Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 39299-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 21278/2024 “FINCAS PATAGONICAS SA (TF 39299-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2026.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 147/151 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió:
(i) confirmar parcialmente la Resolución N° 35/17 (AD MENDOZA), recaída en las actuaciones administrativas Nro. 12447-190 -2011, mediante la cual se condenó a la actora al pago de una multa por la infracción tipificada en el artículo 970 del CA, respecto de la DIT 10038IT11000055A. Asimismo, declaró que su importe ascendía a la suma de $21.190,81. Impuso las costas por sus respectivos vencimientos (58% a cargo de la actora y un 42% a cargo del Fisco);
(ii) confirmar parcialmente la referida resolución en cuanto determinó que la obligación tributaria emergente del DIT N° 10038IT11000055A ascendía a U$S 5.245,25 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses previstos en el artículo 794 del CA. Impuso las costas a cargo de la actora; y (iii) revocar la Resolución N° 35/17 en cuanto exigió a la actora el pago de IVA adicional e impuesto a las ganancias, con costas a cargo del Fisco Nacional.
Para así decidir, el Tribunal a quo tuvo por configurada la infracción prevista en el artículo 970 del CA en relación con el DIT N° 10038IT11000055A, por entender que no se hallaba acreditado -como sostenía la actora- que la mercadería involucrada en el siniestro denunciado -consistente en el incendio ocurrido en sus instalaciones el 23/11/2010- fuera la misma que había sido importada temporariamente. No obstante, redujo el importe de la multa originalmente fijada por el Fisco Nacional y la estableció en la suma de $21.190,81.
En lo atinente a la determinación tributaria, sostuvo que resultaba aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “CLADD ITA S.A.”, del 26/11/2019, conforme el cual, una vez vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago del IVA adicional y del impuesto a las ganancias, en razón de la finalidad que tales conceptos cumplen dentro del sistema tributario.
Alta en sistema: 01/04/2026 Sobre esa base, modificó la liquidación de tributos practicada por el Fisco Nacional y la fijó en la suma de U$S 5.245,25, con más los intereses correspondientes.
II. Que contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación a fojas 160, y expresó sus agravios a fojas 173/181, los que fueron replicados por su contraria a fojas 188/192. En su presentación, sostuvo que en el caso se había afectado su derecho a obtener una decisión en un plazo razonable, en tanto los hechos investigados se remontaban al año 2010 y la cuestión habría permanecido sin adecuado trámite durante más de 14 años, pese a no revestir -según sostuvo- una especial complejidad. A tal fin, invocó la doctrina del precedente “Losicer”, de la CSJN.
De manera subsidiaria, tildó de arbitraria la resolución al entender que omitió valorar debidamente la prueba producida en torno a la destrucción de la mercadería importada temporariamente como consecuencia del incendio ocurrido el 23/11/2010, circunstancia que -a su criterio- impedía tener por configurada la infracción imputada.
III. Que corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
III.1. En el caso se discute la procedencia del reclamo de tributos y la aplicación de una sanción administrativa, por lo que corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable -prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos- también resulta de aplicación al ámbito tributario (conf. esta Sala, in re: Nº 55643/2017 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2017; Nº 27402/2023 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 32578-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 03/07/2024; N° 4230/2024 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 38457-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/02/2025). Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación del sumario administrativo se ha excedido del plazo razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test Alta en sistema: 01/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
III.2. A fin de efectuar el examen correspondiente cabe efectuar una reseña de las constancias del procedimiento. En autos, mediante el despacho de importación temporaria N° 10038IT11000055A, oficializado el 15/02/2010 ante la Aduana de Mendoza, la firma FINCAS PATAGÓNICAS SA documentó la importación temporaria de 195.000 unidades de tapones sintéticos de plástico, al amparo del decreto N° 1330/04A6, con destino a su utilización en el embotellado de vinos para su posterior exportación (v. fs. 7 de las actuaciones administrativas).
De las constancias del expediente Nro. 12447-190 -2011 surge que el 14/03/2012 se practicó la liquidación de multa y tributos (v. fs. 16); que el 03/04/2012 se instruyó sumario y se corrió vista, notificada a la importadora el 24/04/2012 (v. fs. 21 y 26/27); que el 19/09/2012 se abrió la causa a prueba (v. fs. 82); que recién el 25/01/2016 se incorporó la planilla de aforo (v. fs. 108); y que la Resolución N° 35/2017 (AD MEND) fue dictada el 30/03/2017 y notificada a la importadora el 19/07/2018 (v. fs. 118/123 y 125).
Luego, contra dicha resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 07/08/2018 (v. fs. 24/35 de las presentes actuaciones). Como consecuencia de ello, el 17/09/2018 la Dirección General de Aduanas contestó el traslado del recurso incoado (v. fs. 43/47).
A su vez, el 15/11/2018 se abrió la causa a prueba y se ordenó el libramiento de dos oficios (v. fs. 58), cuyo diligenciamiento fue impulsado por la propia actora en diversas oportunidades ante la falta de respuesta (v. fs. 63, 65, 68, 74, 86, 106 y 110).
La siguiente actuación impulsoria se llevó a cabo el 14/06/2023, oportunidad en la que se desestimó la acumulación de estas actuaciones con el expediente administrativo N° 39301-A (v. fs. 95) y, posteriormente, recién en fecha 11/04/2024 se clausuró el período probatorio y se llamaron los autos para alegar (v. fs. 132). Finalmente, el Tribunal Fiscal dictó el 27/05/2024 la decisión que confirmó la Resolución N° 35/17 (v. fs. 147/151). Alta en sistema: 01/04/2026 III.3.- En tales condiciones, a partir del análisis global del procedimiento, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo para el reclamo del Fisco Nacional. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), ahora receptada en el artículo 1° bis inciso a) apartado iv) de la Ley N° 19.549 (texto según Ley N° 27.742). En efecto, se observa que entre el hecho que motivó el inicio de las actuaciones administrativas (del año 2010) y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron más de 14 años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, la demora no se debe a la complejidad que pudiera presentar el asunto -toda vez que debía verificarse si se había incumplido la obligación de reexportar la mercadería en los términos del artículo 970 del CA-, ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente. En efecto, la demora aparece principalmente vinculada a la escasa actividad impulsoria de los órganos intervinientes. En particular, se verifican extensos períodos de inactividad tanto en sede aduanera como ante el Tribunal Fiscal donde, entre los años 2018 y 2024, el trámite permaneció prácticamente paralizado, con excepción de diligencias probatorias mínimas promovidas por la propia recurrente. Tal circunstancia adquiere singular relevancia si se repara en que el procedimiento ante dicho organismo se encuentra regido por el principio de impulso de oficio (art. 1143 del CA).
En tal sentido, no se advierte que los hechos ni el derecho debatido presenten una especial complejidad; ni que la firma actora hubiera desplegado conductas orientadas a obstaculizar el trámite del proceso; a la vez que tampoco se advierte que en la causa hayan intervenido múltiples sujetos procesales que pudieran justificar la extensión temporal verificada.
A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la Alta en sistema: 01/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (en sentido análogo, esta Sala, in re: Nº 55643/2017 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2017; y Nº 27402/2023 ”Alba Compañía” ya citada; y en sentido análogo, Sala I en autos “Fincas Patagónicas SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. N° 39383/2025, del 19/03/2026, entre otras).
Por tales consideraciones, corresponde hacer lugar al agravio formulado por la parte actora y revocar la resolución apelada.
IV. Que atento al modo en que se decide, corresponde imponer las costas del proceso a cargo de la parte demandada en ambas instancias, toda vez que ha resultado vencida y no se advierten motivos para apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por las razones expuestas corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma actora, revocar la resolución de fojas 147/151 del Tribunal Fiscal de la Nación, como así también la Resolución N° N° 35/17 (AD MENDOZA); 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 01/04/2026
Fin de la sentencia