Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mercedes · Causa 30.198
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la coejecutada María Elisa Díaz Gianelli, con costas en ambas instancias a la vencida (art. 69 C.P.C.), debiendo los autos continuar según su estado.-
2Revocar la resolución de fs. 242 1er. párr. y en consecuencia mantener la medida cautelar oportunamente trabada.-
Libro S- 78 Nº Orden:
Expte. Nº 30.198 Juicio: FISCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. C/DIAZ PARES HNOS S.A.C.I.A.F.E.I. S/ APREMIO Juzgado: de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6.-
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los .......................28.................. días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. TOMAS MARTIN ETCHEGARAY y EMILIO ARMANDO IBARLUCIA (toda vez que el último de los nombrados interviene en su carácter de Presidente de ésta Excma. Cámara en conformidad con el art. 4° del Ac. Extraordinario del 25/IX/2008, modificado por Ac. Extraordinario del 26/8/2010, publicado en el BO del 06/12/2010 Pág. 12609), con la presencia del Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 30.198 en los autos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. C/DIAZ PARES HNOS S.A.C.I.A.F.E.I. S/ APREMIO ”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.- PRIMERA CUESTION: ¿Es justa la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la ejecutada María Elisa Díaz Gianelli?
SEGUNDA CUESTION: En su caso ¿es justa la resolución de fs. 242, 1er. párr., en cuanto decreta el levantamiento de la inhibición general de bienes trabada contra la ejecutada María Elisa Díaz Gianelli?
TERCERA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: doctores Emilio Armando Ibarlucía y Tomás Martín Etchegaray.-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fs. 219/23, que hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la ejecutada María Elisa Díaz Gianelli y ordena seguir la ejecución sólo contra Díaz Pares Hnos. SACIAFEI, es apelada por la ejecutante Fisco de la Provincia de Buenos Aires, presentando el memorial a fs. 235/241, el que es contestado por la ejecutada a fs. 249/250.-
II.- 1.- El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra Díaz Pares SACIAFEI y María Elisa Díaz Gianelli de la liquidación de deuda por ingresos brutos conforme al expte. administrativo de la Dirección de Rentas denunciado.-
Trabada medida cautelar contra Díaz Gianelli se presentó pidiendo su levantamiento argumentando que era una persona física distinta de la firma ejecutada. Dedujo “falta de acción” sosteniendo que la sociedad anónima no podía confundirse con los miembros del directorio, ajenos a la deuda fiscal.-
Contestó el respectivo traslado la Fiscalía de Estado, pidiendo su rechazo. Dijo en primer lugar que la ejecutada no había deducido excepciones en los términos del art. 6 de la ley 13.406. En segundo lugar que la falta de legitimación pasiva no estaba entre las excepciones admitidas por dicho norma, como así también que la excepción de inhabilidad de título sólo podía fundarse en las formas extrínsecas del título. En tal sentido dijo que el título en cuestión reunía los requisitos del Código Fiscal y por ende cumplía con las exigencias del art. 2 de la ley 13.406. Sostuvo que la defensa intentada por la ejecutada implicaba introducirse en la causa de la obligación, lo que estaba vedado.-
En otro orden argumentó la ejecutante que la obligación de pago por parte de los directores de una sociedad anónima surgía de los arts. 18, 21 y 55 del C. Fiscal. El primero por establecer que están obligados al pago de los gravámenes, entre otros, los integrantes de los órganos de administración de las personas jurídicas. El art. 21 por establecer que responden en forma solidaria e ilimitada, y que los procesos administrativos deben extenderse contra todos, y el art. 55 por prever igual solidaridad. Dijo que la ejecutada en autos había sido declara responsable solidaria de la deuda en las actuaciones administrativas que se habían promovido. Agregó que las provincias tenían competencia reservada en materia tributaria conforme a los arts. 121, 122 y 123 de la C.N.-
2. Luego de sucesivos trámites (caducidad de instancia decretada, luego dejada sin efecto), se dictó la sentencia ahora recurrida.- Comenzó el juez por decir que lo solicitado al pedirse el levantamiento de la cautelar debía interpretarse como una excepción de falta de legitimación pasiva, y que, dentro del proceso de apremio, la excepción de inhabilidad de título debía fundarse en las formas extrínsecas del título o bien – con cita de jurisprudencia - cuando se desconocía la existencia de la deuda o se negaba la calidad de deudor; es decir, cuando hubiera podido deducirse una falta de legitimación pasiva. Ello así dado que no se pretendía discutir la causa de la obligación sino el carácter de deudora fiscal.-
En relación a la falta de legitimación pasiva opuesta hizo lugar a la misma sobre la base de lo sostenido por el Dr. Negri en C. 110.369, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Raso, Francisco y otros s. Apremio”, de la S.C.B.A. en cuanto a que el art. 21 del C. Fiscal establecía una responsabilidad distinta a la prevista por los arts. 59 y 274 de la ley 19.550, motivo por el cual era inconstitucional por violar los arts. 75 inc. 12 y 31 de la C.N. Según esta tesitura las normas de la ley de sociedades prescribían que no había responsabilidad de los directores de las sociedades si no podía atribuírseles incumplimiento de origen contractual o un acto ilícito con dolo o culpa en el desempeño de la actividad; es decir, un factor de atribución subjetivo, mientras que en el C. Fiscal la responsabilidad solidaria era de carácter objetiva. Asimismo – según el voto citado -, la ley 11.683, en cuanto a la responsabilidad de los directores por la falta de pago de tributos nacionales, establecía un régimen concordante con la LSC, a diferencia de la ley impositiva provincial.-
III.- 1.- En el memorial, la ejecutante comienza por sostener que el voto del Dr. Negri en la causa C. 110.369 no fue seguido por los restantes miembros del alto tribunal, que rechazaron el recurso de inaplicabilidad de ley por otros motivos, sin adherir al mismo.-
Seguidamente expresa que “a todo evento, sin perjuicio de mantener nuestra posición respecto de la imposibilidad de discutir la responsabilidad solidaria en el marco del apremio, en virtud de dirigirse a cuestiones intrínsecas y que hacen a la formación del TE, resulta ineludible plasmar los argumentos de la constitucionalidad de las normas del CF que regulan dicha figura”.-
Sostiene que, a contramano de lo afirmado en la sentencia, la responsabilidad de los directores prevista por el C. Fiscal es de tipo subjetiva; o sea, derivada de la conducta concreta que el sujeto – por acción u omisión – haya desplegado en el caso, aún cuando ella se infiera de presunciones. Expresa que cuando se le permite al sujeto acreditar una determinada conducta como eximente de responsabilidad, esta es subjetiva, muy distinta a la que se presenta cuando se exige la prueba de la causa ajena, situación en la cual la responsabilidad es objetiva.-
Dice que ello no es desconocido por la autoridad de aplicación y cita al efecto dictámenes de la Dirección Técnica de ARBA que sostienen tal postura. Afirma que de acuerdo a los arts. 59 y 274 de la LSC, la violación de la ley – como la falta de pago de tributos - es una fuente de responsabilidad solidaria de los directores de sociedades. Alega que el art. 274 de la LSC contempla un modo de elusión de responsabilidad por parte del director de la sociedad, que es más exigente que la prevista por el art. 21 del C. Fiscal.- Expresa que en el caso de autos la excepcionante no discutió en sede administrativa la determinación de responsabilidad con anterioridad a la emisión del título. Es decir, no cumplió con los recaudos exigidos por el art. 21 del C. Fiscal para eludir su responsabilidad. Concluye que no se dan los supuestos de manifiesta inexistencia de deuda o de condición de deudora, que habiliten la excepción opuesta.-
2. En su contestación, la ejecutada sostiene que no se puede pretender la limitación de su derecho de defensa diciendo que debió deducir la falta de legitimación en el proceso administrativo, y defiende, en lo sustancial, los argumentos de la resolución apelada.-
IV.- 1.- Cabe en primer lugar señalar que los fundamentos del juez para afirmar que la falta de legitimación pasiva está comprendida en la excepción de inhabilidad de título contemplada por el art. 6 de la ley 13.406 no ha sido objeto de crítica concreta y razonada en los términos del art. 260 del C.P.C., por lo que debe tenérselos por consentidos. En consecuencia, la inhabilidad de título opuesta será abordada con amplitud.-
2. Asiste razón al apelante en cuanto a que el voto del Dr. Negri en la causa C. 110.369 del 2/06/14 no fue acompañado por los restantes miembros del superior tribunal, quienes no hicieron lugar al recurso de inaplicabilidad de ley por insuficiencia del mismo, y agrego, por mi parte, que se deriva de tal proceder una clara intención de no sentar doctrina de casación en el sentido indicado por el voto emitido en primer término.-
3. Ante todo, es menester aclarar que tanto en la sentencia como en el memorial se hace alusión al art. 21 del C. Fiscal (ley 10.397), cuando en realidad se trata del art. 19 de la misma ley correspondiente al Texto ordenado de 1994 (Resol. Min. Econ. 129/94), que es el aplicado en la Resolución Determinativa n° 129/99 de la Dir. Prov. de Rentas que obra a fs. 324/27 del expte. adm. 2306-37290/94 del Min. de Economía que corre por cuerda. Por esta razón a continuación me referiré al C. Fiscal (t.o. 1994), que es el que, por otro lado, corresponde aplicar dado que era el vigente en el momento que se produjo el hecho imponible (doct. art. 7 C.C.C.).-
4. Tiene razón el apelante cuando sostiene que la responsabilidad de los directores de las sociedades comerciales por la falta de pago de los tributos provinciales, tal como lo contempla el artículo mencionado, no es objetiva sino subjetiva.-
En efecto, reza el primer párrafo del art. 19 del C.F. (t.o. 1994): “Los responsables indicados en los artículos anteriores responden con todos sus bienes y solidariamente con el contribuyente por el pago de los gravámenes, salvo que demuestren que aquel los hubiere colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con su obligación”.- Cuando la ley permite al sindicado como responsable eximir su responsabilidad mediante la acreditación de la no culpa, la responsabilidad es subjetiva y no objetiva. Esta última se configura sólo cuando la eximición de responsabilidad es por medio de la prueba de una causa ajena (v.g.: 2do. párr. “in fine” del art. 1113 C.C). Así lo enseñan Aída Kemelmajer de Carlucci y Carlos Parellada en el capítulo “Factores subjetivos de atribución” de “Responsabilidad civil” dirigida por Mosset Iturraspe (Hammurabi, Bs. As., 1992, p. 157).-
Cuando el factor de atribución es subjetivo normalmente la carga de la prueba de la culpa recae en la parte actora (art. 1109 C.C.), pero en algunos supuestos la ley, aunque presume la responsabilidad, permite al sindicado como responsable la prueba de la falta de culpa o no culpa. Se trata del supuesto previsto en la primera parte del 2do. párr. del art. 1113 (daños causados con la cosa, bien diferenciados de los causados por el riesgo de la cosa). También en el Código anterior, la responsabilidad de los padres por daños causados por sus hijos (conf. arts. 1114 y 1116, que permitía la eximición probando que “les fue imposible impedirlos”); ídem tutores y curadores (art. 1114); y la de los directores de colegios, maestros y artesanos antes de la reforma introducida por la ley 24.830 al art. 1117.-
En otras palabras, cuando se discute la culpa (tanto para atribuir responsabilidad – prueba a cargo del actor -, como para eximir de ella – prueba a cargo del demandado -), el factor de atribución es subjetivo, y cuando el sindicado sólo se libera de responsabilidad probando la ruptura del nexo causal entre la cosa, hecho o actividad y el daño - conforme lo contempla expresamente la ley -, el factor de atribución es objetivo. En un caso la discusión gira en torno a la culpa (o no culpa); en el otro gira en torno a la causalidad.-
Este es el criterio – conforme a la doctrina y jurisprudencia elaborada en torno al art. 1113 y otras disposiciones del C.C. y leyes especiales – seguido por el Código Civil y Comercial. En efecto, el art. 1722 reza: “El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario”.-
Dice Jorge Mario Galdós comentando este artículo: “Para eximirse de responsabilidad es insuficiente probar que se actuó sin culpa o que se obró con la diligencia debida porque la exoneración opera en el ámbito de la causalidad” (C.C.C.N. Comentado, dirigido por Lorenzetti, Ricardo, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, T. VIII, p. 389).-
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia era muy exigente con la liberación de responsabilidad paterna (conforme al viejo art. 1116) – al punto que muchos autores consideraban que, en la práctica, era casi objetiva, el nuevo C.C.C. redactó el art. 1755 de la siguiente manera: “La responsabilidad de los padres es objetiva, y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente. No cesa en el supuesto previsto en el art. 643 (delegación de la responsabilidad parental en otro). Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que le es atribuible”. Como dice Luis. R. Sáenz, comentando esta norma, que, en tanto el factor de atribución es objetivo, no es suficiente para eludir la responsabilidad la prueba de que les fue imposible evitar el daño o su no culpa (C.C.C.N. Comentado, dirigido por Lorenzettti, ob. cit. p. 567).- Asimismo, el art. 1757 del C.C.C. reemplazó al art. 1113 pero suprimió el supuesto de la responsabilidad por daños causados “con la cosa” (seguramente por su muy poca aplicación práctica), contemplando el causado “por el riesgo o vicio de las cosas”, agregando “o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza” (extensión que ya había hecho la doctrina y jurisprudencia por interpretación del 2do. párr. del art. 1113). La norma aclara expresamente que la responsabilidad es objetiva (lo cual implica remisión al art. 1722).-
Si aplicamos estos criterios de distinción a la interpretación del art. 19 del C. Fiscal (t.o. 1994) llegamos a la conclusión de que no contempla una responsabilidad de los administradores de las sociedades comerciales bajo un factor de responsabilidad objetivo sino subjetivo en la medida que la liberación no es por vía de acreditación de una causa ajena (ruptura del nexo causal), sino por la demostración de la no culpa propia, consistente en que el contribuyente principal los colocó en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con su obligación.-
No advierto contradicción con los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales (19.550). El art. 59 dice que los administradores y representantes de las sociedades deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, y que los que faltaren a sus obligaciones, son responsables solidaria e ilimitadamente por los daños y perjuicios que ocasionaren con su accionar. Y el art. 274 prescribe que responden de esa manera por mal desempeño de su cargo, en los términos del art. 59, “así como por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave”.- De la mera lectura del precepto se desprende que el legislador entiende que la mera violación de la ley por parte del administrador implica responsabilidad solidaria, y, obviamente, el pago de impuestos es una obligación legal. Es cierto que el factor de atribución es subjetivo (como se deriva del 2do. párrafo del art. 274), y por ello el último párrafo del art. 274 contempla expresamente: “Queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza acción judicial”.-
¿Es esto incompatible con la forma de liberación de responsabilidad del art. 19 del C. Fiscal (t.o. 1994)? Cuando esta norma contempla que para ello el administrador debe demostrar que el contribuyente (la sociedad) lo colocó en la imposibilidad de cumplimiento correcto y oportuno de la obligación de pagar el impuesto, implica – por aplicación del art. 274 de la LSC – que le basta con presentar al órgano de aplicación (en el caso, la Dirección de Rentas Provincial, hoy ARBA), una constancia escrita de que protestó por la decisión de la sociedad de no pagar los impuestos, y que dio noticia de ello oportuna al síndico.-
Una solución similar contempla la ley nacional de procedimiento tributario 11.683. En efecto, el art. 6 dispone que los directores, gerentes y representantes de las sociedades son responsables del pago de los impuestos, y el art. 8 que responden con sus bienes propios en forma solidaria, cuando por incumplimiento de sus deberes tributarios no abonaran oportunamente el debido tributo. Pone como condición que haya habido intimación administrativa previa para regularizar la situación fiscal al deudor principal (tema al que luego me referiré). Y a continuación dice la norma que no existirá esta responsabilidad personal y solidaria cuando aquellos demostraren a la AFIP que sus representados o mandantes “los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.-
Como se advierte, el régimen de responsabilidad solidaria de los directores o administradores de sociedades comerciales es exactamente el mismo en la ley impositiva nacional y en la ley impositiva provincial. Demás está decir que cuando el C. Fiscal habla de responsabilidad por el pago de los gravámenes está queriendo decir por el incumplimiento del pago (como dice la ley 11.683). Ello surge claro de lo que dice a continuación. “salvo que demuestren que aquel los colocó en la imposibilidad de cumplir”. O sea, se trata de una responsabilidad solidaria que aparece luego del incumplimiento del deudor principal. Asimismo, la forma de eximirse de responsabilidad está redactada en los mismos términos en la ley nacional y en la ley provincial (casi seguro esta última copiada de la primera).-
A mi juicio, la forma lógica de armonizar, tanto la ley 11.683 como el C. Fiscal provincial con el art. 174 de la LSC, es que la demostración de que la sociedad colocó al administrador en la imposibilidad de cumplir es demostrando que por escrito dejó constancia de su disconformidad con la decisión societaria de no pagar el impuesto y dio cuenta de ello al síndico.-
Existe sí una diferencia entre la ley impositiva nacional 11.683 y el Código Fiscal provincial, y es que el art. 8 de la primera impone como condición para que haya solidaridad que haya habido intimación administrativa previa al deudor principal a regularizar el pago y que este no haya cumplido en el plazo legal, cosa que no está en la norma provincial. Sin embargo, no encuentro contradicción insalvable por las siguientes razones.- El art. 19 del C. Fiscal (t.o. 1994), en el 4to. párrafo establece que el proceso para hacer efectiva la solidaridad deberá promoverse contra todos los responsables a quienes se pretenda obligar pero a continuación prescribe: “Recaída sentencia ejecutiva, su cumplimiento se hará efectivo contra el responsable principal, y resultando éste insolvente, contra el responsable solidario”. O sea que, si bien no prevé el requisito de la intimación administrativa previa al deudor principal, prescribe que sólo puede ejecutarse la sentencia contra el responsable solidario cuando previamente se ha intentado cobrar al deudor principal y se ha acreditado su insolvencia.-
En definitiva, concuerdo con el voto del Dr. Ricardo Monterisi en el fallo de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 1, en los autos “Toledo, Juan Antonio c/ A.R.B.A. s/ Incidente de revisión” del 2/03/17 (pub. en www.scba.gob.ar/jurisprudencia/actualidad ), en cuanto a que la regulación del Código Fiscal no es inconciliable con los arts. 59 y 274 de la ley 19.550. Asimismo, esta ley debe interpretarse en armonía con la ley impositiva nacional 11.683, con la cual el C. Fiscal no guarda contradicciones insalvables. No es de aplicación, en consecuencia, la doctrina del fallo “Filcrosa S.A” de la Corte Nacional (Fallos: 329:3899).- Por otro lado, si alguna discrepancia hubiera entre la ley 11.683 y la LGS, no se advertiría por qué el legislador nacional tendría atribuciones para facultar al Estado Nacional a apartarse de la ley de fondo, y en cambio, no la tendría el legislador provincial en uso de sus competencias reservadas (arts. 121, 122 y 123 C.N.). El principio de paralelismo de las competencias lo impide (conf. mi voto en causa n° 109.596 de Sala 1 de esta Cámara, “Fisco c. Ferias del Carmen S.R.L. s. Concurso preventivo”, pub. en L.L. Bs. As., mayo/2006, p. 530; y voto de los Dres. Petracchi y Maqueda en “Filcrosa S.A.”, consid. 14, 15 y16).-
En el caso de autos, surge del expte. administrativo que la coejecutada excepcionante fue notificada de la resolución determinativa de la deuda (fs. 345 y 348/49), y no se presentó ante el organismo recaudador a alegar y acreditar la eximente de responsabilidad prevista por el art. 19 del C. Fiscal (t.o.1994), como tampoco lo hizo al deducir la excepción de inhabilidad de título.-
Concluyo, entonces, que el art. 19 del C. Fiscal (t.o. 1994) no es violatorio de los arts. 75 inc. 12 y 31 de la C.N., y por las demás razones dadas, la sentencia apelada debe revocarse y continuar los autos según su estado.-
V. Costas: si mi voto es compartido deben ser soportadas en ambas instancias por la ejecutada vencida (art. 69 C.P.C.).-
VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Tomás Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la NEGATIVA.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:
De acuerdo a cómo ha quedado votada la cuestión anterior, corresponde revocar la resolución de fs. 242 1er. párr. y en consecuencia, mantener la medida cautelar trabada.-
VOTO POR LA NEGATIVA.-
A LA MISMA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Tomás Martín Etchegaray, por iguales razones y fundamentos que los emitidos por el Señor Juez preopinante dio su voto también por la NEGATIVA.-
A LA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Emilio Armando Ibarlucía dijo:
De acuerdo a cómo han quedado votadas las cuestiones precedentes, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Revocar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la coejecutada María Elisa Díaz Gianelli, con costas en ambas instancias a la vencida (art. 69 C.P.C.), debiendo los autos continuar según su estado.-
2°.- Revocar la resolución de fs. 242 1er. párr. y en consecuencia mantener la medida cautelar oportunamente trabada.-
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA TERCERA CUESTION, el Sr. Juez Tomás Martín Etchegaray, aludiendo análogas razones dio su voto en el mismo sentido.-
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Mercedes, de Septiembre de 2017.-
Que conforme los términos del acuerdo que precede,
1°.- Revocar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la coejecutada María Elisa Díaz Gianelli, con costas en ambas instancias a la vencida (art. 69 C.P.C.), debiendo los autos continuar según su estado.-
2°.- Revocar la resolución de fs. 242 1er. párr. y en consecuencia mantener la medida cautelar oportunamente trabada.-
3°.- NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE. Fecho, DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia