Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38761-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 8/10/2024, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN) Y
2Reducir los honorarios regulados por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VIII.
12626/2025 “Finning Argentina SA (TF 38761-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2025.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 8/10/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por allanado parcialmente al fisco en lo que respecta a la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., con costas a la DGA. Revocó la Resolución 435/17, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12517-458-2013, en cuanto le exigía a la firma FINNING ARG. S.A. y a la despachante de aduana, Marta Josefa Sosa, el pago de una multa por la infraccion tipificada en el art. 954.1 inc. a) del CA y le exigía a la firma exportadora el pago de tributos, con costas al fisco.
Para así decidir, en cuanto aquí interesa, precisó que, correspondía resolver en autos si resultaba ajustada a derecho la Resolucion 435/2017, recaída en las actuaciones administrativas 12517-458-2013, mediante la cual se le exigía a la firma FINNING ARGENTINA S.A. y a la despachante de aduanas -Marta Josefa Sosa- el pago de una multa por la infraccion tipificada en el art. 954.1 inc. a) y b) del CA respecto de la destinación 13057EC01005735P y asimismo, se intimó a la firma exportadora a pagar diferencia de tributos con mas intereses. Indicó que, de la lectura de las actuaciones administrativas resultaba que, mediante la destinacion referida, oficializada el 19-8-13, la co-actora FINNING ARG. S.A. documentó la exportación de 22.000 toneladas de “Las demás (R. 2012/93 ANA) Preparaciones destinadas a proporcionar al animal la totalidad de los elementos nutritivos necesarios para una alimentación diaria, racional y balanceada (piensos compuestos -completos) Las demás PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES”, mercadería que claslficaba en la P.A. 2309.90,10.900P. Asimismo, se declaró y se pagó una alicuota del 5% de derechos de exportación - ver fs. 7 de las actuaciones administrativas-. Aclaró que esa PA tenía un reintegro fijo del 2.05%, el que no fue abonado.
Apuntó que, de la extracción de muestras realizadas por el fisco para su remisión al Instituto Técnico del Examen de Mercaderías (“I.T.E.M."), se obtuvo el resultado del Protocolo de Analisis LAB 95351. En el mismo se concluyó que las muestras analizadas correspondían a mezcla a base de harina de soja (94.9%) y harina de cártamo (5,1%); no detectándose carbonatos, cloruros ni vitaminas agregadas -ver fs. 6 de las actuaciones administrativas-.
Puntualizó que, en consecuencia, la aduana entendía que la mercadería no cumplía con los requisitos para ser clasificada en la P.A. declarada -esto es: 2309.90.10.900P-. debiendo ser clasificada como harina de soja -léase: P.A. 2304.00.10.100B-. Se basó en las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado 2.b y 3.b.
Refirió que, como para esa P.A. la alícuota de derechos de exportación era del 32% y tenía un reintegro fijo del 0%, la Aduana instruyó sumario por la infraccion prima facie al art. 954, ap.1 inc. a) del CA y le corrió vista a la firma exportadora y a la despachante de aduanas. Aclaró que, no se pagaron los reintegros por la PA documentada.
Manifestó que, a fs. 60 de las actuaciones administrativas la Aduana amplió la denuncia por el art. 954.1 inc. b) del CA. atento a la mercadería debía contar una Declaración Jurada de Venta al Exterior de manera obligatoria en virtud de lo dispuesto en la ley 21.453 -DJVE que no fue imputada a la operación-. Especificó que, instruido sumario por la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. a) y b) del C.A. y corrida la vista, las partes efectuaron su defensa y finalmente, la aduana dictó la Resolución apelada.
Explicó que, el fisco se allanó parcialmente al recurso de apelación interpuesto en autos en lo que respecta al agravio relativo a la condena impuesta en los términos del art. 954,1 inc. b) del CA y solicitó se impongan las costas en el orden causado.
Relató que, el fundamento radicaba en que: “(...) la conducta analizada no resultaría encuadrable en la previsión del art. 954, ap.1 inc. b) del C.A., toda vez que la ley 21.453 y su reglamentación al establecer la necesidad de registro de las DJVE con anterioridad a la documentación de las respectivas destinaciones de exportación no establecen una prohibicion a la exportación de los productos agrícolas (...) ”.
Ponderó que, las recurrentes aceptaron el allanamiento parcial y peticionaron que las costas se impongan al fisco atento a que debieron acudir ante ese tribunal.
En tales condiciones, hizo lugar al allanamiento parcial efectuado por la demandada. atento a que se ajustaba a las formalidades que exigía el art. 1143 del CA.
En cuanto a las costas, consideró que las mismas debían ser impuestas al Fisco, ya que por su culpa las recurrentes se vieron obligadas a litigar.
Sentado ello, posteriormente, entendió que, correspondía analizar si resultaba ajustada a derecho la multa por la infracción tipificada en el art. 954.1 inc. a) del CA -reclamada a las actoras- y la diferencia de tributos exigida a la exportadora.
Observó que, para ello, se debía analizar, en primer término, si se configuraba o no la infracción que se les imputaba.
En dicho contexto, advirtió que, el objeto de la litis versaba sobre la correcta clasificacion de la mercadería exportada mediante la destinacion 13057EC01005735 P.
Adujo que, puntualmente, la actora documentó la mercadería en la P.A. 2309.90.10.900P “Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación de los animales”, gravada con una alicuota de derechos de exportacion del 5%.
Postuló que, la Aduana sostenía que debió clasificarse en la PA 2304.00.10.100 “Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja”, gravada con una alícuota de derechos de exportación del 32% -esto era: perjuicio fiscal-.
Mancionó que, para así resolver la aduana se basaba en el Protocolo de Analisis LAB 95.351, basado en la extraccion de muestras representativas de la carga. que indica que: “se encuentra constituida por estructuras vegetales compatibles con harina de soja (94,9% aprox.) y harina de cártamo (5,1% aprox.); no detectándose carbonatos, cloruros ni vitaminas agregadas”. Asimismo, se indicó que el método analítico utilizado fue la separación manual y comparación visual en lupa estereoscópica.
Entendió que, resultaba pertinente aclarar que las actoras sostenían que el Protocolo de Análisis LAB referido no indicaba que la mercadería se encontraba mal clasificada y que, a todo evento, la misma debió clasificarse en la P.A. 2309.90.90.900T, que también tributaba una alícuota del 5% de derechos de exportación. En cambio, la aduana entendía que ese resultado implicaba que el producto clasificaba en otra posición -2304.00.10.100. la que tributaba una alícuota mayor.
Ponderó que, el Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria en el Dictamen Técnico 93/17 que lucía a fs. 113/116 de las actuaciones administrativas mencionaba ''que la Nota 1 del Capitulo 23 establece que se incluyen en la partida del SA. 23.09, los productos de los tipos utilizados para la alimentación de animales, no expresados ni comprendidos en otra parte, obtenidos por tratamientos de materias vegetales o animales”. Asimismo, dispone que: “(...) la mercadería en cuestión no cumple las condiciones citadas en la Nota Legal 1 del Capitulo 23 ni es asimilable por sus características con las preparaciones del tipo de las citadas en la Nota Explicativa de la Partida del S.A. 23.09, no encontrando en consecuencia cabida en dicha partida”. Expuso que, en la parte dispositiva de la Resolución apelada la aduana dijo que: “entre los conceptos más relevantes del informe resulta destacable sehalar que la partida 23.09 exige que la naturaleza y proporciones de los elementos estén fijadas en orden a una producción zootécnica determinada y que por tal motivo no es suficiente la sola existencia de la vocación de mezclay/o transformar los ingredientes o materia y/o la existencia de una razón comercial para hacerlo ”.
Señaló que, asimismo, en el informe del Jefe de la Sección Inspección Simultánea que lucía a fs. 156/157 de las actuaciones administrativas se informaba que: "en el presente caso los procedimientos verificados para obtener el producto exportado no pueden en modo alguno ser calificados como resultado de una mezcla y en consecuencia por el solo hecho de volcarlos en un mismo recinto o recipiente ya adquieren el carácter de preparación ya que el componente del maíz y otros agregados se unen al componente soja solo en el elemento mecánico transportador donde, claro está, no puede definitivamente garantizarse que se alcance un mínimo de homogeneidad en el producto final”. Refirió que, finalmente, la Aduana concluyó, que la mercadería clasificaba en la PA 2304.00.10.100 por ser la harina de soja desgrasada el componente mayoritario de la mezcla que confería a la misma su carácter esencial.
Destacó que, en definitiva, el fisco invocaba las reglas para la Interpretación del Sistema Armonizado 2.b y 3.b.
Sentado ello, afirmó que, para resolver la presente litis, se debía tener en cuenta los dos informes que lucían en sede aduanera, uno relativo a la cuestión de la alimentación animal, elaborado por el médico veterinario Hector Quintana, y otro relativo a la cuestión clasificatoria, elaborado por el licenciado Julio Tarnapolsky.
Evaluó que, en el informe técnico relativo a la alimentacion animal que lucía a fs. 119/126 de las actuaciones administrativas, se realizaba una descripcion de los productos involucrados en la causa y su presentación. Destacó lo expresado en el punto IV 1) donde se señaló que “...los productos objeto de la consulta pueden ser administrados directamente a los animales, es decir que no es necesario someterlos a ningún proceso de transformación, en tanto se compruebe que la soja está desactivada de sus principios antinutritivos, como en los presentes casos (tales como el factor inhibidor de la tripsina, hemaglutininas, lectinas, entre otros) .... La utilización adecuada de los productos objeto de la consulta, es la de ser mezclados con otros componentes, y de tal forma componer un alimento completo. En la composición de un alimento completo, la función de los productos objeto de consulta es la de aportar proteínas de muy buen valor biológico, las cuales resulta del contenido de aminoácidoss esenciales, especialmente en L-Lisina ”.
Ponderó que, por último, el punto 7) del informe concluyó que “No cabe duda alguna respecto a la razonabilidad de la elaboración de los productos objeto de la consulta. La alimentación de los animales requiere, por una parte, la administracion de carbohidratos y grasas, pero también de elementos nutritivos ricos en proteínas (así como minerales y vitaminas). Debe mencionarse también que los productos objeto de la consulta son aptos para todas las especies pecuarias, tanto avicolas, porcinas, y equinas, como también bovinas y ovinas ”. Añadió que, asimismo, el informe del licenciado Julio Tarnapolsky que lucía a fs. 127/133 de las actuaciones administrativas concluyó que: “(...) la mercadería clasifica en la Partida 2309 -Posición Arancelaria XCM 2309.90.90). por aplicación de la Regla General I, no ofrece duda en tanto se encuentran satisfechos todos los criterios necesarios, es decir: A)Texto de partida: cumple (la mercaderla responde acabadamente al texto de la partida;). B) Nota legal: cumple (los productos registran un Iratamiento que hace perder las caracteristicas de los vegetales originarios). C) No existen exigencias en materia de proporciones en la preparación, que condicionen la aplicación de la Regla 1 y justifiquen la aplicación de las Reglas 2 y 3. D) Los productos se ajustan a la descripción de los piensos complementarios " que aparecen en las Notas Explicativas de la Partida 2309. E) Los productos no están afectados por los condicionamientos y exclusiones que aparecen en las Notas Explicativas de la Partida 2309. F) El grado o calidad de homogeneización -de la totalidad de los componentes no es exigencia que aparezca mencionada en ningún texto o nota de la Nomenclatura que resulta aplicable. G) No hay otros motivos que habiliten el uso de la Reala 3b. para clasificar en función del componente mayoritario'' - esto es como hace la aduana para entender que corresponde la Partida 2304 y así aplicar la apertura que contempla “harina de tortas", es decir harina de soja desgrasada.
Puntualizó que, como explicaba el licenciado a fs. 131 vta. de las actuaciones administrativas, cuando el texto de una partida contemplaba a cierta mezcla o preparación, esa opinión clasificatoria prevalecía por sobre la opción de acudir a la P.A. del componente mayoritario o esencial.
Puso de relieve que, el informe concluyó que: “(...) los productos objeto de la consulta se encuadran sin dificultad en el texto de la Partida 2309 (PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES), es decir que la clasificación se realiza por aplicación de la Regla General I. Con este motivo, no corresponde aplicar los criterios de clasificación que establecen las Reglas Generales 2 y siguientes que eventualmente conducirían en la Partida 2304. En las Notas Explicativas de la Regla General 2 b) aparece una referencia específica a esta cuestión (Nota Explicativa X, segundo párrafo), en los siguientes términos: "los productos mezclados que constituyan preparaciones contempladas como tales en una Nota de Sección o de Capítulo o en el texto de una partida se clasifican por aplicación de la Regla 1 " (...) Se concluye así que no corresponde clasificar a los productos objeto de la consulta en la Partida 2304”.
Alegó, que, asimismo, respecto al criterio de clasificación, el informe señaló que por la Resolución General AFIP 3427 del 28.12.12, que se acompañó en copia, se dieron a conocer un conjunto de clasificaciones arancelarias, entre las cuales aparece como "Criterio de Clasificación N° 47/12 ” el que encuadraba en la Posición Arancelaria NCM 2309.90.90 a una mercadería que se describía como: "Suplemento alimenticio, en polvo, constituido mayoritariamente por expeler de soja, adicionado con harina de gluten de maiz, DL -Metionina y minerales, de los tipos utilizados en alimentos para peces”. E1 experto manifestó que se trataba de una clasificación arancelaria realizada a partir del mismo camino clasificatorio que se recorría en el presente caso.
Sostuvo, "en primer lugar, pese a que se indica que el expeler de soja es el componente mayoritario. el producto no se clasifica como expeler de soja, sino que se lo encuadra en la Partida 2309. En segundo lugar, observó que se trataba de una simple mezcla, porque se indicaba que los productos que se añadían al expeler de soja estaban "adicionados ”. Como en el caso de los productos objeto de la consulta, ellos no se administran directamente a los animales (en el caso, peces) y así resulta cuando se indica que se trata de un "Suplemento Alimenticio”. A la misma conclusión se arriba, observando que la descripcion no indica que el "suplemento alimenticio” se utilice en la alimentacion de los peces, sino que dice que se utiliza en "alimentos para peces”.
Agregó que, en el informe precedentemente referido el experto hacía referencia además a una actuación que la AFIP realizó directamente con la Dirección de Cuestiones Arancelarias y Comerciales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que originó la respuesta de dicha Dirección, suscripta por su Director Adjunto Sr. Craig Clark. Allí se indicó que "a partir de la descripción de la mercaderia en la nota de la OMA, se observa que el producto objeto de la presente consulta (el producto base con el agregado de elementos no vegetales) encuadra en la respuesta que la Dirección de Cuestiones Arancelaria y Comerciales dio a la AFIP, favorable a la inclusión del producto en la partida 2309. La descripción del producto es la siguiente: "complementos alimentarios destinados a los animales (pájaros, porcinos, bovinos y ovinos), obtenidos a partir de habas de soja molidas o a partir de ("expeler ”) de soja y de maiz, que son sometidos a los procesos de dosificación, mezcla y homogeneización.
Los productos contienen pequeñas cantidades antioxidantes y secuestrantes de micotoxinas de cloruro de sodio y/o carbonato de calcio. Los productos en cuestión pueden contener 80 % de soja y 20 % de maíz (aproximadamente 24 % de proteínas brutas y un 15 % de extracto etéreo), o 90 a 95 % de expeller de sojay 5 a 10 % de maíz molido (aproximadamente 37 % de proteínas brutas y 7 % de extracto etéreo). Los productos son presentados a granel. La Dirección de Cuestiones Arancelarias y Comerciales de la OMA indica en la respuesta enviada a la AFIP que “estima que las preparaciones para la alimentación de los animales en cuestión deben clasificarse en la partida 23.09 (subpartida 2309.90), por aplicación de las Reglas Generales de Interpretacion 1 y 6", es decir que el organismo clasificaba los productos de la misma forma como se proponía en el presente informe (la regla 6 es aplicable al tercer nivel de codificación. en este caso 2309.90).
Por último, el tribunal a quo, señaló que a fs. 420/421 de autos se agregaba un informe de la Dirección Nacional de Impuestos, del que surgía que durante la 67° Sesión del Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas se trató el asunto referido a la clasificación de una serie de productos presentados por la Administración de Canadá, clasificación sobre la cual nuestro país interpuso una reserva ante el Consejo de Cooperación Aduanera (OMA), detallándose las siguientes mercaderías: Producto 1: Producto compuesto por una mezcla 96 % de harina de soja desgrasada y 4 % de harina de maiz, Producto 2: Producto compuesto por una mezcla 98 % de harina de soja desgrasada y 2 % de harina de maíz, Producto 3: Producto compuesto por una mezcla 99 % de harina de soja desgrasada y I % de harina de maíz, Producto 4: Producto compuesto por una mezcla P5 % de harina de soja desgrasada y 5 % de harina de maíz.
Postuló que, sometida a votación la clasificación de las mercaderías descriptas, se arribó a un resultado de 22 votos a favor de la subpartida del SA 2309,90. contra 3 votos a favor de la subpartida SA 2304.00.
Añadió que, asimismo, en la respuesta al oficio emitida por la Dirección Nacional de Impuestos, obrante a fs. 464/465 de autos, se informó que, en la Sesión 70° del Comité del Sistema Armonizado de la OMA se ratificó que la mercadería precedentemente señalada clasificaba en la subpartida 2309.00. Argumentó que, finalmente, de fs. 464/465 surge que "(...) en la Sesión 72" del referido CSA. se concluyó que los productos en cuestión debían clasificarse en la subpartida 2309.90. lo que había quedado plasmado en la versión final del Informe correspondiente a dicha sesión, publicado en el mencionado sitio Web del ya citado órgano internacional...”.
En virtud de lo expuesto, concluyó que no le asistía razón al fisco, habiendo sido correcta la PA declarada; por lo que correspondía revocar la Resolución apelada en cuanto le exigía a la firma FINNING ARG. S.A. y a la despachante de aduanas el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954,1 inc. a) del C.A. y le reclamaba a la exportadora tributos.
II. Que contra dicho pronunciamiento el 31/10/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios en el mismo acto, los que fueron replicados por las contrarias con fechas 23/01/2025 y 14/02/2025. Se agravia de la sentencia recurrida por cuanto considera que aquella carece de los atributos necesarios para ser estimado un acto jurisdiccional válido.
Aduce que, se percibe un desentendimiento de los sentenciantes sobre la operatoria que realiza la firma actora y otras con el mismo producto y que fuera expuesta en diversas actuaciones judiciales y analizadas en distintas instancias en lo que se refiere a sucesivas declaraciones inexactas. Pone de manifiesto que, el producto exportado es: soja, la cual es un commodity agrícola con precios internacionales, mientras que los suplementos alimenticios (lo que la firma declaró exportar) tienen una realidad comercial totalmente distinta y que por ello tienen un tratamiento impositivo diferencial: 32 puntos porcentuales de derechos de exportación, frente a los 5 puntos pagados por el producto declarado.
Alega que, la División Instituto Técnico de Examen de Mercaderías (DV ITEM) es el área encargada en supervisar las tareas inherentes a la realización de análisis químicos y físicos de mercadería, entre otras funciones. Está conformada por profesionales químicos especializados en materia de peritaje.
Indica que, el objetivo que tienen los análisis efectuados por el ITEM en los casos como el presente, es poder determinar la composición de la mercadería y a partir de allí que sea posible su clasificación arancelaria. Resalta que, en los protocolos solo se inforna como está compuesta la mercadería, allí no se hace ningún acto de clasificación o valoración de la misma. Tampoco se debe informar si el resultado del análisis le es favorable o no a su parte o a la firma exportadora, sencillamente porque el objetivo del mismo es determinar su composición, y a partir de allí, una vez consentido por la parte, que sea posible su clasificación.
Postula que, dichos expertos arribaron a Ia conclusión de que el componente principal y mayoritario de la muestra informada mediante protocolo 95351 es 94,9% aprox. de “estructuras vegetales compatibles con harina de soja”. Dice que no controvierte dicha conclusión, por no encontrarse en condiciones de objetar un análisis químico ni tampoco su técnica. La parte actora tampoco lo hace, es decir, no se discute en autos la composición química del producto.
Señala que, por lo expuesto, hay que remarcar que es totalmente supérfluo referirse a la supuesta imposibilidad de realizar un segundo análisis como así también de una hipotética vulneración del derecho de defensa, cuando estamos frente a una cuestión de clasificación arancelaria de un producto que está compuesto en mas del 94% por harina de soja, hecho no controvertido por la actora.
Apunta que, por otra parte, el TFN prefiere hacer caso omiso al fondo de la cuestión que es la correcta clasificación de la mercadería, competencia que es de la DGA. Al respecto, la mercadería presentada a despacho difiere de la declarada de manera comprometida por la encartada. Es decir, no solo se trata de una divergencia clasificatoria sino que la imputación, objeto de debate, responde además, a la diversa calidad de la mercadería presentada a despacho y a una falaz declaración por parte del interesado.
Hace hincapié en que, el Servicio Aduanero, en virtud de las competencias indelegables establecidas por el Decreto 618, arribó a la clasificación de la mercadería, objeto de litis. Pondera que, llamativamente, la firma actora omitió flagrantemente declarar por la referida posición arancelaria, declarando otra que en lugar del 32% de derechos de exportación, exigía el 5%. En la medida en que, conforme se desprende del análisis de la division ITEM, que no se encuentra controvertido en autos, es palmario en virtud de la abrumadora mayoría de pellets de soja allí detectada. El único argumento al que puede acudir la actora, y en este caso el TFN para contrariar el criterio clasificatorio de la DGA es que el derecho de defensa se vería vulnerado por el transcurso del tiempo para realizar un segundo análisis en razón de una supuesta “mercadería perecedera” que lo impediría.
Afirma que, dicho todo esto, se observa que el TFN desestima la validez del Protocolo de Análisis atacado basándose únicamente en los dichos de la actora y no en las pruebas ofrecidas por la representación fiscal, lo cual impide al Servicio Aduanero poder perseguir la infracción impuesta en virtud de las diferencias clasificatorias resultantes de lo declarado por la actora y la evidencia arrojada por el Protocolo de Análisis mencionado, avalando el TFN la comisión de una infracción sin justificación probatoria alguna, por lo que solicita tenga a bien rechazar el decisorio del TFN y confirmar lo dispuesto por el Servicio Aduanero con costas a Ia contraria.
Por último, se agravia por la imposición de costas a su parte por el allanamiento efectuado en autos. AI respecto, en los términos del artículo 70 del CPCCN invocado por el TFN no es oponible el fundamento de que por culpa del servicio aduanero la actora tuvo que recurrir ante dicha instancia ya que no solamente se discutía la imputación del inciso b) del artículo 954, sino también de su inciso a) encontrándose su parte con derecho a litigar. Es decir, que de todas maneras, la actora tenía que acudir a esa instancia para obtener el pronunciamiento deseado.
Aclara que, en ese sentido y en el primer acto procesal oportuno, esa representación fiscal se allanó a la presentación de la recurrente por lo que, en los términos del mencionado artículo, el mismo fue real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Además, no existió obligación pendiente ni su parte se encontraba en mora, otra de las alternativas que hubiera podido implicar una conducta dilatoria que concluyera en la imposición de las costas. Por lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia del TFN en ese sentido.
III. Que mediante el pronunciamiento del 27/12/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los honorarios del Dr. Juan P. Cotter por su actuación profesional en el carácter de letrado co-patrocinante de las co-actoras en la suma de $76.990.029,84 -equivalentes a 1241,87 UMA-. Reguló los honorarios del Dr. Horacio García Prieto por su actuación profesional en el carácter de letrado copatrocinante de las co-actoras en la suma de $51.823.754,64 -equivalentes a 835,93 UMA-. Reguló los honorarios del Dr. Juan Pablo Rothschild por su actuación profesional en el carácter de letrado co-patrocinante de la co-actora FINNING ARGENTINA S.A en la suma de $25.166.275,20 -equivalentes a 405,94 UMA-.
Por medio de la aclaratoria de fecha 18/02/2025 el Tribunal Fiscal de la Nación modificó el punto 3 del pronunciamiento de fecha 27/12/2024, el que conforme indicó, quedará redactado en el siguiente sentido: “Regular los honorarios del Dr. Horacio García Prieto a favor del estudio “Marval, O’Farrell & Mairal” por su actuación profesional en el carácter de letrado co-patrocinante de las co-actoras en la suma de PESOS CINCUENTA V UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($51.823.754,64) -equivalentes a 853,93 UMA- los que se encuentran a cargo de la parte demandada. A dicha suma, debera adicionarsele la correspondiente al I.V.A., dada la condicion que reviste dicho estudio ante el impuesto”. Modificó el punto 4 del pronunciamiento de fecha 27/12/2024, el que conforme indicó, quedará redactado en el siguiente sentido: “Regular los honorarios del Dr. Juan Pablo Rothschild a favor del estudio “Marval, O’Farrell & Mairal” por su actuación profesional en el carácter de letrado copatrocinante de la co-actora FINNING ARGENTINA S.A en suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($25.166.275,20) -equivalentes a 405,94 UMA- los que se encuentran a cargo de la parte demandada. A dicha suma, debera adicionarsele la correspondiente al I.V.A., dada la condicion que reviste dicho estudio ante el impuesto”.
Contra dichos pronunciamientos interpusieron sendos recursos de apelación los letrados de la parte actora y el Fisco Nacional con fechas 6/02/2025 y 7/02/2025, respectivamente. Con fechas 6/03/2025 y 10/03/2025 los letrados de la parte actora contestaron el traslado corrido el 27/02/2025. Se deja constancia que el Fisco Nacional no contestó el traslado corrido el 18/02/2025.
IV. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
V. Que en el sub examine, el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar la resolución AD SALO n° 435/17, se sustentó en que era correcta la clasificación propuesta por la actora para la mercadería objeto de autos, de conformidad con los informes producidos en sede administrativa y en particular, el informe del Licenciado Tamapolsky, en cuanto concluyó que la mercadería debía ser clasificada por la partida 2309, teniendo en cuenta que “cuando el texto de una partida contempla a cierta mezcla o preparación, esa opinión clasificatoria prevalece por sobre la opción de acudir a la P.A. del componente mayoritario o esencial” y que “los productos mezclados que constituyan preparaciones contempladas como tales en una Nota de Sección o de Capítulo o en el texto de una partida se clasifican por aplicación de la Regla 1 ”. Asimismo, el Tribunal administrativo fundamentó su decisión en el Criterio Clasificatorio emanado de la propia DGA con anterioridad a los hechos (Criterio 47/12, contenido en la Resolucion General AFIP 3427/12), en la Actuación en la que la propia AFIP realizó directamente una consulta con la Dirección de Cuestiones Arancelarias y Comerciales de la Organizacion Mundial de Aduanas (OMA), y por último, en lo actuado en el seno de la OMA en las Sesiones 67, 70 y 72 del Comité del Sistema Armonizado, en las que se ratificó que la mercadería en cuestión se clasificaba por la subpartida 2309.90; la recurrente efectúa manifestaciones y valoraciones que no están dirigidas a criticar la sentencia que se recurre, ni se corresponden con los argumentos que sustentaron el decisorio impugnado.
Sin embargo y frente a tal explicita argumentación, no se advierte en el recurso, en examen, una crítica o cuestionamiento al derecho aplicable o a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Fiscal, pues los desarrollos contenidos en el escrito recursivo no se corresponden ni abordan el núcleo de lo decidido en el pronunciamiento impugnado.
El Tribunal Fiscal, en su pronunciamiento, relató minuciosamente lo actuado en sede administrativa y ante ese organismo y, en particular, las circunstancias por las cuales concluyó que la clasificación arancelaria del producto exportado en autos era correcta.
Al respecto, cabe poner de relieve que, sobre tales explicaciones y conclusiones, la apelante no efectuó referencia alguna, ni formuló un agravio concreto. Es que, en el escrito recursivo, en examen, no se mencionan siquiera los fundamentos del informe Quintana - Tarnapolsky, el Criterio de Clasificación de la Resolución General AFIP 3427/12, la consulta de la propia AFIP a la OMA en actuaciones anteriores ni lo resuelto por el Comité del Sistema Armonizado en las tres sesiones referidas, respecto de la clasificación del producto, objeto de autos. En efecto, la apelante, sintetiza tres presuntos agravios. Como primer punto, señala que “el TFN incurrió en un error al momento de valorar los hechos y las constancias agregadas en las actuaciones administrativas” y que ello produjo que se “desviara " de la cuestión de fondo que es la declaración inexacta de la posición arancelaria del producto de acuerdo a su composición. Como segundo y tercer agravio, la demandada sostiene que “el procedimiento de extracción de muestras fue presenciado y consentido" y que “corrida la vista de la instrucción sumaria, la actora no solicitó segundo análisis”.
Al respecto, cuadra señalar que, las quejas esgrimidas no se condicen con los fundamentos del fallo y por lo mismo, con la sustancia jurídica de la decisión cuestionada.
En cuanto al primer agravio, cabe destacar que, contrariamente a lo alegado, el Tribunal Fiscal, tuvo en cuenta los hechos y las constancias de la causa, las que reseñó en modo detallado y concluyó sobre la correcta clasificación de la mercadería.
En cuanto al segundo y tercer agravio, la demandada no se refiere a los hechos de la causa, puesto que, contrariamente a lo manifestado, no existe controversia sobre la composición del producto, ni sobre el procedimiento de extracción de muestras y análisis, ni con la ausencia de un segundo análisis, extremos que no son objeto de debate.
En consecuencia, resulta del caso, señalar que, no existen ni defensas relativas al proceso de muestras y análisis, ni referencia alguna a dicho proceso en la sentencia apelada.
Por otra parte, la demandada insiste en sostener que el Tribunal a quo desvió la atención del fondo de la cuestión que era “la correcta clasificación de la mercadería ” y sostiene que existiria una diferencia en la “calidad” de la mercaderia declarada, la que por la mayor presencia de harina de soja, se encontraría mal clasificada. En relación a ello, cabe destacar que, la calidad de la mercadería y su composición no fue objeto de controversia y el Tribunal analizó en virtud de la composición determinada por el ITEM, la correcta clasificación de la mercadería, concluyendo que la posición arancelaria declarada por la firma actora era la correcta; debiendo destacarse una vez más, que precisamente aquellos fundamentos con base en los cuales se concluyó en que la mercadería (cuya identificación, características y composición cuali/cuantitativa no se encuentra en discusión), encuadraba en la posición arancelaria indicada por la exportadora, lucen directamente ausentes de toda referencia y por cierto, de crítica. En definitiva, cabe concluir que la demandada, no formula una objeción concreta y efectiva sobre lo decidido y menciona hechos que no se corresponden con lo sucedido -conforme las constancias de las actuaciones administrativas- ni con lo resuelto.
En tales condiciones, y toda vez que la demandada no rebate, ni se hace cargo del verdadero fundamento de la sentencia impugnada, corresponde rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia apelada en todos sus términos.
VI. Que, por último, corresponde referirse al agravio del Fisco Nacional respecto a la imposición de las costas a su parte con relación a su allanamiento por la infracción prevista en el inc. b) del art. 954 del Codigo Aduanero.
Al respecto, la demandada considera que la actora debía apelar el resto de la imputación (art. 954, inc. a), por lo que su accionar no habría perjudicado a la actora ni la habría obligado a litigar.
En tal sentido, cabe señalar que, tal como se señala en la sentencia impugnada, las actoras al contestar el traslado del allanamiento, oportunamente conferido, manifestaron: “desde el primer momento la Aduana pudo allanarse y no lo hizo; por lo que las actoras debieron acudir ante este tribunal (…)”, haciendo referencia al dictamen jurídico obrante n° 195/2017 de las actuaciones administrativas, donde el propio servicio aduanero propiciaba el allanamiento en lo que respecta a la infracción tipificada en el art. 954. 1 inc. b) del C.A., con anterioridad a la condena, por lo que resulta de toda claridad que la accionante se vio obligada a acudir al Tribunal Fiscal en defensa de sus derechos. En tales condiciones, la demandada debe cargar con las costas en relación a su allanamiento tardío relativo a la infraccion del inc. b) del art. 954 imputado.
En consecuencia, corresponde rechazar la defensa intentada, en cuanto es materia de agravio.
VII. Que dado el modo en que se resuelve, las costas de esta instancia, se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el criterio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (conf. artículo 68, primara parte del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
VIII. Que a fin de tratar los recursos interpuestos; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. Resol 435/2017 del 17/11/2017 -convertido a pesos-, lo resuelto con fecha 08/10/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las tres etapas cumplidas, corresponde reducir a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE ($46.414.629) – equivalente a 601 UMA-, PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($57.612.834) – equivalente a 746 UMA-, PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($38.421.427,50) – equivalente a 497,50 UMA- y PESOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE ($17.608.212) – equivalente a 228 UMA- los honorarios de los DRES.
ENRIQUE BENITEZ CRUZ, JUAN PATRICIO COTTER, HORACIO DANIEL
GARCIA PRIETO y JUAN PABLO ROTHSCHILD, por la dirección letrada y representación de la actora y de la despachante de aduanas (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. y citados de la ley 27.423).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido y el modo en que se impusieron las costas, corresponde regular en la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($23.940.990) - equivalente a 310 UMA, para cada uno-; los emolumentos de los DRES. ENRIQUE BENITEZ CRUZ y JUAN PATRICIO COTTER, letrado apoderados, actuantes en la defensa de la actora y de la despachante (arts. 20, 24, 29, 30, 44 inc b) y ccdtes. de la ley 27.423). El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Por lo expuesto, el Tribunal
1. rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 8/10/2024, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN) Y 2°) reducir los honorarios regulados por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y fijar los de alzada de conformidad a lo expresado en el considerando VIII.
Se deja constancia que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (cfr. art. 109 del R.J.N.). Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia