Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 187353
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia dictada el 10 de abril de 2026; II) Se imponen las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 69 CPCC); III) Se difiere la regulación de los honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 y concs. de la ley 14.967); IV)
Exptes.N°187.353 Juzgado Civil y Comercial N°16
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL MARAYUI VILLAGE S/ APREMIO" [C.187.353] , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Rodrigo H. Cataldo y Alfredo E. Méndez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante el 18 de abril de 2026 contra la sentencia interlocutoria dictada el 10 de abril de 2026?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo dijo:
I. Antecedentes:
El 10 de abril de 2026, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°16 Departamental, Dr. Alejandro Ulises Almenta, dictó sentencia interlocutoria donde rechazó el pedido de nulidad interpuesto por la parte actora, con costas.
Para así hacerlo, sostuvo que, para lograr la procedencia de la declaración de nulidad por un vicio procesal, era menester que se haya colocado a una de las partes en estado de indefensión.
Indicó que, aún en el caso de haberse sustanciado las excepciones con la parte actora, no se hubiese cambiado o modificado los argumentos para la imposición de las costas.
Señaló que en los supuestos de "abstracción" no puede directamente distribuirse las costas por su orden; requiriendo cada caso un previo análisis de la razón por la cual se produjo ese acontecimiento. Agregó que no es lo mismo que se haya producido por una "causa ajena", que sí en aquel suceso tuvo participación, directa o indirectamente, la conducta de alguno de los litigantes.
Sostuvo que la actora anotició a la contraria su pretensión cursando las diligencias del caso, trasladando a la demandada la necesidad de ejercer su derecho de defensa e instó el cobro sin desistir de la acción o dejar de lado lo que ya conocía de antemano y que sería el motivo por el cual, finalmente, progresara la excepción.
II. El recurso de apelación de la ejecutante:
El 18-4-2026 el apoderado del Fisco interpuso recurso de apelación, el que fue concedido en relación y con efecto suspensivo el 27-4-2026, fundándolo en el mismo acto y contestado por el ejecutado el 5-5-2026.
En primer lugar, explica que se violó el derecho del fisco a ser oído cuando al oponer excepciones el ejecutado introdujo cuestiones novedosas y hechos nuevos acaecidos en otro proceso que afectaban el crédito reclamado en esta causa.
En segundo término, sostiene que el juez prejuzga al resolver que no hubiera variado su decisión de imponer costas al fisco en función de las constancias de la causa, sin conocer los argumentos de quien se vio vulnerado su derecho de defensa.
En el tercer agravio, advierte que se encuentra acreditado que la resolución que declara la nulidad del acto antecedente es posterior al traslado de la demanda y en lo que hace a la litispendencia, jamás se pudo conocer porque precisamente la demandada no corre traslado de las excepciones.
Insiste con que el mandamiento fue librado correctamente, ya que la resolución que nulifica el acto cuyo crédito se reclama es sobreviniente no solo a la demanda sino a la oposición de excepciones.
Afirma que al tiempo de iniciarse el apremio no se había notificado la interposición de la demanda en el fuero contencioso administrativo.
Considera que lo reclamado en este juicio de apremio se ha tornado abstracto atento la declaración invalidez obtenida en una sentencia del fuero contencioso administrativo ajeno al presente, lo cual justifica que las costas se impongan en el orden causado o, en subsidio, en el mínimo de la escala.
Finalmente, entiende que tampoco corresponde imponerle las costas a su mandante en el incidente de nulidad.
III. Tratamiento de los agravios:
III.1. El recurso no prospera.
El incidente de nulidad constituye el medio idóneo para la reparación de los errores in procedendo , es decir, las desviaciones procesales o vicios de procedimiento ocurridos durante la instancia, desbordando su estrecho ámbito de aplicación los errores in iudicando que puedan producirse al dictarse una resolución judicial, en tanto ellos deben cuestionarse mediante la vía recursiva que resulte pertinente según el ordenamiento ritual (arts. 169, 242, 253 y concs. CPCC; Maurino, Nulidades Procesales , ed. Astrea, Bs.As. 2009, pág. 282; Hitters, Técnicas de los recursos ordinarios , ed. Platense, 2004, pág. 536 y ss).
La Suprema Corte bonaerense señaló que " La vía adjetiva establecida en los arts. 169 y ss. del C.P.C.C. (Incidente de nulidad) sólo puede incoarse ante defectos formales previos al pronunciamiento y no para remediar aspectos intrínsecos a los motivos que sustentaron la decisión judicial, lo que es materia de recurso y no de incidente " (SCBA, C. 92541, "Plaza Construcciones S.A", sent. del 27-2-2008).
Y este Tribunal ha dicho que " ...el incidente de nulidad sólo es viable cuando se trata de omisiones o defectos del procedimiento en sí, pues las resoluciones judiciales únicamente son susceptibles de ser impugnadas mediante los recursos previstos por el ordenamiento ritual. El incidente de nulidad sólo procede frente a vicios o defectos del procedimiento y, por lo tanto, quedan excluidos de su campo de aplicación los errores "in iudicando... " (Sala III, c.147.796, RSI-166 del 28-4-11; Sala II, c.114.411, RSI-1059-00 del 19-10-00; entre tantos otros).
Así las cosas, el error " in iudicando " en el que pueda incurrir el juez al sentenciar constituye una materia extraña al incidente de nulidad ya que, en dicha hipótesis, el modo de impugnación idóneo se ejerce a través de la vía recursiva prevista por la ley procesal (arts. 169, 242 y sgts. del CPC; conf. doctrina y jurisprudencia citada).
Y si bien los errores o irregularidades de procedimiento detectables en la tramitación de una causa que pudieran haber precedido al pronunciamiento de mérito, deben ser atacados mediante la articulación de un incidente de nulidad, sustanciado y decidido en la instancia en donde se produjeron (SCBA LP C 115243 S 11/03/2013); el que impugna el acto debe expresar y acreditar la existencia del perjuicio y demostrar el interés que persigue su declaración.
Sentados estos principios, corresponde determinar cuáles son las consecuencias jurídicas que emergen de su aplicación al caso particular.
III.2. Esta fuera de discusión que la actora no fue debidamente notificada del traslado de las excepciones opuestas por la ejecutada el 11-6-2025; y el juez, no obstante ello, dictó sentencia e impuso las costas a la parte actora.
Ahora bien. Como se advierte en la fundamentación del planteo de fecha 24-2-2026, el interés perseguido se vincula directa y únicamente con la imposición de costas al Fisco decidida en la sentencia atacada; cuestión por la que no resulta procedente admitir la nulidad, cuando en todo caso el error " in iudicando ", podrá ser remediado o reparado en el marco del recurso de apelación pendiente de concesión en la instancia de origen (arts. 242, 253 y concs. CPCC; 13 y 18 ley 13.406).
En otras palabras, el principio de trascendencia impone que la nulidad solo puede ser declarada cuando haya un fin que trascienda la nulidad misma; desde que toda sanción nulificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico. El perjuicio alegado para sostener la nulidad no es irreparable desde que será motivo de análisis por este tribunal al tiempo de conocer en el recurso de apelación interpuesto el mismo 24-2-2026 (Maurino, ob.cit., pág.51).
III.3. En último término, sí considero que el nulidicente se pudo creer con derecho a efectuar el planteo de nulidad ante la reconocida omisión de la pertinente notificación del traslado de las excepciones.
Tal circunstancia resulta suficiente para apartarse del principio general de costas, por lo que, en ambas instancias, deberán ser soportadas en el orden causado (arts. 68, 69 y concs. CPCC).
Por todo lo expuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo dijo:
Corresponde: 1°) Rechazar el recurso el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante el 18 de abril de 2026 y, en consecuencia, aunque por otros fundamentos, se confirma la sentencia dictada el 10 de abril de 2026; 2°) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 69 CPCC).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente
Por los fundamentos brindados en el presente acuerdo: I) Se rechaza el recurso el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante el 18 de abril de 2026 y, en consecuencia, aunque por otros fundamentos, se confirma la sentencia dictada el 10 de abril de 2026; II) Se imponen las costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 69 CPCC); III) Se difiere la regulación de los honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 y concs. de la ley 14.967); IV) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase-.
En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme Ac. N° 3975/20 de la S.C.B.A.-
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Firmas
Funcionario firmante: MENDEZ Alfredo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: CATALDO Rodrigo Hernán - JUEZ
Funcionario firmante: ANTONINI Pablo Daniel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 455-2026
Fin de la sentencia