Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas, con costas; y reducir las multas aplicadas a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma y por su orden en relación a la reducción de las mimas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-135943292-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 14 de Noviembre de 2023 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el Expediente N° 35382-I caratulado: “Fincas Agricolas SA s/recurso de apelación” y sus acumulados Nros. 35383-I y 35384-I de igual carátula.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 22/41vta, 95/123vta y 167/196 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones de fecha 31/8/11 de la AFIP-DGI, mediante las cuales se determinó de oficio la obligación tributaria de la recurrente frente al impuesto al valor agregado, períodos fiscales 5/2008 a 12/2008, a las ganancias –salidas no documentadas-, períodos fiscales 2006, 2007 y 2008 y a las ganancias, períodos fiscales 2007 y 2008, con más intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplicó multa en los términos del art. 46 de la ley 11683, -salidas período 2008 y ganancias período 2007-, por el resto de los períodos y conceptos ha sido suspendida por imperio del art. 20 de la ley 24769.
En primer lugar, expresa que se dedica a la plantación de cultivos de caña de azúcar en fincas de terceros, arrendadas en la localidad de Juan Bautista Alberdi.
Refuta todas las observaciones efectuadas por el organismo fiscal con relación a sus proveedores, para ello se remite a los fundamentos que expusiera al contestar la vista.
En ese sentido, manifiesta que los proveedores han sido impugnados sobre la base de meras presunciones carentes de fundamento, y de hechos o incumplimientos ajenos que de manera alguna le pueden ser imputables. Añade que el organismo fiscal trasladó de modo indebido e ilegal, las consecuencias de su inacción, ya que debió, dice, fiscalizar y ejecutar los montos declarados por los proveedores impugnados. Añade, con relación a que los dos proveedores cuestionados no poseen inmuebles o automotores registrados, que no constituye razón válida para impugnar las facturas, ya que, considera, que para utilizar comercialmente un bien registral no resulta necesario ser titular del dominio civil de dicho bien. Agrega que ninguna norma exige ser propietario para poder explotar o utilizar un bien registrable, siendo lo más común que el alto costo de ser propietario, obligue a utilizar otras figuras igualmente lícitas, a saber, el arrendamiento, usufructo, comodato, los que en su mayoría, no son formalizados en instrumentos escritos. Por otra parte, expresa que todos los censos de un largo tiempo a esta parte, han arrojado la evidencia de que en el ámbito rural prevalece la ocupación de hecho de la tierra (posesión, tenencia precaria, sucesiones eternamente indivisas) por sobre el dominio registral o civil.
Alega que al momento de las operaciones, la consulta a la base APOC no arrojó ninguna objeción hacia los proveedores en cuestión, siendo ella, una compradora de buena fe y que el registro de facturas APOC, dada su oficialidad es un Registro Público por tal razón sus enunciaciones como datos que de él se extraigan, son instrumentos públicos con el alcance que les otorga el art. 979 inciso 1) del C.C. Argumenta la violación por parte del Fisco del principio interpretativo de la realidad económica previsto en los arts. 1° y 2° de la ley 11683. Al respecto, sostiene que el examen de la realidad económica impone como indiscutible una sola y única realidad, que es que los proveedores impugnados, como asimismo, las ventas y los servicios prestados por éstos, existieron en el mundo de la realidad. Rechaza el encuadramiento de su conducta en las previsiones de la ley 24769 y con respecto a los intereses no fundó razones de impugnación ya que los mismos siendo accesorios del capital, siguen la suerte de éste.
Respecto al otro cargo realizado por el fisco, referido que ocultó ingresos, afirma que en el impuesto a las ganancias 2007, el ajuste partió de una base imponible presentada por ella misma y consensuada con el inspector como ajuste de stock. En punto al 2008, dice, que no estaba presentada la ddjj al momento de la inspección y el estado de resultados utilizado para la presente determinación de oficio fue provisto por ella misma a partir del libro IVA Compras-Ventas.
Explica que las operaciones correspondientes a las firmas Sociedad General Fiduciaria SA y Atanor SA no se documentaron en facturas sino que son liquidaciones de venta y líquido producto por entrega de caña realizada por ella a dichas empresas por el régimen de maquila azucarera. Añade que el hecho imponible sólo surge con la venta del azúcar final repartida entre ambas partes en virtud del contrato asociativo que es en realidad la maquila.
Manifiesta que el Fisco no tomó la información de los registros de ambas firmas, sino del sistema informático Citi Compras y que ella jamás tuvo acceso a ese sistema.
Sostiene que se trató de liquidaciones de Ventas y líquido producto, emitidas por Soc Gral Fiduc SA, quien no le entregó los comprobantes en su momento. Con relación a la firma Atanor SA, comenta que las liquidaciones por cuenta de terceros Nros. 54-002255 y 54-002259 con IVA han sido anuladas por aquélla pero no le envió la nota de crédito correspondiente. Dicha circunstancia, dice, lo demostrará mediante documental e informativa.
Se agravia del encuadramiento de su conducta en las previsiones del art. 1° de la ley 24769.
En cuanto a los intereses, al ser accesorio del capital determinado, se remite a los argumentos vertidos para impugnar el capital.
Ofrece prueba y hace reserva de la cuestión federal.-
II. Que a fojas 50/62, 130/146vta y 207/222 contesta los recursos, la representación fiscal, quien por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se confirmen los actos apelados. Hace reserva del caso federal.-
III. Que a fojas 229 surge la sentencia que ordenó la acumulación de los exptes. Nros.35383-I y 35384-I al de referencia.
A fojas 247 se abre la presente causa a prueba, ordenándose el decaimiento a su derecho a producir a fojas 256.
A fojas 263 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala A y a fojas 264 se llaman los autos a sentencia.
IV. Que cabe señalar que la actora se encuentra inscripta en el rubro Cultivo de Caña de Azúcar y como actividad secundaria Cultivos de Tabacos y su comercialización, con fecha de cierre de ejercicios comerciales el 30/4.
Con fecha 10/2/2009 se inicia la fiscalización en el IVA –entre otros-. De la compulsa realizada entre lo declarado por la actora como ventas netas y los débitos fiscales, y las informaciones que se obtuvieron del sistema informático Base E-Fisco y Citi Compras, surgieron operaciones gravadas que no se encontraban registradas ni declaradas en el IVA correspondiente a los períodos de mayo a diciembre del 2008. Dichas diferencias sobre los débitos fiscales fueron reflejadas en planilla de trabajo “Saldo de IVA según inspección” (vide fojas 362 Cuerpo N° de IVA), dónde surge el ajuste sobre tales débitos. Del informe final de inspección surge, con relación al débito fiscal, que la actora informa que al 30/4/2005 registraba una existencia de $ 24.353 bolsas de azúcar de 50 kg cada una, equivalente a 1.21.650 kgs los cuales multiplicados por un precio de 0.64 por kg representa un total de $ 767.119. Del análisis de la producción estimada por retenciones del impuesto sobre los IIBB informada por la Dirección General de Rentas de Tucumán, correspondiente a la zafra 2006, surgen diferencias con lo declarado por la actora en $ 337.581. La firma Atanor SA es quien actuaba como agente de retención por el azúcar producida y puesta a disposición del productor cañero. Por otra parte se observaron diferencias entre las acreditaciones bancarias comparadas con los ingresos declarados en el período fiscal 2006. Esto es, se declararon ingresos por $ 1.596.023.- y surgieron acreditaciones bancarias netas por $ 2.010.947.-, surgiendo una diferencia por $ 592.314.-, siendo el débito fiscal no declarado de $ 124.385.- Allí en el informe se explica que como la diferencia determinada en función a las acreditaciones bancarias es mayor que la determinada con las retenciones informadas por la DGR de Tucumán, se consideró que los ingresos no declarados debían calcularse comparándolos con aquéllas.
Frente a ello, la recurrente procedió a rectificar la ddjj por los períodos julio a diciembre de 2005, incrementando el débito fiscal en $ 124.386.- No surgiendo diferencias entre los kilogramos de azúcar comercializados en los períodos 2007 y 2008 y los montos resultantes de las ventas declaradas.
En cuanto al período julio a diciembre de 2008 se detectaron diferencias entre lo registrado en el libro IVA Ventas y lo declarado, con la información que se obtuvo de la consulta al sistema informático efisco, Citi Compras. En efecto, se observó que había operaciones gravadas e informadas en Citi Compras no registradas ni declaradas en IVA, correspondientes a las firmas Soc. Gral. Fiduciaria S.A y Atanor S.A.
Al respecto, la actora expone los siguientes agravios.
Con relación a la firma Soc. Gral. Fiduciaria SA, explica que se trató de Liquidaciones de Ventas y Líquido Producto emitidas por aquélla, pero que no le entregó los comprobantes en su momento. Aclara que de dichas ventas tomó conocimiento recién al momento de la determinación de oficio y que el organismo fiscal tomó tal información del aplicativo CITI Compras declarado por esa firma, al que no tuvo acceso. Respecto a la firma Atanor SA, manifestó que las Liquidaciones por Cuenta de Terceros Nros.
54-002255 por $ 55.905,72.- y 54-002259 por $ 8.238,38.- habían sido anuladas por aquella firma, obteniendo la copia del comprobante de anulación y posteriormente obtuvo la nota de crédito.
En ese sentido, cabe advertir que la actora no arrimó ante este Tribunal elementos hábiles en apoyo de su tesitura. Asimismo, cabe señalar que se le dio por decaído su derecho a producir la informativa, al no promover su producción. Por tal razón, corresponde confirmar el ajuste efectuado. Con costas.
V. Que con relación a sus compras y gastos, se observa del libro IVA Compras, período junio de 2008, que la firma consignó operaciones de compras a proveedores incluidos en la base APOC a los que fueron impugnados sus créditos fiscales, a saber:
Luna Roberto: no se localizó al responsable; no se constató el desarrollo de actividad productiva; vive en condiciones muy precarias; no posee bienes registrables, ni pagos, ni aporta titularidad de campos ni contrato de arriendos donde podría realizar la actividad; no posee empleados en relación de dependencia; figuraba como empleado del Sr Rubio Miguel hasta el 2/2003; asimismo, también hubo irregularidades en la impresión de facturas y/o remitos.
Albornoz Juana: no posee bienes registrables a su nombre, propiedades, automotores y maquinarias agrícolas; no posee la cantidad de empleados necesarios para llevar a cabo las tareas que factura; no tiene contrato de arriendo de inmuebles; no tiene prestadores de servicios de cosecha; no alquila maquinarias para realizar los trabajos de cosecha, cultivo y desmonte.
En razón de ello, se concluyó que ambos no tenían capacidad operativa ni económica para realizar la actividad, por lo que se procedió a impugnar los créditos fiscales originados en las operaciones con estos proveedores, asimismo, se impugnó el gasto deducido en ganancias y se determinó Ganancias -Salidas No Documentadas-.
De acuerdo con el relato efectuado en autos, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo recaudador pudo comprobar serias y concretas irregularidades, que lo llevaron a entender que se trata de firmas que no pudieron realizar las operaciones respaldadas con los comprobantes cuestionados. En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta, en el caso, solamente documental.
En punto a ello, resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
VI. Que puntualmente, del texto del artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado y normas complementarias, se desprende que resulta necesario a los fines de que se pueda computar el crédito fiscal que éste sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA y que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Asimismo, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales en particular es imperioso recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos materialformales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
Así las cosas, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”.
En virtud de lo expuesto, debe destacarse que la actora no aportó probanza alguna para acreditar la existencia de las operaciones impugnadas, toda vez que se le dio por decaído su derecho a producir la prueba informativa, ante los incumplimientos a las intimaciones cursadas.- Con respecto a la documental acompañada, cabe destacar que no resulta idónea y suficiente a fin de acreditar de forma fehaciente que las firmas observadas hayan realizado las operaciones cuestionadas.
Sentado cuanto antecede, los agravios de la recurrente –sobre la que reposaba la carga probatoria resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos, por lo que corresponde confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en cuanto impugna el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado respecto a los proveedores consignados y en relación a la impugnación del gasto en el impuesto a las ganancias con relación a aquéllos. Con costas.
