Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.01 10:48:26-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de REGISTRO Nº 10.044 este documento Fecha: 2026.06.01 10:48:43-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 081/091 PROT. ELECT. JR101 191I.261 Río Gallegos, 01 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN Nº DOS S/REMITE ACTUACIONES (INFORME Nº706234 CYBERTIPLINE REPORT Nº 225366802)”, Expte. Nº 95.294/26, Apelación JR Nº 10.145/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 67/88, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de R.A.T., en orden a los delitos de “distribución de material de abuso y explotación sexual infantil calificado por ser víctimas menores de trece años, en calidad de autor; en concurso real con los delitos de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución, agravado por ser víctimas menores de trece años; producción de material de explotación sexual infantil, abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por ser encargado de la guarda, por haber sido cometido con la intervención de dos personas y por la convivencia preexistente, reducción a la servidumbre; en concurso ideal con facilitación a la corrupción de una menor de edad, agravada por la guarda y por la convivencia preexistente, en calidad de coautor" (arts. 45, 54, 55, 119 -3º y 4º párrafos incisos b), d) y f), 125 -1º y 3º párrafos, 128 -1º, 2º y 5º párrafos y 140 del CP), en el punto 2) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de C.D.L.A.B.V., en orden a los delitos de “tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución, agravado por ser las víctimas menores de de trece años; producción de material de explotación sexual infantil, abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el vínculo, por haber sido cometido con la intervención de dos personas y por la convivencia preexistente, reducción a la servidumbre; todos en concurso real entre sí, en concurso ideal con facilitación a la corrupción de una menor de edad, agravada por el vínculo y por la convivencia preexistente en carácter de coautora" (arts. 45, 54, 55, 119 -3º y 4º párrafos, incisos b), d) y f), 125 -1º y 3º párrafos, 128 -1º, 2º y 5º párrafos y 140 del CP) y en los puntos 3) y 4) ordenó el embargo sobre los bienes de los procesados hasta cubrir la suma de diez millones de pesos ($10.000.000).
Que a fs. 91/101 y 102/107, las defensas oficiales apelaron dicho auto -motivándolo-; a fs. 120 sostuvieron los recursos y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuaron presentación alguna.
Que, habiendo dictaminado la Fiscalía de Cámaras a fs. 114/118, quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios de las recurrentes agrupándolos y alterando el orden propuesto en los escritos de apelación en virtud que, de prosperar las nulidades incoadas o los agravios comunes, tornarían abstractos el resto de los planteos recursivos.
1. Del recurso de apelación de la imputada C.D.L.A.B.V.:
a.- De las nulidades: En primer lugar plantea la nulidad por falta de notificación a la defensa de las declaraciones testimoniales de fs. 106 y vta., 107/108, 109/110 y 111/112vta., vulnerando los derechos constitucionales de defensa en juicio, estimando que son pruebas ilegítimas. Asimismo plantea la nulidad de la prueba digital por ausencia de cadena de custodia y falta de acreditación de autenticidad e integridad. Sostiene que la orden de obtención de la prueba digital no establece método científico ni indica fechas presumibles a investigar, no se fundamentó la libertad abierta de extracción de datos, resultando violatorio al derecho a la intimidad y privacidad de su asistida. Manifiesta desconocer quién secuestró el material, en qué condiciones fue preservado, qué dispositivo fue efectivamente peritado, si se realizaron imágenes forenses, si se calcularon valores hash, si existieron actas completas de resguardo, si hubo resguardo de integridad ni cómo se garantiza que el contenido valorado por el a quo sea idéntico al originalmente obtenido. Por consiguiente, concluye que la valoración efectuada del material digital resulta arbitraria y nula, debiendo ser dejada sin efecto.
Del mismo modo plantea la nulidad del informe pericial victimológico de fs. 158/159vta., por advertir que no se pueden leer sus conclusiones por ser totalmente ilegibles e incomprensibles, lo cual afecta el derecho de defensa en juicio.
Igualmente solicita la nulidad de la declaración de su asistida ante la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad local, en violación flagrante al derecho de defensa por haber vertido expresiones sin asistencia letrada.
Finalmente insta la nulidad por deficiencia de notificación y falta de acceso oportuno al expediente en violación al principio de igualdad de armas, alegando que se la notificó electrónicamente sin acompañar el acceso íntegro a la totalidad de las actuaciones y a la prueba relevante, advirtiendo que a la Fiscalía de Primera Instancia se le cursó notificación en formato papel, siendo una desventaja y lesionando el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Afirma que la digitalización de las presentes actuaciones atenta contra el derecho de defensa de su asistida.
Ahora bien, ingresando en el análisis de las nulidades incoadas, adelantamos, no obtendrán favorable acogida.
Cabe señalar que la propia CSJN ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (tal como lo asentado en apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y 8323/23, entre otras tantas) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable a los justiciables. En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros).
Veamos, sobre la solicitud de nulidad de las declaraciones testimoniales de fs. 106 y vta., 107/108, 109/110 y 111/112vta., por falta de notificación a la defensa, entendemos –en concordancia con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámaras-, que resulta improcedente, toda vez que constituyen prueba testimonial y no pericial, con lo cual no se tratan de actos definitivos ni irreproducibles.
Con relación a la segunda nulidad incoada, de la prueba digital por ausencia de cadena de custodia y falta de acreditación de autenticidad e integridad, entendemos que corresponde rechazarla por infundada toda vez que, por el contrario a lo argumentado por la defensa, concordamos con la Fiscalía de Cámaras en que los dispositivos electrónicos fueron secuestrados en virtud de la orden de allanamiento del Juzgado de Instrucción, habiendo sido efectuada la diligencia por personal especializado, quienes procedieron a documentar debidamente lo actuado mediante las actas refrendadas por los testigos hábiles requeridos al efecto. Respecto de la cadena de custodia de los elementos secuestrados, observamos que no le asiste razón a la defensa ya que de las constancias de autos surge -sin mayor dificultad-, que la misma ha sido debidamente preservada, encontrándose documentadas las sucesivas intervenciones, remisiones y recepciones de los dispositivos sometidos a pericia.
Asimismo si la defensa analiza el informe del Perito Oficial, Ingeniero Electrónico y en Telecomunicaciones, podrá sin dudas observar -en consonancia con lo valorado por este Sr. Juez de Recursos y la Fiscalía de Cámaras- que, en respeto a la cadena de custodia, desarrolló de manera pormenorizada los puntos de pericia encomendados, individualizando los elementos dubitados e indubitados objeto de análisis, dejando constancia de los dispositivos recibidos, identificándolos y describiendo el estado en que fueron entregados para la pericia; lo que la deja sin argumentos.
Precisamente, advertimos que dicho informe pericial consigna que se realizó una copia “bit a bit” por medio del software especializado “Autopsy 4.22.0”, a los efectos de la preservación de la integridad de la evidencia digital y evitar modificaciones en los soportes originales. Con lo cual llama la atención de este Sr. Juez de Recursos que la defensa alegue desconocer quién secuestró el material, en qué condiciones fue preservado, qué dispositivo fue efectivamente peritado, si se realizaron imágenes forenses, si se calcularon valores hash, si existieron actas completas de resguardo, si hubo resguardo de integridad ni cómo se garantiza que el contenido valorado por el a quo sea idéntico al originalmente obtenido, puesto que evidenciaría la admisión de un estudio deficitario de la prueba producida en el expediente, lo que lejos de constituir una crítica razonada al auto de procesamiento, más bien redundaría en un estado de indefensión de su asistida.
Del mismo modo rechazaremos el pedido de nulidad del informe pericial victimológico que la defensa indica que se encuentra glosado a fs. 158/159vta., sin embargo se trata de fs. 158/162vta.. Observamos que la defensa alega que se trata de un informe cuyas conclusiones resultan totalmente ilegibles e incomprensibles y por lo tanto afecta el derecho de defensa en juicio. Pues bien, esta Alzada luego de analizar las conclusiones periciales de las que se agravia, entiende que falta a la verdad la defensa, toda vez que el informe pericial resulta ser claro en concordancia con la naturaleza de los delitos investigados, congruente con los puntos de pericia, preciso en cuanto a cada uno de los ítems y aporta los métodos utilizados. Con lo cual, este agravio luce como un insuficiente ejercicio argumentativo que carece de entidad jurídica necesaria para desvirtuar el pleno valor probatorio de la prueba pericial obrante en la causa.
Que, pese al intento de la defensa por mejorar la situación de su representada, entendemos que no corresponde dar tratamiento a la solicitud de nulidad de la declaración de su asistida ante la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad local. Ello en razón que lo planteado ya fue abordado ante el Juzgado de Instrucción, habiendo sido motivo de análisis por vía incidental, donde la Magistratura rechazó la nulidad pretendida y, habiendo sido debidamente notificada la defensa, no efectuó impugnación alguna, con lo cual se encuentra firme. Es por ello que, en concordancia con el dictamen de la Fiscalía de Cámaras, entendemos que precluyó su oportunidad procesal.
Por último y con relación a la nulidad por deficiencia de notificación y falta de acceso oportuno al expediente en razón de su digitalización, será rechazado de plano, toda vez que la defensa oficial no logra argumentar el perjuicio ocasionado, ya que los avances tecnológicos logrados por el Excmo. TSJ a partir de la pandemia, no eximen a las partes de efectuar la debida procuración apersonándose ante los estrados judiciales. Tanto así que, habiendo sido notificada físicamente del auto de procesamiento la Fiscalía de Instrucción, no hubo de advertir irregularidades de orden público y no hubo de apelar el resolutorio atacado por la defensa. En definitiva, este Sr. Juez de Recursos en concordancia con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámaras no advierte violación concreta a las garantías constitucionales, afectación real al ejercicio del derecho de defensa ni perjuicio procesal efectivamente verificable, motivo por el cual rechazaremos la totalidad de los planteos nulificatorios articulados por la defensa.
b.- Del mérito de la prueba: En segundo lugar, la defensa se agravia en que la resolución recurrida no expone una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, sino que sustituye la ausencia de prueba directa y objetiva por una construcción inferencial dogmática, apoyada en conjeturas y en una selección parcial del material reunido.
