Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166697
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación articulado por la Dra. Lami Dozo (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
II. Sin costas por tratarse del ejercicio de un derecho propio (art. 12 ley 14.967). II.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 166697. JUZGADO N ° 10.
"MAJUL ANALIA ISABEL C/ MAJUL EDUARDO HUMBERTO S/ FIJACION DE PRECIO DE ARRENDAMIENTOS".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las actuaciones son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la Dra. Lami Dozo el 4-10-2023, contra lo resuelto el 22-9-2023.
I. En lo que aquí interesa del auto cuestionado, la Jueza estimó que los honorarios regulados en jus a la Dra. Lami Dozo, debían convertirse en su equivalente en pesos conforme el valor que se encontraba vigente al momento en que el incidentado efectúo el depósito.
II. Apeló la Dra. Lami Dozo el 4-10-2023. Fundó sus agravios el 18-10-2023, los que no merecieron réplica.
Se quejó del valor del jus adoptado a fin de calcular sus honorarios y de la imposición de costas en el orden causado.
Respecto de lo primero, señaló que el valor del jus arancelario al 1 de julio de 2023 era de $12.083 y no de $9.950, conforme lo dispuesto por la acordada 4114 de la SCBA.
En cuanto a las costas, sostuvo que no hubo vencimiento parcial y mutuo y, por ende, no corresponde imponerlas en el orden causado.
III. Valor jus arancelario.
1. No hay duda que el espíritu de la nueva ley arancelaria es el de proteger el honorario profesional y evitar su depreciación con el trascurso del tiempo.
De la actual redacción del art. 15 de la ley 14.967 se observa que la intención del legislador fue la de profundizar los recaudos que debe contener toda regulación de honorarios, bajo pena de nulidad.
El inciso "d" del referido artículo dispone que el monto de la regulación deberá estar expresado en la unidad arancelaria jus , cuyo valor definitivo se establecerá al momento de hacerse efectivo el pago.
A su vez, el art. 24 estatuye que la regulación de honorarios se efectuará en su equivalente a la medida jus, debiendo así mantenerse hasta el momento del pago.
2. La interpretación armónica de estas disposiciones evidencia que la ley 14.967 reconoce a la deuda de honorarios como una deuda de valor. Es decir, la utilidad, valor o quid debido está constituido por una determinada cantidad de jus arancelarios (esta Sala, causa nro. 173507 RS 199 del 4-8-2022).
En cuanto al momento que corresponde tomar para la evaluación de la deuda (art. 772 del CCyC), la ley 14.967 sienta como principio general el de su efectivo pago (arts. 9 inc. d, 24, 54 inc. a), previéndose como excepción su conversión a la fecha de mora (art. 54 inc. b).
Es lógico que el valor definitivo sea establecido al momento de hacerse efectivo el pago, dado que allí realmente toma trascendencia la regulación en jus , toda vez que al gozar de movilidad del nivel remunerativo de los jueces, dicho patrón arancelario encontrará en el momento del pago su nivel más elevado (esta Sala, en autos “Fay, Estela Margarita c/ Grupo Idear S.A. y otros s/ Daños y perj. Resp. Profesional (excluido Estado)”, expte. 162.169, sentencia del 2-3-2022).
Ahora bien, para que las sumas de dinero depositadas en la cuenta judicial, de manera voluntaria (pago) o compulsiva (embargo), tengan efectos extintivos de la obligación cuya cancelación procuran, el acreedor debe encontrarse debidamente anoticiado del depósito y, a su vez, tratarse de fondos que queden efectivamente a su disposición (esta Sala causa nro. 135.849 RR 25 del 15-2-2022, entre otras).
3. De las constancias de autos se desprende que el 28-7-2023, el demandado practicó liquidación por los intereses devengados y los honorarios regulados a favor de la Dr. Lami Dozo. Estos últimos los estimó en la suma de pesos $212.432,50 (conforme el valor vigente de la acordada 4108 de la SCBA) con más el 10% de aporte previsional.
En virtud de ello, depositó el saldo que adeudaba por intereses [$ 394.900,86], honorarios y aportes [$233.675,75]. Dichos importes no sólo fueron dados pago sino que también se consintió su extracción (v. los términos de la presentación del 28-7-2023).
