Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119756
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.756, "Goitea, Alejandra Viviana contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 359/372 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 384/388 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 412/415), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por la señora Alejandra Viviana Goitea -por sí y en representación de sus hijas en ese entonces menores de edad- contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la que reclamaba el cobro de una indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que provocó el deceso del señor Marcelo Luis Houriet -quien fuera en vida esposo de aquélla y padre de sus representadas-, ocurrido el día 3 de febrero de 2011, cuando, mientras se desempeñaba como policía de seguridad bajo dependencia de la demandada, mantuvo un enfrentamiento armado con varios delincuentes, a resultas del cual recibió dos heridas de arma de fuego que le causaron la muerte en forma instantánea (v. fs. 359/372 vta.).
En lo esencial, destacó el a quo que en el caso no resultó controvertido el acaecimiento del luctuoso hecho ni tampoco que el fallecimiento del agente se produjo en cumplimiento de su deber y en ejercicio de la función policial (v. vered., fs. 359 y vta.).
En ese marco, juzgó que la tarea desempeñada por el agente se convirtió, por conducto de la exposición a la que debió someterse en su calidad de policía, en una actividad altamente riesgosa en virtud de la cual fue objeto de un ataque armado que terminó con su vida. Descartó la tesis esgrimida por la accionada en la que sostenía que el daño podía atribuirse a la actuación de un tercero por quien ella no debía responder. Por lo tanto, con sustento en lo normado en el art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil (ley 340) vigente al momento del infortunio, concluyó que la Provincia resultaba civilmente responsable de los daños derivados de la muerte de Houriet (v. sent., fs. 363/366).
En otro orden, desestimó la defensa opuesta por la demandada con la que pretendía el rechazo de la acción de daños y perjuicios en la consideración de que ella resultaba incompatible con los beneficios que establece la ley 13.985, en el caso, en relación con los derechohabientes del personal policial fallecido en acto de servicio, cuya percepción por las actoras tuvo por verificada (v. vered., fs. 360 vta. y sent., fs. 370 y vta.). Con apoyo en el precedente de este Tribunal identificado como L. 110.774, "A., E. E." (sent. de 15-X-2014), el a quo sostuvo que los beneficios de la normativa que invocaba la accionada tienen una finalidad distinta a la que se regula en las normas del derecho de fondo (indemnizaciones previstas en las leyes especiales del trabajo o la reparación integral del Código Civil), toda vez que, mientras estas tienen un carácter claramente resarcitorio de los perjuicios sufridos, aquéllos representan una forma de auxilio para una situación de necesidad concreta, que ocurre como consecuencia de un acto de servicio. Agregó, que tales diferencias de causa y naturaleza, en tanto responden a distintos presupuestos condicionantes, impiden considerar que se tratan de una doble reparación por el mismo hecho, o que haya una indebida acumulación de indemnizaciones (v. fs. 370 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 1 y 2 de la ley 13.985; 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de doctrina legal que cita (v. fs. 384/388 vta.).
Impugna el rechazo del planteo formulado por su parte referido a la incompatibilidad existente entre el reclamo de un resarcimiento pleno del daño sufrido -con fundamento en normas del derecho común- y los subsidios que se perciben en virtud de la ley 13.985.
En este sentido, tras enumerar los distintos beneficios que integran la cobertura legal para los supuestos en que los agentes policiales sufren graves incapacidades o fallecen como consecuencia de un acto de servicio, sostiene que no puede admitirse la coexistencia de dos sistemas orientados a reparar idénticas lesiones patrimoniales o físicas, uno regulado por el derecho público y otro por el derecho común.
Refiere que en ambos supuestos la obligación de pago reconoce identidad de hechos generadores, de sujetos y de finalidad (indemnizar el daño causado), la única diferencia que se advierte es que la indemnización establecida en el derecho civil tiene como límite el daño que pueda acreditarse, mientras que la fijada en las normas provinciales solo exige verificar los presupuestos que la habilitan (en este caso, acto de servicio), cumplido lo cual, permite acceder a los beneficios allí contemplados.
Alega que la incompatibilidad sostenida ha sido expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en el caso "Nación Argentina (Poder Ejecutivo - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina) c/ Martín Alejandro Rudaz y otro" (Fallos: 312:2383, reiterado en Fallos: 312:2382), caso en los que -señala- el tema debatido guarda sustancial analogía con la pretensión de autos. Postula que el criterio anunciado surge del propio texto del art. 1 de la ley 13.985 en cuanto dispone que "...dicho subsidio [...] será incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza, que se otorgue por la misma causa...". Afirma que en el caso se advierte claramente que la ley especial y el derecho común tiene igual finalidad, esto es: reparar integralmente a las víctimas del infortunio o a sus causahabientes. Aduce que lo decidido es producto de la absurda interpretación de la normativa aplicable.
III. En armonía con la solución obrante en el dictamen emitido por el señor Subprocurador General (v. fs. 412/415), las siguientes razones me conducen a desestimar el recurso deducido.
III.1. En la causa A. 72.573, "Espeche" (sent. de 18-IV-2018), hallándose controvertida la posibilidad de acumular la indemnización contemplada en el art. 116 inc. "e" apartado 3 del decreto ley 9.550/80 con una de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, dejando a salvo la opinión expuesta en el tema, en la causa B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011), entre otras, por razones de economía procesal y con fundamento en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias suscribí la solución que se refleja en la doctrina legal actual de esta Corte. Luego, frente a una problemática con rasgos semejantes -aún con ciertos matices- habré de reiterar en el sub examine la respuesta dada en aquella ocasión, que implica, pues, reconocer como admisible la acumulación de los beneficios del régimen para el personal policial con la indemnización basada en las leyes de accidentes de trabajo o, como en el caso, en el derecho común.
III.2. Para más, cabe destacar que en la especie el decreto 149/10 que reglamenta la ley provincial 13.985 invocada por el quejoso, si bien establece en su art. 10 que la percepción del subsidio previsto en la ley es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". Evidentemente, la mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del citado decreto ley 9.550/80- pone en crisis los argumentos del recurrente, quien por otro lado no ha desplegado ninguna reflexión sobre esta concreta norma.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Tal como señala el doctor Soria, la acumulación o no de la indemnización prevista en el régimen laboral (ley 24.557) con otros beneficios dispuestos a favor de los agentes de la policía de seguridad o del servicio penitenciario (es decir, si resulta compatible el cobro de ambos resarcimientos por parte de dichos agentes), ha sido objeto de análisis por esta Suprema Corte con diferentes integraciones, en las causas B. 55.247, "Delgado", sentencia de 2-VII-1996; Ac. 65.005, "Rodríguez", sentencia de 25-VIII-1998; L. 70.811, "Vargas", sentencia de 17-XI-1999 y L 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014 y A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018, en todas las que se reconoció la procedencia de tal acumulación.
Si a ello se agrega, como bien lo anota el ponente, que el decreto 149/10, que reglamenta la ley provincial 13.985, declara que el subsidio allí previsto no resulta excluyente de otras indemnizaciones contempladas en la legislación vigente, no cabe sino concluir en la improcedencia de la queja impetrada.
En consecuencia, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la demandada, con costas (art. 289 del CPCC).
Voto, pues, por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
Adhiero a la solución que propone el doctor Soria en su voto, en cuanto implica reconocer la admisibilidad de la acumulación de los beneficios del régimen para el personal policial con las prestaciones del sistema asistencial especial de la ley 24.557 o -como en la especie- con un resarcimiento sustentado en las previsiones del derecho común.
A tal efecto, remito -en lo que resulte pertinente- a los argumentos que hube de exponer sobre el tópico al emitir mi opinión -entre otras- en las causas L. 81.930, "D., M. N." (sent. de 25-II-2009) y B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011) que, con algunos matices, presentan connotaciones similares a las que se debaten en la especie.
II. En consecuencia, coincido con mis colegas en que corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria, en conformidad con la postura que he asumido - mutatis mutandi - en la causa B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:40:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:16:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/08/2020 11:03:34 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2020 12:13:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia