Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 23.469-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1° la Resolución n° 034/2017 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12447-486-2011, en cuanto a la condena a la aquí recurrente al pago de una multa por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2Revocar parcialmente el art. 2° de la Resolución n° 034/2017 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12447-486-2011, en cuanto a los rubros Derecho Adicional, I.V.A. Adicional y percepciones del Impuesto a las Ganancias.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-41052916-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 21 de Abril de 2025 Aduanas s/ apelación".-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “FINCAS PATAGONICAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación", expediente nº 39300-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 24/35, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 034/2017 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12447- 486-2011, por la que se la condenó, en los términos del art. 970 del C.A., al pago de multa y tributos, ello en relación a la operación de importación temporaria documentada mediante la destinación 10 038 IT11 000142 U. Se refiere al giro comercial de la firma y los antecedentes de la causa. Señala que, debido a un incendio en el único depósito de la firma, se destruyó la totalidad de la mercadería importada temporariamente, consistente en tapones sintéticos. Afirma que dicho siniestro fue notificado a las autoridades. Realiza consideraciones al respecto, de lo actuado en instancia administrativa, de lo previsto en el art. 261 del C.A, aclarando que la divergencia observada entre el domicilio denunciado ante el servicio aduanero y la localización del depósito que se incendió se explica en tanto en el primero se concentraban las tareas administrativas de la empresa. Sostiene que el servicio aduanero realizó una errónea interpretación de los hechos y el derecho, alegando la inexistencia de ilícito fiscal. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 43/47 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Se refiere a los hechos y antecedentes que motivaron la condena. Realiza consideraciones respecto al régimen y su incumplimiento. Destaca que el depósito donde se produjo el siniestro no se corresponde con el único domicilio declarado ante el servicio aduanero. Se refiere al tipo infraccional, argumentando que la carga de la prueba recae sobre la actora. Cita doctrina y jurisprudencia. Afirma que la firma no cumplió con sus obligaciones. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que, conforme el acta de audiencia de fs. 55, la causa se declaró de puro derecho. A fs. 73 los autos se elevaron a la Sala “F” y quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. Que de la compulsa del expediente administrativo n° 12447-486-2011 (con acumulados), surge que las mismas se inician con la nota de fecha 27/07/2011 informando que la destinación 10 038 IT11 000 142 U, con vencimiento el 17/04/2011, no registraba la cancelación. A fs. 4/21 se agrega, en copia, la documental relativa a la operación denunciada, conforme la cual, en fecha 20/04/2010, se oficializó la importación temporaria de la mercadería ubicada en la P.A. SIM /DC 3923.50.910E, consistente en 205000 unidades de “De polietileno Los demás – Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO.”, con un plazo de permanencia de 360 días, designando en el campo correspondiente “LUGAR – DEP.
MERC. = RUTA PROV 15 KM 32 AGRELO LUJAN”. A fs. 19 obra en copia la nota dirigida y recibida por el Instituto Nacional de Alimentos, confeccionada por el despachante de aduana interviniente solicitando la intervención del organismo e informando que la mercadería quedará depositada en “…RUTA 15 KM. 32 AGRELO MENDOZA…” hasta que la autoridad sanitaria autorice su uso y comercialización. A fs. 22/23 obra el Acta de Denuncia por presunta infracción al art. 970, formulada el 27/07/2011. A fs. 27 obra la planilla de aforo y, a fs. 28 se realiza la determinación de la multa y tributos. A fs. 32/33 se dispone la instrucción del sumario y la corrida de vista, notificada a la firma el 24/04/2012. A fs. 39/40 la imputada contesta la vista conferida, invocando el siniestro acaecido en fecha 24/11/2010, acompañando como prueba documental copia de publicaciones gráficas, de la denuncia policial, entre otras.
A fs. 45 y 53, de fechas 23/5/2011 y 28/1/2011 –insertas por el presentante- lucen copias de las presentaciones realizadas por la firma comunicando el siniestro, señalando que se había iniciado el expediente n° 12447-40-2011 a tal efecto. De las copias de los diarios acompañados, de fechas 24/11/2010 y 25/11/2010, surge que se produjo un evento ígneo, cuyas causas no fueron determinadas, que habría causado pérdidas del 80% de la mercadería depositada. A fs. 57, se colige copia el certificado de denuncia emitido por la Oficina Fiscal del 16/12/2010-, respecto del siniestro ocurrido en fecha 23/11/2010, alegando el denunciante la destrucción total, entre otros elementos, de 205000 de unidades de la temporal 10038IT11000142U.
A fs. 62 se agrega copia del Certificado de Intervención de la Policía de Mendoza, Dirección Bomberos, emitido en fecha 16/12/2010, constatando la intervención del personal de bomberos en la extinción de un foco ígneo en un depósito de vinos y aceites de oliva ubicado en ruta 60 y Vieytes del distrito Russel, departamento Maipú, provincia de Mendoza, ocurrido en fecha 23/11/2010 a las 23:23 horas. A fs. 93 se dispuso la apertura de la causa a prueba. Desde fs. 95 se colige el expediente administrativo Actuación n° 12447/40-2011, iniciado en fecha 01/02/2011. A continuación de fs. 107 luce el Alcance n° 12447-40-2011/1. A fs. 114/117 obra un informe suscripto por el Sr. Jorge D. Ortiz, Vicepresidente de la firma Fincas Patagónicas S.A.
A fs. 119 obra la planilla de aforo. A fs. 125/130 se agrega dictamen. A fs. 131/136 obra la resolución apelada en autos.
V. La cuestión que nos ocupa tuvo su origen en la operación de importación temporaria documentada mediante destinación nº 10 038 IT11 000142 U, oficializada en fecha 20/04/2010, respecto de la importación temporaria de la mercadería ubicada en la P.A. SIM /DC 3923.50.910E, consistente en 205000 unidades de “De polietileno Los demás – Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLÁSTICO; TAPONES, TAPAS, CÁPSULAS Y DEMÁS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLÁSTICO.”, otorgándosele el plazo de permanencia por un año para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen.
Que, tras el vencimiento del plazo de permanencia, y no coligiendo acreditación de la reexportación de la mercadería en trato, el servicio aduanero labró el acta de denuncia por presunta infracción a lo establecido en el art. 970 del C.A. conforme el cual, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria, el beneficiario puede ser sancionado con una multa debiendo afrontar el pago de los tributos por la importación a consumo irregular de la mercadería objeto del régimen.
Por su parte, la importadora, esgrimió como argumento de defensa para exculparse de la responsabilidad endilgada por la Aduana, el acaecimiento de un episodio luctuoso de fuerza mayor, específicamente, la pérdida total de la mercadería objeto del régimen producida por el incendio del depósito adonde eran habidas.
Al efecto, acompaña informativa y documental que dan cuenta del suceso ígneo.
VI. Tras el introito, cabrá entonces decidir si lo pretendido por la Aduana y plasmado en la resolución que se recurre es ajustado a derecho.
Esta Sala pacíficamente ha sostenido desde antaño que, en principio, al servicio aduanero le basta con acreditar el mero vencimiento del plazo, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo –incumplimiento- que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba, quedando a cargo del presunto infractor la acreditación de todos los extremos que afirme la eximen de responsabilidad penal.
El beneficiario de este régimen de excepción ha asumido ciertas obligaciones ante el servicio aduanero y está en cabeza de aquél el acreditar su acabado cumplimiento, so pena de encontrarse incurso en una conducta ilícitas con responsabilidad tributaria por la importación –o exportación- irregular de la mercadería respectiva.
Como primer estamento, habrá de afirmarse que no se encuentra controvertido que la mercadería objeto de la temporal no fue reexportada en tiempo y forma, ergo se reconoce el incumplimiento al régimen. Como segundo, también habrá de afirmarse como hecho consentido que hubo un evento ígneo que produjo la destrucción de la mercadería que se encontraba dentro a resguardo.
Sentado lo anterior, cabe entonces formularse la siguiente interrogante para adentrarnos a develar si la importadora debe responder en el sentido pretendido por el Fisco.
¿Cabe interpretar y receptar como evento eximente de responsabilidad al incendio del depósito ubicado en ruta 60 y Vieytes de distrito Russel departamento Maipú, provincia de Mendoza acaecido el día 23/11/2010, aproximadamente a las 23:23 hs., tal como pretende la importadora Fincas Patagónicas S.A.?
Veamos, el servicio aduanero afirma que ese depósito no se condice con el domicilio denunciado oportunamente por la importadora a lo que agrega que tampoco dio tempestivo aviso a la Aduana de lo sucedido, motivo por el cual no pudo verificar el estado de la mercadería tras el siniestro. Debo adelantar que los argumentos esgrimidos por la Aduana resultan fatales para la viabilidad de la pretensión exculpatoria intentada por la importadora, pues a. De la compulsa de la destinación involucrada surge el campo correspondiente “LUGAR – DEP.
MERC. = RUTA PROV 15 KM 32 AGRELO LUJAN”,
b. A fs. 19 de las actuaciones administrativas se colige la nota dirigida y recibida por el Instituto Nacional de Alimentos, confeccionada por el despachante de aduana interviniente, solicitando la intervención del organismo e informando que la mercadería quedará depositada en “…RUTA 15 KM. 32 AGRELO MENDOZA…”.
c. La actuación n° 12447-40-2011, iniciada por motivo de la comunicación del siniestro a la autoridad aduanera data de 01/02/2011, ergo, el servicio aduanero fue anoticiado por la importadora de las “razones de su incumplimiento” transcurridos más de dos meses desde el siniestro, lo que habría dado por tierra cualquier conato de verificación.
d. El Inspector del Instituto Nacional de Vitivinicultura, en oportunidad de realizar el inventario general por siniestro –fs. 8-, sostuvo “productos depositados sin existencias…el total es de un volumen de 507560 litros, concordando con los saldos registrados ante el INV”.
e. Tal como se desprende de la certificación emitida por el Ministerio Público Fiscal, el denunciante dice que en el siniestro ocurrido en fecha 23/11/2010 se produjo la destrucción total, entre otros elementos, de 205000 de unidades de la temporal 10038IT11000142U- mientras que en el certificado de intervención de los bomberos se asienta que “…el fuego afectó elementos varios los que serán detallado en informe operativo pericial correspondiente, el que será entregado en la Unidad Fiscal que por jurisdicción corresponda…” [sic.]. Puede afirmarse que, aún en el caso de tomar al evento luctuoso en el sentido pretendido por la actora, no hay certeza alguna que permita cuantificar e identificar la pérdida denunciada.
Sentado lo anterior, y previo a dar respuesta a la interrogante supra sindicada, me pregunto ¿La mercadería objeto de la DIT fue irremediablemente perdida a raíz del incendio denunciado?
Es en la respuesta a la interrogante final la que abarca la primigeniamente formulada y que brinda los parámetros de este decisorio.
Como lo dije, el régimen de excepción como el aquí en cuestión impone obligaciones al beneficiario, en este caso, importador. Una de ellas es denunciar adónde habrá de ser habida la mercadería en trato. Esa denuncia asiste la misión de control que tiene el servicio aduanero para constituirse cuando lo estime menester y verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por el importador. Es más que pueril argumentar como eximente que “se denunció un domicilio distinto al que efectivamente era habida la mercadería por razones operativas”. De hecho, constituye el reconocimiento expreso de lo que no es verdad –entonces- en la declaración originaria, pues DEBIO sindicar ADÓNDE ESTARÁ FISICAMENTE LA MERCADERIA, NO ADÓNDE ESTÁN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA IMPORTADORA. A la Aduana poco y nada le importa –a los fines de una eventual comprobación- las actividades administrativas de la firma, la aduana controla la mercadería. Es sumamente desconcertante en la ilación de los argumentos de la defensa, el informe suscripto por el Sr. Jorge D. Ortiz, Vicepresidente de la firma Fincas Patagónicas S.A., quien señala que “…La sede operativa de la empresa es en Ruta 15. Km 32, Agrelo, Provincia de Mendoza donde funciona una bodega… En la bodega se encuentra también la sede de la administración contable de la sociedad. En la bodega se realiza todo el ciclo de elaboración… su embotellado y su colocación en cajas neutras para su envio a la planta de fraccionamiento y estiba… La planta de Etiquetado y Frigorífico …se encuentra en la Ruta 60 s/n de Maipú… En la misma se recibe el vino embotellado y se procede cuando se trata de un vino de reserva a su guarda y estriba por el tiempo que determine el enólogo. Los vinos de la línea clásica, se trasladan a esta planta para ser etiquetados de acuerdo a las órdenes de compra recibidas…” (el resaltado me pertenece), mientras que la dirección letrada asevera que “…los tapones…fueron importados a los fines de ser utilizados en el embotellamiento…”
La importadora –siguiendo su tesis defensista- ha demostrado un absoluto desinterés en el cumplimiento de sus deberes al no actualizar el domicilio adonde estaría la mercadería, si eventualmente la misma no habría de estar –por el motivo que fuere- en el denunciado primigeniamente.
No hay, ni parece existir elemento de cargo alguno que permita afirmar con certeza indubitable que la mercadería objeto de la importación temporaria fue la misma que se perdió en el siniestro que sufrió el depósito de la firma, ergo “la mercadería objeto de la DIT no fue irremediablemente perdida a raíz del incendio”.
Entonces, el incendio denunciado como causal eximente del incumplimiento no es idóneo para ser receptado en esta instancia de la forma en que intenta hacerlo la actora.
Claramente, el hecho de reconocer que la mercadería no estaba adonde efectivamente debió haber estado, sin que se colija alguno tipo de aviso y consecuente autorización del servicio aduanero, da por tierra cualquier tipo de defensa y la hacen incursa en la inconducta que en este pronunciamiento su reproche se confirma.
Como lo dije, la mercadería que debió estar adonde se denunció no fue reexportada, importada para consumo regularmente ni ha sido irremediablemente perdida en el contexto de un caso fortuito o de fuerza mayor.
Sólo puede afirmarse respecto de su destino que la misma ha sido importada irregularmente a consumo por la firma aquí recurrente y por ello cabe rechazar su pretensión exculpatoria.
VII. Visto lo resuelto precedentemente y en virtud de lo dispuesto por el art. 1143 del CA resulta necesario analizar la procedencia de los conceptos de Derecho Adicional, I.V.A. Adicional y percepciones del Impuesto a las Ganancias, que conforman la exigencia tributaria de la resolución en crisis. En relación al Derecho Adicional, corresponde tener en cuenta el criterio sentado por la jurisprudencia de la CSJN en los fallos “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.” y “IEF LATINOAMERICANA SA c/DGA s/ recurso de apelación” (TF 16.912-A), en consecuencia, corresponde excluir el mismo del monto reclamado a la actora.
Asimismo, en cuanto al I.V.A. adicional y percepciones del Impuesto a las Ganancias, en orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión. Claro está que las costas deberán ser impuestas a la demandada, toda vez que el cambio de criterio tiene su génesis en la novel jurisprudencia emitida por el máximo Tribunal con la suficiente antigüedad en relación a la fecha del dictado de la presente (conf. Art. 1163, 2do. Párrafo del C.A.).
En tal sentido, firme que quede la presente, la demandada deberá reliquidar los conceptos señalados, como así también la multa impuesta, en los términos del art. 1166 del C.A.
VIII. Visto el resultado del pleito en razón de lo sentado en los considerandos que preceden, entiendo que las gastos causídicos deben ser soportados conforme los mutuos vencimientos.-
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar el art. 1° la Resolución n° 034/2017 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12447-486-2011, en cuanto a la condena a la aquí recurrente al pago de una multa por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2. Revocar parcialmente el art. 2° de la Resolución n° 034/2017 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12447-486-2011, en cuanto a los rubros Derecho Adicional, I.V.A. Adicional y percepciones del Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por los vencimientos (art.1163 CA).
3. Firme que quede la presente, ordenar a la demandada para que practique la liquidación correspondiente, en los términos del art. 1166 del C.A. y conforme lo resuelto en el Considerando VI del voto. Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al modo en que decide el voto que antecede.
II. Que, no obstante, y habida cuenta lo señalado en el Considerando VI, corresponde dejar sentado -sin perjuicio del resultado al que se arriba- que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A). En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalándose que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet).
En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822).
Asimismo, también debe tenerse presente que el Alto Tribunal ha consagrado en materia de infracciones tributarias el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que “sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (Fallos: 271:297; entre muchos otros).
III. Que, bajo tales premisas, cabe recordar que en materia infraccional aduanera, siguiendo el principio de culpabilidad, de raigambre constitucional, el CÓDIGO Aduanero argentino adoptó el factor de atribución de responsabilidad subjetivo. Ello implicó sin duda un cambio normativo cualitativo respecto de la regulación contenida en la Ley de Aduana, que conforme las modificaciones introducidas por la ley 21.898, recogía expresamente el criterio de responsabilidad objetiva.
En la Exposición de Motivos del CÓDIGO Aduanero argentino se expresa que el sistema de responsabilidad en materia infraccional en esa norma gira en torno del cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. En ese sentido, el artículo 902 del citado ordenamiento legal establece que no podrá imponerse sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación, o cualquier otro acto o situación [...].
Ese sistema de responsabilidad conlleva que para aplicar una sanción lo que se exija es un mínimo de culpa y no necesariamente dolo. Lo que no resulta admisible es la imputación objetiva, ya que no respetaría la plena vigencia de las garantías enunciadas en el artículo 8° de la CADdHh, que conforme la doctrina de la Corte Suprema debe ser respetada por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (conf. “Losicer”, Fallos: 335:1126). Al respecto, cabe destacar que el artículo 4 del CÓDIGO Penal establece que las disposiciones generales de ese código resultan de aplicación a todos los delitos previstos por leyes especiales. Por ende, cabe colegir que entre la contravención y el delito no existe otra diferencia más que la cuantitativa (confr. Fallos 293:50, Consid. 5°, entre otros), por lo que aquellas disposiciones generales resultan también de aplicación al juzgamiento de las contravenciones aduaneras.
IV. Que, bajo tales postulados, a los fines de la imposición de una sanción de palmaria naturaleza penal, la resolución debiera, al menos, contener una clara exposición de elementos esenciales, a efectos de no vulnerar el debido proceso adjetivo. Se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional. Dichos elementos son:
a) los hechos que la sustentan, b) los elementos de juicio que constan en el expediente y que acreditan la existencia de la contravención, c) las razones que ameritan tener por configurado el hecho punible, tanto en su faz objetiva como subjetiva (culpa o dolo, según correspondiere), y d) los fundamentos de la graduación de la sanción aplicada en el caso particular.
A tal fin, la DGA tiene que describir la conducta punible en forma precisa, sin recurrir a fórmulas genéricas, como así también debe hallarse probada en forma clara y suficiente la maniobra denunciada, debiendo ponerse de manifiesto todos los elementos considerados por la Administración que demuestren que la decisión adoptada es fruto de la valoración de la conducta del agente.
En efecto, tratándose de materia infraccional aduanera, y por estricta e ineludible aplicación de los enunciados penales supra referidos, nunca se debe presumir la culpa o el dolo del agente, sino su inocencia, por lo que, a consecuencia de ello, el servicio aduanero, como órgano acusante, debe probar la culpabilidad de la firma importadora, y no exigirle a ésta la difícil prueba de su inocencia, en virtud de que no se debieran, a tal fin, utilizar únicamente los mismos elementos que usualmente se comtemplan para cuantificar el perjuicio fiscal, para presumir y tener por probada la existencia de la conducta infraccional.
V. Que, por ende, cuando el resultado disvalioso no permite inferir la falta de cuidado y previsión de la apelante, no se puede atribuir responsabilidad, salvo que se trate de una ley que atribuye responsabilidad sin culpa, lo que estaría en contra de los principios elementales del derecho penal, como así también de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por lo tanto, tanto en materia penal como en la infraccional, la efectiva operatividad del principio de legalidad impone la necesidad de practicar una hermenéutica que, basada en las palabras utilizadas para la elaboración del tipo legal, resuelva las dudas interpretativas en la forma más limitativa de la criminalización. En consecuencia, la opción en favor de una exégesis que amplifique el ámbito de la prohibición penal compromete ciertamente la garantía que implica el nullum crimen sine lege y, por ello, resulta preferible la elección de la interpretación más restrictiva de la punición en la medida en que, además, no provoca en el caso una consecuencia ridícula o absurda (CSJN in re “Valerga, Oscar Alfredo”, del 28 de agosto de 2007: disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Todo ello, sin perjuicio del criterio que he asumido– por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 36.507- A, del 06/03/20, entre muchos otros).
VII. Que admitir una solución contraria a la propiciada implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional.
IX. Que, por lo demás, también se trata de preservar, conforme se ha expuesto, la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto siempre deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
X. Que, por último, en relación al Derecho Adicional de Importación, corresponde recordar, de plena conformidad con la postura que vengo adoptando desde mi voto como Juez Subrogante de la Sala E en la causa “La Mercantil Andina S.A.” de fecha 31/7/2012 -y a los cuales me remito en mérito a la brevedad-, que dicho deviene improcedente por resultar palmariamente inconstitucional, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental.
ASÍ LO VOTO.-
Por ello, SE
1. Confirmar el art. 1° la Resolución n° 034/2017 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12447-486-2011, en cuanto a la condena a la aquí recurrente al pago de una multa por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2. Revocar parcialmente el art. 2° de la Resolución n° 034/2017 (AD MEND), recaída en el expediente administrativo SIGEA nº 12447-486-2011, en cuanto a los rubros Derecho Adicional, I.V.A. Adicional y percepciones del Impuesto a las Ganancias.
4. Firme que quede la presente, ordenar a la demandada para que practique la liquidación correspondiente, en los términos del art. 1166 del C.A. y conforme lo resuelto en el Considerando VI del voto del Vocal Preopinante.
Regístrese y notifíquese.— Suscriben la presente el Dr. Christian M. González Palazzo, en su carácter de Vocal Titular de la Vocalía de la 17ª Nominación y el Dr. Pablo A. Garbarino, Vocal Titular de la Vocalía de la 16ª Nominación, conf. art. 1162 C.A.-
Date: 2025.04.15 16:12:04 -03:00 Date: 2025.04.21 13:52:08 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.21 13:52:09 -03:00
Fin de la sentencia