Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que el agravio tratado en el punto III.2 se encuentra insuficientemente fundado, y que el introducido en el punto III.3 ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
NOGALES MARGARITA Y OTRO/A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ACCIDENTE IN-ITINERE.
La Plata, 20 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción incoada por Margarita Nogales y Julio Federico Antezana -en carácter de derechohabientes de Rubén Alfredo Antezana- y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria por muerte del trabajador en un accidente in itinere (v. fs. 329/339 vta.).
Para así decidir, en primer lugar, tuvo por no acreditada la argumentación de la accionada en orden a que el actor se desvió o interrumpió su trayecto habitual hacia el lugar de prestación de tareas.
En ese sentido, sostuvo que no surgía de ninguna de las constancias de la causa la puntillosa descripción del desvío afirmado por la demandada.
Luego, y en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, consideró que correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, e incluir, para el cálculo del ingreso base, la totalidad de los haberes percibidos habitualmente por el accionante como contraprestación por su desempeño laboral.
II. Frente a lo así resuelto, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 348/359 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 361 y vta.
En su presentación cita las normas y la doctrina que considera violadas.
II.1. En primer lugar, se agravia de que el juzgador de grado haya tenido por acreditado el accidente in itinere .
Al respecto, denuncia vulnerado el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto entiende que correspondía a los actores probarlo ante la negativa de la demandada.
Asimismo, alega que de las constancias de la causa surgen dos elementos de convicción que desvirtúan el punto medular de la sentencia; una es que el accidente ocurrió a más de un kilómetro de distancia de cualquiera de los itinerarios posibles, y otra, que se produjo una hora después del horario de ingreso del causante.
Objeta también que se considerara la declaración testimonial del otro trabajador involucrado en el accidente, quien se encuentra comprendido por las generales de la ley, en tanto tiene juicio pendiente con la demandada.
II.2. Por otro lado, objeta que el tribunal de grado descalificara constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557 e incluyera, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integraban el salario del trabajador.
Manifiesta que la naturaleza remuneratoria de cada rubro está determinada por la habitualidad, regularidad, permanencia, por hallarse sujeto a aportes y por no haberse otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente su reconocimiento.
Argumenta que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que la misma sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera preliminar, se impone señalar que esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resol. de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (decreto 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168 "Grismau", resols. de 26-III-2015; L. 118.403, "Brunch" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; e.o., sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.2. Sentado lo expuesto, no resulta atendible el embate por el que se objeta que el tribunal de la instancia hubiera tenido por reconocido el accidente in itinere .
III.2.a. Al respecto, vale recordar que tiene dicho esta Corte que determinar si en el caso se demostró o no, con la prueba aportada, el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, constituye una típica cuestión de hecho, en principio, irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo la eficaz denuncia y acabada evidencia de la existencia del vicio de absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015 y L. 119.471, "Suárez", resol. de 9-III-2016).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.162, "Almada", resol. de 3-XII-2014 y L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018).
III.2.b. En el caso, la interesada no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2014), método que esta Corte reiteradamente ha declarado como no idóneo para la apertura de la etapa casatoria.
De esta manera, la impugnación resulta ineficaz para rebatir la motivación esencial del fallo atacado, en punto a que la demandada no logró demostrar las circunstancias de exculpación relativas a la interrupción del trayecto, alegadas al contestar la demanda, así como que en la resolución del interrogante debía primar la demostración de la finalidad laboral del desplazamiento del trabajador -que tuvo por acreditada- y que el evento dañoso que le causó la muerte se encontraba ligado al cumplimiento de su débito en el marco de la relación de empleo público que lo unía a ella.
En rigor, los fundamentos del pronunciamiento -antes señalados- no son eficientemente descalificados a tenor de la falta de sustancialidad de la réplica, la que se circunscribe a la exhibición de un criterio discordante, pues sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado las atribuciones que le asisten en las cuestiones de índole fáctica y valoración probatoria, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
III.2.c. En particular, cabe recordar que la valoración de los testimonios queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016), supuesto excepcional que el impugnante nuevamente fracasa en demostrar.
En ese sentido, resulta ineficaz para acreditar el absurdo la circunstancia de que el testimonio que tuvo en consideración el a quo para sustentar su pronunciamiento provenga de un testigo que tiene juicio pendiente, pues ello no resulta suficiente, por sí solo, para restarle virtualidad probatoria a tal declaración, si del contexto de la misma surgiera evidente su objetividad en el criterio del tribunal de grado (causas L. 100.712, "Deciano", sent. de 10-III-2011; L. 105.323, "Mengarelli", sent. de 30-XI-2011 y L. 118.429, "Rosa", resol. de 19-II-2015).
III.2.d. Tampoco prospera el planteo mediante el cual se atribuye al juzgador el yerro en la distribución de la carga de la prueba.
En efecto, la interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.2.e. Para más, reiteradamente ha dicho este Tribunal que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si en los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediaron presupuestos de hecho y derecho, diferentes a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 106.020, "A., V.N.", sent. de 12-XII-2012; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 119.960, "Ramírez", resol. de 21-IX-2016).
III.3. Luego, respecto de la impugnación a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017 y L. 121.058, "Buceta", resol. de 26-XII-2018), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
Por ello, la Suprema Corte
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que el agravio tratado en el punto III.2 se encuentra insuficientemente fundado, y que el introducido en el punto III.3 ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia