Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 39332-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 16/09/2024, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN); y
2Respecto a los recursos de honorarios, estese a lo dispuesto en el considerando IX.
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4936/2025, “FINNING ARGENTINA SA (TF 39332-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires,27 de febrero de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, mediante el pronunciamiento de fecha 16/09/2024, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar la Resolución (AD SALO) N° 623/16, dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones administrativas SIGEA 12517-182-2013-1, en cuanto imputó a la recurrente la comisión de la infracción prevista en el artículo 954 apartado 1, inciso a) del Código Aduanero, con costas a la demandada (ver fs. 16/24 de las actuaciones administrativas digitalizadas subidas mediante archivo pdf “Antecedentes de la causa cp 3”).
Para así decidir, en cuanto aquí interesa, luego de relatar las posiciones de las partes, precisó que correspondía resolver en autos si la posición arancelaria SIM 2309.90.900T declarada en el Permiso de Embarque 13057EC01002387P -y sostenida por la actora en sus recursos- resulta aplicable o, en virtud de la divergencia en el criterio clasificatorio detectada por el servicio aduanero, se habría configurado la infracción prevista en el artículo 954, inciso a) del Código Aduanero, debido al perjuicio fiscal por la diferencia de tributación (5% a 32%), por corresponder la Posición Arancelaria SIM 2304.00.10.100.
Explicó que correspondía determinar si la mercadería analizada se trata de “las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación de los animales” (PA 2309.90.900T) o si se trata de “tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja” (PA 2304.00.10.100).
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Detalló las actuaciones administrativas y las pruebas obrantes de la causa, de las que es dable mencionar los protocolos de análisis 92881 y 95449, el dictamen técnico 18/16 de la División Clasificación Arancelaria del Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria, del que se concluye que por las Reglas Generales la mercadería debe ser clasificada en la partida 23.04, por ser la harina de soja desgrasada el componente mayoritario de la mezcla que confiere a la misma su carácter esencial; así como los informes periciales adjuntados y las actuaciones administrativas acompañadas como prueba, de las que consta que el servicio aduanero procedió a realizar el ajuste de valor mencionado, basándose en el informe técnico 7/14 de la División Productos Alimenticios y Subproductos del Dto. Gestión de Fiscalización de Exportación del servicio aduanero, que afirma que la PA es la 2309.90.900T.
Resaltó el criterio de clasificación 47/12, asumido en la Resolución General 3427/12, acompañada, que clasificaba a este tipo de mercadería en la PA 2309; Así como la nota de la Organización Mundial de Aduanas, en similar sentido (principalmente cuestiones relativas a las sesiones 67, 70 y 72 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, relativas a la clasificación de la mercadería bajo análisis).
A partir todo ello postuló que, del análisis de la cuestión clasificatoria planteada, del sistema de clasificación arancelario aplicable y de las actuaciones administrativas detalladas se podía afirmar que:
1. el servicio aduanero extrajo muestras de la mercadería amparada por la destinación aduanera 13057EC01002387P, oficializada el 22/4/2013 en la que se declaró la PA 2309.90.90.900T.
2. En el expediente SIGEA 13289-39083-2014 relativo al ajuste de valor, el propio servicio aduanero sostuvo, la validez de la posición arancelaria PA 2309.90.90.900T declarada por la actora ya que al formular el correspondiente cargo se basó en dicha posición arancelaria, con sus correspondientes opciones, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II ventajas y subfijos de valor declarados en los términos de la Resolución ANA 1394/97.
3. No surge de las constancias de la causa que el servicio aduanero haya cuestionado los sufijos de valor y estadística declarados en la destinación 13057EC01002387P, regulados por la Resolución ANA 1394/97 mediante los cuales se describe a la mercadería y a las circunstancias de la operación a través de la posición arancelaria del arancel integrado del SIM.
4. La Resolución N° 2012/93 de la ex ANA del 10/8/93 dispuso que la importación y exportación de las mercaderías de la partida 23.09 quedaba sujeta a la “previa autorización” emitida por el SENASA. Consecuentemente, para oficializar la destinación aduanera en el SIM, en la posición arancelaria declarada SIM 2309.90.900T, es necesario contar con la aprobación del SENASA cuyo certificado implica el reconocimiento por parte de dicho organismo de la calidad sanitaria y alimenticia de la preparación, incluyendo el método de preparación.
5. El servicio aduanero cuenta con la herramienta prevista en la Resolución General AFIP 1618/2000 para el caso en que considere necesario dar precisiones respecto a cantidades, procesos productivos, componentes que correspondan a una PA. En ese caso la descripción de la mercadería declarada en la destinación resulta concordante con los criterios de clasificación arancelaria RG 3427/12 y 2357/07 vigentes al momento de la oficialización.
6. Las cuestiones relativas a las cantidades de composición del producto y otras cuestiones técnico clasificatorias, deben estar previamente determinadas por el servicio aduanero y, en caso de que estime corresponder, deberá proceder a actualizar o modificar los criterios clasificatorios vigentes, mientras ello no ocurra, corresponde aplicar los que están vigentes al momento de la oficialización de la destinación aduanera en cuestión, ello en concordancia con los principios aplicables de seguridad jurídica, razonabilidad, proporcionalidad y limitación discrecional de la autoridad administrativa.
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7. El Dictamen Técnico 18/16 contiene contradicciones que dificultan respaldar sus conclusiones.
8. Ya en sede aduanera, a los efectos de probar sus dichos, la actora acompañó un informe clasificatorio efectuado por el Lic. Tarnapolsky concluyendo, previa fundamentación técnica clasificatoria, que la mercadería debe ser clasificada en la PA que fue declarada, cuyas conclusiones comparte. Puntualmente en cuanto a que en el caso de productos mezclados no corresponde acudir a la PA de la materia que confiere a la mezcla el carácter esencial, cuando el producto constituye una preparación contemplada como tal en el texto de una PA.
Añadió que el Código Aduanero tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante la aduana, y que según dicha protección al bien jurídico tutelado, al artículo 954 del CA reprime y sanciona al que para cumplir con cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración inexacta, que de haber pasado inadvertida produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal -conforme inciso a), entre otros supuestos-. Y concluyó que la mercadería declarada en la destinación indicada fue correctamente clasificada en la PA mencionada, por lo que no habría incurrido en una declaración inexacta.
Cabe añadir que, en función de la aclaratoria solicitada por la parte actora, con fecha 1/11/2024, el Tribunal aclaró que la revocación de la Resolución no era únicamente en cuanto imputó la infracción mencionada anteriormente, sino también por cuanto le exigió el pago de los tributos por la diferente clasificación de la mercadería realizada por el servicio aduanero (fs. 37/38 y 52/57, respectivamente, de las actuaciones administrativas digitalizadas subidas mediante archivo pdf “Antecedentes de la causa cp 3”).
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II. Que, contra dicho pronunciamiento, con fecha 2/12/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional, expresando agravios en el mismo acto, los que fueron replicados por la contraria con fecha 24/1/2025 (ver fs. 154/185 y fs. 219/235, de las actuaciones administrativas digitalizadas subidas mediante archivo pdf “Antecedentes de la causa cp 3”).
Se agravió de la sentencia recurrida por cuanto considera que aquella: a.- Incurrió en una arbitrariedad explícita en la valoración de la prueba obrante en las actuaciones.
Al respecto, planteó que el TFN omitió examinar el análisis clasificatorio efectuado por especialistas en la materia, en virtud de las atribuciones delegadas a través del decreto 953/2024, mediante el cual se decidió disolver la AFIP y crear el ARCA.
Indicó que en el decreto por el cual se creó la AFIP se indicó que tenía facultad para clasificar y valorar la mercadería.
Explicó las Reglas Generales para la interpretación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (aprobado por ley 24.206), e indicó que en función de las Reglas 2 b) y 3 b) -nota explicativa-, al detectar un alto porcentaje de harina de soja en la mezcla, se consideró a ese componente como esencial a los fines de su clasificación.
Resaltó que la cantidad predominante es clave para clasificar, y no importa el fin al que está destinada, por lo que la descripción del producto del SENASA como alimento balanceado no sería correcto.
Manifestó que “lo único que queremos demostrar aquí es la imparcialidad del TFN” (sic), por no tomar a cabo el análisis clasificatorio realizado por su parte, no aplicar las Reglas Generales mencionadas, hacer vinculante un informe de la Dirección Nacional de impuestos y desconocer el procedimiento administrativo para resolver diferencias clasificatorias.
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Citó jurisprudencia de las Salas E y F del TFN que entendió favorable a su posición.
b.- Realizó una incorrecta aplicación del informe no vinculante de la Sesión del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas.
Al respecto, remarcó que el TFN resolvió la cuestión clasificatoria por medio de un informe de la Dirección Nacional de Impuesto que surge de la 67° Sesión del Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, en el cual se trató de una serie de productos presentados por la Administración de Canadá, sobre la cual el país interpuso reserva ante el Consejo de Cooperación. Aclaró que el informe sometido a votación no fue resuelto por unanimidad (22 votos a favor y 3 en contra, respecto de la cuestión relativa a encuadrarlo en la subpartida 2309.90 y 2304, respectivamente).
Insistió en que no resultaban vinculantes las decisiones de dicho organismo.
c.- Desconoce el procedimiento administrativo mediante el cual la Aduana resuelve diferencias clasificatorias (incorrecta interpretación de la Resolución 2012/93 de la ex ANA).
Al respecto señaló que la Aduana cuenta con facultades de control ex post de librada la mercadería; y que resulta ilógico pretender que una autorización que se realiza previo a los protocolos de análisis y a la investigación desarrollada implique una aceptación de su mandante de la posición arancelaria declarada. En función de ello, sostuvo que el reclamo efectuado por la Aduana mediante la Resolución (AD ASLO) 623/16 es correcto, encontrándose configurada la infracción del artículo 954 apartado 1, del inciso a), del Código Aduanero.
En ese sentido, postuló que concurrían los elementos del tipo, por lo que sería correcta la imputación, ya que la declaración difería con el resultado de la comprobación y existía un perjuicio fiscal, real o potencial.
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En subsidio, para el caso en que se confirme la decisión del TFN, solicitó se impongan las costas por su orden, en atención a las particularidades del caso y la complejidad jurídica. Añadió que en el caso se está frente a “sumas millonarias que no revisten un gran despliegue jurídico”.
III. Que mediante el pronunciamiento del 1/11/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación, además de pronunciarse respecto del recurso de aclaratoria, ya referido, reguló los honorarios del Dr. Juan P. Cotter por su actuación profesional en el carácter de letrado co-patrocinante de la actora en la suma de $26.710.000 - equivalentes a 439,46 UMA-. Reguló los honorarios del Dr. Horacio García Prieto por su actuación profesional en el carácter de letrado co-patrocinante de la actora en la suma de $26.710.000 -equivalentes a 439,46 UMA-. Reguló los honorarios del Dr. Enrique Benitez Cruz por su actuación profesional en el carácter de letrado co-patrocinante de la actora en la suma de $21.368.000 -equivalentes a 351,57 UMA-.
Contra dichos pronunciamientos interpusieron sendos recursos de apelación los letrados de la parte actora y el Fisco Nacional a fs. 63/67, 71/75, 82/84 y 120/134. A fs. 141/148, 194/198 y 203/207, las partes contestaron los traslados conferidos (de las actuaciones administrativas digitalizadas subidas mediante archivo pdf “Antecedentes de la causa cp 3”).
IV. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
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Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
V. Que en el sub examine, el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar la resolución AD SALO n° 623/16, se sustentó en que era correcta la clasificación propuesta por la actora para la mercadería objeto de autos, de conformidad con los informes producidos en sede administrativa, en cuanto concluyeron que la mercadería debía ser clasificada por la partida 2309, teniendo en cuenta que “cuando el texto de una partida contempla a cierta mezcla o preparación, esa opinión clasificatoria prevalece por sobre la opción de acudir a la P.A. del componente mayoritario o esencial” y que “los productos mezclados que constituyan preparaciones contempladas como tales en una Nota de Sección o de Capítulo o en el texto de una partida se clasifican por aplicación de la Regla 1 ”. Asimismo, el Tribunal administrativo fundamentó su decisión en el Criterio Clasificatorio emanado de la propia DGA con anterioridad a los hechos (Criterio 47/12, contenido en la Resolución General AFIP 3427/12), en la Actuación en la que la propia AFIP realizó directamente una consulta con la Dirección de Cuestiones Arancelarias y Comerciales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y por último, en lo actuado en el seno de la OMA en las Sesiones 67, 70 y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II 72 del Comité del Sistema Armonizado, en las que se ratificó que la mercadería en cuestión se clasificaba por la subpartida 2309.90; la recurrente efectúa manifestaciones y valoraciones que no están dirigidas a criticar todos los argumentos en que se sostiene la sentencia que se recurre, ni se corresponden con los argumentos que sustentaron el decisorio impugnado, más que en inclinarse por insistir en la valoración realizada en sede administrativa. A ello es dable añadir lo relativo a que la exportadora contaba con la aprobación del SENASA para exportar la mercadería, lo que implicaba el reconocimiento por parte de dicho organismo de la calidad sanitaria y alimenticia de la preparación.
VI. Que, en línea con lo hasta aquí expuesto, frente a la explicita y sólida argumentación, no se advierte en el recurso en examen una crítica o cuestionamiento al derecho aplicable o a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Fiscal, pues los desarrollos contenidos en el escrito recursivo no se corresponden ni abordan el núcleo de lo decidido en el pronunciamiento impugnado.
El Tribunal Fiscal, en su pronunciamiento, relató minuciosamente lo actuado en sede administrativa y ante ese organismo y, en particular, las circunstancias por las cuales concluyó que la clasificación arancelaria del producto exportado en autos era correcta.
Al respecto, cabe poner de relieve que, sobre tales explicaciones y conclusiones, la apelante no efectuó referencia alguna, ni formuló un agravio concreto. Es que, en el escrito recursivo, en examen, no se controvierten siquiera los fundamentos del informe Quintana - Tarnapolsky, el Criterio de Clasificación de la Resolución General AFIP 3427/12, la consulta de la propia AFIP a la OMA en actuaciones anteriores, respecto de la clasificación del producto, objeto de autos.
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En efecto, la apelante, sintetiza tres presuntos agravios. Así, señala que “el TFN incurrió en un error al momento de valorar los hechos y las constancias agregadas en las actuaciones administrativas”, sin perjuicio de lo cual cabe señalar que expresamente se señalaron los elementos referidos por su parte, más se inclinó al decidir en función de las restantes constancias obrantes en la causa, como fuera descripto ut supra.
Es decir, contrariamente a lo alegado, el Tribunal Fiscal, tuvo en cuenta los hechos y las constancias de la causa, las que reseñó en modo detallado y concluyó sobre la correcta clasificación de la mercadería.
Respecto de lo relativo a que la cuestión se centraba en “la correcta clasificación de la mercadería” y que por la mayor presencia de harina de soja se encontraría mal clasificada, cabe destacar que la calidad de la mercadería y su composición no fue objeto de controversia, y que el Tribunal analizó en virtud de la composición determinada por el ITEM la correcta clasificación de la mercadería, concluyendo que la posición arancelaria declarada por la firma actora era la correcta. Debiendo destacarse, una vez más, que precisamente aquellos fundamentos con base en los cuales se concluyó en que la mercadería (cuya identificación, características y composición cuali/cuantitativa no se encuentra en discusión), encuadraba en la posición arancelaria indicada por la exportadora, lucen directamente ausentes de toda referencia y por cierto, de crítica. Asimismo, en cuanto a lo postulado respecto del informe de la Sesión del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, cabe señalar que es incorrecto afirmar que el Tribunal entendió que aquel resultaba vinculante. En definitiva, cabe concluir que la demandada, no formula una objeción concreta y efectiva sobre lo decidido, más allá de ciertas consideraciones y valoraciones respecto de algunos de los fundamentos tomados en consideración para decidir.
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En tales condiciones, y toda vez que la demandada no rebate, ni se hace cargo del verdadero fundamento de la sentencia impugnada, corresponde rechazar el recurso intentado y confirmar la sentencia apelada en todos sus términos.
VII. Que, por último, corresponde referirse al agravio del Fisco Nacional respecto a la imposición de las costas a su parte.
En tal sentido, cabe señalar que tras la modificación introducida por el artículo 273 de la ley 27.430 (BO 29/12/2017), el artículo 1163 del Código Aduanero consagra como principio general que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, incluso cuando ésta no lo hubiera solicitado.
Sin embargo, dicho precepto habilita a la Sala aduanera del Tribunal Fiscal de la Nación interviniente a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrara mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.
En el caso, la firma exportadora acudió al Tribunal Fiscal de la Nación al fin de obtener la revocación de la multa aplicada por la demandada, quien al contestar el recurso se pronunció respecto de la validez del acto administrativo emanado de la Aduana.
Finalmente, según se vio, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación admitió la pretensión actoral, revocó, en cuanto fue materia de agravios la resolución aduanera y, en consecuencia, dejó sin efecto la multa impuesta, con costas a cargo del Fisco Nacional.
Así las cosas, evaluado el caso y la solución de fondo adoptada, a la luz de los agravios planteados, a consideración del Tribunal, en consonancia con lo dispuesto por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, no existen razones valederas ni suficientes para apartarse del lineamiento general consagrado en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II artículo 1163 del Código Aduanero; máxime si se tiene presente que el exportador se vio obligado a apelar ante el mencionado organismo administrativo con facultades jurisdiccionales al fin de obtener la anulación del reproche infraccional que le fuera aplicado, obteniendo, según se vio, un resultado favorable; que -en la especie, como consecuencia de lo hasta aquí expuesto- ha de verse reflejado en la imposición de costas.
VIII. Que, en atención a la forma en que se resuelve, y al no advertirse tampoco en esta oportunidad motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia judicial se imponen también a cargo del Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
IX. Que, previo a tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios, toda vez que de las constancias de la causa no surge que se encuentren fijados los emolumentos de la totalidad de los letrados intervinientes por la actora, gírese oportunamente la causa al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de fijar los relativos a la actuación del Dr. Juan Pablo Rothschild como copatrocinante de la actora durante la tercera etapa del pleito cumplida (presentación del alegato).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 16/09/2024, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN); y 2°) respecto a los recursos de honorarios, estese a lo dispuesto en el considerando IX. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia