Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126215
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 126.215 "HEREDEROS DE FERNÁNDEZ NORBERTO SERGIO Y OTRO C/ HEREDEROS DE GUALDESI RODOLFO Y OTRO S/ FIJACIÓN DE PRECIO S/ INCIDENTE (ART. 250 CPC)"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que importa destacar, mantuvo el fallo de origen que -a su turno- hiciera lugar al incidente de reajuste de precio incoado por Norberto Sergio Fernández -hoy sus herederos- y Mónica Susana Dib contra Rodolfo Gualdesi -hoy sus herederos-, Enrique Pedro Gualdesi -hoy sus herederos-, Atilio Gualdesi -hoy sus herederos- y Natalio Sesto Gualdesi, al encontrar reunidos los extremos legales para su progreso (v. sentencias de fecha 26-XI-2021 y 27-IX-2022).
II. Frente a ello, la parte incidentista -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 8 del decreto 214/02; 11 de la ley 25.561; 3, 772 y concs. del Código Civil y Comercial y 7, 18 y concs. de la Constitución nacional. Asimismo, denuncia violación de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 19-X-2022).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado sostuvo "... aclarado por la magistrada de grado el marco legal del reajuste, su interpretación en el caso y habiendo dado suficientes razones para justificar la conveniencia de tomar como pauta de referencia los elementos probatorios reunidos en la causa, en cuanto a la justificación de la asimetría entre el precio convenido y el abonado al momento del pago, el único yerro que encuentro en la determinación de la deuda es un simple error numérico. Es que estando claro que la variable para mensurar la prestación es computar el valor real y actual al momento que corresponda, que no es otro en el caso que el del pago consumado (conf. art. 11 de la ley 25.561, seg. ley 25.820), al cuantificarse a esa fecha el reajuste, la obligación se transformó desde entonces en dineraria, no admitiendo la actualización a valores actuales que pretenden los recurrentes." (v. pág. 10).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los escuetos reproches expuestos en las págs. 5/7 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la revisión de las actuaciones, el reajuste equitativo, la obligación de valor y la interpretación normativa) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar esta porción impugnativa y permite, además, descartar las infracciones legales indicadas a lo largo de la presentación (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco puede atenderse la aducida conculcación a las garantías constitucionales que se expresan a lo largo del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Finalmente, tampoco cabe atender el tópico en el cual se alega violación a la doctrina legal (v. págs. 7/9 del escrito electrónico), toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), cargas no abastecidas por la impugnante que conllevan a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 09:31:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:22:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/10/2023 09:16:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:48:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:14:41 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 14:00:20 hs. bajo el número RR-725-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia