Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133330
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.330, "Altuve Carlos Arturo s/ -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal de La Provincia De Buenos Aires- s/ queja en causa n° 86.839 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a V., J. C.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de mayo de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por el señor fiscal de la instancia contra el veredicto absolutorio pronunciado por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza con relación a J. C. V., en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por ascendiente y contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente (v. fs. 46/52 vta. en vinculación con fs. 4/8 vta.).
Contra esa decisión, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 57/67 vta.), el cual fue declarado inadmisible por el a quo (v. fs. 68/73).
Interpuesta la vía directa (v. fs. 122/128), esta Suprema Corte mediante la resolución del 30 de julio de 2020 concedió el referido recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 133/135 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 140/146), dictada la providencia de autos a fs. 167, presentada la memoria por parte de la defensa oficial a fs. 170/172 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denuncia arbitrariedad por falta de fundamentación y tránsito aparente, valoración de la prueba de manera parcial, fragmentada y contradictoria (v. fs. 58 vta.).
Sostiene que el tribunal revisor confirmó el veredicto absolutorio teniendo en cuenta para ello que: a) la certeza necesaria para dar fundamento a la condena no puede derivar de la sola declaración de la menor víctima reconstruida a través del relato de la denunciante; b) el testimonio de la madre de la víctima no habría resultado contundente ni irrefutable; c) la preponderancia asignada a la negativa del imputado respecto del hecho atribuido; d) lo informado por la licenciada en psicología Gabriela Martino en cuanto al conflicto de pareja que sostenían la denunciante y el denunciado y los límites en el tema de la sexualidad que habría requerido la menor víctima y e) la no acreditación de los desórdenes traumáticos de la niña a los que refiere el licenciado en psicología Carlos Rafael Zapata (v. fs. 60 vta. y 61).
Contrariamente a ello, afirma, en primer lugar, que la condena que esa parte estima correspondiente, no deriva únicamente de la reconstrucción de los hechos a través del relato de la denunciante, sino también del contenido de prueba pericial, que -a su entender- en el caso confirma cada uno de los elementos de la acusación. Aparte, señala, aun siendo el testimonio de la progenitora un elemento de prueba trascendental -y no así el de la menor víctima- no lo desacredita de modo alguno, sino que es la consecuencia directa del delito cometido por V. y de su posterior comportamiento durante la etapa de investigación de aquel (v. fs. 61 y vta.).
Refiere sobre la limitación de los elementos de prueba en delitos que afectan la integridad sexual de las personas, más aún cuando suceden en ámbitos intrafamiliares y sus víctimas son niños o niñas menores de edad. En ese sentido, trae a colación los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto advirtió que, en hechos de violencia sexual, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental que no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos probatorios independientes (v. fs. 61 vta.).
Destaca que el accionar de la defensa imposibilitó el conocimiento de la versión de los hechos de boca de la menor víctima, y pese a que fue ofrecida como prueba, fue rechazada por los integrantes del Tribunal en lo Criminal de La Matanza (v. fs. 62).
Hace alusión a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y cita el caso Miguel Castro vs. Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 62 y vta.).
Señala que la diferencia en el término utilizado por la madre al referirse a la "vagina o cola", en nada afecta su credibilidad pues, de acuerdo al informe del servicio local del municipio, la víctima se refería a "cola" o "parte de adelante" cuando quería hacer alusión a la zona vaginal; además considera irrelevante a los fines de calificar como mendaz el testimonio de la madre, las diferencias de horarios indicados por aquella con relación al momento en que tomó conocimiento y observó el enrojecimiento de la vagina de su hija (v. fs. 63).
Refiere que uno de los hechos habría ocurrido cuando la menor dormía en la cama junto a sus padres y el otro se habría producido cuando la madre de la víctima se encontraba trabajando en horario nocturno, lo cual a su entender, permitiría comprender la confusión con relación al momento exacto en que llegó a su casa y observó el enrojecimiento en la parte pudenda de su hija. En adición, consideró que de modo alguno debió haber llamado la atención del juzgador la circunstancia de que la madre de la niña no hubiera advertido los tocamientos padecidos por su hija en horas de la noche, ello por cuanto, sin importar que los mismos se produjeran en la misma habitación donde dormía la señora C., en el primer hecho denunciado esta se encontraba profundamente dormida por ser horas de la madrugada y en el segundo hecho estaba trabajando fuera de la casa (v. fs. 63 y vta.).
