Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2026-20063350-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 4.266.563,81 (pesos cuatro millones doscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y tres con 81/100) en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $220.923 (pesos doscientos veinte mil novecientos veintitrés) equivalente a 2.39 (dos con 39/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 552.308 (pesos quinientos cincuenta y dos mil trescientos ocho) equivalente a 5.97 (cinco con 97/100), los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Resolución SGA Nº 538/2026 (31/03/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-37839276-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Abril de 2026 SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2026-20063350-APN- TFN#MEC, caratulado “FILEL SA s/incidente- beneficio de litigar sin gastos”
La Dra. Gómez dijo:
I-Que mediante IF-2026-20593830-APN-DTD#JGM, Filel SA solicita beneficio de litigar sin gastos previsto en el art. 78 CPCCN alegando que la firma carece de capital suficiente para afrontar los gastos y costas del proceso argumentando que se encuentra atravesando una situación de falta de liquidez.
Por las razones que expone y la prueba que ofrece pide que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos.
II. Que por medio de la presentación incorporada al IF-2026-25101715-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido, solicitando el rechazo del mentado beneficio, exponiendo que los eventuales inconvenientes financieros alegados por la peticionante no resultan suficientes para otorgar el beneficio pedido, ello por cuanto de los escuetos argumentos vertidos por la contraria no surge una efectiva imposibilidad de hacerse cargo de la tasa de actuación ante este Tribunal y las posibles costas en su contra. Considera que las pruebas ofrecidas no resultan hábiles para demostrar la situación de pobreza alegada, oponiéndose a su producción y solicita que se rechace el beneficio de litigar sin gastos.
III. Que por la PV-2026-25265961-APN-VOCX#TFN se hace lugar a la oposición formulada por la representación fiscal respecto de la prueba pericial contable y se requirió a la incidentista acompañe el último balance comercial de la empresa, el que no fue aportado en el plazo otorgado a tal fin.
Que a través de la PV-2026-33980984-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Que por IF-2026-34720604-APN-DTD#JGM y RE-2026-29969327-APN-DTD#JGM realiza una presentación acompañando el balance comercial que le fuera requerido oportunamente y hace mención al embargo sobre una cuenta bancaria y boletas de deuda.
IV. Que el beneficio solicitado tiene como fin evitar afrontar el pago de la tasa establecida por la Ley 25.964. Que la ley mencionada, en su art 9°, establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos” y este beneficio que contempla el artículo 78 del C.P.C.C.N., se acuerda a aquellas personas que “carecieren de recursos” esto es, que se encuentren en una situación de pobreza que al no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que así las cosas, la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. Vale aclarar que el legislador ha omitido referencias basadas sobre el concepto de pobreza, pues éste, por ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades para ser definido con un alcance genérico que abarque la totalidad de las diferentes circunstancias que puedan caracterizar a los distintos casos para resolver; y es por ello que en cada situación, el Tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372; Considerando 1° y sus citas; 315:276 y 1025).
De tal manera, como lógica consecuencia de lo destacado en el párrafo precedente, es posible observar la notable relevancia que adquieren las pruebas que pueda aportar la peticionante de un beneficio de litigar sin gastos, dada la particularidad que cada caso puede representar y principalmente debido al riesgo que implicaría conceder un privilegio tal como lo es el de litigar sin la carga de soportar algún tipo de costo, sin fundamentos y bajo ningún sustento fáctico. Aquella situación no haría más que colocar a una de las partes del litigio en una clara situación de ventaja por sobre la otra afectándose, de manera indudable, el principio constitucional de igualdad que debe regir para todo litigio.
Que a la luz de la solidez probatoria que la concesión del beneficio de litigar sin gastos exige, cabe analizar la prueba documental acompañada oportunamente en el presente incidente.
Que obra agregada la declaración del Presidente de Filel SA quien manifiesta que la sociedad se encuentra atravesando una situación económica-financiera que le impide afrontar los gastos y costas del proceso, surgiendo ello del balance contable aportado en su presentación inicial (vide RE-2026-23378293-APN-DTD#JGM). Por otro lado, del balance contable de los ejercicios finalizados al 31 de agosto del año 2024 y al 31 de agosto de 2025 (vide RE-2026-20571024-APN-DTD#JGM y RE-2026-29969327-APN-DTD#JGM ), se observa que la firma tiene dinero en caja y bancos, créditos comerciales sin que se advierta que la empresa esté pasando un momento crítico, lo que le permite -en su caso- recurrir a préstamos a fin de poder cumplir con el pago debido en concepto de tasa de actuación. Que no puede pasarse por alto que la Sociedad se encuentra operativa y ha obtenido utilidades conforme surge de las notas a los Estados Contables de los balances arrimados, sin que de la prueba producida surja de manera fehaciente que no pueda hacer frente al pago de la tasa de actuación dado que estamos frente a una sociedad comercial en marcha cuyo fin es la obtención de lucro (Fallos: 326:4319); “De otro modo, se arribaría a una interpretación extrema y ciertamente arbitraria si se asimilara una “situación financiera crítica” a la “imposibilidad”, que constituye uno de los requisitos esenciales de la institución en análisis”(confr. C. Nac.Apel.Civ.yCom.Fed., Sala II in re “Alas del Sur S.A. C/ Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina s/ Beneficio de Litigar sin Gastos, del 13/09/12).
Que si bien de la presentación realizada mediante RE-2026-29969327-APN-DTD#JGM se evidencia que pesa sobre una cuenta bancaria en pesos un embargo, el extracto que acompaña a fin de acreditar dicha situación corresponde al lapso comprendido entre el 1° y el 29 de noviembre de 2024, es decir que no se sabe con certeza si dicha medida continúa o la deuda que motivó tal medida ya se encuentra saldada, es más de las notas a los Estados Contables no se observa que se haya hecho mención alguna a tal circunstancia. Por otro lado, tampoco se indicó ni surge de las presentes actuaciones que la empresa no posea otras cuentas en entidades bancarias o financieras distintas a la del banco cuyo extracto aporta.
En este sentido es necesario remarcar que la situación de pobreza, no debe confundirse con dificultades financieras por las que podría atravesar la empresa, en tanto el beneficio de litigar sin gastos persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos que irroga el juicio, pero no a quien carece de liquidez, pues éste es un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio. Así se ha sostenido que la iliquidez no es una circunstancia que habilite -por sí sola- la concesión de la dispensa impetrada, en tanto la eventual falta de liquidez constituye -en última instancia- un problema financiero que puede encontrar solución por otras vías alternativas que posibiliten acceder a condiciones económicas de litigar en reconocimiento o defensa de sus derechos, y que no involucren trasladar necesariamente sus consecuencias al sistema judicial o la eventual contraparte en el juicio (cfr. esta CNCom., Sala A, 04/08/11, "Acristal SA c/ Fundación p/ Lucha contra enfermedades neurológicas de la infancia s/ beneficio de litigar sin gastos"; íd., 18/04/2012, “Food Cleaning SRL c/ Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina SA s/ beneficio de litigar sin gastos”; en igual sentido: Sala C, "Forte, Miguel c/ Rabino, Jaime", ED 132-150).
En efecto, la exención que contempla el art. 78 CPCC no está prevista para asistir a empresas con "dificultades" en su giro, pues quienes asumen los riesgos de un negocio deben prever las consecuencias de sus emprendimientos, dentro de los cuales queda comprendida la de la necesidad de litigar en defensa de sus intereses y derechos (esta CNCom. Sala C, 28/09/77, "Salva, Eduardo c/ Ruiz Montes, Julio s/ ordinario"; 15/11/99, "Dulce Hogar SA c/ Carrefour Argentina S.A.").-
Ello así, considero que la prueba rendida en autos lejos está de demostrar de manera fehaciente que el incidentista no pueda solventar la tasa de actuación que tramita bajo el EX-2026-141515367-APN-SGAI#TFN.
Además, no puede soslayarse que la incidentista así como debió prever los honorarios de los profesionales que la patrocinan, también debió considerar el arancel correspondiente a la tasa que establece la Ley Nº 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surgió en forma intempestiva sino que son consecuencia de la decisión adoptada en el momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional. Que si bien, a pesar de que la ley de Procedimiento Tributario (art. 160 t.o. vigente) prevé que “en la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial...”, la incidentista concurre a esta instancia con 2 letrados que asumen el carácter de patrocinantes cada uno de ellos, lo que es un argumento más para tener en cuenta de que no se encuentra “carente de fondos”, ya que debe entenderse que la labor desarrollada por dichos profesionales se presume onerosa, ya que no obran constancias en autos que permitan sostener lo contrario.
Que en tal caso, el rigorismo con que debe ponderarse la declaración de pobreza se maximiza cuando el peticionante pudo contratar los servicios profesionales indicados pues es dable inferir que ha podido afrontar erogaciones, lo que demostraría cierta disponibilidad patrimonial, que al menos, le ha permitido desenvolverse frente a los primeros gastos del juicio (conf. “Beprea S.A. c/Edesur” – CNCom. – Sala B – 9/5/2006). Ello así, cabe concluir que “No se halla, -pues-, la actora, en la situación de quien por verse circunstancialmente privado de recursos, es merecedor de una franquicia que le permite litigar en defensa de sus derechos, hasta tanto su situación cambie. Es que la peticionante no ha demostrado una mínima intención de superar la indigencia, antes bien, pretende prevalerse de ella para eximirse de las erogaciones que a todo litigante le son impuestas” (ED Tº 135, pág.144).
Por todo lo expuesto y no encontrándose acreditada la hipótesis de pobreza argumentada por la incidentista, presupuesto ineludible a los fines que el beneficio de litigar sin gastos solicitado pueda prosperar, corresponde resolver su denegación, con costas.
Como consecuencia de lo decidido, procede intimar al incidentista que en el plazo de cinco (5) días ingrese la suma de $ 4.266.563,81 (pesos cuatro millones doscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y tres con 81/100), en concepto de tasa de actuación debida con más los intereses, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda, en caso de incumplimiento la que incluirá los intereses resarcitorios devengados (conf. arts. 5, 6 y 7° de la ley 25.964).
La Dra.O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas; e intimar a la apelante para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 4.266.563,81 (pesos cuatro millones doscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y tres con 81/100) en concepto de tasa de actuación debida por ante este Tribunal; todo ello bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios (conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $220.923 (pesos doscientos veinte mil novecientos veintitrés) equivalente a 2.39 (dos con 39/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 552.308 (pesos quinientos cincuenta y dos mil trescientos ocho) equivalente a 5.97 (cinco con 97/100), los que quedan a cargo del incidentista, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Resolución SGA Nº 538/2026 (31/03/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese a la incidentista y a ARCA - Dirección General Impositiva -Sección Coordinación de Impuestos Sellos y Varios y al Departamento Contencioso Judicial-.
Date: 2026.04.15 09:58:25 -03:00 Date: 2026.04.15 10:00:22 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.15 11:17:55 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.15 11:17:56 -03:00
Fin de la sentencia