Por ello plantea que la Instrucción no ha logrado reunir prueba cargosa suficiente como para superar el estado de sospecha que pudo haberse tenido para llamar a indagatoria a su defendida.
Destaca que la joven de autos expresó textualmente:
“…que los hechos investigados habrían tenido lugar con su consentimiento, para luego manifestar que no es su deseo instar por la acción penal del delito de abuso sexual sufrido…”.
Entiende que la prueba producida no sólo es escasa sino que además su análisis es defectuoso, afectándose el derecho de defensa y el principio de inocencia que asisten a su defendida.
Por ello apela por arbitrario el decisorio alcanzado, violatorio del principio de legalidad, en miras del debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad.
En respuesta a este segundo agravio, corresponde aclarar que se analizará teniendo en cuenta que: "…El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio…". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
Dicho esto, se discrepa con la postura de la defensa, toda vez que del análisis integral de las actuaciones se desprende que la causa cuenta con elementos de cargo suficientes y concordantes para acreditar, con el grado de probabilidad afirmativa, tanto la materialidad de los hechos como la responsabilidad penal de la encartada. Lo que permite atravesar la barrera del art. 289 del CPP.
Asimismo se advierte que la Magistrada valoró adecuadamente las piezas probatorias aunadas a la causa, ponderándolas en su conjunto y con perspectiva de derechos humanos, arribando a una decisión debidamente fundamentada indicando las pruebas que sustentan su conclusión.
No podemos dejar de considerar que el caso traído a estudio merece un especial posicionamiento de los operadores judiciales en razón de encontrarse involucrados intereses de personas menores de edad que revisten la doble característica de víctimas y testigos, niñas/jóvenes mujeres, y por ende pertenecientes a un colectivo especialmente vulnerable en los términos de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Belém Do Pará y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, lo cual demanda un especial cuidado en el abordaje de las situaciones como las investigadas. Puntualmente, en referencia a lo argumentado por la defensa en cuanto a que la joven A.C.B.B., expresó textualmente: “…que los hechos investigados habrían tenido lugar con su consentimiento, para luego manifestar que no es su deseo instar por la acción penal del delito de abuso sexual sufrido…”, compartimos lo valorado por la Sra. Jueza a quo a fs. 262/263vta., de los autos principales, en el sentido que de las constancias probatorias surgirían verificadas objetivamente circunstancias que permitirían concluir que el consentimiento otorgado por la joven se encontraba viciado, pudiendo incluso válidamente considerarse la ausencia total de voluntad. Asimismo, advertimos que la Fiscalía de Instrucción hubo de instar subsidiariamente la acción penal, con lo cual el presente agravio no resulta idóneo para pretender excluir la posible tipicidad de las conductas reprochadas a la encartada.
Por el contrario, resulta altamente relevante el informe pericial victimológico de fs. 158/162vta., toda vez que en el punto 4) Si la joven se encuentra psicofísicamente capacitada para comprender la naturaleza de una agresión sexual, el perito oficial concluyó que: “…si bien la capacidad de comprensión se encuentra globalmente preservada, la misma podría verse parcialmente comprometida en su dimensión práctica o situacional, es decir, en la posibilidad de aplicar dicho conocimiento de manera consistente en contextos interpersonales concretos. En síntesis, la evaluada se encontraría psicofísicamente capacitada para comprender la naturaleza de una agresión sexual en términos abstractos y generales; sin embargo, sus condiciones subjetivas y vinculares configuran un perfil de vulnerabilidad que podría interferir en la adecuada percepción, interpretación y respuesta frente a este tipo de situaciones en contextos específicos, sin que ello implique una incapacidad absoluta, pero sí una merma relativa en su capacidad de discernimiento en circunstancias determinadas…”.
Por todo lo examinado, entendemos que la instrucción valoró correctamente las probanzas incorporadas a la causa, no resultando suficientes los planteos de la defensa técnica para revertir los fundamentos expuestos por la Magistrada.
Por todo lo valorado, corresponde desestimar este segundo agravio.
c.- De la calificación legal: En tercer lugar, la defensa se agravia por falta de acreditación del delito de explotación sexual, tratándose de una afirmación de extrema gravedad sin que se identifiquen concreta y circunstanciadamente cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal que aparecerían acreditados en autos. Por ello solicita la atipicidad de la conducta endilgada, ya que no ha mediado de parte de su asistida un accionar idóneo de ofrecer, captar, trasladar, recibir ni acoger personas con fines de explotación sexual tal como se asevera en autos. Argumenta que este delito no puede presumirse ni derivarse de un contexto ambiguo o de relaciones personales conflictivas. Es así que sostiene que la conclusión a la que arriba el a quo constituye una subsunción arbitraria y prematura, que debe ser revocada.
Asimismo plantea la inexistencia de los extremos típicos de la servidumbre ya que en el auto atacado no se demuestra la restricción efectiva de la libertad ni una situación de sometimiento estructural. Explica que no basta cualquier estado de vulnerabilidad o de dependencia emocional, sino que es necesario el ejercicio fáctico de un poder de disposición sobre la persona que la prive de su condición de sujeto libre. Y por ello se agravia por la ausencia de identificación de actos concretos de su asistida que habrían configurado el acto de reducción a la servidumbre. Por el contrario, entiende que la situación de convivencia familiar –que se utiliza como agravante-, no puede ser simultáneamente un elemento constitutivo del tipo del art. 140 del CP, sin incurrir en una doble valoración prohibida por el principio non bis in idem. Expresa que tampoco surge de la resolución que la víctima estuviera impedida de circular libremente, de comunicarse con terceros, de asistir al establecimiento educativo o de acceder a cualquier institución de protección, ni que hubiera sido privada de sus documentos o sometida a vigilancia o encierro.
Del mismo modo se agravia de la improcedente aplicación del concurso real, aseverando que la resolución divide artificialmente una misma secuencia fáctica y la transforma en múltiples hechos autónomos, sin demostrar la existencia de conductas separables entre sí por su ejecución, finalidad, consumación y autonomía decisoria. De esa forma se agrava indebidamente la situación procesal de su asistida. Igualmente se agravia de la errónea subsunción en los tipos de tenencia y producción de material de explotación sexual infantil (art. 128 del CP), por falta de acreditación del elemento subjetivo y del dominio del hecho. Plantea que no se pudo determinar con exactitud la tenencia de los dispositivos secuestrados, es decir si pertenecían al coimputado T. y/o en su defecto a su asistida, lo cual atenta contra el derecho de defensa. Sostiene que tampoco se probó ningún tipo de transacción comercial, tipo transferencia a nombre de su asistida, lo que sí sucedió con el otro imputado T., que se constataron transferencias y operaciones digitales. Argumenta que la autoría en este delito no puede presumirse por la relación de pareja ni por la convivencia, sino que exige la acreditación de un aporte concreto. Por último se agravia por la errónea configuración del delito de corrupción de menores (art. 125 del CP), argumentando que dicha calificación se construyó sin la acreditación concreta de los elementos típicos exigidos por la norma. Sostiene que la mera existencia de afectación psicológica no implica per se corrupción de menores. Plantea que no surge de la resolución atacada qué actos de ejecución propios habría llevado a cabo su asistida en términos de dominio del hecho. Alega que la mera presencia o el conocimiento de los hechos, sin un aporte esencial a la ejecución, no configuraría coautoría sino en todo caso, participación.
Por todo ello solicita se revoque el procesamiento por los tipos endilgados en todas sus modalidades.
Pues bien este agravio no prosperará, toda vez que esta Alzada viene sosteniendo de manera invariable desde el año 2022, en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras, que la calificación legal resulta ser provisoria y mutable, con lo cual no causa estado.
Prueba de ello, resulta el reciente fallo de nuestro máximo TSJ, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
d.- De la prisión preventiva: En cuarto lugar, la defensa solicita se revoque el encarcelamiento cautelar, puesto que la imputada no posee antecedentes penales y es una persona que cuenta con trabajo en relación de dependencia y posee domicilio fijo, donde además reside su progenitora y su hija.
Frente a ese panorama se agravia que no se evaluaran previamente otras medidas menos perjudiciales para su asistida.
En función de todo ello y de los delitos por los que se la procesa, estima que la prisión preventiva resulta improcedente, por lo que debería ser revocada. Y en el supuesto caso que fuera denegado, solicita se establezca el plazo en que la misma debe ser revisada, en virtud del carácter provisorio que posee.
Asimismo argumenta que la medida adoptada en la resolución atacada vulnera derechos fundamentales de su pupila procesal, quien no ha realizado actos tendientes a entorpecer la investigación penal. Por último, la defensa plantea que al carecer el auto recurrido de la debida fundamentación, le resulta imposible conocer si la limitación de la libertad se adecúa razonadamente a los fines procesales de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, ni si el encarcelamiento resulta ser de extrema necesidad para garantizar los fines del proceso. En definitiva solicita se revoque el dictado de la prisión preventiva y, en consecuencia, se ordene la libertad de su defendida. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura.
Ahora bien, analizando este cuarto agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión de la Sra. Magistrada carezca de fundamentos que la tornen arbitraria ni inconstitucional.
Debemos recordar a la recurrente que, en esta instancia, no se requiere certeza sobre los hechos y la autoría, sino que: “… basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I; 08/06/2010; A.R.M.A. y otro; Cita: TR LALEY 70061334).
Observamos que la a quo aportó los argumentos por los que entiende que, en función de la naturaleza de los hechos investigados, y teniendo en cuenta la escala penal sancionatoria prevista para las figuras penales endilgadas, en caso de recaer condena en la presente causa, la misma será indefectiblemente de cumplimiento efectivo.
Advertimos igualmente que la Instrucción justipreció la gravedad de los delitos investigados que tienen por víctimas a NyA no identificadas, como así también a la joven A.C.B.B., uniéndola con la encartada un vínculo de madre e hija.
Analizó pormenorizadamente la vulnerabilidad y las repercusiones psicológicas ocasionadas en la joven A.C.B.B. que da cuenta la pericia psicológica producida en la causa.