VII. Que corresponde ahora analizar la procedencia de la determinación del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, por las erogaciones efectuadas en los períodos 2006, 2007 y 2008.- En principio, cabe tener presente que no sólo es requisito para la deducibilidad del gasto, que sea necesario para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas. Las disposiciones legales y reglamentarias exigen, además, que la erogación considerada como gasto este respaldada por documentación, para que la partida sea contemplada en el aspecto negativo de la formación del resultado imponible.
En ese sentido, el artículo 37 de la ley del gravamen establece que: “Cuando una erogación carezca de documentación y no se prueba por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35 %) que se considerará definitivo”. A su turno, el artículo 38 del mismo texto legal dispone que “No se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) cuando la Dirección General Impositiva presume que los pagos han sido efectuados b) cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos –por su monto, etc.- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Es menester destacar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han delineado el instituto de las salidas no documentadas.
Así, nos enseña el Profesor Reig, “Esta es una de las excepciones que hace nuestra legislación al carácter subjetivo del tributo, sobre el importe de las salidas no documentadas. De modo que allí no interesa la calidad de sujeto: si se trata de persona física, cuáles son sus cargas de familia; si se trata de persona jurídica, si es una empresa nacional o extranjera, etc; simplemente el hecho de ser una salida no documentada y no justificable, está dispuesto que se deba tributar el impuesto como si el desconocido beneficiario se hallare en la escala máxima del tributo” (Reig, Enrique J y otros, “Impuesto a las Ganancias”, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2006, pág. 408).
Por su parte, el Dr. Torres –en su enjundioso trabajo – explica que la disposición en estudio, consiste en una presunción “iuris tantum” que la erogación es íntegramente ganancia neta gravada para el beneficiario oculto, con la particularidad de que por tal circunstancia (su ocultación) se presume, además, que se encuentra en el punto máximo de la escala de rentas, configurándose un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota máxima en todos los casos. “Consecuencia de ello es, también, que el impuesto a ingresar por éste concepto lo sea en forma de pago definitivo, que lo configura así como un impuesto real y proporcional por el empleo de la alícuota marginal máxima para todos los casos” (cfr. Torres, Agustín, “Salidas no documentadas”, DTE, X, pág. 5 y 6).
Asimismo, cabe entender que ante una salida indocumentada, se presume “iuris tantum” que el gasto no es necesario, quedando en cabeza del sujeto que efectuó la erogación la carga de la prueba. Conforme lo ha señalado la doctrina y receptado la jurisprudencia, la finalidad de la norma no es otra que poder gravar en cabeza del erogante, lo que presumiblemente es renta en cabeza del perceptor de la renta o beneficiario del gasto y a quien, por la carencia de la documentación, no puede localizarse, para efectivizar su responsabilidad fiscal. En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “…lo que persigue el gravamen de que se trata es imponer una tasa máxima a quien efectúe erogaciones no documentadas; es decir que, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio” (C.S.J.N., Radio Emisora Cultural S.A., 9/11/2000).
En el mismo sentido, el Más Alto Tribunal ha dicho que “…para que el contribuyente pueda deducir un gasto no documentado y eximirse del pago del impuesto a los réditos sobre el monto correspondiente a este gasto, debe probar no sólo que la erogación tuvo que ser efectuada para obtener, mantener y conservar réditos, sino quien recibió realmente el pago, de donde la posibilidad de que probado lo primero sin llegar a demostrarse lo segundo, la exención del pago del impuesto no sea admitida a pesar de reconocerse la deducibilidad…”.
Y, agrega, “…de las verificaciones pertinentes y posibles impugnaciones con los consecuentes efectos en su caso, la documentación de un gasto permite comprobar, por de pronto, la realidad de la erogación y apreciar si por su naturaleza corresponde al concepto del artículo 5º de la ley de réditos, como asimismo individualizar al beneficiario para controlar si éste cumplió con las obligaciones impositivas que le incumben a raíz del pago recibido” (cfr. Fallos T 262:518, Cons. 4º y 5º).
Ahora bien, cabe agregar que cuanto la norma se refiere a la carencia de documentación, ello debe interpretarse como comprensivo de aquellos casos en que se carece de los respectivos comprobantes o cuando éstos son inoperantes o manifiestamente insuficientes a los fines que le son propios.
En efecto, como lo aclaró la C.S.J.N. in re “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, de fecha 26/8/2003, “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario” y “21) Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las "salidas no documentadas" ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente). Criterio éste que fuera ratificado más recientemente por el Alto Tribunal in re “Interbaires S.A.”, de fecha 27/9/2011.
VIII. Que bajo tales pautas hermenéuticas y en el caso concreto de autos, conforme lo dicho, la impugnación de las facturas por tratarse de proveedores incluidos en la base apoc, contribuyentes que negaron haber realizado operaciones con la actora y comprobantes emitidos por contribuyentes que no tienen capacidad económica, patrimonial y financiera (documentación apócrifa), corresponde confirmar lo resuelto por el ente fiscal en cuanto sustentó adecuadamente su pretensión objetiva y encuadró dichas erogaciones en las previsiones del precitado artículo 37 de la ley del gravamen, máxime cuando se descarta la presencia de los supuestos previstos en el régimen legal para excluir esa obligación de pago. Con costas.
IX. Que corresponde entonces expedirse sobre la procedencia de la sanción que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y artículo 47 inciso a) y b) de la Ley N° 11.683, tratando en primer término la correspondiente al impuesto a las ganancias, período fiscal 2007.-
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes. En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo, corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “ el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de "declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) "Tratado Jurisprudencia¡ y Doctrinario", Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones' Cap. XXI, "Multa por defraudación", Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Ello así, y teniendo en consideración lo resuelto ut supra, se desprende que el accionar del Fisco resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante en las previsiones del artículo 47, inciso a) y b) de la Ley N° 11.683 pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de las operaciones realizadas con el proveedor impugnado, por lo cual no ingresó el impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, lo que surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada. Con costas.
X. Que resta entonces tratar la multa aplicada en el impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, período fiscal 2008, que se sustenta en los artículos 46 y 47 incs. a) y b) de la citada norma, la que- se adelanta- entiendo debe ser revocada.
En efecto, en atención a como quedó descripto el instituto, la “salida no documentada” no constituye un ilícito tributario tipificado en la figura de la defraudación prevista en la norma represiva que se aplica. En todo caso, aquélla podrá configurarse en la deducción indebida del gasto en el impuesto a las ganancias o, eventualmente, en el cómputo improcedente de un crédito fiscal frente al impuesto al valor agregado, al no contar el contribuyente o responsable con los correspondientes comprobantes respaldatorios, pero no por el solo hecho de la existencia de una erogación sin aportar la documentación respectiva (conf. Entre otros, T.F.N., Sala A, Interbaires S.A., 28/8/2003).
Asimismo, entiendo que tampoco se encuentra configurado uno de los elementos del tipo descriptos en la norma en que se encuadra la conducta, toda vez que las boletas de depósito contemplada para el ingreso del gravamen no pueden ser consideradas declaraciones juradas en el sentido que el artículo 46 requiere. Ello así por cuanto para nuestro sistema tributario, la declaración jurada es aquélla que efectúa el contribuyente o el sujeto obligado a declarar, mediante la cual realiza una operación de interpretación de las normas tributarias sustantivas aplicándolas a la situación o los hechos cuya verificación reconoce e identifica el hecho imponible definido por la ley; valora también el contenido de estos hechos económicos según las pautas legales y finalmente, aplica la alícuota del impuesto sobre los valores determinados (conf. Jarach, Dino; “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Abeledo-Perrot, pág. 432 y sgtes). Es así, que como con justeza lo dice el Profesor Giuliani Fonrouge, la declaración tributaria es una determinación del impuesto efectuada por el sujeto obligado. Es el medio por el cual el contribuyente fija el monto del impuesto, mientras no sea impugnada, regula la existencia y medida de la obligación tributaria. (conf. CNACAF, Sala I, “MOUKAREL S.A.C.I. y F”, 20/5/94) En definitiva, es el acto que permite pasar de la base imponible abstracta definida y regulada por el legislador a la base concreta e individualizada que hace desaparecer la situación de incertidumbre inicial que el acreedor posee sobre la existencia y dimensión de la obligación impositiva.
En ese contexto, y más allá de las regulaciones establecidas en la RG 893 del 11/9/2000 –aplicable en los periodos discutidos en autos-, que contempla la forma de determinación e ingreso del gravamen en cuestión, establece plazos y formas de ingreso, no instrumenta –a mi criterio- una declaración jurada a presentar por los contribuyentes y responsables, toda vez que tanto aquellas como las boletas de depósito, si bien cumplen la función de exteriorizar al fisco el cumplimiento de una obligación tributaria, lo cierto es que la naturaleza de unos y otros instrumentos –según se vio- es distinta. (vid. doctrina legal del Acuerdo Plenario de este Tribunal, de fecha 3/12/75, “Gaseosas La Tablada S.A.”).
Asimismo, cabe traer a colación, un reciente decisorio, de la Sala I de la Excma. Cámara en el que definió cuales son los elementos que, de consuno con el artículo 15, deben tener las boletas de depósito para tener carácter de declaración jurada. Es indudable, dice la Cámara, que “para que la boleta de depósito fuera asimilada o tuviera el carácter de declaración jurada, debe cumplir estos elementos sustanciales: 1) ser confeccionada por el responsable, y 2) con datos que él mismo aporte” (CNFED. CONT. ADM., Sala I; “Smurfit Kappa de Argentina S.A.”, 17/5/2016. Claramente, dichas circunstancias no se dan en los supuestos en los que la boleta no es confeccionada por el contribuyente ni los datos son aportados por él mismo, como en la especie, en el que los que fueron extraídos por los funcionarios fiscales al considerar que los gastos o compras efectuados tipificaban, según su criterio, una salida no documentada, y el juez administrativo los incorpora en la determinación de oficio.
Por ello corresponde revocar la sanción en el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas. Con costas.
XI. Que en razón de lo expuesto, voto por: 1) Confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto determinan impuesto al valor agregado, a las ganancias y a las salidas no documentadas y aplica multa en el impuesto a las ganancias, y revocarla en cuanto aplica multa en el impuesto a las ganancias –salidas no documentadas; 2) Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere a los relatos y a los Considerandos IV a IX del voto de la Dra. Guzmán.
II. Que, en cambio a distinta solución arriba respecto de la procedencia de la sanción en materia de salidas no documentadas.
Que, en materia de sanciones derivadas el impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala "B" de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A." sentencia del 25/10/04 y "Tanslavial S.A." del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Radio Emisora Cultural S.A.", del 9/11/00, y "Red Hotelera Iberoamericana S.A.", del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI", compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en el impuesto a las Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el periodo 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla.
Que, en cambio, para los periodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP)
N° 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley N° 11.683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben seria pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual. Que en el caso, no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la respectiva resolución y que particulariza en el acto apelado, a la luz de los elementos que surgieron de la fiscalización de la que se da cuenta en el Considerando IV yV del Vocal preopinante, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. Cabe destacar, en este orden de ideas, que la conducta de la recurrente constituye una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional, por lo que ha sido correctamente subsumida en la figura prevista en el citado artículo 46, por lo que corresponde su confirmación, reduciendo la misma a su mínimo legal, en razón de que no surge del Informe Final de Inspección ya mencionado en este decisorio que la recurrente presentara antecedentes infraccionales, con costas en la parte que se confirma y por su orden en relación a la reducción de la misma.
Asimismo, por los mismos fundamentos, corresponde reducir la sanción aplicada en el impuesto a las ganancias por el período 2007, con costas en la parte que se confirma y por su orden en relación a la reducción de la misma.
La Dra. O’Donnell dijo:
Adhiero en lo sustancial a la decisión del voto del Dr. Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas; y reducir las multas aplicadas a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma y por su orden en relación a la reducción de las mimas. Regístrese, notifíquese y devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.11.14 15:54:01 -03:00 Date: 2023.11.14 16:27:47 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.14 17:48:26 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.14 17:48:26 -03:00
Fin de la sentencia