Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9034/25 Sentencia: Definitiva Actor: T.K.F.
Demandada: A..H.E.
Objeto: Filiación Extramatrimonial y Daño Moral.
Fecha: 10-08-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 10 del mes de Agosto de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: "T., K. F. C/A., H. E. S/FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL Y DAÑO MORAL" Expte. Nº 7830 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la Familia de esta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9034. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. A PE 673289-2022 se presenta la Dra. X. P.V. en representación de la Sra. K. F. T., quien actúa en nombre y representación de su hija M. A. E.T. en ejercicio de la responsabilidad parental, y promueve demanda de reclamación de filiación extramatrimonial y daño moral en contra de H. E. A. para obtener el emplazamiento de la niña como hija extramatrimonial del demandado y además reclamar la fijación de una cuota alimentaria provisional. Relata los hechos y peticiona indemnización por daño moral por una suma no inferior a la de Pesos … ($...). Alega que el método utilizado para cuantificar el rubro consiste en multiplicar los meses de embarazo y los meses de edad de la niña recién nacida por la suma que represente el (%) de los alimentos provisorios que se reclaman conforme el caudal económico denunciado y/o lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse. Manifiesta también que el daño moral deviene de la falta de emplazamiento familiar, de la negativa o falta de derecho a la identidad y por la falta de ubicación en una familia determinada y que el daño material está dado por las carencias materiales que le produjo la falta del padre. Ofrece prueba y hace su petición final.
II. Mediante PE 722064-2.022 se presenta el Sr. H. E. A. con el patrocinio letrado del Dr. E. E. y contesta demanda. Formula una negativa particular de hechos, relata la verdad de los hechos, invoca que nunca existió una negativa al reconocimiento filiatorio porque nunca existió mora de su parte, cita jurisprudencia que entiende aplicable y alega la improcedencia del daño moral fundado en que no tuvo una conducta desaprensiva ni contraria a derecho, ni tampoco maliciosa o culpable ya que nunca fue intimado legalmente a un reconocimiento de paternidad por parte de la actora. Solicita el rechazo de los alimentos provisorios hasta tanto se produzca la prueba de ADN solicitada por las partes, remarca su postura de colaboración en el proceso, hace reserva del caso federal, ofrece prueba, funda en derecho y hace su petición final.
III. En PE 1855761 - 2025 obra sentencia definitiva mediante la cual se hace lugar a la acción promovida por la Sra. K. T. en representación de M. A. E. T. en contra de H. E. A. quedando éste último emplazado en el vínculo paterno filial de padre e hija. Ordena una nueva inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas y condena al progenitor a abonar la suma de Pesos … ($...) en concepto de indemnización por daño moral, estableciendo que para el caso de incumplimiento los intereses se deberán calcular conforme a la tasa activa para descuento de documentos comerciales del Banco de la Nación. Determina que para el pago del importe fijado por daño moral las partes deberán someterse al proceso de mediación para establecer la forma de pago. Se imponen las costas al demandado y se difiere la regulación de honorarios.
IV. Disconforme con la sentencia la parte demandada se presenta con el patrocinio letrado de los Dres. C.B. y T. F. y por PE 1990492 - 2025 interpone y funda recurso de apelación. Se agravia de lo resuelto en el punto 3) de la resolución en crisis al condenarlo por Daño Moral en la suma de Pesos … ($...), alegado que la condena no tiene fundamento ni rigor científico alguno, excediendo lo peticionado por la demandante en su escrito de inicio. Cataloga el fallo de arbitrario y violatorio de sus derechos de defensa en juicio y debido proceso legal y señala que la actora reclama una suma que actualizada a la fecha de la sentencia con la aplicación de los intereses respectivos, resulta ser significativamente inferior violando el principio de congruencia. Agrega que la resolución no señala parámetro alguno para determinar el monto del daño configurando una decisión ultra petita y arbitraria.
Manifiesta que la jueza no tuvo en cuenta que su parte abonaba el % de sus ingresos en concepto de niño por nacer y que se hizo cargo como garante del pago de la vivienda prefabricada que adquiriera la actora en el momento de la relación convivencial, desconociendo la duda razonable que tuvo al anoticiarse del embarazo. Dice que tampoco ha merituado su conducta respecto de lo sucedido con la obra social otorgada durante el embarazo ni que se puso a disposición del Juzgado a los fines de producir la prueba biológica de ADN y que una vez acreditado el vínculo se hizo responsable de las obligaciones de manutención conforme a sus ingresos.
Indica que la edad es un elemento que debe ser tenido en cuenta por el juzgador al calcular el daño moral sufrido por el hijo por la falta de reconocimiento paterno y que en el caso se hace lugar a la acción partiendo de la base de presunciones fundándose en la perspectiva de género. Sostiene por último que en virtud a su carácter de trabajador, que debe pagar el % de su salario en concepto de cuota alimentaria, que debe sufragar los honorarios de la letrada de la actora y además condenado a abonar semejante cifra dineraria, se le impedirá desarrollar su vida en el futuro y convertirá la sentencia de ejecución imposible. Solicita se revoque la sentencia en mérito al agravio vertido.
V. Mediante PE 2017658-2025 la parte actora contesta el agravio formulado. Señala en ese sentido que su parte al solicitar la reparación del daño moral preciso como pauta de cuantificación la suma de $ … aclarando que dicha suma constituía un piso mínimo estimativo y que la condena debía ser acorde al daño sufrido más lo que pudiera surgir de la prueba. Manifiesta que la jueza de grado se limitó a receptar ese mismo criterio de cuantificación actualizando la base de cálculo conforme a los ingresos efectivamente percibidos por el demandado al momento de la sentencia y al tiempo de vida transcurrido de la niña que a esa fecha contaba con 2 años y 10 meses más los 9 meses de gestación, lo que arroja un total de 43 meses. Dice que la simple operación aritmética da como resultado un monto cercano a los … la que guarda plena correspondencia con los parámetros fijados en la demanda de lo que se sigue que la resolución no incurre en incongruencia ni viola el principio dispositivo. Expresa que la cuantificación del daño moral no admite fórmulas exactas ni cálculos matemáticos rígidos sino que debe ponderarse en cada caso atendiendo a la índole del hecho y a la entidad del sufrimiento causado. Invoca el derecho a la identidad y alega que la falta de reconocimiento oportuno afecta ese derecho fundamental. Destaca luego contradicciones relativas a la fecha de conclusión de la convivencia y sostiene que ninguno de la actos indicados por el recurrente en su agravio fueron espontáneos sino consecuencias de intimaciones judiciales, medidas cautelares y procesos iniciados a instancias de su parte.
Expresa que la responsabilidad por el daño moral no se define por la conducta procesal ulterior sino por la omisión inicial y renuente al reconocimiento filial que obligo a judicializar lo que debió ser un acto espontáneo. Indica que los jueces están obligados a dictar resoluciones con un enfoque de género y protección integral de niñas y mujeres y que en el caso lejos de vulnerar derechos del demandado la sentencia cumplió con estándares internacionales, por lo que aparece ajustada a derecho. Afirma que el monto fijado no es arbitrario ni desproporcionado sino acorde con el principio de reparación integral siendo adecuado y proporcional a la gravedad de la conducta del demandado. Agrega por último que pretender que los actos posteriores neutralicen el daño causado importa desconocer la verdadera causa del perjuicio que es el derecho de la niña a ser reconocida por su progenitor desde el inicio de su vida.
VI. Por PE 1202388 - 2025 se corre vista al Ministerio Pupilar quien contesta mediante dictamen obrante a PE 2039095 - 2025. Opina que la sentencia impugnada valoro la conducta omisiva del demandado, máxime cuando el embarazo fue el resultado de un tratamiento conjunto de fertilidad, además del tiempo de demora en el reconocimiento y el daño a la identidad que ello genera, por lo que se debe confirmar la sentencia dictada en autos.
VII. Expuestos los argumentos del agravio y de la réplica que le dedico la contraparte, corresponde ingresar al tratamiento del recurso interpuesto. En tal camino pongo de relieve que en ésta etapa recursiva no está discutida la paternidad del demandado sino el daño moral fijado en la instancia de grado. Como se indicó antes, el recurrente califica la sentencia de arbitraria porque no señaló parámetro alguno para determinar el monto del daño y no se tuvo en cuenta la duda razonable que tuvo al anoticiarse del embarazo ni que abono el % de sus ingresos en concepto de niño por nacer. Tampoco que se puso a disposición del Juzgado a los fines de producir la prueba biológica de ADN y que una vez acreditado el vínculo se hizo responsable de las obligaciones de manutención conforme a sus ingresos. Indica también que la edad es un elemento que debe ser tenido en cuenta por el Juzgador.
Parto de la base que la causa jurídica productora del daño moral que la quejosa cuestiona, es la conducta omisiva de no reconocer voluntariamente a un hijo. Ha dicho la jurisprudencia sobre el punto que "La responsabilidad derivada de la omisión de reconocer un hijo es de naturaleza subjetiva, puesto que lo que se le reprocha al progenitor es la culpabilidad de su conducta, la que se patentiza ante la falta de reconocimiento del hijo, a pesar de tener conocimiento, o de poder tenerlo, respecto de su paternidad; de allí que la ley reconozca que el hijo cuenta con un interés subjetivo, cuya violación consistente en la falta de reconocimiento representa una actitud ilícita que permite el resarcimiento del daño moral sufrido." Partes: S.G.C. y otro c/F.J.P. y otro s/filiación - Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala J - Fecha: 25 de Marzo de 2.024 - Cita: MJ-JU-M-150316-AR/MJJ150316/MJJ150316.-
Dicho ello, vemos que el recurrente si bien destaca la conducta que tuvo durante el proceso, también invoca que tuvo una duda razonable al enterarse del embarazo de su ex pareja. Fue así que sostuvo que la duda estuvo dada en que habían pasado aproximadamente tres meses que no tenía contacto con la actora por haberse roto la relación. En el mismo sentido fue que al momento de contestar demanda alego que no tuvo una conducta maliciosa o culpable ya que nunca fue intimado legalmente a un reconocimiento de paternidad por parte de la actora.
Evidentemente tales razones invocadas, tanto en agravios como en la instancia anterior, tienen la clara finalidad de justificar la omisión de reconocimiento filial en la que incurrió esa parte, lo que desde ya adelanto, no fue logrado en el caso.
Para así opinar, tengo en cuenta primero que de la informativa acompañada a PE 897289-2.023 consistente en la historia clínica Nro. 65438 remitida por el instituto PROCREARTE y agregada por la parte actora, surge que la Sra. K. T. fue paciente de dicho instituto figurando en sus antecedentes médicos la búsqueda de embarazo de 3 meses de evolución con antecedentes de ooforectomia (cirugía para extirpar uno o dos ovarios) por arrenoblastoma a los 15 años. Consta en la historia que su pareja era el Sr. H.E.A. y que su médica de cabecera era la Dra. G. M.R. Estos antecedentes médicos datan de finales del año 2.020 (noviembre-diciembre). Si bien la información suministrada por la institución médica indica que la paciente no tuvo tratamientos en la misma ni que tampoco se han ingresado estudios de la mujer ni de la pareja, los datos obtenidos son útiles porque muestran la voluntad de procrear que a ese momento ambos tenían. Para ser más preciso en éste aspecto se observa del informe en cuestión que el método de anticoncepción mediante el uso de preservativo, cesó en septiembre del 2020 (9/2.020).
Así también del informe socio ambiental elaborado por la Trabajadora Social M. G. N. obrante a PE 890781 - 2023, surge que la pareja se separó el 18 de noviembre de 2.021 según los dichos de la Sra. K. T. y que durante la separación mantuvieron encuentros íntimos. Refirió también que desde que se confirmó el embarazo el Sr. H. A. habría tomado una postura evasiva. Dejó constancia la profesional nombrada que la Sra. T. desde los 4 meses de embarazo inició tratamiento psicológico con la Lic. A. B. de la Fundación CEYTEC de la Provincia de Mendoza mediante la modalidad virtual habiendo sido dada de alta durante el periodo de posparto.
En PE 897289-2023 obra copia de la Historia Clínica Psicológica de la actora en la que consta que la entrevistadora fue la Lic. M. A. B. y que el motivo de la consulta era el sentimiento de angustia por estar transitando su embarazo sola a partir de que su ex - pareja no deseaba acompañarla ni tampoco hacerse cargo de ella ni del bebe, refiriendo que mantuvo una relación de convivencia con él que termino aproximadamente un mes antes de enterarse de que estaba embarazada. La primera consulta es de fecha 8 de marzo de 2.022.
La prueba aludida, tal como lo adelante, debilita la postura de la quejosa, pues, en primer lugar, tenía cabal conocimiento de que su ex pareja estaba buscando quedar embarazada. Es así que al tiempo en el que ésta concurrió a la institución de fertilidad el Sr. H. A. era su pareja y como tal figuraba en la historia clínica aludida. Por otra parte, de acuerdo a lo que surge de lo expuesto por las partes, la convivencia cesó el 18 de noviembre de 2.021 y la niña nació en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 7 de julio de 2.022 conforme a la partida de nacimiento obrante en la causa, es decir, 8 meses después del cese de la convivencia, con lo cual se deduce que en la época de la concepción la pareja aún estaba conviviendo. A ello se debe agregar el impacto emocional que le generó la situación y que motivó la consulta que da cuenta la historia clínica psicológica.
A contramano de esa actitud procesal el demandado tuvo una escasa actividad probatoria.
Es de allí que evidentemente existía una posibilidad concreta de que el embarazo de K.T. era fruto de la relación que ambos mantuvieron y es por esto mismo que la conducta omisiva que se le imputa al demandado no encuentra justificativo alguno que le quite la ilicitud que ostenta pese a la conducta colaborativa que según él tuvo y a la que alude en forma reiterada. En efecto, el argumento ensayado no revierte la situación dada en virtud de que no sólo el emplazamiento de la niña fue consecuencia de la prueba pericial biológica que se tuvo que realizar judicialmente sino que el cumplimiento de las restantes obligaciones que invoca también se enmarcan dentro del proceso judicial, lo que evidencia que nunca se acercó de forma previa a su ex pareja para responsabilizarse desde un comienzo del embarazo que cursaba siendo que había motivos bastantes para suponer que él era el padre de la niña por nacer. Pues, es de sentido común que si la fecha de la concepción coincide con la época en que la pareja convivía, como se señaló antes, a lo que se debe sumar que se encontraban en la búsqueda de un embarazo al punto de que concurrieron a una institución médica especializada, amplias eran las probabilidades de paternidad que aquel tenía. Debo recordar en este punto las directivas del art. 585 del CCYC que establece que la convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente.
Con este entendimiento tampoco se puede escuchar el fundamento de que no fue notificado de la situación.
Y es por las razones expuestas que considero que el recurrente, anoticiado del embarazo, no debió esperar el trámite de las actuaciones judiciales para proceder y hacerse cargo de su hija, ya que con su comportamiento no hizo más que dilatar el reconocimiento filial y la asunción de las obligaciones que derivan de la responsabilidad parental con la consecuente afectación al derecho a la identidad.
Máxime cuando utilizo un pretexto cargado de estereotipos que obligan a resolver con perspectiva de género tal como bien lo señala la jueza de grado cuyo razonamiento comparto en éste punto. En efecto, resulta una actitud cargada de estereotipos alegar, como lo hizo el Sr. A., que cuando su ex pareja le informo que estaba embarazada presumió que tenía otra pareja porque habían dejado de tener intimidad en el mes de septiembre de 2.021 y destacar que la nombrada siempre estuvo interesada en lo económico porque le hablaba de sus necesidades para poder hacer frente al embarazo, situación que va de suyo no acredito en lo mínimo ya que como dije fue casi nula su actividad probatoria. Sobre éste aspecto destaco que la obligación de los magistrados de fallar conforme a ésta herramienta de análisis, se apoya en diversas fuentes legislativas nacionales y supranacionales (ley 23.179 - Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer).
Al respecto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, entre otros organismos, ha publicado una guía práctica para juzgar con perspectiva de género, ya que ello nos impone una nueva mirada con efectos bien puntuales al momento de juzgar. Allí se señala que debe tratarse de "…una lectura que permita visibilizar aspectos "escondidos" del caso que, de otra manera, permanecerían invisibles. Resulta una obligación para la magistratura incorporar al análisis todas aquellas cuestiones que, debido al género, pueden conllevar un trato inequitativo, en resguardo del derecho a la igualdad y a la no discriminación; derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional convencionalizada por los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado ha suscripto e incorporado al ordenamiento mediante el artículo 75 inciso 22.
A través de ellos, nuestro país ha asumido una obligación con los derechos de género al ratificar instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 2 incisos "c", "d" y "f" (como la posterior sanción de la Ley 26.485, en su artículo 7) determinan que el Poder Judicial - como uno de los Poderes del Estado - debe adoptar las medidas tendientes a modificar y/o eliminar patrones socioculturales, usos y prácticas que pudieran constituirse en situaciones de discriminación contra las mujeres." (https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/Guia_de_genero.pdf). Por estas razones expuestas interpreto que los argumentos invocados por el demandado tendientes a responsabilizar sólo a la madre de la situación generada son manifiestamente improcedentes por haber sido esa parte la responsable directa de la omisión de reconocimiento filial, lo que le ocasionó un daño a la niña y por tanto debe ser resarcida frente a la conducta antijurídica constatada.
De allí que la pretensión de revocar la sentencia en cuanto al daño moral por el que fue condenado no puede ser receptado.
No obstante lo cual y siendo que el quejoso critica el monto del resarcimiento establecido, tengo en cuenta en éste aspecto que los daños demandados no fueron pedidos por la madre para sí, sino solo en favor de su hija. A ello agrego que el art. 1738 del CCYC establece que la indemnización incluye especialmente las consecuencias de la violación a los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resulten de la interferencia en su proyecto de vida.
Así las cosas, destaco que la niña contaba con tres meses de vida al inicio del proceso y actualmente tiene 4 años, lo que entiendo impacta en el alcance de la sanción resarcitoria por la que fue condenado. En efecto, si bien cierto es que la falta de reconocimiento espontáneo importa un perjuicio por la vulneración al derecho a la identidad, a lo que se suma en el caso el contexto en el que se dio la conducta omisiva del padre, también lo es que cuanto menor sea el tiempo en que el niño carezca de filiación paterna, menor será el daño. Esto es así porque no obstante a que la falta de padre genere de por sí dolor, su intensidad varía dependiendo de la franja etaria en la que se encuentre. En éste entendimiento debe tenerse en cuenta que la niña M. A.E.T. aún no ha iniciado su etapa escolar y en virtud a su escasa edad, su vida de relación con otros niños es limitada. Es decir, todavía no ha iniciado vínculos en ámbitos en los cuales la falta de filiación paterna pueda provocarle angustia e impactar en su autoestima.
Que por estas razones, considero que es éste el único fundamento que resulta atendible de todos los invocados, por lo que estimo justo reducir el monto de condena a favor de la niña.
Que por tanto, en orden a las circunstancias acreditadas en el presente y valoradas en conjunto, opino que corresponde la procedencia del daño moral impuesta pero reducida al monto de … ($...) al día de la fecha de ésta sentencia. Dicha suma deberá abonarse dentro de los treinta día de notificada y en caso de incumplimiento devengará el interés dispuesto en el fallo de la instancia de grado. (art. 1716, 1717 y ccs CCYC).
VIII. En atención a la forma en que se resolvió el agravio, entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe revocarse únicamente en el monto de la indemnización a favor de la niña que se reduce a la suma indicada. Las costas deberán ser soportadas por el orden causado en razón a la forma en la que se resolvió el recurso. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
IX. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
X. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el agravio de la parte demandada en relación al monto indemnizatorio y modificar el punto 3) del fallo reduciendo la indemnización por daño moral a favor de la niña M. A. E.T. a la suma de Pesos … ($...) al día de la fecha de ésta sentencia, la que deberá abonarse en el plazo determinado en los considerandos. 2)Imponer las costas en ésta instancia por el orden causado (art. 68 y ccs CPCC). 3)Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 10 de agosto de dos mil veintiseis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir el agravio de la parte demandada en relación al monto indemnizatorio y modificar el punto 3) del fallo reduciendo la indemnización por daño moral a favor de la niña M. A. E. T. a la suma de Pesos … ($ …) al día de la fecha de ésta sentencia, la que deberá abonarse en el plazo determinado en los considerandos.2°) Imponer las costas en ésta instancia por el orden causado (art. 68 y ccs CPCC). 3°)Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado.4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Humberto Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara;Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 050 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3221 Folio Nº: 167/173 Secretaria: 1
Fin de la sentencia