Se concuerda con la Instrucción que los hechos reprochados se enmarcan dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, imponiéndose la actuación con la debida diligencia reforzada, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila, surgiendo la vulnerabilidad de A.C.B.B., de manera ostensible a lo largo de los elementos de cargo reunidos.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
En este aspecto, he de coincidir con la Magistrada que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima (por la condición de vulnerabilidad), y evitar que, en caso de quedar en libertad la imputada, intente manipularla de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal, máxime cuando se encuentran constatadas las graves consecuencias que sucesos como los investigados traen aparejadas en el desarrollo madurativo, debiéndose velar por el Interés Superior de la Niña, víctima de violencia sexual.
Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, la imputada podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad seria de que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24).
Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar de la encartada denota su total desapego a la ley. Se advierte, por ende, que a pesar de su loable intento por mejorar la situación de su asistida con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada.
En suma, se concuerda con la Instrucción el criterio que sostiene que el riesgo procesal de entorpecimiento del accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal.
Por otro lado, esta Alzada advierte que la imputada no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva por resultar ajustada a derecho.
e.- Del embargo: En quinto lugar la defensa se agravia de la cuantía del embargo impuesto a su asistida, ya que no posee un patrimonio que, en su conjunto, permita arribar a la suma fijada. Alega que tal como se desprende de la ley de forma el embargo está destinado a garantizar la pena pecuniaria, la indemnización y las costas del proceso pero la suma impuesta evidencia una total desproporción y desnaturalización procesal.
Finaliza su argumentación señalando que, de considerar la Alzada que no cometió dicho ilícito, necesariamente deberá modificarse el monto del embargo dispuesto sobre sus bienes.
Que, en relación a este punto de agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso - consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo - de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 87 del presente incidente, que la Magistrada dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000.-).
Es por ello que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
2. Del recurso de apelación del imputado R.A.T.:
a.- De la grave afectación al principio de inocencia y de las nulidades: Como primer agravio la defensa plantea que el resolutorio confunde permanentemente el alcance de los hechos que se le reprochan a cada una de las dos personas procesadas, lo que se condice con una falta de pruebas respecto a qué rol/conducta se le reprocha a cada parte, con un direccionamiento parcial de la investigación y con una valoración despersonalizada de las evidencias, lo que afecta la igualdad de partes y el principio de inocencia.
Asimismo plantea la nulidad de la incorporación a la causa del informe de fs. 19/20 de la empresa SS Servicios, por carecer de trazabilidad necesaria para conocer la autenticidad de la misma, siendo que esa única prueba sostendría el hecho reprochado como Nro. Uno: que el día 10/12/25, a las 06:00 hs, el imputado T. habría subido dos videos con presuntos contenidos de abuso sexual infantil desde la plataforma Discord. Consecuentemente, solicita el sobreseimiento de su representado por el hecho 1, por no existir prueba de la materialidad y autoría.
Del mismo modo, la defensa pide la nulidad absoluta de la introducción de prueba no autorizada por parte del perito N., que surge del informe de fs. 140/156 y del informe de fs. 216/232, por violación de las formalidades que deben regir su producción, viéndose impedida la defensa de controlar la prueba. En función que el hecho Nº 3 endilgado a su cliente se sostiene en estas pruebas, solicita se disponga el sobreseimiento definitivo o la falta de mérito de T., por no estar probada la materialidad ni la autoría.
Que este primer agravio no podrá prosperar. Ello en razón que, en consonancia con el criterio restrictivo de las nulidades, no advertimos vulneración a las garantías del debido proceso ni la defensa en juicio y, prueba de ello, resulta que notificada la Fiscalía de Instrucción del auto recaído no hubo de apelar ni introducir cuestiones de orden público. Que, lejos de advertir que el resolutorio confunda el alcance de los hechos que se le reprochan a cada una de las dos personas procesadas, lo que se condice con una falta de pruebas respecto a qué rol/conducta se le reprocha a cada parte, con un direccionamiento parcial de la investigación; observamos que la técnica utilizada por la Magistrada fue la valoración conjunta de la evidencia existente respecto a ambos imputados, a los efectos de evitar tediosas repeticiones.
En ese sentido, habiéndose corrido en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal de Cámaras, hubo de expedirse a fs. 114/118, compartiéndose en un todo lo dictaminado.
Veamos, con relación a la nulidad de la incorporación a la causa del informe de fs. 19/20 de la empresa SS Servicios, la Fiscalía de Cámaras entendió que: “…tampoco habrá de prosperar el cuestionamiento formulado respecto del informe remitido por la firma proveedora del servicio de internet “SS Servicios”. Mal puede pretenderse la nulidad de un informe emitido por una empresa prestataria de servicios que, en cumplimiento de un requerimiento judicial formalmente válido, se limitó a aportar información objetiva vinculada a la utilización de direcciones IP dinámicas dentro del período temporal específicamente solicitado por la magistratura interviniente. Precisamente, por tratarse de IPs dinámicas, la empresa informó los usuarios que registraban utilización de la IP requerida en la franja horaria indicada, dejando a disposición del tribunal los datos técnicos pertinentes para la prosecución de la investigación. Dicha información reviste carácter meramente objetivo e informativo, resultando equiparable –en cuanto a su naturaleza-, a los informes remitidos por compañías telefónicas respecto de titularidad de líneas, registros de abonados o datos de tráfico. La circunstancia señalada por la defensa relativa a la existencia de múltiples usuarios posibles vinculados a la IP informada no invalida el informe cuestionado, sino que constituye precisamente una consecuencia propia del funcionamiento de las IP dinámicas, aspecto que no fue ocultado ni tergiversado por la empresa informante. La individualización concreta del imputado no se sustenta exclusivamente en dicho reporte aislado sino en el análisis integral y concatenado del restante material probatorio incorporado legalmente a las actuaciones, incluyendo los dispositivos secuestrados, la evidencia digital obtenida, el material multimedia relevado y las demás constancias reunidas durante la investigación…”.
Es por ello que rechazaremos la solicitud de nulidad del informe de la empresa SS Servicios, por cuanto la defensa no logra fundamentar el perjuicio que alega, toda vez que el informe reúne los requisitos de verosimilitud y el hecho nro uno reprochado a su asistido no se sustenta únicamente en esa pieza probatoria sino en la valoración integral y armónica de la totalidad de las pruebas recabadas por la Instrucción. Tampoco prosperará la nulidad absoluta de la supuesta introducción de prueba no autorizada por parte del perito N., en función del informe de fs. 140/156, así como la del informe de fs. 216/232, por cuanto en concordancia con lo dictaminado por la Fiscalía de Cámaras, no se observa violación de las formalidades que deben regir su producción ni mucho menos se impidió a la defensa controlar la prueba incorporada válidamente desde el inicio de la investigación.
Al respecto la Fiscalía de Cámaras dictaminó:
“…Tampoco puede prosperar el planteo introducido por la defensa del imputado T. relativo a una supuesta incorporación irregular de prueba por parte del perito oficial, particularmente en relación al soporte óptico identificado como DVD 8XXX6/X3. De las constancias de autos surge con claridad que dicho material no fue incorporado arbitrariamente por el experto interviniente ni introducido por iniciativa propia del órgano pericial, sino que formaba parte de las actuaciones desde el inicio mismo de la investigación. En efecto, el mentado soporte corresponde a la videograbación de la entrevista en cámara Gesell realizada a la víctima en el marco de una causa anterior vinculada a delitos contra la integridad sexual sufridos por la joven, extremo expresamente consignado mediante la certificación actuarial de fecha 07/02/2026. Asimismo, surge de las actuaciones que dicho material fue formalmente incorporado y posteriormente remitido al Cuerpo Pericial mediante providencia obrante a fs. 135, precisamente a los fines de contar con imágenes indubitadas de la víctima y de la coimputada para el desarrollo de las tareas técnicas encomendadas. Dicha providencia fue debidamente notificada a las defensas mediante el sistema correspondiente, sin que en aquella oportunidad se formulara objeción alguna respecto de la incorporación, remisión o utilización del material referido. En consecuencia, no se advierte irregularidad alguna en el proceder del perito oficial, quien se limitó a analizar el material que le fuera legalmente remitido por disposición jurisdiccional, dentro del marco de la experticia oportunamente ordenada. La defensa pretende presentar como “introducción irregular de prueba” lo que en realidad constituyó una remisión formal, expresa y debidamente documentada de material ya judicializado e incorporado válidamente al legajo…”.
Por todo lo analizado, rechazaremos las nulidades incoadas por la defensa de R.A.T..
b.- De la falta de prueba incriminante: En segundo lugar, la defensa solicita se dicte el sobreseimiento de R.A.T., en relación a los delitos imputados o, en su defecto, la falta de mérito en los términos del art. 192 del CPP, por carecer las presentes de prueba suficiente.
Resalta las diligencias negativas dirigidas a Google Inc y a la plataforma Discord, lo que a su entender debilita la pretendida conexión entre los videos reportados por NCMEC en el hecho 1 y su asistido. Respecto del hecho 2 y la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil en los dispositivos identificados como pendrive K 128KG_XX3 y memoria micro SD del teléfono TLC, se remite a lo expuesto respecto del informe pericial y su nulidad. Sin perjuicio de ello, alega que no hay indicios de qué dispositivo pertenece a quién o, en su caso, si eran utilizados por otro miembro de la familia.
Se agravia de la valoración del testimonio de la joven A.C.B., la cual al momento de relatar los hechos es una joven mayor de edad, con asistencia y seguimiento psicológico. Argumenta que sus dichos fueron tergiversados en el auto de procesamiento puesto que misma refirió: “…Siempre R. fue respetuoso, nunca me obligó a hacer cosas que no quería hacer. Hubo momentos que la relación se elevó a situaciones que no tuvo que llegar, pero todo fue consentido…yo ya viví abuso y sé lo que es ser obligada, y con él no fue así. Mantuve relaciones sexuales con R. una vez…en todas las ocasiones que mantuvimos relaciones sexuales nunca me mostraron imágenes o filmaciones con contenido sexual ni tampoco nos filmábamos teniendo esas prácticas…”, en tanto la Jueza a quo utiliza expresiones tales como “haber filmado los ataques sexuales” y “fue sometida por el causante y su consorte de causa, a mantener relaciones sexuales”, cuando nada de ello se condice con el relato de A.C.B..
Otra prueba en refuerzo de ello es que preguntada A.C.B. si deseaba instar la acción penal, expresa que NO.
Asimismo se agravia de las pruebas omitidas en el resolutorio que desincriminan a su representado. Por ejemplo, refiere el informe de intervención de la SENAF de fs. 168/168vta., del que no surge observación negativa, sino todo lo contrario. Tampoco se han merituado los informes del CAV, especialmente el último de fs. 171, en el cual se da cuenta que las manifestaciones de A.C.B. sobre las situaciones de temor y angustia se relacionan con su progenitor B., con sintomatología compatible con estrés post traumático.
Finalmente la defensa efectúa consideraciones acerca del consentimiento y la edad mínima de trece años, observando que A.C.B. contaba con quince años de edad, lo que sortearía ese obstáculo, para concluir aseverando que en el auto atacado no se logró probar que ese consentimiento que la joven expresa efectivamente dado, en realidad no fuera así.
Al respecto destaca que su asistido no tiene relación biológica con la joven, que la conoció en su etapa de adolescencia, que la misma le manifestó que ella no sentía que él fuera un papá sino como si fueran mejores amigos y que lo conoció mientras ella vivía con su tía. En definitiva sostiene que no obran elementos de convicción suficientes para sostener que no hubo consentimiento o que el mismo estuviera de alguna forma viciado, menos aún estamos frente a un caso de reducción a la servidumbre o frente al delito de facilitación a la corrupción de una menor de edad. Ninguno de los elementos que integran la acción típica de estos delitos, se encuentran debidamente identificados en conductas puntuales y por lo tanto tampoco se encuentran probados ni si quiera de forma indiciaria.
Que habiendo quedadas descartadas las nulidades incoadas por la defensa en el agravio que antecede, corresponde dar tratamiento a este segundo agravio relativo al mérito de los elementos de cargo producidos en la causa.
Al respecto, compartimos con la Sra. Magistrada que el auto de procesamiento se sustenta en la valoración armónica y pormenorizada de: el reporte cybertipline, las certificaciones actuariales e informes de la Actuaria, el informe de SS Servicios, los Oficios de la División Cibercrimen, los Oficios del Cuerpo Pericial Psicológico, los resultados del allanamiento y la requisa vehicular, el acta de aprehensión de R.A.T. y de requisa personal, las declaraciones testimoniales, el dvd conteniendo secuencias fotográficas, la nota de la División Criminalística, el informe de la División Comisaría Séptima, el informe pericial preliminar del CPIyT, las copias de los autos caratulados: “B.A.R. S/Infr. Al Título III del Libro II del CPA”, Expte. N° 88.620/23, el informe preliminar e informe de la DDI RG, el Oficio del CMF, los tres (03) soportes magnéticos conteniendo secuencias fotográficas -por enumerar algunas de las piezas procesales más relevantes-; concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
En función de ello, se desvanece la crítica individual que efectúa la defensa de la ausencia de valoración de las diligencias negativas dirigidas a Google Inc y a la plataforma Discord, y los informes de la SENAF y C.A.V., toda vez que a la vista está que el auto de procesamiento tiene apoyatura en otros elementos incriminantes que, valorados en su conjunto, resultan contestes y concordantes, no logrando la defensa fundamentar cómo los elementos descartados por la Magistrada podrían mejorar la situación procesal de su asistido y desvincularlo de la causa en esta instancia donde reina la probabilidad.
Tampoco prosperará el cuestionamiento acerca de la valoración del testimonio de la joven A.C.B.B., toda vez que se comparte la conclusión a la que arriba la Magistrada relativa al consentimiento viciado de la misma e inclusive la ausencia total de voluntad, en función de las constancias probatorias reunidas en el expediente, siendo especialmente relevante el informe pericial victimológico sobre este punto obrante a fs. 158/162vta., al que nos remitimos en honor a la brevedad, debiendo destacarse que el Sr. Fiscal de 1ra. Instancia, Dr. H., instó la acción penal subsidiariamente, tornando improcedente el planteo de la defensa. Por último corresponde rechazar el agravio relativo a la ausencia de acreditación de los elementos que integran la acción típica de los delitos que se le reprochan a R.A.T., toda vez que la defensa no puede desconocer que esta Alzada viene sosteniendo de manera invariable desde el año 2022, concordando con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras, que la calificación legal resulta ser provisoria y mutable en esta etapa procesal, con lo cual no causa estado.
Prueba de ello, resulta el reciente fallo de nuestro máximo TSJ, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
Es por eso que, advertimos que el cuestionamiento del encuadre legal asignado por la Instrucción, configura una estrategia carente de asidero y meramente dilatoria por parte de la defensa.
c.- De la prisión preventiva: En tercer lugar la defensa se agravia por excesivo el encarcelamiento cautelar, estimando que se trata de un adelantamiento de pena no tolerable en esta etapa procesal.
Rechaza que se encuentre acreditado el peligro de fuga, ya que su asistido reside en esta ciudad capital desde hace diez (10) años, no registra antecedentes penales. Asimismo destaca que trabaja en relación de dependencia para la Provincia de Santa Cruz desde el año 2019, es tutor de la carrera de Enfermería en la UNPA desde 2019 y es miembro activo del Centro Educacional para la Paz, organización internacional. Sostiene que desde que fue demorado por la Policía se puso a disposición de la Justicia, prestando colaboración como testigo en otras causas, lo que demuestra una conducta de sujeción a las normas.
Del mismo modo niega toda posibilidad de entorpecimiento de la investigación, expresando que no hay conducta que su asistido pueda llevar adelante que tenga entidad como para obstaculizar o condicionar las líneas de investigación, estimando que el contexto en el que se habrían desarrollado los hechos ya se encontraría determinado y los elementos a peritar se encuentran en poder del a quo.
Advierte que existen otras medidas menos gravosas, como la caución real o juratoria, que serían suficientes para garantizar los fines del proceso.
En suma solicita la urgente liberación de su representado por carecer el resolutorio de fundamento normativo y fáctico.
Pues bien, este agravio será rechazado toda vez que, al contrario de lo planteado por la defensa, entendemos que no se trata de una medida excesiva ni de un adelantamiento de la pena.
Veamos, en el considerando III) de fs. 274/275 –de los autos principales-, la a quo brindó los fundamentos por los que estimó acreditados en el caso concreto los peligros procesales que justifican el encarcelamiento cautelar para garantizar los fines del proceso, descartando otras medidas menos gravosas.
Observamos que la Jueza tuvo especialmente en cuenta la gravedad de los hechos investigados en función de las pruebas recabadas, que tienen por víctima a la joven A.C.B.B., quien resulta ser hija de su pareja y coimputada, así como también a otras NyA no identificadas. Asimismo valoró la evidente situación de vulnerabilidad y las repercusiones psíquicas que los hechos reprochados le habrían ocasionado a A.C.B.B., que da cuenta la pericia victimológica de fs. 158/162vta..
Igualmente justipreció la escala penal prevista para los hechos que se le endilgan a R.A.T., y que en caso de persistir la pena a imponerse sería de cumplimiento efectivo.
De esta forma la Magistrada explicó que del accionar del imputado resulta una clara peligrosidad procesal, lo que le hace presumir que podría obstaculizar el accionar de la Justicia, con lo cual el fundamento del encierro provisorio radica en la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada en atención a la vulnerabilidad de la víctima A.C.B.B., que se proyecta sobre el proceso, tratándose de una joven que reviste la condición de víctima y testigo, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza del delito investigado.
Concordamos con la Instrucción que los hechos reprochados se enmarcan dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, imponiéndose la actuación con la debida diligencia reforzada, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila.
Y en ese sentido, la resolución atacada evidencia un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad seria de que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo.
Esta Alzada tiene dicho al respecto que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24).
Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. Por todo lo analizado, confirmaremos la prisión preventiva de R.A.T., por resultar ajustada a derecho.
d.- Del embargo: En cuarto lugar la defensa apela el monto del embargo por ausencia de fundamentación, siendo una medida de cumplimiento imposible en función de la situación económica de su asistido. Por último, en respuesta a este agravio entendemos que no prosperará, toda vez que no se comparte con la defensa en que este punto carezca de fundamentación en el auto de procesamiento, pues sin dificultad, al tomar vista de la f. 87 del presente incidente, se advierte que la a quo en el considerando IV.- expresó: “…Respecto al embargo a fijar en la presente, habré de tener en cuenta lo dispuesto en los arts. 499 y cctes. del código de forma, y toda vez que la naturaleza cautelar del auto que ordena el embargo tiene como fin garantizar en la medida suficiente una eventual pena pecuniaria o las costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes razón por la cual la mensuración del monto, debe guardar, en lo posible, correspondencia con el perjuicio que la conducta ilícita cometida hubiere causado…”.
Con lo cual, al no tratarse de una crítica razonada, no merece mayores consideraciones al respecto y confirmaremos por ser adecuado a derecho el monto de embargo impuesto al imputado R.A.T. en la suma provisoria de diez millones de pesos ($10.000.000).
II. Reserva del caso federal por parte de la defensa del imputado R.A.T.: estando en juego derechos y garantías de raigambre constitucional, la defensa hace expresa reserva del caso federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
V. Siendo que las presentes actuaciones fueron recepcionadas adjuntando un disco externo con prueba digital (WD Elements, de 1TB), el cual fuera objeto de análisis en el presente auto interlocutorio, no resultando de interés su permanencia en resguardo de esta Alzada; se deberá proceder a su devolución mediante oficio de estilo al Juzgado de origen, en virtud de contener material altamente sensible y relevante para la continuidad de la presente causa en otras instancias procesales.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, escuchada que fuera la Sra. Fiscal de Cámaras y en mi carácter de Juez de Recursos,
incoados por las defensas, de conformidad a lo expuesto en los considerandos que anteceden.
2. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 67/88, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
3. TENER PRESENTE la reserva del caso federal incoada por la defensa de R.A.T..
4. PROCEDER a la DEVOLUCIÓN INMEDIATA de la MEMORIA EXTERNA (WD Elements) al Juzgado de Instrucción Nro. Uno. OFÍCIESE. 5º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
6. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
7. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia