Abriendo la norma
Cámara de Apelación Contencioso Administrativo de San Martín
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) haciendo lugar parcialmente al recurso de la demandada, confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de agravio, con excepción de la desestimación de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 11192; planteo al cual corresponde hacer lugar por lo expresado en el considerando 5º;
(ii) imponer las costas en ambas instancias a la actora, en su condición de vencida (art. 37 ley 5708, art. 274 CPCC, art. 52 ley 5708, ver considerando 7°);
(iii) considerando la situación de la demandada (81 años) a la luz de lo dispuesto en el art. 39 de la ley 5708 y habida cuenta de que es la autoridad administrativa el órgano natural encargado de atender requerimientos como los que solicita la demandada -a través de los organismos competentes- y que, por otra parte, el Poder Judicial –como parte integrante del Estado- está facultado a impulsar medidas de acción positiva para asegurar la protección de los derechos (conf. doct. SCBA Ac. 98260, “L., R. H. c/ Argaraña Birocco s/medidas cautelares, s. del 12/7/2006), deviene necesario que el Poder Ejecutivo Provincial considere a la brevedad de la situación de hecho en la que se encuentra la demandada con motivo de la próximo desalojo y, en caso de constatar la necesidad de instrumentar acciones positivas – considerando la situación habitacional de una persona de 81 años-, arbitre – en forma coordinada- las medidas adecuadas de protección de la misma (conf. CN, CP). …
En la ciudad de General San Martín, a los _28_ días del mes de mayo de 2013, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Jorge Augusto Saulquin, Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi y, para dictar sentencia en la causa Nro. 3563 caratulada “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ B. N. E. Y OTROS S/EXPROPIACION DIRECTA”
I. A fs. 262/266 el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de San Isidro resolvió: “1. Haciendo lugar a la demanda de expropiación promovida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra N. E. B., H. J. S. y V. P. S. (art. 35 ley 5708). 2.- Declarando expropiado el bien inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VII, Sección E, Manzana 19, Parcela 21, Matrícula 8.682 del Partido de San Fernando (096). 3.- Rechazando el planteo de inconstitucionalidad de la ley 11.192 (ley 12.836) y su modificatoria ley 13.436. 4.- Fijando como justa indemnización la suma de pesos $ 436.500 (arts. 8°, 12, 35 y 41, ley 5708; art. 17 CN; arts. 10 y 31 CP), lo cual deberá ser abonado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, a contar desde la fecha en que quede firme la sentencia (art. 35, ley 5708) 5.- Imponer las costas a la actora (art. 37 ley 5708). 6.- Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta la oportunidad de quedar firme la presente.- 7.- Firme o consentida la presente, de conformidad con lo normado por el art. 49 de la ley 5708, se deberá comunicar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de Catastro, para que proceda a dar de baja en la guía de contribuyentes a la superficie afectada”.
II. A fs. 267 interpuso recurso de apelación la demandada, fundando el mismo a fs. 272/278. A fs. 269 lo propio hizo la actora sin fundar.
III. Recibidas las actuaciones, a fs. 283, la apoderada de la actora fundó el recurso oportunamente articulado; sin perjuicio de lo cual, esta alzada, desestimando la reposición planteada a fs. 293 vta por aquella parte, dispuso el desglose del memorial oportunamente presentado (fs. 298/299 vta).
Encontrándose las actuaciones en estado dictar sentencia, el Tribunal estableció la siguiente cuestión:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el Señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:
1. Para resolver en el modo apuntado en los antecedentes, el Sr. Juez a quo reseñó los elementos procesales del caso, y expresó las consideraciones que paso a reseñar.
i. Que la presente acción ha sido entablada con el objeto de declarar la expropiación del inmueble de la demandada (Circunscripción VII, Sección E, Manzana 19, Parcela 21, Matrícula 8.682 del Partido de San Fernando), a favor del Fisco de la Provincia de Buenos Aires, con el consecuente pago de la indemnización.
ii. Que la titularidad sobre el inmueble en cabeza de la accionada ha quedado acreditada con el informe de dominio de fs. 64/66.
iii. Que, luego de caracterizar jurídicamente la expropiación, de lo manifestado y de la documentación acompañada por la parte actora surge que conforme lo establecido en el art. 23 de la ley 5708, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó con fecha 13 de junio de 2007 la ley 13.706, por medio de la cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble en cuestión (ver fs.5).
iv. Que la parte demandada a fs. 67 acreditó la publicación de la ley precedentemente mencionada en el Boletín Oficial de fecha 7 de agosto de 2007.
v. Que por otro lado, de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge que en autos se ha dado debido cumplimiento con las disposiciones contenidas en los arts. 24, 25 29, 32 y c.c. de la ley 5708 (t.o. por decreto 8523/86), por lo que corresponde dictar sentencia determinando el monto al que ha de ascender la indemnización a que tiene derecho la demandada en los términos del art. 35 de la ley mencionada.
vi. Que conforme lo establece la ley, la indemnización debe comprender el valor objetivo del bien y los desmerecimientos que sean consecuencia inmediata y directa de la expropiación.
vii. Que sentado ello, las partes llegan a distintas conclusiones respecto del valor del inmueble objeto de esta litis. Así, mientras el Fisco de la Provincia de Buenos Aires ofrece la suma compensatoria de $ 248.000, la demandada se disconforma, estimándola en $ 282.480.
viii. Que entrando a la valoración de los dictámenes y tasaciones practicados en autos (art. 474 del CPCC), cabe recordar en primer término que se procura, mediante ellas, lograr o encontrar el valor de mercado de los bienes, es decir su valor real conforme el libre juego de la oferta y la demanda a la fecha de desposesión (art. 8 de la ley 5708).
ix. Que en el caso se produjeron los peritajes que obran a fs. 155/165 (perito propuesto por la actora) y a fs. 167/213 (perito propuesto por la demandada).
x. Que las peritos propuestas por la actora, analizan las características de la zona, la valuación fiscal y las mejoras realizadas en el terreno en cuestión y llegan a la suma de $ 378.960 (fs. 155/165)
xi. Que a su vez, la perito propuesta por la parte demandada, luego de analizar las características urbanas, la morfología del barrio, el análisis del mercado y a partir de estimaciones efectuadas por inmobiliarias de la zona y comparación con venta de inmuebles similares y mediante los coeficientes que entiende de aplicación, concluye que el monto del bien en cuestión es de u$s 97.000 equivalente a $436.500 para el tipo de cambio al día de la fecha de la pericia ($ 4,5 = U$S 1) (fs. 167/213)
xii. Que respecto al pedido de intereses, el mismo no ha de prosperar toda vez que los mismos proceden a partir de la fecha de desposesión del bien, resultando en este caso estar el inmueble ocupado por la parte actora.
xiii. Respecto al planteo de inconstitucionalidad, la parte demandada no ha enunciado los principios constitucionales que considera afectados ni ha fundamentado en forma concreta de que modo se afectan, en el caso, los derechos constitucionales que se dicen vulnerados.
xiv. Que la Suprema Corte de Justicia local tiene sentado que resulta insuficiente el planteo de inconstitucionalidad que sólo realizó una vaga o genérica mención de los derechos supuestamente violados, desde que deviene indispensable precisar de que modo la norma impugnada habría quebrantado los derechos constitucionales cuya tutela se procura, y en caso de deficiencia argumental, ésta no puede ser suplida por los jueces y, por ende, el planteo debe rechazarse (SCBA, causas I 1270, S, 18-IV- 1989; I 1191, S, 5-III-1991; I 1502 S, 30-III-1993).
xvi. Que "la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico (fallos 290:26; 307:53; 312:72; 314:424)..." (cfr. CSJN, 14-IX-2000).
xvii. Que respecto a lo manifestado por la parte demandada a fs. 257, la contestación a dicho traslado obrante a fs. 261 y lo dispuesto por el art. 39 de la Ley 5708, la parte actora deberá desocupar el inmueble en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del mandamiento.
xviii. Que por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la pretensión expropiatoria deducida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires no encontró oposición de los demandados, ajustándose por otra parte a derecho (art 17 de la Constitución Nacional, 31 de la Constitución Provincial, 1324 inc 1º y 2511 del Código Civil, 1, 3, 41 y conc. de la ley 5708, ley 11.712) el a quo declara operada la expropiación del bien objeto de la litis, fijando la indemnización respectiva (art 35 regla 1º de la citada ley 5708 y art 307 del CPCC).
xix. Que consecuentemente, por todo lo antes expuesto el magistrado juzgó prudente fijar el importe total de la indemnización en la suma de $ 436.500.
xx. Que habida cuenta que se fijó una indemnización de $ 436.500, que el actor ofreció la suma de $ 248.000 y que la demandada estimó $ 282.480, por aplicación de lo dispuesto en el art 37 de la ley 5708, se decidió que las costas sean a cargo del expropiante.
2. Cabe tener en cuenta inicialmente que la presentación del memorial de agravios que autoriza el art. 33 de la Ley 5.708 es una facultad del apelante, estando la Cámara obligada a revisar la decisión impugnada en su totalidad cuando no se ha presentado esta pieza, situación en la que no corresponde que la alzada observe la limitación del art. 266 del C.P.C.C. puesto que la formulación expresa de los agravios no está imperativamente impuesta en tanto no resulta aplicable el art. 247 del citado código ya que la ley 5.708 contiene reglas especiales sobre apelación (SCBA, Ac 39824 S 11- 10-1988, Juez NEGRI (SD); SCBA, Ac 75943 S 1-4-2004, Juez HITTERS (OP); SCBA, C 92126 S 18-11-2008, Juez HITTERS (SD). En materia expropiatoria la falta de presentación del memorial (art. 33, Ley 5.708) no provoca la deserción de la apelación. (SCBA, Ac 39824 S 11-10-1988, Juez NEGRI (SD).
Por ello, se tienen presentes. las consideraciones vertidas por la demandada; no así las de la actora, en virtud de lo resuelto a fs. 298/299 vta. La accionada, formuló las siguientes críticas contra la sentencia supra reseñada:
1. Que cuestiona del decisorio la negatoria de la inconstitucionalidad de la ley 11.192 (ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436).
2. Que asimismo, hallándose de acuerdo con el valor actual aplicado por el a quo al inmueble de su parte solicitó que, actualizándose el valor, la indemnización contenga la depreciación monetaria, “ya que como es de público y notorio, nuestra moneda se desvaloriza en aproximadamente 2,5% mensual y es necesario que su parte mantenga el valor del dinero para poder adquirir un inmueble de similares características al que se le está expropiando”.
3. Que otro agravio se le infiere a su parte en cuanto al plazo de desocupación a partir de que ellos tienen necesidad imperiosa de tener el dinero, comprar un inmueble y un lapso prudencial para su mudanza. Respecto a las críticas de la actora, no corresponde su descripción, en tanto fue ordenado por esta alzada el desglose de su memorial.
3. En ese orden, preliminarmente, teniendo en cuenta lo expresado en el considerando 2°) corresponde ratificar la sentencia en cuanto hace lugar a la demanda de expropiación promovida por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra N. E. B., H. J. S. y V. P. S. (art. 35 ley 5708). 2.- Declarando expropiado el bien inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VII, Sección E, Manzana 19, Parcela 21, Matrícula 8.682 del Partido de San Fernando (096).
No media controversia en este aspecto por parte de la demandada, y, al igual que lo observara el a quo, no encuentro obstáculos a la procedencia de la acción en tanto se han reunido los requisitos sustanciales a tal efecto. En efecto, se haya acreditada la titularidad sobre el inmueble en cabeza de la accionada (ver informe de dominio de fs. 64/66); y de la documentación acompañada por la parte actora surge que conforme lo establecido en el art. 23 de la ley 5708, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó con fecha 13 de junio de 2007 la ley 13.706, por medio de la cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble en cuestión (fs.5).
La demandada, como refiriera el Juez a quo, a fs. 67 acreditó la publicación de la ley precedentemente mencionada en el Boletín Oficial de fecha 7.8.07.
Es decir, con excepción de la controversia puntual vinculada al precio del inmueble y accesorios (pedido de actualización y de inconstitucionalidad de la ley 11192) se encuentran reunidos los requisitos de la acción, por lo cual, corresponde ratificar lo decidido por el juez a quo en los ítems 1 y 2 de la sentencia de grado (cfr. art 31 CPBA, art. 17 CN, arts 1, 3, 5 y ccdtes, ley 5708).
4. Seguidamente cabe abordar el valor de la expropiación reconocido en la instancia de origen.
Es que más allá de acordar la demandada expresamente con el monto reconocido por el a quo en su sentencia, habiendo mediado recurso del fisco en tiempo oportuno (no así su memorial), y por lo apuntado en el considerando 2°) se impone a esta alzada el tratamiento de dicho tópico. Cabe entonces indagar si el monto otorgado por el juez de grado en concepto de indemnización, esto es la suma de $ 436.500, resulta razonable.
Adelanto que concuerdo con la postura del a quo, ya que en el caso se presentan fundamentos suficientes para determinar, a mi criterio mas ajustadamente, el valor del inmueble conforme lo determinara la perito de la parte demandada.
Obsérvese que la perito propuesta por la actora, luego de describir las características del terreno, la descripción de la zona, los antecedentes relativos a la fijación del valor de la tierra libre de mejoras y la valuación de las mejoras efectuadas, estableció: a) que el valor del terreno ascendía a la suma de $260.400, b) que el valor total de las mejoras era de $ 118.560; y que c) como consecuencia de ello, el valor total del inmueble ascendía a la suma de $ 378.960 (ver fs. 161/165 vta.).
Por otra parte, la perito de la parte demandada determinó, a diferencia de la pericia recién indicada, que el monto a otorgar en concepto de indemnización ascendía a la suma de $ 436.500.
Para ello tuvo en cuenta, además de los aspectos considerados por el otro experto: a) que la planta baja de la vivienda cuenta con un jardín interior en condiciones de habitabilidad y funcionalidad; b) que el inmueble cuenta con infraestructura en lo que respecta al acceso a todos los servicios públicos urbanos y de otra índole, más allá de indicados en el informe antes aludido; c) el estado y el tipo de construcción de la casa, concluyendo, en este aspecto que el inmueble esta habitable y que requiere reparaciones sencillas y mantenimiento.
Asimismo, efectuó un exhaustivo análisis de mercado, teniendo en cuenta para ello las tasaciones brindadas por cuatro inmobiliarias -a diferencia del otro experto que solo consideró la información brindada por una sola de aquellas-, utilizando un coeficiente de homologación u homogeneización para sistematizar la tasación, y considerando la inexistencia lotes libres en la zona, arribando a un valor unitario por metro cuadrado.
Las diferencias apuntadas, en este caso concreto, me inclinan (cfr. 384 CPCC) en asignarle mayor valor convictito a la pericia de la demandada, por lo cual, corresponde ratificar la sentencia de grado en cuanto consideró el valor que arroja tal informe ($436.500).
5. Seguidamente, corresponde hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley 11192, articulado en la demanda y rechazado por el juez a quo.
Es que más allá del mayor o menor desarrollo de los fundamentos expresados por la demandada, tal como se sostiene en el recurso, es doctrina de la SCBA, por fundamentos a los que me pliego, que la ley 11.192 en su aplicación a los procesos expropiatorios, resulta inconstitucional (SCBA, Ac 53946 S 20-2-1996, Juez PISANO (SD); SCBA, Ac 58722 S 4-6- 1996, Juez HITTERS (SD); SCBA, Ac 59238 S 20-5-1997, Juez LABORDE (SD); SCBA, Ac 60126 S 22-12-1998, Juez NEGRI (SD); SCBA, Ac 65621 S 3-11-1999, Juez HITTERS (SD); entre muchas otras).
Y en ese orden, como ya ha dicho esta alzada, corresponde: “….tener presente la obligatoriedad de los fallos del Superior para los de grado inferior, que impide apartarse de la doctrina sentada en los casos análogos por su naturaleza y circunstancias (S.C.B.A. en “Ac. y Sent.“, 1959-IV-169), en tanto, la “doctrina legal”, en el sentido del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que emana de los fallos de la Suprema Corte Provincial, no siendo necesario que la misma sea producto de la reiteración de fallos, ni derivada de un pronunciamiento sin disidencias” (cfr. S.C.B.A., Ac. 39440, S. 27-II-1990).” (conf. esta Cámara en la causa “Rabello” y “Zapata”, entre otras).
6. Por su parte, distinta suerte debe correr el agravio por el cual se postula la actualización del crédito de la expropiación.
En efecto, al día de la fecha subsiste la prohibición de toda práctica de reajuste monetario o repotenciación de deudas o valores (arts. 7 y 10 ley 23.928). Adicionalmente, aunque sea práctica negocial enunciar en dólares estadounidenses el valor de ciertos bienes, ello no significa que, en los hechos, su precio habrá de acompañar en forma lineal al que tenga dicha moneda en el mercado libre (arg. CC0202 LP 105839 RSD-142-6 S 11-7- 2006, Juez SUAREZ (SD).
Tiene dicho la SCBA que esta que “la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7 de esta última, en el que sólo cambió el término "australes" por "pesos", estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa. Asimismo, la ley 25.561 ratificó la derogación dispuesta por el art. 10 de su similar 23.928, con efecto a partir del 10 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios (SCBA Ac. 86.304, sent. del 27-XI-2004; Ac. 88.502, sent. del 31-VIII-2005).
Y, en ese orden, rechazando el recurso de la demandada en este aspecto, debo remitirme a la postura contraria a que proceda la pretensión de adecuar los valores indemnizatorios reconocidos en la expropiación, según las cotizaciones del dólar o aplicación de índices de estabilización; en tanto recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado, con fundamentos en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, conf. art. 4 de la ley 25.561, la prohibición de indexar los montos indemnizatorios en el marco de la expropiación por causa de utilidad pública (conf. CSJN., E.35.XLIV, "Estado Provincial -Casación en autos: "Ros, Guillermo H. y otros c/ Estado Provincial- expropiación inversa"", sent. del 24-V-2011) (SCBA, C 91375 S 28-3-2012 , Juez SORIA (OP).
7. En cuanto al plazo para el desalojo del bien, que el juez fijó en 30 días (ver considerando VIII) de la sentencia), desestimando el recurso de la demandada, cabe atenerse a los términos del art. 39 de la ley 5708 que prevé que “Efectuada la consignación el Juez ordenará dar la posesión al expropiante, concediéndose irrecurriblemente a los ocupantes, plazo de diez (10) días para efectuar el desalojo. Y si se tratara de una casa habitación, sus moradores tendrán treinta (30) días para desalojar”
La propia norma postula el carácter irrecurrible de la decisión del magistrado en este aspecto, quien, por lo demás, se ha limitado a aplicar la pauta legal.
Sin perjuicio de ello, no cabe soslayar la situación de desamparo que expone la demandada en su recurso con motivo del desalojo en el plazo legal, considerando además la edad de uno de los moradores (81). Debe tenerse en cuenta, en ese sentido, los propios dichos de la Fiscalía de Estado, en torno a esta crítica de la contraria, en torno a la elongación del mentado plazo en la praxis; a saber que “...el plazo de treinta días para desalojar el inmueble NO comienza desde que se abona la indemnización, sino que, corre desde que se diligencia el mandamiento de toma de posesión. Pues es en ese acto, en que el Oficial de Justicia entrega la posesión al Fisco y otorga a los ocupantes el plazo de los treinta días. Es decir, que desde que se abona la indemnización ese plazo puede hasta triplicarse o mas…” (ver fs. 261 vta.).