Agrega que la referencia al conflicto de pareja que sostenían la denunciante y el denunciado, nada aporta al hecho investigado ni tampoco a la credibilidad de la denunciante. Recordó que de las pericias psicológicas realizadas por la licenciada María Soledad Nieto de la Asesoría Pericial de Quilmes, como por la profesional Ana Maimone de la Asesoría Pericial de La Matanza surgió que "...J. C. V. posee capacidad empática inconsistente, personalidad inmadura en el plano emocional, indicadores de no querer hacerse cargo de sus acciones evidenciando debilidad en cuanto al control de sus impulsos, indicadores de fabulación, indicadores de personalidad narcisista, indicadores de insuficiente tolerancia a la frustración, indicadores de agresividad encubierta e inmadurez en el plano psicosexual, que no reconoce sus problemas prevaleciendo el mecanismo de la negación y rechazando aquello que le resulta desagradable". Por su parte, la pericia psiquiátrica realizada por la doctora María Noel Fernández, advirtió sobre rasgos psicopáticos, intolerancia a las frustraciones, falta de remordimientos y culpa por los hechos reprochables, cosificación de las personas a través del egocentrismo, frialdad afectiva, discursos de titubeos, excesivas contradicciones y dichos mendaces a la hora de contestar sobre la causa que se le imputa (v. fs. 64).
Afirma que tales informes periciales resultan contundentes en su contenido, pese a lo cual fueron completamente ignorados por el tribunal de instancia y el revisor (v. fs. 64 y vta.).
Por último, califica de "absurdas" e "incoherentes" las conclusiones que se extrajeron de los informes periciales sobre la víctima, ello debido a que se realizó una valoración parcial y aislada de los mismos que estuvieron a cargo de los profesionales Martino y Zapata, como también de los informes del servicio local del municipio de La Matanza.
Concluye en que "El tribunal revisor se apartó deliberadamente e infundadamente de las constancias de autos y ha prescindido arbitrariamente de fragmentos de testimonios y pericias de cargo, todo lo cual refleja una fundamentación tan solo aparente de la decisión"; y que "La duda acerca de la ocurrencia del hecho que esgrime el 'a quo' carece de fundamentos suficientes, en tanto se respalda en un examen parcial e inadecuado del plexo probatorio, lo que autoriza la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido" (fs. 65 vta./67).
II. El señor Procurador General sostuvo la impugnación y propició su acogimiento (v. fs. 140/146).
III. La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, presentó la memoria y solicitó que el recurso deducido sea rechazado por considerar que, bajo el ropaje de la arbitrariedad como cuestión federal, la acusación pretende un nuevo examen del material probatorio, cuestión ajena a la competencia de esta Suprema Corte (v. fs. 170/172).
IV.1. El Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza, decidió absolver a J. C. V. por el siguiente hecho por el cual el señor fiscal había acusado: "...durante la noche del 3 de octubre de 2012 en el interior del domicilio de la calle … … en González Catan el padre biológico de la menor C. B. V. apoyó su pene y tocó con la mano, su zona genital. Y ello en dos oportunidades siendo la otra oportunidad en junio de 2012 en el mismo lugar y sin más precisión temporal" (fs. 4 vta.).
Para así decidir, el tribunal de primera instancia consideró como un primer escollo para tener por probado el cuerpo del delito que "...de lo que se habló en los debates no fue de hechos con esa descripción sino de uno que se parecería a lo consignado supra y otro consistente en intentar bajar una calza a la niña en el mes de marzo (no junio)"; el segundo inconveniente que destacó fue "...la férrea negativa del acusado, de haber realizado tales hechos", y lo único que se mantiene en su contra son las manifestaciones indirectas prestadas por su propia hija reconstruidas a través del relato de la denunciante, a la cual le endilgó un interés por existir una separación controversial de por medio (v. fs. cit.).
Por su parte, señaló que la licenciada Gabriela Martino -presentada en el debate por la acusación-, ofreció respuestas vagas, conceptos teóricos y frases inconclusas "...sin llegar a decir (o no querer decir) definiciones inculpatorias hacia el acusado V.", haciendo hincapié en el conflicto de pareja que mantenían la denunciante y el denunciado (v. fs. 4 vta. y 5).
Se refirió a la declaración prestada por B. E. C. R. -madre de la víctima- quien dijo que "...un día llegó a su casa y advirtió la cola colorada de su hija", y sobre esa base se explayó en su relato; ello fue contrastado por la defensa al entender que la denunciante se había referido a la "cola colorada" cuando lo afectado había sido la zona de "la vagina" de la niña; a partir de allí -a juicio del tribunal- "...las dudas, aclaraciones, titubeos" restaron credibilidad a la denunciante.
Agregó que "...el tocamiento inverecundo por parte del padre hacia su propia hija, con rechazo de ésta última, se habría producido en la cama donde [los tres] se encontraban pernoctando. De esta forma, si la lascivia del acusado fue tan violenta para alcanzar tales resultados, que habrían generado el rechazo de la niña de forma activa, llama la atención que la ahora denunciante no hubiera advertido lo sucedido. Nótese que la violencia desplegada debió ser de gran importancia para que los rastros del delito (enrojecimiento e hinchazón de la zona vaginal) perduraran todo el día hasta que llegase de trabajar la madre y en forma casual descubriera lo acontecido". También destacó las modificaciones en la declaración de la madre sobre el momento en que descubrió las lesiones -nueve de la mañana o de la noche- (v. fs. 5 vta.).
Resaltó que la niña nunca fue obligada a entrar a la cama donde duermen ambos padres, y que el segundo hecho se produjo varios meses después, circunstancia temporal que no es característica de un individuo dispuesto a acometer contra la integridad sexual de su propia hija (v. fs. 6).
Explicó que -llamativamente- nunca fue objeto de análisis por parte de los profesionales de la psicología el que V. no tenía antecedentes de haber sido víctima o victimario de conductas de índole sexual, mientras que la denunciante sí; y que "...la crisis familiar que atraviesa la pareja aparece como motivador de la denuncia", remitiéndose a las palabras de la señora C. cuando dijo que "...los acometimientos ilícitos de orden sexual contra su hija se debieron a 'una venganza' por parte de V.". Puso de resalto las fotografías tomadas en un cumpleaños donde participó la denunciante y sus hijos con el presunto violador luego de haber denunciado los hechos, circunstancia que -según dijo- le resta credibilidad a quien debería encontrarse renuente a mantener contacto con quien atacó sexualmente a sus hijos (v. fs. cit.).
Seguidamente, indicó que "...en lo que atañe al intento de bajar una calza por parte del padre a su hija, en el domicilio donde se encontraba el hermano próximo [...] necesita aún, de haber sido realidad, el elemento libidinoso para conformar lo inverecundo del acto" (fs. 6 vta.).
Por último, se refirió al testimonio del perito Carlos Rafael Zapata y lo confrontó con el de la licenciada Gabriela Martino y el de la madre de la víctima (v. fs. 6 vta. y 7).
Concluyó que "...por lo apreciado de la prueba testimonial en confluencia con los demás elementos de prueba incorporados por su lectura al debate, no permite construir con el grado de certeza propia de[l] decisorio que no convoca, convicción afirmativa en cuanto a la realidad de los hechos propuestos por el Acuse". A ello sumó la ausencia de una "...finalidad perversa, la intención libidinosa, el acometimiento con finalidad sexual y no meramente tuitiva en el quehacer del padre, respecto de hechos que tampoco han sido certeramente demostrados". Y, finalizó que, ante las contradicciones destacadas, se generaba una duda razonable que impedía el juicio de condena (v. fs. 7 y vta.).
IV.2. La señora fiscal de la instancia presentó contra ello recurso de casación con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, por selección y valoración parcial de la prueba (v. fs. 15/22 vta.).
Criticó la descalificación del testimonio de la denunciante B. E. C. R., siendo que fue la que advirtió el "enrojecimiento de la vagina" de su hija en momentos en que la bañaba, y en esa circunstancia tomó conocimiento a través de la niña de que su padre J. C. V. la noche anterior, mientras la niña dormía en la cama junto a sus padres, comenzó a tocarla con la mano en su zona vaginal de forma tal que le produjo el resultado señalado. Tiempo después -el 3 de octubre del mismo año 2012- la niña le contó a su madre que "...encontrándose ella durmiendo en la cama con su padre, éste empezó a bajarle la calza que tenía puesta, que ella no lo dejó sacándole la mano y se corrió de lugar, pero su progenitor también se corrió ubicándose detrás de la niña quien se fue llorando a la cocina" (fs. 16 y vta.).
Según la fiscal, el testimonio de la señora C. fue contundente y claro, mientras que el juez de la instancia se inmiscuyó en la posible problemática de pareja existente entre V. y la nombrada. Añadió que la versión de la madre de la niña fue consistente en el tiempo, palabras más o menos respecto a cuándo, dónde y cómo ocurrieron los hechos, y su deposición en la audiencia de debate fue conteste con lo plasmado en todas y cada una de las entrevistas que mantuvo la referida C. con los peritos sociales y psicólogos (v. fs. 16 vta. y 17).
Destacó que las diferencias horarias del regreso de su trabajo por parte de la denunciante, o los nombres de niños que cuidó esa noche, o direcciones, no alcanza para restar credibilidad a sus dichos (v. fs. 17 y vta.).
Además, el señor fiscal objetó la "personalísima opinión" por parte del magistrado respecto de las experticias, al arrogarse la facultad de analizar las técnicas utilizadas por los peritos psicólogos que entrevistaron a la menor (v. fs. 18 y vta.).
Alegó que el juez de la instancia dejó sin valorar pruebas de gran importancia, entre las que destacó la pericia social, el informe del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos Humanos y Adolescentes del Municipio de La Matanza, el informe de la psicóloga Gabriela Martino, el informe psicológico confeccionado por el licenciado Carlos Rafael Zapata, el certificado de nacimiento de C. B. V., la declaración de J. C. V. quien en lugar de aportar datos contundentes para demostrar su inocencia, solo justificó el inicio de la causa en los problemas con su pareja y las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas al imputado (v. fs. 18 vta./22).
IV.3. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, por mayoría, confirmó el pronunciamiento absolutorio.
El señor juez Violini -a cuyo voto prestó adhesión simple el doctor Carral- afirmó que la recurrente se había limitado a insistir con una valoración de los elementos probatorios contraria a la del juzgador de origen; que -a su criterio- este había realizado una correcta ponderación de dicho material que condujo a una conclusión ajustada a derecho, echando por tierra las objeciones del fiscal, las que reiteraba ante esa sede (v. fs. 47 vta. y 48).
Luego de aludir a la valoración del testimonio brindado por B. E. C. -madre de la víctima-, y su contraposición con la "...férrea negativa del encartado", sostuvo que la certeza necesaria que justifica una condena no podía derivarse "...de la sola declaración de la menor reconstruida a través del relato de la denunciante". Pues, si bien dicho testimonio resulta central, consideró que si la versión dada no se corresponde con ninguna otra probanza existente -como apreció se daba en el caso- el estado de inocencia del que goza el encartado no puede destruirse arbitrariamente (v. fs. 48 y vta.).
Expuso que "...las dificultades probatorias señaladas no implican que se prescinda de la búsqueda de certeza para arribar a un veredicto condenatorio, pero tampoco supone que baste la existencia de la declaración de la damnificada; antes bien, será necesario un examen minucioso de la misma y de su credibilidad, y junto a ello, la existencia de otros datos o elementos que puedan robustecer dicha veracidad". En ese sentido, explicó que el sentenciante había advertido -inmediación mediante- que "...los dichos de la madre de la niña no resultaron contundentes ni irrefutables, no solo por los titubeos y modificaciones de los detalles referidos al momento del descubrimiento de la apuntada circunstancia en el cuerpo de su hija, sino también por la propia particularidad antes mencionada, a partir de la cual se advierte que el suceso en cuestión se habría producido en la cama donde los tres -madre, padre e hija- se encontraban pernoctando". Además, consideró llamativo para el juzgador que la acción ejercida por el encartado no hubiese sido advertida por la denunciante, máxime cuando los rastros de lo sucedido -enrojecimiento e hinchazón vaginal- perduraron todo el día hasta que la madre de la víctima llegó del trabajo en horas de la noche (v. fs. 48 vta. y 49).
Sobre las conclusiones del tribunal de origen acerca de la mendacidad de la señora C. R., el a quo afirmó que "...la preponderancia que [...] otorga a la negativa contundente del encartado -en detrimento de la versión de C.- no resulta caprichosa, sino que encuentra fundamento en aquello que vengo de detallar y se refuerza con el análisis de los restantes elementos de prueba, a partir del cual se impone un estado de duda que, en criterio que comparto con el Juzgador, resulta insuperable" (fs. 49).
De conformidad con ello, señaló que la licenciada en psicología Gabriela Martino luego de hacer hincap
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