Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.840-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 886/16, de fecha 12 de septiembre de 2016, dictada por la Aduana de Campana en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 16585-526-2014, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-118777562-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “FINNING ARGENTINA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, TFN N° 37.937-A El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 70/87 vta. se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe (en adelante “Finning”), e interpone recurso de apelación contra la decisión del Administrador de la Aduana de Campana, plasmada en la Resolución N° 886/16, de fecha 12/09/2016, dictada en el marco de la actuaciones administrativas SIGEA N° 16585-526- 2014, 12574-865-2015, 12574-1111-2015, 12574-1250-2015, 17114-2614-2015, 17114-2615-2015, 17114-2954- 2017, que la intima al pago de una multa que asciende a la suma de $ 99.432,77- por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954, inciso c), del CÓDIGO Aduanero, toda vez que se habría detectado una diferencia entre el valor documentado al momento de efectuar las exportaciones hacia nuestro país desde la República Federativa de Brasil y el monto FOB documentado en las destinaciones nros. 09 008 IC04 001221J y 09 009 IC04 001826U. Menciona que las operaciones analizadas fueron trianguladas, esto es, Moncouver SA de Uruguay (en adelante “Moncouver”) adquiere equipos CAT, los cuales son vendidos a Finning, para luego ser remitidos directamente desde sus fabricantes por Caterpillar SARL desde Brasil (en adelante “CAT” o “Caterpillar”). Destaca que Moncouver funciona como centro regional de servicios compartidos que permite la optimización mediante economías de escala y la sinergía de trabajar en simultáneo con varios países de la región. Así, Moncouver gestiona la operación comercial, financia el pago a plazos, y asume el riesgo de garantía no cubierto por CAT (mano de obra y misceláneos), incorporando un margen por la mencionada función al valor de compra de los equipos adquiridos a Caterpillar en Brasil. Señala que dicho margen precisamente es la diferencia advertida por los funcionarios de la DGA al comparar el Valor en Aduana declarado por Finning en los despachos de importación con la información que surge del sistema INDIRA, el cual refleja los valores declarados en las exportaciones realizadas por Cartepillar en Brasil.
La actora se agravia del apartamiento por parte del Servicio Aduanero de la metodología de valoración dispuesta en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, aprobado en virtud de la ley n° 24.425. Así, destaca la primacía del método “Valor de Transacción” y cuestiona la forma en que la DGA utiliza el Sistema INDIRA, la cual a su criterio es una herramienta más, pero no un método de valoración.
Asimismo, afirma que la declaración comprometida por la aquí recurrente es veraz y exacta atento a que los valores declarados en los Despachos de importación corresponden al precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías y, como tales, deben ser aceptados por el Servicio Aduanero.
Por otro lado, indica que existe ausencia del elemento objetivo (tipicidad) y subjetivo (intencionalidad) de la conducta para el tipo de infracción que se le endilga.
En otra idea, destaca la validez del certificado de origen en virtud de lo dispuesto en el apartado j) inciso 4 del Apéndice III de la Decisión 1/2009 CMC.
Finalmente, rechaza el argumento de la DGA de que Moncouver tiene como finalidad la radicación de ganancias en el exterior y la extracción indebida de divisas del país. Solicita la aplicación del principio de la duda. Ofrece prueba documental, informativa y exhortos, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con expresa imposición de costas al Fisco.
II. Que a fs. 97/101 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Luego de efectuar un breve resumen de los hechos acaecidos en sede aduanera, niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos esgrimidos por la contraria que no sean objeto de un especial reconocimiento de su parte. Manifiesta que el artículo 954 de la ley 22.415, en su apartado 1, penaliza la inexactitud de las declaraciones, e indica que de las facturas compulsadas no surge que el precio pagado este incrementado por intereses pagados por el importador en concepto de financiación.
Asimismo, señala que el Certificado de Origen no se ajusta a la normativa vigente según Decreto 1/2009 CMC y agrega que esta práctica de sobrefacturación provoca una disminución en los recursos fiscales, constituyendo un modo indebido de giro de divisas al exterior.
Afirma que, en el caso bajo análisis, la instrumentación negligente de la documentación aduanera por parte de la actora (la triangulación) trajo aparejado la imputación de la responsabilidad objetiva por la infracción contemplada en el citado artículo 954, inciso c), del CÓDIGO Aduanero.
En la misma idea, señala que la referida normativa está llamada a resguardar inmediatamente la veracidad y exactitud de las declaraciones aduaneras y que cuando las declaraciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio o liquidaciones efectuadas por el fisco gozan de legitimidad, e incumbe a quien las impugna la demostración de los hechos. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, las que acompaña junto a su presentación. Cita doctrina y jurisprudencia, hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la apelación interpuesta por la contraria, con expresa imposición de costas.
III. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas que tramitaron mediante Expediente SIGEA N° 16585-526-2014, resulta que las mismas se iniciaron a fs. 1/7 con el Acta de Denuncia n° 140/2014, labrada en el marco de la fiscalización sobre posible sobrefacturación en operaciones de importación tras realizarse un cruce documental e informático - con el sistema INDIRA - de las operaciones de importación 09008IC04001827U y 09008IC04001221J. A fs. 8 y 21 lucen las impresiones del sistema INDIRA. A fs. 9/20 se agrega copias simples de la destinación 09008IC04001827U y a fs. 22 ref. se agrega el sobre contenedor de la documentación original de la operación de importación 09008IC04001221J. A fs. 23/25 lucen los resultados de la liquidación realizada por el fisco. A fs. 27, con fecha 15/12/14, mediante resolución de la Aduana de Campana n° 008-SC-447-14/1 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 30 se corre vista al despachante involucrado y a la firma importadora, quienes se notificaron el 06/02/2015 y 13/02/2015, respectivamente mediante el SICNEA. A fs. 34/40 ref., en fecha 24/02/15, el despachante contesta la vista conferida, mientras que a fs. 42/96 ref., en fecha 03/03/2015, la importadora hace lo propio. A fs. 102/104 consta la nota n° 334/15 (DV BCAP) mediante la cual se ratifica la denuncia formalizada con arreglo a lo previsto en el artículo 954 inciso c) de la ley 22.415. En fecha 29/06/15, se clausura la etapa probatoria y pasan los autos para alegar. A fs. 108 el despachante de aduanas presenta su alegato y a fs. 110/111 ref. hace lo propio la importadora. A fs. 113/116, obra el Dictamen Jurídico n° 613/2016 de la Sección Sumarios y a fs. 117/121, el 12/09/2016 se dicta la resolución n° 886/2016 apelada en autos.
IV. Que, sentado lo que antecede, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada, por la que se condena a la firma recurrente al pago de una multa por la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), del CÓDIGO Aduanero, se ajusta a derecho, en lo que ha sido materia de recurso.
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación. Que, en el año 2009, la empresa “Finning Argentina SA” importó desde la República Federativa de Brasil, mediante las destinaciones nros. 09 008 IC04 0001826U y 09 008 IC04 001221J, 1 motoniveladora marca Caterpillar modelo 140K - mercadería clasificada en la posición arancelaria 8429.20.90.000V- y 1 cargador sobre ruedas marca Caterpillar modelo 924HZ - mercadería clasificada en la posición arancelaria 8429.51.99.000T-. Dicha mercadería fue adquirida por “Finning” a “Moncouver” de Uruguay, quien previamente la habría adquirido a “Caterpillar” de Brasil.
Que la firma “Caterpillar” fue quien exportó dicha mercadería desde Brasil directamente hacia la República Argentina y, según el servicio aduanero por consulta en el sistema INDIRA, lo habría hecho a un valor FOB inferior al documentado por “Finning” al introducir la mercadería a nuestro país. Esa presunta diferencia entre el valor de exportación declarado por “Caterpillar” y el de importación consignado por “Finning” obedecería a la intervención de la firma “Moncouver” en la operación, quién se encargaría del financiamiento de la compra y de asumir el riesgo de “garantía” de los productos CAT vendidos. Así, la triangulación en la cual la empresa “Caterpillar” le vende a “Moncouver” la mercadería, quién a su vez la vende a “Finning”, no constituiría más que el giro indebido de divisas al exterior y la radicación artificial de ganancia fuera de la jurisdicción del país de producción y del país de destino de la mercadería.
V. Que cabe aclarar que la utilización del sistema informático INDIRA, mediante el cual se habría detectado que la mercadería había sido exportada del mercado brasilero a un precio inferior al que se importó en la República Argentina no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para reprochar la declaración efectuada por la actora. Los datos del referido sistema INDIRA no constituyen una prueba fehaciente, porque carecen de las debidas certificaciones y legalizaciones de las autoridades brasileñas y consulares nacionales.
Que, asimismo, si bien el servicio aduanero tiene amplias facultades para controlar los precios declarados y, en consecuencia, efectuar un reclamo tributario cuando considere que dicho precio no es el que corresponde, la existencia de una venta posterior por un precio diferente al de la venta inicial, llevada a cabo por un trader vinculado (Moncouver) no demuestra por sí solo que el precio declarado es inexacto, y que se trate de una maniobra fraudulenta tendiente a alocar ganancias o generar un mayor egreso de divisas del país. Que, en efecto, aun cuando hubiere sido posible un ajuste a los efectos tributarios, el nuevo valor asignado no implica que el precio declarado no fuera veraz, ya que el ajuste no significa ni convierte al valor declarado en inexacto.
VI. Que, además, en lo que atañe a las ventas sucesivas o triangulación comercial entre empresas vinculadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente CAF 20/2019/CA1-CS1 “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 29 de febrero de 2024, haciendo suyos los fundamentos vertidos por la señora Procuradora Fiscal en el dictamen del 21 de abril de 2021, sostuvo que “el tipo infraccional del art. 954, apartado 1, inciso c) del Código Aduanero, al sancionar la declaración aduanera que difiera de lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere o hubiere podido producir ‘el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere’, circunscribe el examen de la discordancia entre el precio declarado y el importe egresado –tratándose de importaciones– a la última venta en supuestos de ventas sucesivas”. Que, en un ejercicio de parafraseo de esta doctrina judicial –la que cabe aplicar en todo su extensión, en tanto el Alto Tribunal ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores, a efectos de la adecuada salvaguarda de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" - es factible afirmar que su cabal aplicación conduce a que en los casos en los que el valor FOB total declarado en el despacho de importación coincida con el consignado en la factura comercial, la importadora quede a salvo de la aplicación de la figura infraccional prevista en el artículo 954 del CÓDIGO Aduanero.
VII. Que, a mayor abundamiento, puede observarse que en las actuaciones administrativas la actora presentó una certificación contable de fecha 25/02/2015 con la documentación bancaria que demuestra que los importes facturados por el vendedor se corresponden con los importes transferidos al exterior para la cancelación de las obligaciones comerciales de “Finning” (véase fs. 78/83 ref. de las act. adm.).
Por otra parte, también se presentó en sede aduanera, para dar cuenta de los riesgos asumidos por la vendedora: (i) a fs. 85/92 ref. una certificación contable firmada por la contadora pública, Sra. Edith Alvarez, de fecha 30/01/2014 donde consta, en lo que aquí interesa, la contabilización de un reclamo de garantía por la mercadería importada, y (ii) la política de garantías de Moncouver (a fs. 94/96 ref.).
Asimismo, a fs. 127/128, Moncouver da cuenta de los términos de pago pactados con la actora y de la fecha de pago de Moncouver a Caterpillar por la mercadería involucrada en autos, además, de dar cuenta de la razonabilidad de los márgenes por los riesgos asumidos - cuestionados por la Aduana - mediante una certificación contable de fecha 03/05/2017 a fs. 36/57.
VIII. Que, en efecto, se encuentra acreditado en autos - con la documentación obrante - que las declaraciones de importación son consistentes con el detalle de las facturas del proveedor “Moncouver”, así como con los pagos correspondientes a las mismas, los cuales se encuentran debidamente registrados.
Que, en consecuencia, no se configuran en el caso bajo análisis los elementos necesarios para afirmar la existencia de una declaración inexacta, por cuanto no se advierte una diferencia entre la declaración comprometida y el resultado de la comprobación.
IX. Que, no obstante, corresponde dejar sentado que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente n° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente n° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines de la imposición de la multa objeto de autos, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción recurrida, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos; por lo que corresponde que la multa sea impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal); extremo sobre el que no corresponde pronunciamiento alguno, en atención al modo en que se resuelve el presente, donde se revoca la sanción impuesta por la Aduana.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución N° 886/16, de fecha 12 de septiembre de 2016, dictada por la Aduana de Campana en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 16585-526-2014, con costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere a la propuesta que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución N° 886/16, de fecha 12 de septiembre de 2016, dictada por la Aduana de Campana en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 16585-526-2014, con costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y a la Dra. Sabrina Maiorano (27-29478815-3). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.10.24 19:42:41 ART Date: 2025.10.24 21:33:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.24 21:34:02 -03:00
Fin de la sentencia