De ello se corrió traslado a la actora y a la letrada mencionada, proveído que quedó notificado el 4-8-2023 (conf. acordadas 4013 y 4016 de la SCBA). La Dra. Lami Dozo contestó el 11-8-2023 y alegó que el valor del jus adoptado a fin de calcular sus honorarios era incorrecto pues, con la entrada en vigencia de la Acordada 4114 de la SCBA, su nuevo valor era de $12.083.
4. En este contexto observamos que entre el depósito efectuado por el demandado [28-7-2023] y el traslado contestado por la letrada [11-8-2023], entró en vigencia la acordada 4114 de la SCBA el 7-8-2023 que fijó el nuevo valor del jus arancelario a partir del 1-7-2023 en la suma a la que alude la Dra. Lami Dozo.
Así, corresponde determinar en qué momento quedó disponible la suma depositada para la letrada, para así definir el valor del jus que corresponde adoptar y, en tal tarea, estimamos que ello aconteció el 4-8-2023 cuando se notificó el traslado de la liquidación y el depósito efectuado por el demandado.
En esa oportunidad, el dinero estaba disponible para ser retirado y no mediaba obstáculo formal ni fondal para que la Dra. Lami Dozo solicitara la libranza y el juez procediera a disponer el giro pertinente (conf. arts. 886 CCyC, 8 y ccdantes de la acordada 2579).
La demora en requerir el giro por honorarios y aportes tarifados a su favor no puede, de manera alguna, perjudicar al demandado haciéndolo cargar con la variación posterior del valor del jus arancelario respecto de un crédito cuyo monto fue dado en pago y se encontraba en condiciones de ser extraído en atención a la expresa voluntad manifestada en ese sentido por el deudor el 28-7-2023 (art. 8 acordada 2579)
Por estos motivos, no asiste razón a la apelante y corresponde rechazar el recurso en lo que ha sido objeto de análisis y confirmar lo resuelto en la instancia anterior (arts. 15, 24, 54 inc. “a” ley 14.967, acordada 4108 y 2579 ).
IV. Costas.
1. De una interpretación armónica de lo normado por los arts. 68 y 69 del C.P.C. se extrae que el criterio rector a fin de imponer las costas en el marco de un incidente es preferentemente objetivo, limitándose de cierto modo la aplicación del criterio subjetivo al supuesto en que lo debatido pueda ser calificado como una cuestión dudosa de derecho (Loutayf Ranea, Roberto; "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, Bs. As., 1998, p. 276 y sstes.).
Por el contrario, el art. 71 del ordenamiento procesal dispone respecto al vencimiento parcial y mutuo que " si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos ".
Destacada doctrina autoral sostiene que el mencionado artículo indica como pauta para el sentenciador la consideración del éxito obtenido, no predetermina su criterio sino que le brinda la alternativa de compensar las costas o distribuirlas entre los litigantes, y aún en este caso no indica que el reparto deba ser aritmético, sino prudencial y acorde con las peculiaridades de la causa (conf. Loutayf ob. cit).
2. Trasladando los principios reseñados al caso bajo estudio, advertimos que la incidencia resuelta no puede más que estudiarse a luz de un vencimiento parcial y mutuo para ambos litigantes (art. 71 CPCC).
Ello es así toda vez que la resolución en crisis acoge parcialmente las pretensiones de ambas partes, pero ninguna de ellas prospera íntegramente.
La oposición formulada por la Dra. Lami Dozo en cuanto al valor del jus adoptado a fin de calcular sus honorarios no prosperó pero sí se admitió su oposición al levantamiento de las cautelares y se aprobó la nueva liquidación de las sumas adeudadas.
Es decir que, los planteos de las partes fueron admitidos en forma parcial, por lo que de ninguna manera puede considerarse un éxito absoluto de ninguno que torne aplicable el art. 68 del ritual.
Consecuentemente, debe rechazarse el recurso en lo que a esta parcela concierne y confirmar la imposición de las costas en el orden causado (art. 71 CPCC).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS: I.- Rechazar el recurso de apelación articulado por la Dra. Lami Dozo (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.) II.- Sin costas por tratarse del ejercicio de un derecho propio (art. 12 ley 14.967). II.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 07/03/2024 11:48:56 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2024 13:05:21 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2024 13:29:43 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 08/03/2024 08:44:42 hs. bajo el número RR-89-2024 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia