Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 25.531-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las Resoluciones Nros. 51/05 y 52/05, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de la Dra. Teresa Gómez en las sumas de $6.509 y $16.273 por su actuación en el respectivo carácter de apoderada y patrocinante de la recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en la primera y segunda etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular los honorarios de la Dra. Teresa Gómez en las sumas de $14.057 equivalente a 1,35 UMA, y la suma de $35.143, equivalente a 3,38 UMA, por su actuación en el respectivo carácter de apoderada y patrocinante de la recurrente los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 y 51 de la ley 27.423
4Regular los honorarios del Contador Público Eduardo Luis Aveggio en la suma de $6.760 por su actuación en el expediente como perito designado a propuesta de la recurrente –a cargo del Fisco Nacional- teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-24274927-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 6 de Marzo de 2023 S.A. s/ apelación”. Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 25.531-I caratulado “ FIRMAT PLANAUTO PARA FINES DETERMINADOS S.A. s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. FIRMAT PLANAUTO PARA FINES DETERMINADOS S.A. (o FIRMAT) interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra dos Resoluciones dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos el 30 de mayo de 2005, en las que: a. se determina de oficio impuesto a las ganancias del período fiscal 2000, intimándola a ingresar la suma de $2.446,61 y se le aplica una multa de $1.712,63 (Res. N° 51/05) y b. se determina el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales octubre de 2000 a septiembre de 2001, intimándola a ingresar $69.926,36, y una multa de $48.948,45 (Res. N° 52/05). En todos los casos, más intereses resarcitorios -art. 37, ley 11.683. Las multas aplicadas en dichos actos fueron las de omisión de impuesto prevista en el art. 45 de la misma ley. Relata FIRMAT que en dichos períodos tenía un único ingreso derivado de la actividad que desarrollaba que era la administración de planes de capitalización y explica que, tanto el funcionamiento del fondo de ahorro como el fondo del sorteo, hacían posible dicha administración. Indica que sus ingresos estaban exentos del impuesto al valor agregado conforme a lo dispuesto en el art. 7°, inc. h), apartado 16.3 de la ley del gravamen. Sostiene que la actividad de capitalización sustentada en el ahorro conlleva en sí misma un fin no especulativo, diferenciándose por ello de la explotación de juegos de azar, por lo que no puede confundirse el sorteo en su función de método de asignación del fondo respectivo, con una actividad autónoma enmarcada bajo dicha explotación.
Destaca que las compañías de capitalización requieren para su existencia jurídica y económica autorización del Estado, a través de la Inspección General de Justicia, por lo que el organismo fiscal no podía desconocer la naturaleza otorgada a dichas empresas.
Explica que en una primera fiscalización (O.I. N° 21.384/5) conformó el ajuste propuesto por el Fisco Nacional en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2000, ya que no era producto del cuestionamiento de la exención en el impuesto al valor agregado de la actividad y que los saldos resultantes de las declaraciones juradas rectificativas fueron incluidos en un Régimen de Facilidades de Pago. Invoca las normas de bloqueo fiscal ya que habían transcurrido los 60 días corridos previstos en el art. 119 de la ley 11.683, sin que las declaraciones juradas rectificativas fueran impugnadas.
Plantea la nulidad de las Resoluciones por falta de notificación del contenido de la O.I N° 90038/9, iniciada con posterioridad, y por carecer de causa, motivación y por haber desestimado la jueza administrativa las pruebas por ella ofrecidas.
En cuanto al fondo, sostiene que el Fisco Nacional mantiene una posición reduccionista de la realidad económica existente, ya que se basa en la división meramente actuarial de la cuota, sin comprender la naturaleza económica y jurídica de la actividad de capitalización que lleva a cabo. Aclara que el único ingreso que percibe por el ejercicio de su única actividad, es el 0,45%o en concepto de carga administrativa, ya que el resto de los importes que componen la cuota –cuota ahorro y cuota sorteo- son fondos de los suscriptores, no propios, encontrándose obligada contractualmente a restituirlos por medio del rescate que cada suscriptor posee o a través de la asignación en forma anticipada del fondo de sorteo.
Se agravia también que el juez administrativo al considerar gravada la actividad en el impuesto al valor agregado, aplicó el prorrateo del art. 13 de la ley del impuesto para la imputación de los créditos fiscales considerados como computables. Entiende, por el contrario, que no corresponde aplicar el prorrateo del crédito fiscal, dado que el mismo está afectado 100% a operaciones exentas correspondientes al 100% de la carga administrativa, mientras que los demás importes corresponden a los suscriptores, encontrándose los mismos en custodia y respaldados por los bienes que garantizan la reserva matemática exigida por la IGJ.
Considera, además, erróneo el prorrateo realizado que estableció una proporción del 39% para los débitos fiscales y para los créditos fiscales de 5,85%.
Destaca, asimismo, que el débito fiscal que fue considerado como omitido fue calculado sin tener en cuenta que las compañías de capitalización tienen por normas técnicas un límite de 3% del valor nominal del título, por lo que el impuesto hubiere estado incluido dentro del mencionado 39%, especialmente porque los suscriptores son consumidores finales.
Finalmente, se agravia de la aplicación de las multas, ofrece prueba y solicita que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. Corrido el traslado del recurso al Fisco Nacional, éste lo contesta a fs. 127/141 y solicita que se confirmen íntegramente sus actos administrativos, también con costas.
A fs. 155 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la informativa ofrecida a la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización, y a fs. 200 se ordena la realización de la prueba pericial contable ofrecida, cuyos resultados obran a fs. 161/162, 171/196 y 223/258; a fs. 271 se hizo saber a las partes que en virtud de los Decretos Nros. 281/18 y 286/18 (B.O. 9/4/18), la Sala quedó integrada por los Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), se clausura el período probatorio y se elevan las actuaciones a consideración de la Sala. A fs. 279 se ponen para alegar, obrando a fs. 288/291 el escrito presentado por el Fisco Nacional y a fs. 292/293 el de la recurrente. Por último, a fs. 296, se ponen en estado de dictar sentencia.
III. Corresponde entonces expedirse sobre los agravios formulados por la recurrente. Para ello debe recordarse que, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este Tribunal “…no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “Lazcoz, Ada Mabel (TF 24.565-I) c/D.G.I.”, del 15/09/2016, entre muchos otros)” – conf. “Importadora y Exportadora del Norte S.A.”, del 17.2.2021, entre muchos otros-.
No se encuentra en discusión que en los períodos fiscales que aquí importan, FIRMAT tenía por actividad la administración de un sistema de capitalización que comercializaba bajo el nombre comercial de “Autocrédito”, y contaba para ello con la autorización de la IGJ como autoridad de contralor en la constitución y posterior funcionamiento de las sociedades de capitalización. En la operatoria analizada en los ajustes objeto de la determinación, FIRMAT se obligaba a pagar a sus suscriptores al vencimiento del título de capitalización su valor nominal y éstos quedaban obligados al pago de un monto periódico por un tiempo determinado que era lo que se denomina en las reglamentaciones y en el propio Título como “cuota comercial”, a la que en dichos períodos consideró íntegramente exenta de tributar en el impuesto al valor agregado conforme a lo dispuesto por el art. 7°, inc. h), apartado 16 de la ley del gravamen.
Por su parte, el criterio del Fisco Nacional fue que la exención no era aplicable al concepto “carga administrativa” comprendido en el monto de la cuota sorteo de la denominada “cuota comercial”, equivalente al 0,45% del valor nominal del título de capitalización; entiende, en cambio, que la exención sólo se aplica a la porción atribuible a la cuota ahorro, que es con la que la empresa cumple con su objeto societario, no a los servicios por la administración de la cuota sorteo, que son los montos que se someten a tributación en las Resoluciones recurridas por aplicación del art. 3°, inc. e), ap. 21 de la ley del gravamen y sobre los cuales este Tribunal se debe expedir. Para el Fisco Nacional, entonces, la cuota comercial es escindible económicamente.
Por otro lado, el Fisco Nacional impugnó la deducción de los gastos originados en los créditos fiscales por las compras en el período fiscal 2000, así como las percepciones computadas que también habían sido deducidas en el impuesto a las ganancias del mismo año.
En dicho análisis, cabe tener en cuenta que del Título de Capitalización de FIRMAT aprobado por la IGJ, cuya copia obra a fs. 238, surge que al valor nominal del título de $5000 de 330 cuotas, correspondía una cuota comercial de $3, integrada por los siguientes conceptos, que se discriminan en el propio Título: • “cuota ahorro”: de $1,55 que se utiliza para constituir la reserva matemática del suscriptor; y se capitaliza por mes vencido a la tasa del 0,370886% mensual.
• “cuota sorteo”: de $1 que le otorga al suscriptor el derecho a participar en el sorteo mensual. • “carga administrativa”: de $0,45.
Por su parte, el art. 8° del decreto 142.277/43 en el que se regula la actividad de las empresas de capitalización y ahorro como FIRMAT, dispone que la cuota comercial, que es la que abonaba el suscriptor, se integraba por la cuota pura más la carga administrativa. Así, dicha norma dispone que “La cuota a percibir por la Sociedad deberá contener, además de la cuota pura, las cargas que sean necesarias, a juicio de la Inspección General de Justicia, para que la Sociedad pueda desenvolver prudentemente sus actividades. - A tal efecto, se establecerá una carga destinada a cubrir los gastos de la sociedad durante todo el tiempo de duración del contrato y, en su caso, se establecerán cargas destinadas a cubrir los gastos de cobranza y a la amortización de gastos de producción”, extrayéndose de esta norma que el objetivo de la carga administrativa es que las empresas de capitalización puedan ejercer sus actividades.
Y cabe ya aquí adelantar que de dichas normas y de las particulares emitidas respecto a FIRMAT surge que los sorteos formaban parte de su actividad que en los períodos fiscales que aquí importan era, de acuerdo a la autorización otorgada por la IGJ, comercializar planes de ahorro.
Por lo tanto, son las propias normas del régimen normativo aplicable a la actividad de FIRMAT, así como las condiciones previstas en su Contrato particular, las que muestran que la cuota comercial era un monto único y que su discriminación en diferentes conceptos era a otros efectos. Entre ellos, cuantificar el derecho del suscriptor a participar de la distribución de las utilidades, así como también calcular la reserva matemática para los cuales únicamente debía adoptarse el monto de la cuota ahorro. Además, la división de la cuota comercial permitía tanto la autoridad de contralor como al propio ahorrista suscriptor del título conocer su composición y su rentabilidad, en función de la tasa de interés de capitalización aplicable, y también verificar el cumplimiento a las regulaciones estatales que imponen máximos a dicha carga.
Ello así, toda vez que el segundo párrafo del art. 8° del decreto del año 1943 antes citado dispone también que “El conjunto de las cargas antes mencionadas no podrán exceder del 18 % de la cuota comercial. Este porcentaje podrá ser elevado excepcionalmente hasta el 20 %, como máximo, cuando a juicio de la Inspección General de Justicia, ello fuere absolutamente necesario para el normal desenvolvimiento de una Sociedad que se proponga operar preferentemente en el interior del país y demuestre en forma fehaciente el mayor gasto que ello le ocasione”. Es por ello también que este tipo de sociedades están obligadas a llevar libros especiales, tales como Libros de Sorteos, de Rescates, de Emisión, etc.
En este mismo sentido informa el entonces Presidente de la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización al contestar el oficio que se librara en esta instancia que obra a fs. 161/163, en el que manifiesta que “…la cuota de los planes de capitalización son indivisibles pues no puede ni económicamente, ni jurídicamente, escindirse en administración del fondo de ahorro y administración del fondo de sorteo, ya que la conjunción de ambas constituye la obligación contractual esencial asumida por la sociedad administradora”. A la misma conclusión llegan los expertos en el informe pericial contable que obra agregado a fs. 223/254. Señalan allí que “…no surge del objeto social que la actividad de capitalización se divida en administración del fondo de sorteo y administración del fondo de ahorro, destacándose que de la redacción del mismo surge que es única e inescindible” (punto 2); agregan que la carga administrativa no se divide en carga por administración del fondo de ahorro y del fondo de sorteo, sino que es una única carga del 15% de la cuota comercial que equivale a 0,45 del valor nominal del título (punto 6).
Establecido ello, corresponde ahora analizar el tratamiento de la cuota comercial y en particular de la porción que se considera gravada, a la luz de la exención prevista en el art. 7°, en su inc. h), en el apartado 16.3, que dispone que están exentas las colocaciones y prestaciones financieras originadas en “Los intereses pasivos correspondientes a regímenes de ahorro y préstamo; de ahorro y capitalización; de planes de seguro de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación; de planes y fondos de jubilaciones y pensiones de las mutuales inscriptas y autorizadas por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual y de compañías administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y los importes correspondientes a la gestión administrativa relacionada con las operaciones comprendidas en este apartado”, es decir que lo que la ley exime son las prestaciones financieras de los regímenes de ahorro y capitalización, como los comercializados por la aquí recurrente.
El criterio del juez administrativo fue que la exención se circunscribía a la gestión administrativa de la porción de la cuota comercial vinculada a los intereses, no a la de los mismos servicios pero de la administración de la cuota sorteo, lo que funda en que FIRMAT capitalizó solo una parte de las cuotas, el 39%. Según este criterio, el régimen normativo aplicable a las empresas de capitalización distingue entre ahorro y sorteo y éste último es opcional, resultando por ende válido que tengan tratamientos fiscales diferenciados.
Sin embargo, según el art. 19 del decreto 142.277/1943, las empresas tienen la posibilidad de establecer en sus contratos la realización de sorteos con el fin de crear, estimular y mantener el hábito del ahorro. Dicha norma dispone que “A los efectos de crear, estimular y mantener el hábito del ahorro, las empresas podrán establecer en sus contratos la realización de sorteos que tengan esas finalidades y sobre los cuales regirán las siguientes normas limitativas:”.
Por ello, el Contrato que rige el Título de Capitalización de FIRMAT regulaba los sorteos mensuales y establecía, en lo que aquí interesa, que aquel Título que resultara favorecido en el sorteo “… continuará vigente a todos los efectos, pudiendo el titular continuar abonando las cuotas mensuales y gozará de todos los derechos emergentes del contrato, inclusive su participación en los sorteos mensuales siguientes” -art. 5°-.
Se sigue de ello que para FIRMAT, los sorteos, que eran del tipo de los garantizados previstos en el art. 19, inc. c) del decreto 142.277/43, eran una forma de captación del interés del suscriptor ahorrista, pero de ello no se desprende que formaran parte de su actividad principal. Más aún, si la actividad principal hubieran sido los sorteos la IGJ como autoridad de aplicación no hubiera autorizado su funcionamiento como sociedad de capitalización, ni hubiera aprobado el título presentado porque los sorteos sólo se admitían si tenían por fin la promoción y fomento del ahorro. Es por esa misma razón, que el art. 19 del decreto del año 1943 establece una serie de condiciones y requisitos para su realización, es decir que la organización de los sorteos no era libre, sino que estaban, también, sujetos a fuerte regulación estatal, en orden a no llevar a confusión ni engaño a los ahorristas bajo la figura de los juegos de azar, ajena a la del contrato de ahorro por capitalización. Sostiene la doctrina que se ha ocupado de analizar la actividad y características de las empresas de capitalización [1] , que las cargas que éstas perciben tienen tres objetos esenciales: los gastos de administración, de cobranza y de adquisición. Con los primeros, “…se remuneran los gastos propios de la explotación del negocio como los sueldos de los empleados, alquileres, etc.”, mientras que los de cobranza, son para solventar las erogaciones del cobro de las cuotas periódicas que en general coincide con la comisión que percibe el personal destinado a tal fin. Por último, los de adquisición se conforman con comisiones y viáticos, propaganda y los gastos de emisión del contrato. Se trata, en definitiva, de los gastos propios de la administración de la actividad de las empresas de capitalización y ahorro, en la que los sorteos están incluidos como forma de estimular esta práctica en los consumidores.
Es que el fin de este tipo de empresas, que se iniciaron en nuestro país en la década del 30, es lo que se denomina como el ahorro constructivo, es decir la separación en forma periódica de una parte de sus recursos, en general por parte de pequeños ahorristas, desafectándolo de sus gastos para destinarlo a formar con el tiempo un capital con la aplicación de una tasa de interés por la capitalización del mismo, todo ello bajo un fuerte control estatal en orden a la debida tutela del público al que va dirigido que, ya se dijo, son los pequeños ahorristas, consumidores finales frente al gravamen. A cambio, la empresa percibe ingresos en concepto de gastos de suscripción y de administración, cuya fijación tampoco es libre sino que también tiene regulación estatal al limitarla en un porcentaje máximo, tanto en el decreto -art. 8°- como en las reglamentaciones de la IGJ.
No existe discusión que FIRMAT tenía como objeto único y exclusivo la administración de un plan de capitalización previamente aprobado y que no tenía planes de ahorro de grupos cerrados, es decir que su única actividad es la de capitalización. Así lo informa el representante de la IGJ el 19 de febrero de 2003 en respuesta a la solicitud de dictamen que le hiciera FIRMAT, que obra en copia a fs. 191/192 aportado por el Departamento Control Federal de Ahorro de dicha agencia en respuesta al oficio que librara este Tribunal. Dice allí, en lo que aquí más interesa, que “La empresa no cuenta con planes de ahorro aprobados, ya sea por grupos cerrados o de fondo único, por lo que su única actividad, de acuerdo con lo exigido por el art. 3° del decreto 142.277/43 es la de capitalización. Las cuotas de los planes de capitalización son cobradas en forma indivisible”. Demuestra también lo allí manifestado que la actividad de FIRMAT no quedaba alcanzada por la gravabilidad del art. 3°, inc. e), punto 21, que en su apartado g) se refiere a “Los servicios prestados de organización, gestoría y administración a círculos de ahorro para fines determinados”, ya que no era esa la actividad para la cual había sido autorizada por la IGJ a funcionar, ni era ese el objetivo del Título de Capitalización que dicha agencia estatal le había aprobado y que limitaba su accionar y esa actividad por expreso mandato legal está exenta de tributar el impuesto al valor agregado.
Corresponde aquí decir que respecto a un ajuste idéntico esta Sala ya se expidió al fallar en el Expediente “Charge S.A. de Capitalización y Ahorro”, sentencia del 14.10.2021, confirmada por la Cámara que ejerce como alzada en la del 9.9.2022.
Allí se dijo también que “…la actividad de las sociedades de fiscalización no puede analizarse bajo los criterios de cualquier actividad comercial debido a la fuerte regulación estatal que recae sobre las mismas en función del control federal del ahorro que se persigue con la misma, por lo que el tratamiento fiscal de los gastos por los sorteos debe ser en el marco del régimen específico normativo aplicable”.
Por lo expresado, corresponde dejar sin efecto los ajustes determinados en el impuesto al valor agregado en la Resolución N° 51/2005, así como también los notificados en el impuesto a las ganancias en la Resolución N° 52/2005 que son directa consecuencia de los mismos, con costas.
Por la forma en que se resuelve, resulta insustancial tratar el resto de los agravios formulados por la recurrente. El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede
1. Revocar las Resoluciones Nros. 51/05 y 52/05, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de la Dra. Teresa Gómez en las sumas de $6.509 y $16.273 por su actuación en el respectivo carácter de apoderada y patrocinante de la recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada en la primera y segunda etapa procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios de la Dra. Teresa Gómez en las sumas de $14.057 equivalente a 1,35 UMA, y la suma de $35.143, equivalente a 3,38 UMA, por su actuación en el respectivo carácter de apoderada y patrocinante de la recurrente los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29 y 51 de la ley 27.423 4°) Regular los honorarios del Contador Público Eduardo Luis Aveggio en la suma de $6.760 por su actuación en el expediente como perito designado a propuesta de la recurrente –a cargo del Fisco Nacional- teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. [1]En http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501-0405_PardoAP.pdf-.
Date: 2023.03.06 12:38:03 -03:00 Date: 2023.03.06 13:07:46 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.06 13:44:28 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.06 13:44:29 -03:00
Fin de la sentencia