Frente a ello, habida cuenta de que es la autoridad administrativa el órgano natural encargado de atender requerimientos como los que solicita la demandada -a través de los organismos competentes- y que, por otra parte, el Poder Judicial –como parte integrante del Estado- está facultado a impulsar medidas de acción positiva para asegurar la protección de los derechos (conf. doct. SCBA Ac. 98260, “L., R. H. c/ Argaraña Birocco s/medidas cautelares, s. del 12/7/2006), deviene necesario que el Poder Ejecutivo Provincial considere a la brevedad de la situación de hecho en la que se encuentra la demandada con motivo del desalojo y, en caso de constatar la necesidad de instrumentar acciones positivas –considerando la situación habitacional de una persona de 81 años-, arbitren –en forma coordinada- las medidas adecuadas de protección de la misma (conf. CN, CP).
8. En cuanto a las costas inicialmente, recordaré que el art. 37 de la ley 5708 -texto según ley 7287- dispone que las costas del juicio serán a cargo del expropiante cuando la indemnización fijada por la sentencia definitiva esté más cerca de la estimación formulada que del precio ofrecido; serán a cargo del expropiado cuando esa indemnización esté más cerca del precio ofrecido que de la estimación formulada; en los demás casos serán abonadas en el orden causado".
Se ha dicho en este aspecto, además, que en la provincia de Buenos Aires, el art. 37 de la ley 5708 establece un principio distinto del que informa la legislación procesal civil apartándose de la teoría del vencimiento. Como en las viejas leyes nacionales, los costos del juicio se relacionan inexcusablemente con los montos dados por el expropiante y expropiado al iniciarse la litis, constituyendo per se un sistema sancionatorio del litigante que incurre en una estimación del valor del inmueble alejada de la realidad (Gozaini, Osvaldo, Costas Procesales, Ed. Ediar p. 370 y sgs) (el subrayado es propio).
La previsión reseñada tiene como finalidad la de dirimir el pago de las costas, con la mayor justicia posible, haciendo cargo de las mismas a aquel litigante que más se alejare del monto indemnizatorio otorgado por el Juez de la causa (esta Cámara en causa N° 2.350/10, caratulada "La Baskonia Financiera Industria y Comercio el Poder Ejecutivo s/ Materia a Categorizar", del 28/2/11).
Y, además la disposición apuntada está prevista en tanto el juicio expropiatorio -ya sea que se trate de expropiación regular o inversa- se canalice por vías naturales y se desarrolle de conformidad a los lineamientos que la propia ley marca de un modo esquemático, sin incidencias jurídicas procesales extrañas a la determinación del precio en sí mismo (cfm. esta Cámara en causa N 2350/10, caratulada "La Baskonia Financiera Industria y Comercio c/ Poder Ejecutivo s. Materia a Categorizar" del 28/2/11 y n° 2826 causa Nº 2826/11, caratulada "Rodríguez Aureliano Adolfo c/ Fisco de la Provincia de Bs. As. s/ expropiación inversa", del 15.12.11, entre otras); en efecto, rige el art. 37 de la ley 5708 para resolver la imposición de las costas, en tanto la controversia queda limitada a la fijación del "precio" expropiatorio (conf. Ac. 45.768, sent. del 22.9.1992; SCBA Ac. 47.341, sent. del 11.5.93), mientras que si la expropiante por vía directa o inversa opone excepciones o desconoce derechos del propietario, debe aplicarse lo dispuesto en el art. 68 del Código adjetivo (conf. SCBA Ac. 43.794, sent. del 8.5.90 y SCBA causa Ac. 87.023, "Arbeletche, Alberto Daniel y otra contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires s. Expropiación inversa" sent. del 28.6.06).
Sentado ello, en función de la ausencia de incidencias procesales extrañas a la determinación del precio en su mismo, los precios solicitados y ofrecidos por las partes y los valores reconocidos en esta sede -que ratifican el estimado en sede de grado, apoyado en la pericia de la demandada, $436.500- corresponde que las costas en ambas instancias sean impuestas al fisco actor (art. 37, 52 ley 5708, art. 274 CPCC).
9. Por todo lo expuesto propongo:
(i) haciendo lugar parcialmente al recurso de la demandada, confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de agravio, con excepción de la desestimación de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 11192; planteo al cual corresponde hacer lugar por lo expresado en el considerando 5º;
(ii) imponer las costas en ambas instancias a la actora, en su condición de vencida (art. 37 ley 5708, art. 274 CPCC, art. 52 ley 5708, ver considerando 7°);
(iii) considerando la situación de la demandada (81 años) a la luz de lo dispuesto en el art. 39 de la ley 5708 y habida cuenta de que es la autoridad administrativa el órgano natural encargado de atender requerimientos como los que solicita la demandada -a través de los organismos competentes- y que, por otra parte, el Poder Judicial –como parte integrante del Estado- está facultado a impulsar medidas de acción positiva para asegurar la protección de los derechos (conf. doct. SCBA Ac. 98260, “L., R. H. c/ Argaraña Birocco s/medidas cautelares, s. del 12/7/2006), deviene necesario que el Poder Ejecutivo Provincial considere a la brevedad de la situación de hecho en la que se encuentra la demandada con motivo de la próximo desalojo y, en caso de constatar la necesidad de instrumentar acciones positivas – considerando la situación habitacional de una persona de 81 años-, arbitre – en forma coordinada- las medidas adecuadas de protección de la misma (conf. CN, CP).
(iv) que vuelvan los autos al acuerdo para tratar lo atinente a honorarios profesionales. ASI VOTO.
Los señores jueces Hugo Jorge Echarri y Ana María Bezzi votaron en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
(i) haciendo lugar parcialmente al recurso de la demandada, confirmar la sentencia de grado en cuanto fue materia de agravio, con excepción de la desestimación de la declaración de inconstitucionalidad de la ley 11192; planteo al cual corresponde hacer lugar por lo expresado en el considerando 5º;
(ii) imponer las costas en ambas instancias a la actora, en su condición de vencida (art. 37 ley 5708, art. 274 CPCC, art. 52 ley 5708, ver considerando 7°);
(iii) considerando la situación de la demandada (81 años) a la luz de lo dispuesto en el art. 39 de la ley 5708 y habida cuenta de que es la autoridad administrativa el órgano natural encargado de atender requerimientos como los que solicita la demandada -a través de los organismos competentes- y que, por otra parte, el Poder Judicial –como parte integrante del Estado- está facultado a impulsar medidas de acción positiva para asegurar la protección de los derechos (conf. doct. SCBA Ac. 98260, “L., R. H. c/ Argaraña Birocco s/medidas cautelares, s. del 12/7/2006), deviene necesario que el Poder Ejecutivo Provincial considere a la brevedad de la situación de hecho en la que se encuentra la demandada con motivo de la próximo desalojo y, en caso de constatar la necesidad de instrumentar acciones positivas – considerando la situación habitacional de una persona de 81 años-, arbitre – en forma coordinada- las medidas adecuadas de protección de la misma (conf. CN, CP).
(iv) que vuelvan los autos al acuerdo para tratar lo atinente a honorarios profesionales.
Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvase.
HUGO JORGE ECHARRI ANA MARIA BEZZI JORGE AUGUSTO SAULQUIN ANTE MÍ
Ana Clara González Moras Secretaria Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo –San Martín. Registro de Sentencias Definitivas Nº…....…Fs......
Fin de la sentencia