Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 22285
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma de $106.916 (ciento seis mil novecientos dieciséis pesos), confirmando la imposición de costas que la misma porta.-
Costas de Alzada, a la demandada vencida (art. 68 del CPCC).-
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
Causa Nº MO-22285-2015 R.S.193 /2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 16 de Agosto de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "NOBUA GUILLERMO MARIO C/ MORENO ALEJANDRA VERONICA S/ FIJACION PRECIO ALQUILERES", Causa Nº MO-22285-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental a fs. 170/3 dictó sentencia en la cual resolvió hacer lugar a la demanda, en los términos que de allí surgen, con costas a las demandada y diferimiento de la regulación de honorarios.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron a fs. 178 y 177 la actora y la demandada interponiendo los respectivos recursos de apelación; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 179 y se los fundó con las expresiones de agravios de fs. 184/7vta. (actora) y 189/190vta. (demandada).-
Las mismas fueron replicadas a fs. 195/7 y 192/4vta., respectivamente.-
3. A fs. 199vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientras que la actora se queja de la fecha desde la cual se mandan a abonar los cánones locativos, la demandada objeta la condena en costas.-
A los términos de cada una de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
Para comenzar mi voto, he de señalar liminarmente que ninguna de las partes cuestiona la subsunción normativa que porta el fallo en crisis, en cuanto aplicó la normativa del Código Civil; temperamento del que, por otra parte, me parece el adecuado, en aplicación de la preceptiva del art. 7 del CCyCN.-
Hecha esta aclaración, y a fin de dar respuesta a la cuestión planteada, es necesario recordar algunos precedentes de la Sala.-
Hemos dicho en la causa 53.579 (R.S. 25/07) que "el condómino que utiliza el bien común y de tal manera excluye al copartícipe del goce de este, debe pagar el valor locativo que se fije judicialmente desde la fecha de reclamación por el condómino excluído, pero no con relación al tiempo anterior porque la pasividad importa un tácito consentimiento con dicha utilización exclusiva del bien".-
En el mismo sentido, se ha sostenido que el uso exclusivo de la cosa común queda justificada por la conformidad de todos los condóminos, o en la preferencia establecida en el art. 2702 del código Civil, pero cuando la disconformidad se manifiesta el emplazado deber resarcir a sus condóminos por el provecho que obtuvo al usar para sí el inmueble, siendo el único beneficiario de los frutos civiles devengados de su ocupación (esta Sala en causa 44.989, R.S. 192/01). Así ante el pedido de cualquiera de los condóminos procede la fijación de una suma mensual a título de compensación a cargo del o de los condóminos ocupantes del bien objeto de condominio (ver mi voto en causa de esta Sala 46361, R.S. 47/03).-
Habiéndose fijado tal compensación desde la Carta Documento en la cual uno de los condóminos se opone al uso exclusivo de la cosa común (causa MO 41420 R.S. 64/17).-
Sobre el punto, encontramos un preclaro fallo de la Suprema Corte de Justicia local (Ac. 57.020, "Gauna, Mario y otros contra Díaz, Enrique y otro. Indemnización" del 16/9/1996) donde se dijo que " c) El art. 2684 del Código Civil -actuado por el fallo- establece que todo condómino puede gozar de la cosa común conforme el destino de ella, con tal que no la deteriore en su interés particular, derecho que no se respeta cuando se usa el bien gratuitamente en forma que excluye el ejercicio de esa misma prerrogativa por los otros condóminos. Ello importaría "el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad", prohibido por la ley (art. 2680).
Si los otros condóminos, que -según quedó expresado- pueden reclamar un derecho igual o exigir que la cosa se dé en locación, no lo hacen, deben asumir las consecuencias por su asentimiento implícito y, consecuentemente, no pueden cobrar ningún alquiler mientras mantengan su silencio. En caso contrario tienen derecho a la percepción de una renta, sólo a partir de efectuada la pertinente oposición al uso y goce exclusivo (conf. pacífica doctrina cit. por el autor mencionado ut supra; Idem Papaño, etc., "Derechos Reales", t. I, cap. XII, pág. 310).
Entonces, si la situación de hecho en el caso de autos autorizaba a los condóminos a reclamar su derecho a aquéllos que estaban en el uso y goce del bien común, corresponde determinar si la tal oposición se produjo.
La alzada entendió que sí, otorgándole mérito para ello a los instrumentos que obran a fs. 49, 50 y 52 (este último con relación a la autenticidad de las mencionadas piezas).
La recurrente tilda de absurdo este razonamiento, alegando que de ninguna manera de tales piezas surge su recepción ni que la firma impresa en el aviso le perteneciera, correspondiendo -en virtud de su negativa expresa en el responde y a mérito de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial- que fuera la actora quien la demostrara a través de la pertinente prueba caligráfica.
Entiendo que no le asiste razón. En causa Ac. 45.837 (sent. del 4-II-92), se dijo que la reglamentación vigente respecto de las cartas documento requiere que el aviso de recibo sea firmado por el destinatario o persona autorizada por éste y que el empleado que efectúa la entrega -además de asentar dicha autorización- certifique la recepción bajo su firma (v. arts. 193, 1ro. incs. a, b, c y 3ro. de la Res. 431/77 de ENCOTEL aplicables por remisión del reglamento anexo a la Res. 1926/77, art. 7 incs. 7 y 8, ratificados por la Res. 1110/84 vigente, arts. 7, 10 y 11; ver, asimismo, "Acuerdos y Sentencias", 1987-I-92).
En autos, a fs. 50 obra el aviso de recibo con la firma del receptor inserta al pie con su correspondiente aclaración -coincidente con una de las personas que la inspección de fs. 72 menciona como "ocupante" de la finca en cuestión- y a la derecha firma del empleado a quien la empresa confió la certificación de entrega, cuya autenticidad tuvo por probada la alzada con el informe de Encotel de fs. 52. Cumplidas tales condiciones, no puede negarse válidamente la recepción apuntada. Por lo dicho, considero que pierde sentido la propuesta discusión acerca de la naturaleza jurídica de la carta documento.
De manera que ha quedado incólume el pronunciamiento en cuanto decidió que la interpelación realizada resultó hábil a los fines de determinar el punto de partida de la reclamación, toda vez que desde allí los accionantes pusieron en conocimiento de los accionados su intención de exigir una compensación por la imposibilidad de ejercer igual derecho de usar y gozar de la cosa, como lo hicieran estos últimos ".-
Ahora bien, dicho todo esto tenemos que -en el caso- existió una Carta Documento (fs. 9) cuya recepción la demandada desconoció (ver fs. 44); no obstante ello, mediante prueba informativa, quedó demostrado lo contrario (ver fs. 102): la Carta Documento fue recibida con fecha 29 de Septiembre de 2014.-
Ocurre que, en dicha Carta Documento, se intima al pago del canon locativo, aunque no se consigna un monto concreto (evidentemente por un error en su redacción).-
Según se establece en el fallo, ello le resta aptitud a la Carta Documento para computar -desde su recepción- el pago del canon (ver fs. 172).-
Interpretación con la que, por mi parte, discrepo.-
Es que, en el contexto argumental referido mas arriba, lo que importa -a los efectos del pago del canon- no es tanto la intimación a pagar un monto concreto, sino mas bien la exteriorización de la oposición al uso exclusivo .-
Y, a este respecto, la Carta Documento en cuestión es mas que elocuente como exteriorización de dicha oposición.-
Entra en juego, entonces, la regla que veda el uso exlusivo por parte de los condóminos y el consiguiente resarcimiento, hacia los restantes, si ello sucediera.-
Es que, justamente, por ser regla (la veda al uso exclusivo) cualquier situación dudosa en tal sentido, debe inclinar al intérprete por la postura que mejor se acomode a tal carácter generalizado.-
Por lo demás, y desde lo axiológico, me parece la mejor solución.-
No olvidemos que la demandada negó haber recepcionado la Carta Documento, y luego se develó que la misma había sido efectivamente recibida (lo que denota una conducta mendaz).-
Frente a este panorama, y al llegarle una reclamación como la aludida, lo menos que podía esperarse de ella (según un mínimo standard de buena fe) era una contestación; incluso para marcar la imprecisión que recién viene a endilgar al contestar demanda.-
Entonces, si consideraba que la intimación era imprecisa, bueno hubiera sido que lo expresara en su momento, incluso para permitirle a su condómino efectuar las aclaraciones que fueran menester.-
No lo hizo y, en lugar de ello, se mantuvo silente y en el uso exclusivo de la cosa común.-
De tal suerte, entiendo que el canon habrá de computarse desde la recepción de la Carta Documento.-
Ahora bien, ocurre que deberíamos fijar los canones por el período que va desde Octubre de 2014 a Agosto de 2016 (porque el fallo manda a abonarlos a partir del mes de Septiembre de ese año) pero la pericial de autos había fijado los valores al año 2017 (ver fs. 132vta.) y, luego, cuando se le piden explicaciones, nos habla concretamente de valores de los años 2016 y 2017 (ver fs. 148vta.).-
Es decir, no alude específicamente a montos para los años 2014 y 2015.-
Consecuentemente, a tenor de lo prescripto por el art. 165 del CPCC, para definir la cuestión -y no estar postergando el tema para la etapa de liquidación, con las dilaciones e indefinición que ello genera- entiendo que podemos abrevar en la (inimpugnada) respuesta de fs. 135, que nos informa un valor locativo para Septiembre de 2014 de $3.700.-
Y, en relación a los de los años 2015 y 2016, utilizar las pautas del tasador, quien nos habla de una evolución del 25% desde 2014 a 2015, utilizando la misma (porque no nos brinda la de 2015 a 2016) para el año posterior.-
Entonces, computamos estos $3.700 desde Septiembre de 2014 hasta Agosto de 2015 (12 períodos) -lo que arroja $44.400- y desde Septiembre de 2015 hasta Agosto de 2016 (otros 12 períodos) computamos $4.625 ($3700 incrementados en un 25%) -lo que arroja la suma de $55.500-; dejando aclarado que el fallo de primera instancia comienza su cálculo desde Septiembre de 2016.-
Entonces, sumado todo ello y dividido por mitades (dada la composición del condominio), obtenemos la suma de $49.950, por los cánones que van desde Septiembre de 2014 hasta Agosto de 2016, suma que deberá aditarse a aquella por la que prosperara la demanda en primera instancia, con lo cual el monto de condena deberá elevarse a la suma de $106.916 (ciento seis mil novecientos dieciséis pesos).-
Con tales alcances, habrá de hacerse lugar al recurso de la actora.-
En lo que hace al de la demandada, y como está a la vista, ya no habrá un progreso parcial de la demanda, sino total.-
En este contexto, la accionada adquiere el innegable (y objetivo) carácter de vencida, lo que denota que las costas de primera instancia deben quedar totalmente en cabeza suya, a tenor de lo prescripto por el art. 68 del CPCC.-
Promoveré entonces su rechazo y la confirmación de la imposición de costas de primera instancia que el fallo contiene.-
Y, por las mismas razones, siendo total y objetivamente vencida en la segunda instancia, también deberán quedarle impuestas las de Alzada (art. 68 del CPCC).-
Si mi propuesta es compartida se deberá modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma de $106.916 (ciento seis mil novecientos dieciséis pesos), confirmando la imposición de costas que la misma porta.-
Imponiendo las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE MODIFICA la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma de $106.916 (ciento seis mil novecientos dieciséis pesos), CONFIRMANDO la imposición de costas que la misma porta.-
Costas de Alzada, a la demandada vencida (art. 68 del CPCC).-
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE .-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia