Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello afirma que la inferencia del apelante que OEDSUR SRL realizaba tareas vinculadas al petróleo es artificiosa y que no se puede tener por acreditado un hecho mediante la mera afirmación de una parte sin prueba que lo respalde. Califica de clara la valoración de la prueba y transcribe párra-fos de la sentencia. Recuerda que es el actor quien debe probar la solidaridad lo que no hizo aportan-do solo la prueba documental que acredita únicamente la relación comercial entre las codemandadas pero no que el actor desarrollara tareas en Los Perales o El Guadal para YPF SA hechos que falazmen-te el apelante señala como reconocidos en la sentencia. Recuerda que en el responde su parte puntua-lizó respecto del CCT 496/12 que no guarda vinculación con la actividad petrolera. Expresa que el apelante trae dos cuestiones a esta instancia sin que se haya afirmado y mucho menos probado. Así pretende argumentar sobre el objeto del contrato incorporado a la causa y luego describe la tarea que habría realizado el actor para su empleadora. Expresa que se trata de cuestiones no sometidas a consideración del juez de grado que no podrán ser tratadas por la limitación del art. 276 CPCC y vulneran el principio de congruencia tema sobre el que se explaya.
Argumenta que el actor en su apelación agrega elementos diversos a los propios de la contro-versia oportunamente planteada y que, como tribunal, debemos rechazar los agravios. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8003 Sentencia: 3005 Actor: FIGUEROA Walter Omar Demandada: OEDSUR SRL/YPF S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 06/06/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los seis días del mes de junio de dos mil veintitrés se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “FIGUEROA Walter Omar c/ OEDSUR S.R.L. y otra s/ demanda laboral” Expte. Nº18728 del año 2017 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Pico Truncado, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8003. A estos fi-nes de estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Jorge Omar Alonso para responder a las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que Walter Omar Figueroa por su derecho y con el patrocinio del Dr. Daniel Ivanoff Guinin demanda a OEDSUR SRL e YPF S.A.. Pide se las condena solidariamente al pago de la suma de $1.229.334,27 por indemnización del art. 245 LCT, preaviso, meses de marzo a julio de 2015 adeu-dados, SAC proporcional 2015 y sobre preaviso, vacaciones adeudadas 2014 y proporcionales 2015, indemnización art. 2 ley 25.323 y art.8 y 9 ley 24.013 e indemnización art. 80 LCT, con costas, hono-rarios e intereses.
Hace un relato de su ingreso en OEDSUR SRL, tareas desarrolladas en los yacimientos Los Perales y El Guadal para la codemandada en turnos rotativos en actividades convencionales de opera-ciones especiales alcanzando la categoría X1S del régimen de la CCT 496/12. Relata haber obrado diligentemente y sin sanciones. Dice no haber tomado parte en la medida de fuerza desplegada por el gremio petrolero, ni haber firmado ningún reclamo en la subsecretaría de trabajo y, por ende, sostiene que la demandada no puede escusarse en que no acató la conciliación obligatoria dictada por ese or-ganismo. Afirma que en marzo de 2015 la demandada por comunicación de la gerencia lo deja a dis-posición en su casa por disminución de trabajo para poder superar la crisis que atravesaba la empresa. Al fracasar sus gestiones en la empresa para averiguar cuando comienza a trabajar no se le dan direc-tivas por lo que intima por TLG del 8/7/2015 se aclare su situación laboral, bajo apercibimiento de considerarse despedido indirectamente. Esa intimación no es contestada. Por ese motivo, mediante misiva del 22/7/2015 se considera despedido por culpa de la empleadora en los términos del art. 242 LCT y solicita el pago de las indemnizaciones de ley y entrega de las certificaciones de aportes y ser-vicios bajo apercibimiento de acciones judiciales. Indica que el 30/7/2015 remitió TLG a la operadora YPF S.A. por la responsabilidad solidaria intimándola al pago de las indemnizaciones y certificaciones bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales y que YPF S.A. rechazo la intimación y negó la soli-daridad. Se refiere el telegrama 31/7/2015 remitido por OEDSUR S.R.L. donde la empresa afirma que desde el 2 de marzo no concurría a trabajar al adherirse a una medida de fuerza del gremio petrolero sin acatar órdenes ni instrucciones de la empresa ni la conciliación obligatoria. Califica de improce-dente el reclamo, rechaza el despido indirecto y niega que deba pagar indemnización. Expresa que se pretende atribuirle un abandono de trabajo que nunca existió, que no se le abonó la liquidación final pese a que se reunió con ambas empresas sin llegar a un acuerdo. Dice que en su desesperación se encadenó en los almacenes de YPF S.A. para que se le brinde una solución y es por ello que ingresó a trabajar en otra empresa por gestiones del gremio. Funda en derecho, ofrece prueba y agrega documental.
II. Que YPF SA había planteado la nulidad de la convocatoria por no respetar la anticipación necesaria. A la audiencia del art. 47 de la ley 1444 solo compareció el actor con su patrocinante y el Dr. Paulo Luis Schmidt como apoderado de OEDSUD SRL. Fracasada la instancia conciliatoria sin resultado el Dr. Paulo Luis Schmidt y la Dra. María Soledad Quiroga contestan la demanda con la do-cumental y escrito de responde (ver fs. 32/41) donde plantean prescripción y contestan la demanda y ofrecen prueba. En la misma formulan una serie de negativas de cada uno de los hechos invocados por el actor y dan su versión de los hechos. Relatan que su representada cumplía tareas referidas a la extracción de petróleo y que en los primeros meses de 2015 se encontraba afectada al cumplimiento del contrato con YPF SA hasta que la crisis económica que afectó a todo el país y puntualmente al sector petrolero originó la baja de varios equipos y la disminución de trabajo lo que la obligó a restruc-turar y reorganizar económica y técnicamente a la empresa conforme lo autoriza el art. 64 de la LCT.
Argumentan que el actor, a partir del mes de marzo de 2015, se pliega a las medidas de fuerza impulsadas por el gremio y comenzó a percibir la suma de $20.000 en concepto de bono acordado por las partes a fin de paliar la crisis. Invocan que, por la crisis, por la disminución del trabajo y la falta de puesta a disposición por parte del actor en forma deliberada y voluntaria, la empleadora se encontraba exceptuada de cumplir con el deber de ocupación y por ende de abonar salarios al actor. Ello al for-mar parte de una medida de fuerza adoptada de manera unilateral y sin cumplir con el procedimiento de la ley 2450 por lo que percibía el bono mensual acordado. Cuestionan por contrario a la buena fe previsto por el art. 63 de la LCT la conducta del actor quien manifiesta no haber tomado parte de las medidas desplegadas por el gremio y por otro lado percibir el bono de $20000 obtenido por el gremio petrolero por la baja de varios contratos.
Estiman que carece de virtualidad jurídica cualquier empla-zamiento que formulara el actor intimando se le de trabajo y/o se aclare su situación laboral cuando es él quien, por propia voluntad, se sustrajo al cumplimiento de sus obligaciones laborales y por interme-dio del gremio ingresó a trabajar bajo las órdenes de otra empresa. Por ello entienden que carece de derecho a percibir las indemnizaciones reclamadas en autos y pide el rechazo. Invocan falta de requi-sitos que hacen a la viabilidad de la indemnización del art. 80 de la LCT. Cita jurisprudencia que se tiene presente. Fundan en derecho y ofrece prueba. Piden, en conclusión, el rechazo de la demanda en cada una de sus partes.
III. Que en la audiencia del art. 47 en que citó a la codemandada YPF S.A., de la que ilustra el acta de fs. 839 a la que comparece el actor con su letrado patrocinante y por la codemandada YPF SA lo hace el Dr. Leonardo Regensburger como apoderado de ésta. La invitación a llegar a un acuerdo no tiene éxito y este último contesta la demanda con la documental de fs. 73/826 (que se desglosa y re-serva conforme certifica la Actuaria) y el escrito de responde fs. 827/838 en el que pide el rechazo de la solidaridad. Sostiene que es improcedente y destaca que las tareas que afirma el actor haber realiza-do para la firma OEDSUR SRL nada tiene que ver con la actividad de su representada pues no le re-sulta indispensable para que YPF SA pueda cumplir con su actividad normal y específica que es la explotación y exploración de petróleo y gas.
Invoca jurisprudencia de esta cámara y de la Corte Su-prema de Justicia in re “Rodríguez Juan c/ Compañía Embotelladora Argentina SA y otro”, respecto de una aplicación restrictiva limitada a los casos en que la actividad de la empresa contratada resulte in-dispensable para que la contratante pueda desarrollar su actividad normal y específica donde tendría virtualidad el art. 30 de la LCT. En subsidio para el caso que se considerase la responsabilidad solidaria de su representada entiende debe tenerse presente que el reclamo del actor se efectuó con posterioridad a la fecha que feneciera el contrato entre su representada y la empleadora lo que vuelve improcedente el reclamo. Y que, a la fecha en que el actor denuncia que se produjo su distracto, el mismo no se encontraba afec-tado a ningún contrato entre OEDSUR SRL e YPF SA pues ésta prestó servicios para YPF SA hasta febrero de 2015, motivo por el cual razona que una eventual e hipotética responsabilidad solidaria que pudiera caber no se puede entender más allá del tiempo de duración de la vinculación comercial entre la empleadora del actor y su representada.
En subsidio impugna los rubros peticionados respecto de los haberes de marzo a julio de 2015, toda vez que fueron abonados a raíz del depósito que efectuara YPF SA por cuenta y orden de OEDSUR SRL en la cuenta de la Secretaría del Trabajo que, en defini-tiva, se encargó de la transferencia a la cuenta del actor y explica el procedimiento que se utilizó me-diante expediente Nº 556.877 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz y detalla las fojas en que surgen depósitos en esas actuaciones a favor del actor. Deja en claro que YPF SA no abonó el haber del actor, sino que efectuó retención de lo que debía abonar a la empleadora del actor, por lo que se deben considerar realizados por la empresa.
Respecto de la indemnización del art. 245 de la LCT recalca que no fue devengado y no podrá ser considerado a los efectos de determinar la base del cálculo de la indemnización del art. 245 LCT. Sostiene que no podrá incluir aquello no remu-nerativo y que debe estarse al tope indemnizatorio vigente para el CCT 643/12. Impugna los restantes rubros por no indicar el cálculo o la base para arribar a esas cifras. Considera improcedente la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 por estar frente a la extin-ción del contrato de trabajo por la causal de abandono del trabajo que desarticula la pretensión indem-nizatoria y aún de entender lo contrario no se efectuó la intimación previa que dicha norma exige.
Idéntico razonamiento utiliza para rechazar la procedencia de la indemnización del art. 80 por no ha-ber respetado el plazo de 30 días que establece la norma. Razona que por otro lado que al ser un terce-ro ajeno a la relación no se le puede intimar, por ser de imposible cumplimiento a su parte.
Se abre la causa a prueba a fs. 852/853 de la que informa la actuaria en PE 169812/2021. Solo la parte actora hace uso del derecho de alegar con el escrito en PE 330.098/2021 no así las codeman-dadas a quienes se les da por perdido el derecho de hacerlo con PE 388966/2022 y quedan los autos en estado de dictar sentencia. Luego el magistrado se avoca.
IV. Que la sentencia instrumentada en PE 457.233-2022 entiende en sus considerandos, pri-mero que la defensa de prescripción no puede prosperar por la interpelación fehaciente realizada por el titular del derecho, conforme la directriz del art. 2541 del Código Civil, interrumpe el plazo de pres-cripción durante el trámite por un lapso no mayor de seis meses. En su parte dispositiva hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. Figueroa Walter Omar contra la firma Operaciones Especiales del Sur S.R.L. y en consecuencia la condena al pago de las sumas de dinero correspondien-te a los rubros demandados en concepto de: a) indemnización por antigüedad; b) Indemnización susti-tutiva del Preaviso; c) SAC s/ preaviso; d)Haberes adeudados de abril/julio 2015; e)Vacaciones adeu-dadas 2014; f) Vacaciones proporcionales 2015 y SAC sobre vacaciones; g) indemnización art. 2 ley 25.323. Establece que sumas definitivas de dinero correspondientes a dichos rubros deberán ser de-terminadas, una vez firme la presente, por el Gabinete Contable acreditado ante la Excma. Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia, actualizadas desde la fecha referida supra y conforme la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina. Los montos o sumas que en definitiva resulten deberán ser abona-das por la demandada condenada, en el plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto deberá practicarse, bajo apercibimiento de ejecu-ción forzosa (art. 99 y siguientes Ley 1444). 2º) desestima los rubros haber adeudado del mes de mar-zo 2015 e indemnización art. 80 LCT en virtud de lo manifestado en el considerando V ítem D) y H). 3º) Intima al demandado de autos a acompañar a la sede del Juzgado dentro de los 30 días corridos de que quede firme el presente pronunciamiento el certificado de aportes y servicios conforme lo pres-cripto por el art. 80 de la LCT a los fines de ser entregado por Secretaría al actor. 4º) Condena en cos-tas a demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 5º) Difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos hasta tanto den cumplimiento con el Ac. 2628 del STJSC. 6º) Ordena regístrar y notificar a las partes.
V. Que el apoderado de YPF SA en PE 462874 interpone aclaratoria toda vez que no obstante surgir de los considerandos el rechazo de la solidaridad que el actor atribuía a su representada, ello no surge de los puntos del FALLO y por ello pide se incorpore al mismo el rechazo de la solidaridad.
En PE 302.273/2022 se hace lugar al recurso y dispone modificar el punto 2 de la sentencia agregando al final del mismo: “… y la solidaridad respecto de la firma YPF SA en virtud de lo mani-festado en el considerando II ratificándose en lo que demás respecta y así lo decido. Notifíquese a las partes intervinientes.”
VI. Que el pronunciamiento no conforma ni al actor ni a la codemandada OEDSUR SRL. Ambas apelan la sentencia. El actor lo hace en PE 471851/2022 y la codemandada en PE 472829/2022. Por PE 330105/2022 se conceden ambos recursos libremente y con efecto suspensivo y se corre traslado de los agravios expresados a las contrarias. Solo YPF SA contesta el traslado de los agravios del actor en PE 527405/2022. Por PE 343224/2022 se deja sin efecto el apercibimiento de PE 340368/20223 y se lo tiene por contestado en término. Contra esta providencia el actor interpone re-posición y apelación “in extremis” y apelación en subsidio. De esta presentación se corre traslado por PE 360224/2022 que contesta YPF SA en PE 565953/2022. Por PE 619121/2022 se rechaza la revoca-toria y se califica de improcedente la apelación. Los autos se elevan mediante la certificación de estilo que se instrumenta en PE 675393/2022. Se reciben en la instancia en PE 435771/2022. Se integra Cámara en PE 687984/2022 con el Dr. Jorge Omar Alonso. Firme la integración por PE.700774/2022 se establece el orden de estudio y pasan los autos a despacho para dictar sentencia.
El actor, en su memorial con el que sostiene su recurso (ver PE 471851/2022) comienza refi-riéndose a los hechos y recuerda que la demandada en su responde refiere su actividad consistente en tareas referidas a la extracción de petróleo en diversas áreas en esta provincia y Chubut y que en los primeros meses de 2015 se encontraba afectada al cumplimiento del contrato con YPF SA. y recono-ció la antigüedad y categoría del actor (X1S del CCT 496/12) con tareas en Los Perales y El Guadal para Repsol SA y luego con la codemandada YPF SA a partir de 2012. Resume los argumentos de YPF SA para negar la solidaridad y los argumentos de la sentencia para acoger el rechazo de la solida-ridad planteado por YPF SA. Aclara un término técnico sostenido en la sentencia. Disiente con el sentenciante respecto del servicio prestado por OEDSUR SRL y sostiene que el actor prestaba sus tareas como operador de dinamometría computarizada en los yacimientos “Perales” y “El Guadal” agregando ahora “Cañadón de la Escondida” (no mencionado en la demanda hago no-tar).
Se explaya largamente sobre las tareas contratadas por YPF SA a la codemandada para corro-borar que es de la actividad propia del principal (YPF SA) que extrajo del Manual de Producción PAE Argentina, con el objeto de clarificar de cierta manera el objeto del contrato que vinculaba a las firmas demandada. Sostiene que esas tareas realizadas por el actor como operario de dinamometría compu-tarizada si bien pueden parecer secundarias se encuentran directamente vinculadas e integradas a la actividad y objeto de la empresa principal. Por ello considera inadmisible desestimar la solidaridad de la codemandada principal (YPF SA) con el pretexto que estas tareas nada tienen que ver con el objeto de la contratista pues sostiene que específicamente alcanza a tareas que hacen a la explotación misma del producto que manejan y que el actor cumplía como operador de dinamometría computari-zada. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y respecto de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alega como, a su criterio, debe ser interpretado el art. 30 de la LCT con cita de jurisprudencia.
Sostiene que las tareas desarrolladas por el actor no son secundarias o accesorias, y que por el contrario resultan de aquellas que son coadyuvantes y necesarias para la efectiva obtención del resul-tado final. Argumenta que no puede soslayarse que las tareas del actor dentro del marco que unía a ambas empresas no eran de las encuadradas dentro de dicho instrumento y por lo tanto ajenas al obje-to de esta última: exploración y/o explotación petrolera. Dice que entre ambas existe una unidad técni-ca de ejecución para su resultado final y que la función del operario es una labor vinculada directa y estrechamente con la actividad petrolera y desconocerlo es menoscabar el derecho constitucional del actor con cita de doctrinal e invoca el art. 14 de la constitución. Funda en derecho y pide que se haga lugar al recurso de apelación condenando a YPF SA como responsable solidaria por todos los rubros de condena a la principal, con imposición de costas.
VII. Que el apoderado de la codemandada YPF SA contesta los agravios (ver PE 527405/2022). En primer lugar se pregunta que pruebas produjo la codemandada respecto de que marzo de 2015 se encontraba afectada a la actividad de YPF SA: existió la prueba, se acompañó copia del estatuto o se libró oficio al Registro Público de Comercio a fin de acreditar lo afirmado por el actor y sostiene que la respuesta es negativa.
Por ello afirma que la inferencia del apelante que OEDSUR SRL realizaba tareas vinculadas al petróleo es artificiosa y que no se puede tener por acreditado un hecho mediante la mera afirmación de una parte sin prueba que lo respalde. Califica de clara la valoración de la prueba y transcribe párra-fos de la sentencia. Recuerda que es el actor quien debe probar la solidaridad lo que no hizo aportan-do solo la prueba documental que acredita únicamente la relación comercial entre las codemandadas pero no que el actor desarrollara tareas en Los Perales o El Guadal para YPF SA hechos que falazmen-te el apelante señala como reconocidos en la sentencia. Recuerda que en el responde su parte puntua-lizó respecto del CCT 496/12 que no guarda vinculación con la actividad petrolera. Expresa que el apelante trae dos cuestiones a esta instancia sin que se haya afirmado y mucho menos probado. Así pretende argumentar sobre el objeto del contrato incorporado a la causa y luego describe la tarea que habría realizado el actor para su empleadora. Expresa que se trata de cuestiones no sometidas a consideración del juez de grado que no podrán ser tratadas por la limitación del art. 276 CPCC y vulneran el principio de congruencia tema sobre el que se explaya.
Argumenta que el actor en su apelación agrega elementos diversos a los propios de la contro-versia oportunamente planteada y que, como tribunal, debemos rechazar los agravios.
Invoca el carácter restrictivo de aplicación del art. 30 de la LCT y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un precedente de este tribunal.
Subsidiariamente para el supuesto de revocarse la sentencia en lo que hace a la solidaridad, plantea que deberán analizarse los planteos del responde que no fueron considerados por el senten-ciante: lo referido al Tope previsto en el art. 245 LCT para el cálculo de la indemnización de la anti-güedad que se extrapola al resto de los rubros que tienen en cuenta la mejor remuneración normal y habitual. Lo deja aclarado por cuanto al no haber sido condenada se encontraba inhabilitada para rea-lizar cuestionamientos. Pide se rechace el agravio y se confirme la sentencia que se encuentra ajustada a derecho.
Mantiene la reserva del caso federal.
VIII. Que el Dr. Paulo Luis Schmidt en representación de OEDSUR SRL se agravia como se-ñalamos en PE 472829/2022. En el primer agravio se refiere al reconocimiento del actor de mantener otra relación laboral, el principio de buena fe y la teoría de los actos propios, invoca el abandono re-nuncia y la improcedencia del reclamo. Se queja la falta de realización de una debida valoración del caso donde puntualmente el actor reconoce expresamente que ingresó a trabajar en otra empresa por gestiones del gremio lo que a su criterio hace aplicable el dispositivo del art. 58 de la LCT como plan-teara en el escrito de responde. Por ello entiende que la sentencia no constituye una derivación razo-nada de las constancias de la causa y el derecho vigente. Según el reconocimiento del actor dejó de trabajar para OEDSUR SRL el 20 de marzo de 2015 e ingresó a trabajar para otra empresa situación que, a su juicio, importa abandono renuncia. Cita doctrina que se tiene presente. Sostiene que la sen-tencia incurre en error no solo al desconocer que el actor reconoce haber ingresado a las órdenes de otra empresa, sino cuando sostiene que el actor habría intimado la dación de tareas por cuanto solo intimó en julio de 2015 se aclarara su situación laboral cuando se encontraba prestando tareas para otra empresa, por lo que la sentencia no se ajusta a las constancias de la causa. Entiende aplicable, en el supuesto, la teoría de los actos propios con su ingreso a otra firma y por ello considera incompatible el reclamo indemnizatorio. Cita jurisprudencia sobre la aplicabilidad de esa teoría en el marco laboral. Pide se admita el reclamo y se rechace la demanda con costas. En el segundo agravio se queja porqué la sentencia condena, violando el principio de con-gruencia, a entregar la certificación de servicios y remuneraciones, entrega que el actor no incluyó en el objeto de la demanda donde solo reclama la indemnización de tres sueldos del art. 80 de la LCT, pero no solicita que se condene a su parte a entregar certificados laborales con cita de jurisprudencia. Entiende perfectamente establecido que la sentencia rompe el principio de congruencia y conculca derechos constitucionales al resolver la entrega de documentación no reclamada. Pide se admita el agravio y se revoque la sentencia con costas.
Reserva el caso federal.
IX. Que antes del ingreso al examen de los agravios debo señalar que esa costumbre conocida como “copiar y pegar” volvió a atacar el trabajo del magistrado. Así se dice “En el caso de autos surge que la demandada Paola González-titular del comercio Cauchito Gil- no hubo de contestar la intima-ción realizada en fecha 13/06/13” siendo que la nombrada no es parte en autos. Se deberá arbitrar los medios para desterrar esa costumbre.
X. Que planteados en estos términos los agravios de las partes una cuestión de lógica nos in-dica que en primer término se deben analizar los vertidos por el apoderado de la firma OEDSUR SRL, habida cuenta que si ellos son admitidos los agravios del actor se vuelven abstractos.
El apoderado de OEDSUR SRL se centran en el argumento que el actor ingresó a trabajar para otra empresa por gestiones del gremio como lo reconoce en el libelo de inicio. Pero de esta pieza in-troductoria del proceso solo refiere que se encadenó el 15 de marzo y luego hace referencia al ingreso a otra firma, es cierto, pero en ninguna parte dice que lo hubiera realizado el comienzo de una nueva relación con anterioridad a darse por despedido. Por otro lado del informe de AFIP de fs. 881/886 surgen aportes hasta mayo de 2015 realizados por su representada OPERACIONES ESPECIALES y un nuevo aporte en junio de 2016 por la empresa CALENDER S (ver fs.886).
Por otro lado ninguna prueba aportó la empleadora demandada respecto del ingreso del actor en otra empresa durante la vigencia de la relación laboral con su representada y antes del distracto. Le correspondía la prueba. La teoría de los actos propios no es de aplicación por regla general en circuns-tancias como las de autos en que se pretende darle un sentido distinto a lo afirmado en el inicio. Pro-pongo por estas razones el rechazo de este agravio.
Respecto del segundo agravio cabe señalar que los certificados se pueden pedir en cualquier momento y, en este caso, se formalizó en el escrito de inicio dentro de la prueba (ver fs. 17) donde pide se los presente en la primera audiencia. Ergo no se ha violado el principio de congruencia y debe rechazarse este agravio.
Respecto de los agravios del actor con relación al rechazo de la solidaridad pretendida. Está probado que el contrato entre las codemandadas y surge del libro de órdenes y de pedidos de la con-tratista a YPF SA. se refiere a tareas de Eco dinamometría. Entiendo que la invocación del “Manual de producción PAE argentina” no sería atendible con imperio del art. 276 del CPCC. Pero lo cierto es que tareas de eco dinamometría hacen a la mejora del rendimiento y economía de la extracción de petróleo mientras se aprovecha el equipo.
En los referidos libros de órdenes de servicio y de pedidos de empresa agregados a autos se menciona al actor como uno de los operarios que recorrían los distintos pozos y las tareas encomen-dadas. En el libro de Ordenes de Servicio de enero 2015 se solicita las cargas de las mediciones como máximo 24 horas después de realizadas, el listado con un máximo de 15 mediciones, en los casos de muy altas sumergencias y carta con golpe de fluido o similares anular la carga del nivel y avisar al ingeniero de la zona, para lograr una calidad óptima de las mediciones( folio 3 del libro de órdenes Nº 5) Curvas de rendimiento de los equipos de los folios 20 y 21; multa por personal durmiendo en ya-cimiento sin cumplir con programa (folio 47)del libro de órdenes Nº 4) o las planillas agregadas al folio 12 del libro de pedidos.
En los libros se advierte el desempeño del actor Por ejemplo en el libro de pedidos Nº 5 se lo menciona en los folios 1;10;20; 22; 34; 36; 40; 47 entre otras de los distintos libros. Por ello se entiende que el agravio del actor es atendible desde que se desprende de lo expuesto que las tareas contratadas a OEDSUR SRL hacen a la actividad de YPF S.A. desde que implicó sub-contratar un trabajo o servicio correspondiente a la actividad normal y específica propia del estableci-miento como es recorrer los diferentes pozos para realizar el servicio de eco dinamometría o sea con-trolar diversas pautas de funcionamiento de cada pozo y retrasmitirlo a la empresa contratante para subsanar deficiencias y obtener un óptimo rendimiento.
Por ello entiendo que es atendible el agravio del actor contra el rechazo de la acción por responsabilidad solidaria. No es obstáculo para esta solución la argumentación que desde otro ángulo esgrime el apode-rado de YPF S.A. al contestar la demanda en el sentido que a la fecha del distracto no se encontraba vigente el contrato que su parte mantenía con el contratista Operaciones Especiales del Sur S.R.L. que habría finalizado en febrero de 2015. Si vamos al contrato de marras se ha acompañado una adenda Nº 6 del 12 de febrero de 2015 (agregada a fs. 785/786 hoy reservada) donde se establecen nuevas tarifas y se acuerda en la cláusula VI que las partes establecen que el contrato permanece plenamente vigente de acuerdo a sus términos originales con las aclaraciones/precisiones formuladas precedente-mente.
Hubiera correspondido a la codemandada haber probado la efectiva conclusión del contrato motivo por el cual este argumento no es atendible y lo rechazo. Por ese motivo el agravio del actor es atendible y debe modificarse la sentencia haciendo res-ponsable a la codemandada YPF SA por las obligaciones de la empleadora, sin perjuicio de las accio-nes que entre las codemandadas puedan formalizarse.
Es atendible la pretensión subsidiaria de la representación de YPF SA al contestar agravios toda vez que al no irrogarle a su parte agravios la sentencia al no considerarla solidariamente responsable por aplicación del art. 30 de la LCT no estaba habilitada para para cuestionar la sentencia. Al conside-rar en mi voto que sí lo es, debo tratar los planteos de esta parte en el escrito de responde.
Hay un error en la indicación del convenio colectivo de trabajo que se indicara en el inicio al referir el actor que las tareas se desarrollaban bajo el CCT 496/12, y lo señaló la representación de YPF en su responde donde sostuvo que era de aplicación el CCT 643/12 (fs. 833). En efecto dicha CCT 496/12 fue celebrada entre la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y la Con-federación Argentina de Mutualidades. Nada que ver con la actividad de las partes toda vez que resul-ta aplicable al caso la CCT 643/12 aspecto en el que se modifica oficiosamente la sentencia. Por ello en la etapa de ejecución se deberá determinar el quantum de la indemnización por antigüedad y en su caso la aplicación del tope del Art. 245 de la LCT que la sentencia encomendó al Gabinete Contable en tanto implique, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “VIZZOTI, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido” reducir la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año en más del 33%, tomando como indica la sentencia los recibos de fs. 3/5 y las escalas salariales conforme el convenio 643/12 como operador senior en la categoría XI-S y la mejor remuneración con el tope ajustándose a la doctrina del fallo VIZZOTI referido.
XI. Que por estas razones considero que en los aspectos señalados la sentencia no es justa. Respondo en consecuencia en forma negativa, con el alcance indicado, a la primera cuestión propues-ta al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. Concuerdo con el primer votante en los puntos que la sentencia no es justa. Adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIII. Que en función de lo expuesto al responder a la anterior cuestión propongo al Acuerdo dictar la siguiente sentencia: 1º) Rechazar los agravios de la firma OPERACIONES ESPECIALES DEL SUR S.R.L. y admitir los expresados por el actor admitiendo la solidaridad de YPF S.A. con las limita-ciones planteadas por la codemandada YPF SA al contestarlas. 2º) Modificar la sentencia aclarando que la relación laboral del actor se encontraba reglada por la CCT 643/12, ampliando la condena que incluirá a la codemandada YPF SA en su calidad de responsable solidaria en los términos del art. 30 de la LCT y disponer que en la etapa de ejecución de sentencia se deberá determinar el monto de la indemnización por antigüedad y en su caso la aplicación del tope del Art. 245 de la LCT que la sen-tencia encomendó al Gabinete Contable en tanto implique, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “VIZZOTI, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido” reducir la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año en más del 33%, tomando como indica la sentencia los recibos de fs. 3/5 y las escalas salariales conforme el convenio 643/12 como operador senior en la categoría XI-S y la mejor remuneración con el tope ajustándose a la doc-trina del fallo VIZZOTI referido. 3º) Disponer que el Juzgado de origen arbitre los medios para deste-rrar la costumbre de “copiar y pegar” que se señala en el considerando IX. 4º) Las costas de ambas instancia se imponen a las demandadas por el principio objetivo de la derrota que establece el art. 68 del CPCC y se confirma la sentencia en lo demás que decide. 5º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se regulen los correspondientes en la instancia de grado. 6º) Tener presente las reservas del caso federal formuladas en PE 527405/2022 y PE 472829/2022. 7º) Regístrese, notifíquese y oportu-namente vuelvan los autos al Juzgado de origen. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XIV. Considero que la propuesta se ajusta a lo decidido y resulta justa y equitativo. Por ello adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia.
Caleta Olivia, 6 de junio de dos mil veintitrés
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales, jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios de la firma OPERACIONES ESPECIALES DEL SUR S.R.L. y admi-tir los expresados por el actor admitiendo la solidaridad de YPF SA con las limitaciones planteadas por la codemandada YPF SA al contestarlas.
2. Modificar la sentencia aclarando que la relación laboral del actor se encontraba reglada por la CCT 643/12, ampliando la condena que incluirá a la codemandada YPF SA en su calidad de res-ponsable solidaria en los términos del art. 30 de la LCT y disponer que en la etapa de ejecución de sentencia se deberá determinar el monto de la indemnización por antigüedad y en su caso la aplicación del tope del Art. 245 de la LCT que la sentencia encomendó al Gabinete Contable en tanto implique, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “VIZZOTI, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido” reducir la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año en más del 33%, tomando como indica la sentencia los recibos de fs. 3/5 y las escalas sala-riales conforme el convenio 643/12 como operador senior en la categoría XI-S y la mejor remunera-ción con el tope ajustándose a la doctrina del fallo VIZZOTI referido.
3. Disponer que el Juzgado de origen arbitre los medios para desterrar la costumbre de “copiar y pegar” que se señala en el considerando IX.
4. Las costas de ambas instancia se imponen a las demandadas por el principio objetivo de la derrota que establece el art. 68 del CPCC y se confirma la sentencia en lo demás que decide.
5. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se regulen los correspondientes en la instan-cia de grado.
6. Tener presente las reservas del caso federal formuladas en PE 527405/2022 y PE 472829/2022.
7. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Jor-ge Omar Alonso no firma por no existir disidencias.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201017S.231 Tomo: XCVIII Sentencia: 3005 Folio Nº: 135/144 Secretaria: 1
Fin de la sentencia