Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9879 FOLIO Nº 129/133 PROT. ELECT. JR101026I.261
Río Gallegos, 19 de febrero de 2026.
La presente causa caratulada: "FISCALIA DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 S/REMITE ACTUACIONES (INFORME Nº 386754-CYBERTIPLINE Nº 165755515)", Expte. Nº 88446/23 - Apelación/Causa JR Nº 10.002/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 29/42 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de D.P.A. en orden al delito de “tenencia de representaciones de abuso y explotación sexual infantil con fines inequívocos de facilitación y distribución; producción de material de abuso sexual infantil -hecho uno, dos y cuatro-; abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente en concurso ideal con producción de material de abuso sexual infantil -hecho tres-; todos ellos calificados (por ser las víctimas menores de 13 años) en concurso real entre sí" (arts. 45, 55 y 119 -1º párrafo, inc. f, 128 -1º, 2º y último párrafos del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cuatro millones ($4.000.000). Que a fs. 49/57 del presente incidente, la defensa apeló dicho auto motivándolo y a fs. 65/66vta. el recurrente sostuvo el recurso renunciando al plazo legal del art. 437 del CPP. Que, habiendo dictaminado a fs. 63/64 la Sra. Fiscal de Cámaras, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los agravios que componen el escrito recursivo respetando el orden propuesto por la recurrente. a.- De la nulidad del auto de procesamiento: En primer lugar la defensa se agravia por afectación del debido proceso y la defensa en juicio al fundarse el auto atacado en consideraciones fragmentarias y aisladas de los elementos incorporados a la pesquisa, deviniendo en una resolución carente de fundamentación. A su vez, se agravia en función del defecto en la imputación de los hechos, por estimar que no contienen una descripción clara, precisa y circunstanciada de los delitos imputados. Entiende que la resolución carece de fundamentos en cuanto a qué se imputa, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, dónde y de qué modo se ejecutó.
Concretamente respecto del “Hecho 1”, alega que es una imputación contraria a derecho por ser una descripción genérica, ya que no existe un orden cronológico ni se ha detallado de manera circunstanciada el acto reprochable, se indican domicilios contradictorios, utilizando las frases “en algún lugar del complejo de alquileres”, “En fecha y hora indeterminada”, “resultando contestes los frutos de la pesquisa”, entre otras. Expresa que esto impide al imputado ejercer plenamente su defensa material y técnica, ya que no cuenta con una explicación razonada de por qué es reprochable una acción ni se explica por qué el hecho que se le imputa encuadra dentro de un tipo penal y norma aplicable. Plantea que carece de fundamento la aseveración de la Sra.
Jueza cuando dice: “…en cuanto a las direcciones IP y hora de subida de archivos, se hallaron coincidencias con el domicilio individualizado. En tanto que de consulta con el perfil público de citada Z.S.V. y confronte con las imágenes procedentes del reporte, se logró observar un ambiente de similares características entre ambos…”. Al respecto se pregunta: ¿cuáles son las direcciones IP?, ¿es una sola en esta oportunidad, son todas o algunas de ellas?, ¿qué horario de subida del archivo?, ¿qué día?, ¿en qué lugar?, ¿qué archivo? y ¿cuál es el perfil público?. Como segundo agravio la defensa reitera la nulidad absoluta del auto atacado en razón que la a quo se limita a enumerar las pruebas, sin efectuar una fundamentación lógica y circunstanciada de cada hecho que se le reprocha a su asistido, vulnerando el derecho de defensa y ocasionando un gravamen irreparable.
En tercer lugar, solicita la declaración de nulidad por no haberse notificado a la defensa en debida forma el llamado a prestar declaración testimonial de los Señores U. y M.V., ya que como surge del código de validación del sne d1143566, se cursó la notificación tardíamente, habiéndose recepcionado las declaraciones ese mismo día a las 08:30hs., cuando el letrado se encontraba presente en la dependencia judicial desde las 08:00hs., asombrándose de ver cómo pasaron los testigos y se les recibió la declaración. Por ello argumenta que se ha privado a la defensa de controlar el medio probatorio y de poder proponer preguntas. Solicita la declaración de nulidad y la aplicación de la teoría del árbol envenenado, a los efectos que se excluya todo lo relacionado y posterior, incluyendo el auto de procesamiento.
En cuarto lugar, la defensa solicita la nulidad del procesamiento por inversión de la carga probatoria, ya que al negar a la defensa el pedido de llamado a testimonial de Z.S.V. –prueba estimada como fundamental para el esclarecimiento de los hechos investigados-, se afectó severamente el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal. En quinto lugar, solicita se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la recepción del instrumento con que se inician los actuados, por estar redactado en un idioma extranjero y no encontrarse traducido por un traductor oficial dependiente y/o en contralor del Poder Judicial. Refiere que el art. 128 del CP no criminaliza toda tenencia, sino solo aquella que tenga fines inequívocos de distribución, facilitación, producción.
Y en ese sentido, como sexto agravio, advierte la ausencia de fundamentación en el auto de procesamiento, ya que la a quo se limitó a mencionar archivos, fotos y videos, sin brindar mayores precisiones e indicación de la realización de la acción típica que exige el elemento del tipo penal objetivo como así también faltó fundamentar el elemento subjetivo del tipo. En definitiva, se agravia del procesamiento sustentado en una mera posibilidad abstracta, sin demostrar clara y verdaderamente la intención real y objetiva (fin inequívoco) de distribuir, facilitar o producir. Por ello solicita la nulidad de la imputación y del procesamiento. Ahora bien, ingresando en el análisis de las nulidades incoadas, adelantamos, no obtendrán favorable acogida.
Cabe señalar que la propia CSJN ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (tal como lo asentado en apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y 8323/23, entre otras tantas) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable a los justiciables. En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros).
Veamos, con relación a la solicitud de nulidad de todo lo actuado a partir de la recepción del Informe Nº 386754, remitido por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, realizado en base al Reporte Nº 165755515 enviado por la ONG National Center Of Missing & Exploited Children, por el cual obra formal requerimiento fiscal de instrucción por la presunta comisión del delito de “Producción, Financiamiento, Ofrecimiento, Comercialización, Publicación, Facilitación, Divulgación o Distribución de material de Explotación Sexual Infantil”, previsto y reprimido por el art. 128 del CP, el planteo resulta improcedente toda vez que compartimos el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámaras de fs. 63/64, en cuanto a que, la circunstancia de encontrarse redactado en idioma inglés y no obrar traducción por perito oficial, no conculca los derechos de defensa que alega la parte, toda vez que luce acorde a los convenios de colaboración internacional a través de Cybertipline para el caso de delitos informáticos en los que exista vulneración de derechos de NNyA, contando el recurrente con la posibilidad de requerir la traducción que pretende ante el Juzgado de Instrucción, de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 190 del CPP.
Tampoco corresponde hacer lugar al pedido de nulidad por la falta de notificación a tiempo del llamado a prestar declaración a dos testigos, por cuanto se trata de una prueba reproducible y el recurrente no logra fundamentar el perjuicio ocasionado al derecho de defensa al no mencionar qué preguntas se vio impedido de formular. Al respecto hubo de expedirse de manera concordante la Sra. Fiscal de Cámaras, dictaminando que: “…En cuanto al planteo de nulidad respecto de la falta de notificación a la defensa de la recepción de las declaraciones testimoniales de la Sra. V. y el Sr. U., entiendo que el mismo debe ser rechazado, toda vez que no sólo resultan ser actos reproducibles en ulteriores etapas del proceso, sino que incluso es la propia defensa la que señala que estaba presente en el Juzgado y vio ingresar a ambos testigos, pudiendo haber peticionado en ese momento el acceso a las audiencias a los fines de participar de las mismas, por lo que mal puede alegarse la afectación a garantías constitucionales respecto de actos procesales que pudo presenciar y que, en definitiva, podrán reproducirse en instancias posteriores…” (Confr. dictamen de fs. 63/64).
Con relación al planteo de nulidad por inversión de la carga probatoria por haber rechazado la Sra. Jueza de Instrucción la propuesta de la defensa para que se cite a prestar declaración testimonial a Z.S.V., corresponde rechazarlo por improcedente, toda vez que las decisiones acerca de la pertinencia y utilidad de las medidas de prueba son facultad exclusiva de los jueces de instrucción y su negativa resulta inapelable en virtud de no ocasionar un perjuicio concreto en razón que el interesado puede en etapas posteriores de la causa insistir con esa solicitud de producción de prueba. Corresponde seguidamente analizar el planteo de nulidad por indeterminación de la acusación, el cual tampoco prosperará por no advertir en la imputación formulada en la indagatoria, la afectación del derecho de defensa que el recurrente alega por no lucir desajustada a los elementos de cargo obrantes en la causa, constituyendo una mera discrepancia con la valoración del mérito de las probanzas colectadas y la calificación legal asignada a la investigación, sin lograr controvertir los fundamentos de la Sra.
Jueza de Instrucción. No compartimos con el recurrente el planteo de nulidad por falta de fundamentación del auto de procesamiento, toda vez que lejos de tratarse de consideraciones fragmentarias y aisladas, de las constancias de autos surge que la Jueza de instrucción valoró de manera integral la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso. De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual la nulidad incoada no podrá prosperar.
Es sabido, conforme la normativa vigente en la materia (Ley Nro. 26.485 art. 31), que los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos. Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. Es sabido que motivar: “… es la obligación que tienen los jueces de dar a conocer los razonamientos en los que se sustentan sus decisiones.” (Roldán Santiago; Justificación y motivación de las resoluciones judiciales; Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Nº 9; septiembre 2010; Sección doctrina; abeledo-perrot; Buenos Aires, pág. 6), y en el caso de marras, por el contrario a lo planteado por la defensa, observamos un lógico tratamiento de la cuestión planteada, resultando insostenible pretender que el procesamiento no se hubiera fundado, dado que, tras un profuso análisis de la prueba incorporada al legajo, advertimos el estudio integral e interrelacionado del plexo probatorio reunido a la luz de la sana crítica racional, aportando la Magistrada las razones por las que tiene por acreditada con el grado de probabilidad que la instancia reclama la materialidad del hechos reprochado y su autoría; abordar debidamente la calificación legal y finalmente determinar razonadamente la procedencia de las medidas cautelares de prisión preventiva y embargo.
Es por ello que disentimos con la defensa respecto a que la resolución apelada no se encontraría fundada. En efecto, el procesamiento se encuentra debidamente motivado, ajustándose a las prescripciones previstas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP. Es por todo lo analizado que, esta Alzada advierte que, el recurrente pretende fundar las pretendidas nulidades criticando y cuestionando la actividad desplegada por la Instrucción, sin lograr argumentar la afectación de los derechos de defensa del imputado, es decir, no se advierte un perjuicio concreto que amerite la declaración de nulidades, al encontrarse debidamente fundadas cada una las diligencias cuestionadas en el devenir de la investigación, tratándose de elementos probatorios que, valorados en forma conjunta con el resto de los indicios y las pruebas producidas en la causa, resultan prima facie altamente incriminantes.
Que esta Alzada se ha expedido de manera invariable y concordante con el criterio de la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones sobre las nulidades articuladas por las partes, entendiendo que deben ser rechazadas cuando no se acredita cuál sería el perjuicio concreto y se alega de manera genérica la violación al derecho de defensa en juicio y el debido proceso, tratándose de solicitudes de “nulidad por la nulidad misma”, siendo que éstas solo deben decretarse como medida de último recurso y frente a un perjuicio real y concreto que debe demostrar quién lo alega, debiendo siempre primar el principio de trascendencia y estabilidad de los actos procesales (vg. Apelaciones Nro. 8680/23, 8623/23 y 8715/24 que se citan a modo de ejemplo).
Que por todo lo valorado, este agravio incoando nulidades no prosperará tras no advertirse que se hubiera incurrido en prácticas que pudieran traducirse en la vulneración del derecho de defensa en juicio ni el debido proceso legal que ameriten la sanción extrema requerida por el recurrente. b.- De la prisión preventiva: Independientemente del pedido de nulidad de todo lo actuado, la defensa se agravia por la privación de la libertad de su asistido sin sustento jurídico, constituyendo un adelantamiento de la pena. Deja ofrecida la hipótesis que se asistido utilice la tobillera electrónica a los efectos de monitorear su ubicación con la finalidad de controlar debidamente la prohibición de acercamiento hacia el/los domicilios de los menores en cuestión.
Pues bien, habiendo quedado descartados los planteos de nulidad incoados por la defensa y analizando este agravio relativo al encarcelamiento cautelar, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria ni que constituya un adelantamiento de la pena. Debemos recordar al recurrente que, en esta instancia, no se requiere certeza sobre los hechos y la autoría, sino que: “… basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I; 08/06/2010; A.R.M.A. y otro; Cita: TR LALEY 70061334).
Observamos que la Sra. Magistrada aportó los argumentos por los que entiende que, en función de la naturaleza del hecho investigado, y teniendo en cuenta la escala penal sancionatoria prevista para la figura penal endilgada, en caso de recaer condena en la presente causa, la misma será indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Advertimos igualmente que la Instrucción justipreció la gravedad del delito investigado en función de las constancias probatorias de las que se desprende la gran cantidad de imágenes de contenido de abuso sexual infantil y que, entre las víctimas se encontraría su propia sobrina y su sobrino, los cuales, conforme los informes periciales no cuentan en la actualidad con los recursos para verbalizar situaciones como la investigada en autos.
Asimismo la a quo explicó que del accionar del imputado resulta una clara peligrosidad procesal, lo que le hace presumir que podría obstaculizar el accionar de la Justicia y revictimizar a los menores damnificados, con lo cual el fundamento del encierro provisorio radica en la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada en atención a la vulnerabilidad de las víctimas que se proyecta sobre el proceso, máxime cuando las partes –víctimas y victimario- son familia, lo que aumenta la posibilidad que el encartado pueda contactarse con estos y amedrentarlos. Con lo cual, se impone el deber de protección de los niños víctimas y de quienes los contienen para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza del delito investigado.
Se concuerda con la Instrucción que el hecho reprochado se enmarca dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, imponiéndose la actuación con la debida diligencia reforzada, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila. La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
En este aspecto, hemos de coincidir con la Magistrada que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas (por la condición de vulnerabilidad), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarlos de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal, máxime cuando se encuentran constatadas las graves consecuencias que sucesos como los investigados traen aparejadas en el desarrollo madurativo, debiéndose velar por el Interés Superior de los NNyA, víctimas de violencia sexual. Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad seria de que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24). Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. Se advierte, por ende, que a pesar de su loable intento por mejorar la situación de su asistido con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada.
En suma, se concuerda con la Instrucción el criterio que sostiene que el riesgo procesal de entorpecimiento del accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal. Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva de D.P.A., por resultar ajustada a derecho.
II. Formula reserva de casación y del caso federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno. III) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. IV) Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.- Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra.
Fiscal ante las Cámaras y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. RECHAZAR LOS PLANTEOS DE NULIDAD y, en consecuencia, CONFIRMAR el auto de fs. 29/42 del presente incidente, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2°)- TENER PRESENTE las reservas de casación y del caso federal incoadas por la defensa del imputado. 3º)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne. 4º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia