Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 29011-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo del CPCCN)
CAF 1649/2013; FINCA AMPASCACHI SA (TF 29011-I)
c/ DGI Buenos Aires, 17 de septiembre de 2019.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la sentencia obrante a fs. 239/244 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación –TFN–, Sala D, por mayoría resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por Finca Ampascachi SA –en adelante Finca–, en relación a la multa impuesta por el fisco nacional en el impuesto a las ganancias –IG– correspondiente al período fiscal 1995.
Para así resolver, el Vocal instructor –Dr. Brodsky–, a cuyo voto adhirió la Vocal Dra. Gómez, luego de relatar los argumentos blandidos por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, sostuvo que previo a cualquier otra cuestión correspondía resolver aquella defensa planteada por la actora.
Mencionó que hasta el día 31/5/99 la firma cerraba sus ejercicios comerciales el 31 de mayo de cada año, y que por tal motivo, el curso de la prescripción en cuestión comenzó a correr a partir del 1/1/96.
Destacó que a raíz de la determinación de oficio practicada en relación al IG-1995, la AFIP presentó denuncia penal el 28/12/00, extremo que derivó en la suspensión del curso de la prescripción en cuestión. Sobre este aspecto –puntualiza– no existe disenso entre las partes.
Puso de resalto que, por el contrario, se evidenciaron interpretaciones diversas en torno a la fecha en que finalizó dicha suspensión, destacando que la actora sostuvo que resultaba aplicable el inciso c) del artículo 65 de la ley de rito, mientras que para el organismo recaudador el inciso d).
Declaró que como la denuncia penal se materializó estando vigente la ley penal tributaria Nº 24.769 –BO 15/1/97–, la norma aplicable al sub júdice era el inciso d), incorporado al texto de la ley 11.683 con la sanción de la ley 25.795, el 17/11/03.
Alta en sistema: 20/09/2019 Concluyó que la suspensión de marras venció el 29/4/06, es decir 180 días posteriores al 31/10/05, fecha en que quedó firme la sentencia penal.
Sostuvo que además debía analizarse el planteo de interrupción del curso de la prescripción articulado por el fisco nacional, sustentándose en el artículo 68 inciso a) de la misma ley. Luego de transcribir el texto del precepto, explicó que el mismo prevé como causal de interrupción de la prescripción la “comisión de nuevas infracciones”, sin ahondar en mayores detalles, lo que motivó a que tanto la doctrina como la jurisprudencia se pronunciaran al respeto, con el fin de establecer la naturaleza que debían revestir dichas infracciones.
Formulada dicha introducción, el Vocal instructor expuso su posición, en el sentido de que “…las nuevas infracciones que pudieran surtir el efecto interruptivo previsto en la normativa aludida, son aquellas cometidos en el mismo tributo, sin importar cuál ha sido el tipo penal en el que hubiera sido encuadrada cada una de las sanciones aplicadas (cfr. Giuliani Fonrouge y Navarrine…)”.
Efectuó consideraciones en torno a la “complementariedad” existente entre el impuesto a la ganancia mínima presunta –IGMP– y el IG, arribando a la conclusión de que, en realidad, se trata de impuestos diferentes, toda vez que el primero se determina sobre la base de los activos del contribuyente y el segundo grava sus rendimientos, rentas y enriquecimientos.
Luego de analizar la “vinculación” existente entre ambos gravámenes –tomando como premisas la “subsidiariedad”, “temporalidad” y el carácter de “tributos de ejercicio”–, concluyó que no se verifica entre el IGMP y el IG la denominada “teoría de la complementación”, dado que ambas gabelas pueden subsistir en forma autónoma y sus ámbitos de imposición están perfectamente diferenciados; poseen normativa, vigencia, conceptos y regulaciones propias, aun cuando cada uno de ellos fuera cancelado mediante el computo como pago a cuenta del otro.
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c/ DGI Como corolario de este razonamiento, concluyó que en la especie no se activó la causal de interrupción del curso de la prescripción prevista en el artículo 68 de la ley de rito.
Finalmente, afirmó que “…con la suspensión acaecida por la denuncia penal incoada por el Fisco Nacional, el plazo de prescripción operó el 1º de junio de 2006, es decir con anterioridad a la fecha de la resolución aquí apelada. En consecuencia, cabe concluir que el Fisco no se encuentra facultado para aplicar la sanción objeto del recurso y por lo tanto, resulta procedente admitir la excepción de prescripción articulada por la actora, con costas”.
II. Que contra dicho pronunciamiento se alza el fisco nacional a fs. 249, expresando sus agravios a fs. 250/258 vta., cuya réplica obra a fs. 263/264 vta. En su memorial la representación fiscal sostiene que le causa agravio a sus derechos el pronunciamiento apelado, disintiendo de los fundamentos vertidos por el Vocal, Dr. Brodsky.
Centra sus argumentos en dos extremos: el concerniente a la causal de interrupción del curso de la prescripción, y el relativo a la causal de suspensión del mismo.
En relación a lo primero, señala que la nueva infracción se cometió en el IGMP, en donde el fisco aplicó a la actora una multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683, siendo la misma abonada por ésta. Dicha circunstancia –precisa– destruye la presunta defensa de desconocimiento de la “sanción interruptiva de la prescripción” (sic).
Con respecto a la “vinculación” entre el IG y el IGMP, manifiesta que “el último impuesto recurre a los activos como base de cálculo del gravamen [y] tiene en realidad como objeto y como causa legitimadora del ejercicio de la potestad tributaria, la capacidad contributiva, representada por el mínimo de la ganancia que la ley presume habrán de generar los activos en cabeza del sujeto pasivo del gravamen” (sic).
Alta en sistema: 20/09/2019 Invoca sendos dictámenes expedidos por la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social (Actuaciones Nº 234/04 y 1266/07), referidos a la causal de interrupción en cuestión.
Destaca que las normas en materia de prescripción de sanciones contenidas en la ley 11.683 participan de los principios propios del derecho penal, lo cual hace aplicable a la causal de interrupción de aquella la institución denominada “presunción de regeneración del culpable”, preguntándose “…si el Código Penal se ha decidido por la reincidencia genérica no obstante tratarse de bienes jurídicos distintos, cuanto más justificable es admitir el mismo de reincidencia respecto de las infracciones tipificadas por la ley 11.683, tratándose como se trata de un mismo y único bien tutelado” (sic).
En torno a este primer tópico, concluye que la comisión de una nueva infracción reprimida por la ley 11.683 provoca, en todos los casos en los que se infrinjan las normas que integran el sistema impositivo nacional, la interrupción de la prescripción de las acciones y poderes del fisco nacional para aplicar y hacer efectivas las sanciones, por otras infracciones cometidas.
En lo que se refiere a la causal de suspensión del curso de la prescripción, precisa que la actora fue denunciada penalmente el 28/12/00, dejándose en suspenso la aplicación de la sanción de multa en virtud de lo normado en el artículo 20 de la ley 24.769. A partir de ello – asevera–, no corresponde la activación del inciso d) del artículo 65 de la ley 11.683, ya que la infracción se cometió con anterioridad a la modificación legal (ley 25.795) que contempló la causal, lo cual derivaría en la aplicación retroactiva de una ley penal.
Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. Que previo a ingresar al tratamiento de los agravios vertidos por la demandada, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a la recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone, sino tan sólo Alta en sistema: 20/09/2019 CAF 1649/2013; FINCA AMPASCACHI SA (TF 29011-I)
c/ DGI aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- M. Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 – Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15, “Golden Penaut Argentina c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72680/18, del 2/7/19, entre otros).
IV. Que ingresando al análisis de la cuestión traída a resolución, corresponde recordar que la presente causa llega a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación limitado previsto en el artículo 86 inciso b) de ley 11.683, razón por la cual los agravios deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el TFN, y b) acerca del fondo del asunto, teniendo por válidas las conclusiones del TFN sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (CNACAF, Sala III, “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c/ DGI”, Causa N 23.090/2012, del 12/11/13; “Pereira Yraola, Antonia Francisca TF 31992-I c. DGI s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 71070/2016, del 26/9/17, entre otros).
V. Que, ahora bien, dado el modo en que se encuentra presentada esta litis, razones metodológicas sugieren delimitar la materia sobre la cual esta Alzada está llamada a pronunciarse.
Alta en sistema: 20/09/2019 Previo a ello cabe reseñar que, por Resolución Nº 344/00 (DV RR01) de fecha 26/12/00, se determinó de oficio la materia imponible en el IG-1995 en cabeza de Centenary SA –hoy Finca Ampascachi SA– y que, por Resolución Nº 236/06 (DV MRR2) del 19/12/06 se le aplicó una multa en el IG-1995, en los términos del artículo 46 de la ley 11.683.
Ambas resoluciones fueron apeladas ante el TFN en sus debidas oportunidades.
En la que se debatió el ajuste fiscal el tribunal administrativo dictó la sentencia que, apelada por la actora ante esta Alzada, culminó con la admisión de la caducidad de instancia acusada por la demandada (sentencia del 8/8/19, Causa Nº 53431/2012/CA2, in re “Centenary SA (TF 19364-I) c/DGI”, fs. 742/744, conexa con la de autos). En la restante –que es la que aquí se debate–, se discute la multa que el organismo recaudador le impuso a la actora, luego de que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8, Secretaría Nº 15 declarara extinguida la causa penal en “Centenary SA s/Inf. Ley 24.769”, Causa Nº 4035/2000 (ver fs. 13).
El asunto que aquí corresponde evaluar, pues, se ciñe a la prescripción de la acción del fisco para imponer la multa en el IG- 1995, declarada por el TFN.
VI. Que para impugnar esta última sentencia, el fisco nacional se apoya en los siguientes elementos: i) la presentación de la denuncia penal el 28/12/00; ii) la firmeza que adquirió el 31/10/05 la sentencia que puso fin al proceso penal; iii) la comisión de una infracción – esta vez en el IGMP-1999– y el dictado del acto administrativo que aplicó una multa en los términos del artículo 45 de la ley de rito, el 11/4/04 (fs. 9/19).
De la conjugación de estos componentes, obtenemos que al día 19/12/06 –fecha en que se dictó la resolución en crisis–, la acción del fisco se encontraba expedita, toda vez que: a) como la infracción se cometió en 1995 –recuérdese que el cierre del ejercicio en ese tiempo era el 31 de mayo de cada año–, el curso de la prescripción comenzó el 1/1/96 Alta en sistema: 20/09/2019 CAF 1649/2013; FINCA AMPASCACHI SA (TF 29011-I)
c/ DGI (conf. ley 11.683, art. 58); b) luego de dictada la Resolución Nº 344/00, AFIP presentó denuncia penal contra la actora, produciéndose la suspensión del curso de la prescripción de la acción del fisco desde el día 28/12/00, hasta el 31/10/05 (conf. ley 11.683, art. 65 inc. c), y c) además de ello, el mismo contribuyente cometió una infracción en el IGMP-1999, lo que interrumpió el curso de la prescripción (conf. ley 11.683, art. 68 inc. a). Fue precisamente contra esta elaboración jurídica que se alzó Finca, invalidada a la postre por el TFN a través de la sentencia que aquí corresponde revisar.
VII. Que entienden estos juzgadores que el análisis de la cuestión debe iniciarse por la causal interruptiva de la prescripción activada por el fisco nacional.
De la compulsa de los antecedentes administrativos que se tienen a la vista –en particular la Actuación Nº 10470-1471-2007– se extrae que Finca presentó la declaración jurada –DDJJ– original del IGMP- 1999 el 8/4/02 y la rectificativa el 2/12/02 (fs. 1/5 y 7/17). A partir de tal circunstancia –de seguirse la tesitura fiscal–, el curso de la prescripción correspondiente al IG se habría visto interrumpido el 8/4/02 y reiniciado el 1/1/03, con lo cual la prescripción operaría el 1/1/08 (conf. ley 11.683, art. 68 inc. a). Téngase en cuenta que la resolución que aplicó la multa en el IGMP-1999 –fechada el 11/4/03– fue consentida por la encartada (mismas actuaciones administrativas, fs. 111/118).
Para convalidar esta interpretación, necesariamente debe indagarse si la comisión de la infracción en el IGMP, resulta idónea para interrumpir el curso de la prescripción del IG.
Se adelanta desde aquí, la respuesta es negativa.
VIII. Que el dispositivo legal aplicado establece lo siguiente: “La prescripción de la acción para aplicar multa y clausura o para hacerla efectiva se interrumpirá: Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1º de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible” (ley 11.683, art. 68, inc. a).
Alta en sistema: 20/09/2019 Frente a la amplitud del texto, que sólo refiere a la “comisión de nuevas infracciones”, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha ocupado de precisar su alcance, estableciendo que “…tratándose de infracciones reprimidas con multas penales, carácter que revisten las establecidas en la ley 11.683…, las nuevas infracciones de la misma índole que se cometieran interrumpen la prescripción de la acción tendiente a reprimir las anteriores” (CSJN, “Antonio Fares v. Dirección General del Impuesto a los Réditos”, del 14/12/44, conf. Fallos 200:378; “Ernani, Luis Castellini c/Estado Nacional”, del 3/7/46, conf. Fallos 205:173, e “Iriarte, José Domingo c/ Dirección General Impositiva”, del 13/6/49, conf. Fallos 214:42). El subrayado no es del texto original. Vemos entonces que la nueva infracción debe ser de la “misma índole” que la primigenia, extremo que, vale recalcar, no se vislumbra en el sub lite.
Es que, más allá de que se tratan de dos impuestos diferentes –tal como lo pone de resalto el TFN–, la índole de las infracciones son dispares.
Nótese que la cometida por Finca al presentar la DDJJ- IG-1999 estribó en haber computado como pago a cuenta del gravamen el impuesto sobre los activos correspondiente al período fiscal 1995 (ver fs. 9/19) –téngase en cuenta que el otro cargo que originalmente había sido impuesto por el fisco (esto es, la constitución de la “Previsión para mercaderías y servicios prestados por terceros no facturados”) fue revocado por el TFN en la sentencia glosada a fs. 634/638 de la causa “Centenary SA (TF 19364-I) c/DGI”, consentida por AFIP–, mientras que la “nueva infracción” –DDJJ-IGMP-1999– consistió en haber contabilizado indebidamente determinados deudores incobrables en los registros de la firma, con gravitación en el activo computable (Actuación Nº 10470-1471- 2007, fs. 111/114).
En este sendero, el argumento introducido por el fisco nacional en su expresión de agravios, en el sentido de que la comisión de una nueva infracción “en todos los casos que se infrinjan las normas que integran el sistema impositivo nacional” provoca la interrupción de la Alta en sistema: 20/09/2019 CAF 1649/2013; FINCA AMPASCACHI SA (TF 29011-I)
c/ DGI prescripción, no se compadece con la interpretación que el Alto Tribunal ha efectuado del dispositivo aplicado, ni con las constancias de esta causa. En razón de lo analizado no cabe sino concluir que la presentación de la DDJJ-IGMP-1999 no ha interrumpido el curso de la prescripción vinculado con la acción del fisco nacional para aplicar la multa en el IG-1999, lo cual invariablemente permite concluir que al día 26/12/00 la misma se encontraba extinta.
Atento a la conclusión a la que se arriba, se torna inoficioso incursionar en el análisis de la causal suspensiva también aplicada por el fisco nacional, atento que, independientemente del resultado que el mismo arroje, en nada podrá alterar a aquella.
En virtud de todo lo expuesto, SE RESUELVE:
Rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo del CPCCN)
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Alta en sistema: 20/09/2019
Fin de la sentencia