Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°134/2015, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $5.568, por la representación procesal, y de $13.920 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por cada uno de los profesionales intervinientes en autos en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 15.629 equivalente a 2,10 UMA, y por el patrocinio letrado la suma de $ 39.072 equivalente a 5,25 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
4Regular los honorarios del Contador Público Guillermo García Fuster en la suma de $ 5.694 por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley 16.638/57.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-47339546-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 12 de Mayo de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 43.518-I caratulado “ FINEXCOR S.R.L.s/ apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Finexcor S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°134/2015, dictada el 15 de junio de 2015 por la División Determinaciones de Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se impugnan las declaraciones juradas presentadas en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 12/2006 a 08/2009, ambos inclusive, y se determinan de oficio los débitos y créditos fiscales, así como también los saldos a su favor tanto del primero como del segundo párrafo del art. 24 de la ley del gravamen. Asimismo, allí se determina de oficio el impuesto facturado vinculado con exportaciones en los mismos períodos. Relata la recurrente, cuya actividad es la industria frigorífica, que el acto cuestionado se originó en las fiscalizaciones que el Fisco Nacional efectuara a sus proveedores Ganadería Pancho Cue S.R.L., Agraria Don Antonio S.R.L. y Hugo Alberto Méndez. Explica que como resultado de esas tareas se detectaron ciertas anomalías que llevaron al organismo fiscal a considerar que los proveedores no contaban con la capacidad económica necesaria para celebrar las operaciones.
Sostiene que como consecuencia de considerar tales operaciones inexistentes no se le permite el cómputo del crédito fiscal respectivo, lo que motivó que el Fisco Nacional impugnara tales créditos originando un ajuste de $189.813,28.- disminuyendo su saldo a favor.
Indica que no se encuentra cuestionada la existencia de la mercadería comprada, su transporte y entrega, como así tampoco la facturación ni el pago de las operaciones que fueron realizados mediante transferencias bancarias. Agrega que se practicaron las retenciones impositivas cuando correspondía, las que fueron declaradas y depositadas oportunamente y nunca se formularon objeciones respecto de dichos proveedores.
Manifiesta que los proveedores cuestionados no figuraban en la base APOC al momento en que se efectuaron las operaciones, sino que los mismos fueron incluidos varios meses después. Reitera que el Fisco Nacional no desconoce ni objeta la existencia de la mercadería ni el cumplimiento de todas las formalidades exigidas en la documentación que respalda las operaciones con los proveedores impugnados. Destaca que pretende atribuirle responsabilidad respecto del comportamiento fiscal de sus proveedores, como si fuera un responsable solidario por el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales de aquellos. Hace hincapié en que una de las principales observaciones es que no tienen capacidad para realizar las operaciones por irregularidades en los domicilios fiscales de los proveedores, situación ésta que no le es oponible, ya que entre otros trámites que los proveedores debieron cumplir, el CAI otorgado por el propio organismo recaudador a éstos implicó la necesaria convalidación del domicilio fiscal.
Finalmente, cita abundante jurisprudencia que avala su postura, aporta prueba documental y solicita la producción de informativa y pericial contable y por último, pide que se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 80/95 vta. contesta el traslado del recurso el Fisco Nacional, el que por los argumentos que invoca solicita que se confirme dicho acto, también con costas.
A fs. 104 se abre la causa a prueba haciendo lugar parcialmente a la prueba pericial contable la que es producida a fs. 129/134, y respecto de la documental en poder de AFIP e informativa, se le solicitó que adjunte autorización de los terceros por art. 101 de la ley 11.683 para la producción de dos de los puntos ofrecidos, mientras que los restantes puntos de la informativa fueron rechazados. Contra dicho auto, la recurrente dedujo recurso de reposición que fue denegado a fs. 122/123. Finalmente, ante la falta de cumplimiento de las intimaciones cursadas por la vocalía instructora, se la tuvo por desistida de dichos medios (fs.126).
A fs. 164 se hace saber la integración de la Sala, se clausura el período probatorio y a fs. 170 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala y se ponen los autos para alegar los que son producidos por la recurrente a fs. 184/194 y por el Fisco Nacional a fs. 181/183. A fs. 195. quedan en estado de dictar sentencia.
III. Corresponde decidir entonces si la Resolución recurrida en esta instancia se ajusta a derecho. Surge de la misma que, conforme a las tareas de verificación, el organismo fiscal impugnó los créditos fiscales computados por Finexcor S.R.L. por las operaciones con los proveedores Ganadera Pancho Cue S.R.L., Agraria Don Antonio S.R.L. y con el señor Hugo Alberto Méndez. Para ello, la fiscalización tuvo en cuenta una serie de indicios graves y concordantes que hicieron presumir que las operaciones con dichos proveedores eran inexistentes por carecer éstos de capacidad económica, no tenían bienes registrables y no pudieron ser localizados en sus domicilios, entre otros.
Se dice allí también que a partir de la compulsa de las guías de traslado, copias del libro de ingreso de hacienda y de las listas de matanza firmadas por responsable del ONCCA, la fiscalización presumió la existencia de hacienda vacuna sin declarar que Finexcor S.R.L. justificó con las facturas de compras a los proveedores. Duda así, que el vendedor haya sido realmente quienes aparecen emitiendo los comprobantes que dieron lugar al cómputo de los créditos fiscales, en particular porque de las tareas de investigación realizadas a éstos, que desembocaron en su inclusión en la base APOC, surgió que: uno de los directores de Ganadera Pancho S.R.L. y de Agraria Don Antonio SRL, declararon que solo habían firmado papeles por motivos de amistad pero que desconocían el funcionamiento de la firma; en ambos casos, el campo pertenecía a la misma persona, el Sr. Diego Ituburu. Por su parte, Hugo Alberto Méndez dijo que era albañil y que nunca había concurrido en forma personal a la AFIP a inscribirse como contribuyente.
Ante tales anomalías, lo que Finexcor S.R.L. tenía que demostrar era la efectiva adquisición de hacienda a los tres proveedores objetados por lo que debe estarse a los resultados de las pruebas aportadas y rendidas. El análisis debe hacerse a la luz del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ajustes de facturación apócrifa en el IVA.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
La prueba documental aportada en la instancia administrativa previamente sustanciada y en esta instancia y las conclusiones de la prueba pericial contable producida en este expediente, no permite concluir que las operaciones fueron realmente efectuadas con los proveedores impugnados; tan solo da cuenta que las facturas fueron registradas y que se practicaron las retenciones pertinentes, así como también que fueron pagadas desde la cuenta bancaria de Finexcor S.A., extremos que no estaban en discusión. Tampoco estaba en discusión la compra de los animales, prueba de lo cual es que en la misma inspección no se impugnó el gasto en el impuesto a las ganancias, ni se intimó el pago del impuesto a la salida no documentada (art. 37, ley 20.628) y así surge del Informe que obra a fs. 977/995 de las act. Adm.
Lo único que estaba en discusión era determinar la identidad de los verdaderos proveedores de la hacienda y es respecto de dicho extremo que la recurrente debió dirigir su esfuerzo probatorio. Sin embargo y como ya se señaló ni la prueba documental, ni los resultados de la pericial permiten concluir en tal sentido, a lo que cabe agregar que las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de los proveedores, reseñadas en detalle en el Informe mencionado permiten concluir el carácter de proveedores apócrifos.
En efecto, no se trata de fundar la impugnación solamente por la imposibilidad de localizar a las firmas y a sus representantes, sino que localizados que fueran e interrogados sobre su rol, dieron cuenta de su participación por amistad a propuesta de una persona que era, a su vez, apoderada de las empresas proveedoras, no en una sino en varias empresas (tal el caso del sr. Quevedo en Ganadera Pancho CUE S.R.L. y Agraria Don Antonio S.R.L.) , así como de su absoluto desconocimiento de la actividad y de las operaciones llevadas a cabo en su nombre. La información aportada por el SENASA permitió también constatar que la empresa titular del campo de origen de los animales adquiridos por la recurrente estaba representada por otra persona vinculada a este proveedor a través de un contrato de pastaje.
Por último, surge de allí también que los supuestos directivos estaban inscriptos como mecánicos y para las actividades de pintura y empapelado. Esta es en particular la situación de Ganadera Pancho Cue S.R.L. y de Agraria Don Antonio S.R.L. que, junto con la falta de capacidad económica y operativa, justifican poner en tela de juicio que fueron ellos realmente los que hicieron las ventas de ganado a Finexcor S.R.L.
En el caso de Hugo Alberto Méndez, del mismo Informe se desprende que se trata de un albañil que cuando fue interrogado desconoció las operaciones con la recurrente; la fiscalizacion deja allí expresa constancia que vive en una vivienda muy precaria en el barrio periférico de Vera, provinia de Santa Fe, extremos que tampoco permiten tener por ciertas a las operaciones a los efectos del recaudo del art. 12 de la ley del gravamen y la jurisprudencia de la Corte Suprema antes citada que definió sus alcances, en especial, en los casos de ajustes fundados en facturación apócrifa.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Adhiero a la conclusión del voto precedente por análogos argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N°134/2015, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $5.568, por la representación procesal, y de $13.920 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por cada uno de los profesionales intervinientes en autos en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 15.629 equivalente a 2,10 UMA, y por el patrocinio letrado la suma de $ 39.072 equivalente a 5,25 UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
4. Regular los honorarios del Contador Público Guillermo García Fuster en la suma de $ 5.694 por su actuación en autos en el carácter de perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo para ello en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley 16.638/57.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.05.11 18:44:57 -03:00 Date: 2022.05.12 09:40:16 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.12 10:04:25 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.12 10:04:26 -03:00
Fin de la sentencia