Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126933
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC), con costas.
C. 126.933 "MENEGOZZI HUGO DARÍO C/ MENEGOZZI ALBERTO CLAUDIO S/ FIJACIÓN DE PRECIO DE ALQUILER"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín, en el marco de un proceso por fijación de precio de alquileres promovido por Hugo Darío Menegozzi contra Alberto Claudio Menegozzi, confirmó la decisión que, a su turno, rechazara el planteo del demandado y dispusiera que, sin perjuicio de tener presente la cesión formulada, éste continúa siendo parte en autos, quedando la actuación del cesionario limitada a lo normado por los arts. 90 inc. 1 y 91 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 30-XI-2021).
Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado pasivo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 17-XII-2021). El Tribunal de Alzada otorgó un plazo de cuatro meses a fin de que el recurrente acreditara la concesión del beneficio de litigar sin gastos, bajo apercibimiento de declarar desierta la vía intentada (v. resol. de 16-II-2022). Encontrándose próximo a vencer el plazo dispuesto, el accionado solicitó prórroga del mismo, petición que tuvo favorable acogida por parte de la Cámara, extendiendo el plazo por dos meses (v. resol. de 7-VII-2022). Luego, a instancias del interesado, se concedieron dos nuevas prórrogas, por un periodo de dos meses en cada oportunidad (resols. 30-VIII-2022 y 21-III-2023). Con posterioridad, se prorrogó por última vez el plazo estipulado -nuevamente por el término de dos meses-, requiriéndose al profesional que ultimara los recaudos necesarios a los fines de concluir con la producción de la prueba en dichas actuaciones, a fin de que el juzgado de origen emitiera pronunciamiento respecto del beneficio solicitado (v. resol. de 6-VI-2023). Finalmente, tras verificar que pese al tiempo transcurrido no se había demostrado la obtención de dicha franquicia, el órgano declaró desierto el remedio en cuestión (v. resol. de 29-VIII-2023).
Ello motivó la presentación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 7-IX-2023 y sus archivos adjuntos).
II. Al respecto, es de observar que en el caso el Tribunal de Alzada otorgó al recurrente un plazo inicial de cuatro meses para acreditar la finalización del trámite del beneficio referido -lapso aún mayor al establecido por esta Corte en el precedente Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. de 28-VIII-2002) y los que siguieron su doctrina- y, de todos modos, habiéndose prorrogado el período en cuatro oportunidades, no se ha cumplido con tal emplazamiento.
Con relación a ello, cabe recordar que el término de tres meses fijado en el citado antecedente de este Tribunal, se estableció por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios para la obtención del beneficio de litigar sin gastos definitivo (conf. doctr. causas C. 107.150, "Nenicka", resol. de 28-IV-2010; C. 105.147, "Tomassini", resol. de 30-III-2011; C. 121.411, "Fleitas Torres", resol. de 12-IV-2017; C. 121.791, "L. Y. V.", resol. de 27-VI-2018; C. 124.280, "Selser", resol. de 8-VI-2021 y C. 126.141, "Eandi Eberle", resol. de 29-IX-2023).
En tales circunstancias, la deserción decretada luego de vencido holgadamente el lapso, con sus prórrogas, fijado por el órgano para acreditar el otorgamiento definitivo de la franquicia invocada -exigencia que, según se desprende de las copias acompañadas y del relato efectuado en la presentación bajo estudio, no surge cuestionada en su oportunidad-, resulta ajustada a derecho (conf. doctr. causas C. 116.532, "Berlari", resol. de 21-III-2012; C. 118.941 "Fisco de la Pcia. de Bs. As.", resol. de 18-VI-2014; C. 124.236, "Piran", resol. de 4-V-2021; C. 124.280 y C. 126.141 cits.).
A ello corresponde agregar que no se ha verificado tampoco en esta sede, durante el período transcurrido desde que la queja fue articulada, la comprobación de la finalización del aludido beneficio a cargo del impugnante (conf. doctr. causas C. 121.000, "Loredo Frias", resol. de 30-V-2018; C. 122.739, "Marcos", resol. de 17-X-2018; C. 123.014, "Mandrile y Aguirre S.A.", resol. de 28-VIII-2019; C. 123.481, "H. O., G. E.", resol. de 20-XI-2019 y C. 125.667, "Arena", resol. de 23-XI-2022).
Así, en el contexto descripto, las argumentaciones efectuadas por el recurrente en la vía directa traída, al invocar, entre otros aspectos, su condición de jubilado y adulto mayor, la existencia de actividad impulsoria desarrollada por su parte en el incidente y la demora en la contestación de un oficio remitido al Juzgado en lo Civil y Comercial n°8 departamental, resultan insuficientes para evidenciar el yerro en la resolución del Tribunal de Alzada que hizo efectivo el apercibimiento -claramente dispuesto al dictarse la intimación (v. resol. de 16-II-2022)-, por no haberse satisfecho en el plazo fijado -varias veces prorrogado- el emplazamiento a acreditar el beneficio en cuestión (art. 280, CPCC; conf. doctr. causas C. 124.280 y C. 125.667, cits.).
Finalmente, se pone de manifiesto que no se observan en el presente, conforme a las circunstancias reseñadas, los presupuestos que fundaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Font, Alberto Mario c/ Romero, Birilo s/ cobro hipotecario" -CSJ 580/2013 (49-F), sent. de 16 de junio de 2015- (conf. doctr. causas C. 120.644, "Díaz", resol. de 23-XI-2016; C. 121.151, "R., M. C.", resol. de 29-III-2017 y C. 123.806, "Leys", resol. de 27-V-2020).
Resta decir que tampoco se advierte en el caso -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que si bien denuncia arbitrariedad y se menciona la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales (v. escrito electrónico de 7-IX-2023), lo cierto es que los argumentos expuestos en el recurso consisten en denuncias concernientes a la interpretación y a la aplicación del derecho común y procesal, que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de aquel linaje (conf. doctr. causas C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.921, "Benítez", resol. de 7-III-2019; C. 125.388, "Castrosín", resol. de 10-VIII-2022; C. 125.667, cit. y C. 125.724, "C. M. E. y otros", resol. de 29-XII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC), con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/04/2024 13:57:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2024 08:36:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 12:26:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:02:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2024 09:06:30 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/05/2024 10:53:03 hs. bajo el número RR-284-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia