y al Dr. Carlos Toledo Vargas en $ 362.355,00 (3,5 JUS) por la parte actora y demandada respectivamente; conforme lo expuesto en el considerando VIII.-5º) Hacer saber que deberá determinarse la tasa de justicia por la instancia de grado y realizar las gestiones correspondientes para su debido cobro.-6°)Notificar. Registrar y oportunamente, devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no vota por no existir disidencia a dirimir. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201 063 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3234 Folio Nº: 079/084 Secretaria: 1
Fin de la sentencia