Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativa la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe resuelve hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte actora, revocar la decisión impugnada en todo cuanto ha sido materia de sus agravios y mandar llevar la ejecución adelante por la suma reclamada en los títulos ejecutivos n° 376.936, n° 376.939 y n° 376.951 y sus accesorios, con el mismo interés establecido en la sentencia recurrida (arts. 9 inc. c) y 13, 15, 25 y concs. ley 13.406).
Las costas, en ambas instancias, se imponen a la demandada en su condición de vencida (art. 25 ley 13.406 y 68, 274, 556 y concs. del CPCC), debiendo adecuarse la regulación de honorarios a ese nuevo resultado, para su oportunidad (conf. art. 25 ley 13.406, 274 del CPCC y 51 Dec. Ley 8904/77).
CAUSA Nº 14307 CCALP “FISCO PCIA.BS.AS.C/ PALAGI MARIA CRISTINA S/ APREMIO”
En la ciudad de La Plata, a los tres días del mes de Septiembre del año dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “FISCO PCIA.BS.AS.C/ PALAGI MARIA CRISTINA S/ APREMIO”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (expte. Nº -26729-2009), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Gustavo Daniel Spacarotel y Claudia Angélica Matilde Milanta.
El Tribunal resolvió plantear la siguiente C U E S T I Ó N Que pronunciamiento corresponde?
A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
1. En el marco del proceso de ejecución promovido por el Fisco contra María Cristina Palagi, vienen los autos a esta instancia para considerar los recursos articulados por ambas partes contra la sentencia que desestima la excepción de plazo concedido documentado (art. 9 inciso f) ley 13.406) y la de inhabilidad de título, ésta en relación con las multas asociadas a la determinación impositiva que surge del título ejecutivo n° 376.951, y admite esta última defensa respecto de las liquidaciones por ingresos brutos e impuesto de sellos que surgen de los títulos ejecutivos n° 376.936, n° 376.939 y n° 376.951, mandando llevar adelante la ejecución por la suma de pesos doce mil ciento noventa con cincuenta y ocho centavos ($ 12.190, 58), e impone las costas a la demandada vencida. Se agravia esta última de la decisión de la juez de la causa, a la que le reprocha, la omisión de la consideración relativa a su responsabilidad solidaria frente a un contribuyente principal en estado de concurso preventivo, la condena por rubros no ingresados al concurso preventivo y la imposición en costas.
La queja de la actora, cursa, en cambio, por lo que considera una incorrecta aplicación del principio de solidaridad establecido por el artículo 18 del Código Fiscal (. T. seg. ley 13.731), en relación con los integrantes de los órganos de administración societaria o los representantes legales de las sociedades comerciales.
Cabe recordar, asimismo, que la articulación de la parte demandada, en lo que arriba a esta instancia, encuentra sitio en las formas del artículo 9 inciso c) de la ley 13.406, y en una negativa suya respecto de la existencia de deuda alguna, al remitir la exigibilidad del crédito fiscal a cuanto pudiere resultar de la situación concursal de su principal y a un plan de pagos existente.
El desenlace recurrido, luego de un detallado pormenor de lo colectado en autos, con consignas que doy por reproducidas y habré de valorar para abastecer esta intervención, aprecia, en particular, lo que resulta de los informes de fojas 137, 150/152, 182 y 200, que dan cuenta del proceso de verificación de créditos concerniente a las imposiciones fiscales de los títulos que sirven de base a esta ejecución.
También brinda detalle acerca del acuerdo preventivo celebrado y su homologación, como de cuanto resultaría del expediente administrativo n° 2306-2261126/07 respecto del alta de un plan de pagos (art. 98CF) para la parte del crédito con privilegio, y cuotas ingresadas para el quirografario. Asimismo, reporta la posición de la autoridad fiscal en relación con la demandada, a quien, en su condición de deudora solidaria le atribuye el crédito íntegro de la resolución determinativa que así la reconociera, no obstante admitir las variables de reliquidación que ofrece.
Sobre esa base, la sentencia apelada desestima la excepción de espera, pues advierte en la parte demandada una condición de tercero, en relación con el titular del plan de pagos, que impediría su progreso. Del mismo modo se pronuncia respecto de la variable de reliquidación, a la que ve por fuera de las posibilidades del juicio de apremio. Esa misma ruta de concepto es la que cursa la juez de la causa para inferir en el carácter ilíquido del crédito fiscal, pues sujeta la posición de la deudora solidaria a la previa determinación que surja de aquella reliquidación.
Y, siendo que a esta última no la visualiza posible en el escenario del proceso de apremio, inclina su juicio en beneficio de la defensa de inhabilidad de título por la que se pronuncia.
La falta de verificación de los rubros imputados a multas, en cambio, conduce las razones con las que la sentencia recurrida deriva en la procedencia de su ejecución.
Así llegan los autos a esta instancia.
Bajo ese marco, los recursos incoados resultan admisibles, a tenor de lo dispuesto por la norma del artículo 13 de la ley 13.406, por lo que cabe expedirse sobre su procedencia en orden a la cuestión planteada por el tribunal.
Hacia esa labor me encamino en lo que sigue.
2. Habré de emprenderla en una tarea única y comprensiva de las posiciones de réplica de ambas partes, en un propósito por dar respuesta al foco central de las quejas desde la consideración de procedencia de la defensa articulada por la parte demandada.
Lo que se exponga en adelante pues integra la respuesta a ambos recursos.
El núcleo argumental que abastece al despacho que es materia de impugnación se centra en la ponderación relativa a los alcances de la oposición articulada, en el espacio del criterio que aporta el artículo 9 inciso c) de la ley 13.406.
Bajo ese contorno es que se declara procedente el planteo defensivo.
Pues bien, anticipo desde ahora que la pieza recursiva del fisco actor posee consistencia bastante para informar el criterio revocatorio que procura.
En efecto, comienzo por destacar que la parte demandada, en ocasión de deducir la excepción de inhabilidad de título, limitó su exposición a censurar la procedencia de la acción a partir de su condición de responsable solidaria por entender que la suerte del crédito fiscal, en el concurso preventivo de su principal, irradiaba hacia la suya como responsable ilimitada.
Esa articulación no trajo tachas de constitucionalidad ni de legalidad a la conducta administrativa que la tuvo en ese carácter, sino sólo supo dirigirse a las consecuencias del acuerdo homologado y sus efectos a su respecto.
Tal el núcleo de una controversia que no reconoce otras aristas de debate que no tributen, todas a ellas, a esa singular y excluyente cuestión sustancial.
En ese escenario deduce la demandada la variable de defensa de inexistencia de la obligación tributaria para alcanzar los confines de la disposición adjetiva (art. 9 inc. c) ley 13.406 cit.).
En la búsqueda de respuesta al conflicto, en los términos suscitados que arriban a esta alzada, es necesario dejar sentadas las siguientes consideraciones preliminares.
Ubico la primera pues en la conducta de la parte ejecutada en lo que concierne a las formas extrínsecas de los títulos ejecutivos, advirtiendo que no ha formulado objeciones sobre ese aspecto singular.
La segunda radica en una condición suya de responsable solidaria sobre la que tampoco ha mediado controversia.
Y, por fin, la tercera en la efectiva existencia de la deuda por los tributos que ventila el proceso.
De ese modo, la contienda se circunscribe a los alcances de la solidaridad predicada, frente a un suceso que tiene por protagonista a la deudora principal y que la encuentra con un concurso preventivo que registra convenio homologado y un acuerdo de pagos ante la autoridad tributaria pendiente de sufragio aún.
En ese marco es imperioso elucidar los alcances de esos sucesos hacia el obligado solidario.
Pues bien, participo del criterio que considera que los efectos individuales del acuerdo celebrado en el concurso, como sus derivaciones ulteriores, no pueden extenderse a situaciones por fuera de éste que puedan favorecer a terceros, como lo son a ese respecto los deudores solidarios.
Estos no pueden invocar consecuencias extintivas de sus deudas con sostén en situaciones fiscales en las que media una solidaridad de fuente legal (conf. art. 18 CF y arts. 705, 706 y ccs. del C. Civil). En ese entendimiento he de señalar que, si bien el acuerdo homologado importa la novación de las obligaciones con causa u origen anterior al concurso, la disposición del artículo 55 de la ley 24.522 restringe esos alcances, al dejar establecido, de modo expreso, que ella no causa la extinción de las obligaciones de los deudores solidarios.
Vale decir que el caso, en su confronte con las normas de aplicación, ofrece títulos ejecutivos con formalidades extrínsecas satisfechas, con un legitimado pasivo correctamente identificado como deudor solidario y con una exposición que no perturba la presunción de legitimidad que es propia a los actos de poder estatal, sin que la parte demandada haya podido demostrar tampoco la inexistencia de la deuda desde el andarivel procurado, con sitio éste en su modificación para el obligado principal. Su situación frente al fisco es diferente que la del obligado directo. El suceso que encontrara como protagonista a este último carece de alcances a su respecto.
No obstante también he de señalar que pagada la deuda por el deudor solidario se extingue la obligación principal para el acreedor (el fisco), derivando la situación de los demás en sujeción a la regla de distribución que es inherente a este tipo de obligaciones (conf. arts. 706, 717 y ccs. del C. Civil).
Del mismo modo he de señalar que toda disminución de la acreencia fiscal por la conducta del deudor principal en su concurso, beneficia a la parte actora en autos, quien, en ese caso, podrá hacerla valer en la etapa de ejecución de sentencia (conf. art. 707 y ccs. del C. Civil). Las razones expuestas me convencen así de la inconsistencia del argumento en el que hace eje la sentencia recurrida, relativo éste a la imposibilidad de determinar la deuda líquida por la influencia del suceso concursal del obligado directo, siendo que ella se halla establecida sin óbices en los tres títulos ejecutivos agregados y no presenta obstáculos de legitimación en relación al deudor solidario en ellos individualizado.
Por ello, considero atendible los agravios de la parte actora.
Los de la parte demandada deben desestimarse, pues la solución del caso así lo determina.
Tal mi conclusión.
Para las costas, la disposición del artículo 566 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. art. 25 ley 13.406) determina su aplicación a la vencida, en ambas instancias del proceso.
Por todo ello, propongo:
Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte actora, revocar la decisión impugnada en todo cuanto ha sido materia de sus agravios y mandar llevar la ejecución adelante por la suma reclamada en los títulos ejecutivos n° 376.936, n° 376.939 y n° 376.951 y sus accesorios, con el mismo interés establecido en la sentencia recurrida (arts. 9 inc. c) y 13, 15, 25 y concs. ley 13.406).
Las costas, en ambas instancias, se imponen a la demandada en su condición de vencida (art. 25 ley 13.406 y 68, 274, 556 y concs. del CPCC), debiendo adecuarse la regulación de honorarios a ese nuevo resultado, para su oportunidad (conf. art. 25 ley 13.406, 274 del CPCC y 51 Dec. Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Dr. Spacarotel adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. De Santis, votando en idéntico sentido.
A la misma cuestión planteada, la Dra. Milanta adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. De Santis, votando en idéntico sentido.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se resuelve hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte actora, revocar la decisión impugnada en todo cuanto ha sido materia de sus agravios y mandar llevar la ejecución adelante por la suma reclamada en los títulos ejecutivos n° 376.936, n° 376.939 y n° 376.951 y sus accesorios, con el mismo interés establecido en la sentencia recurrida (arts. 9 inc. c) y 13, 15, 25 y concs. ley 13.406).
Las costas, en ambas instancias, se imponen a la demandada en su condición de vencida (art. 25 ley 13.406 y 68, 274, 556 y concs. del CPCC), debiendo adecuarse la regulación de honorarios a ese nuevo resultado, para su oportunidad (conf. art. 25 ley 13.406, 274 del CPCC y 51 Dec. Ley 8904/77).
Firmado: Gustavo Juan De Santis. Juez. Claudia A. M. Milanta. Jueza. Gustavo Daniel Spacarotel Juez. María de los Ángeles Martínez. Auxiliar Letrada. Registrado bajo el nº 408 (S).
Fin de la sentencia