Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa P-16996-MP2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente inadmisible el recurso de apelación intentado subsidiariamente por la representación fiscal con fecha 30-12-2025.
2Rechazar el recurso intentado por la parte demandada con fecha 05-02-2026 y, por consiguiente, confirmar el pronunciamiento apelado. Las costas de Alzada se imponen a la apelante vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C. y 25 de la ley 13.406).
3Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa P-16996-MP2 "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. PAYARO NATALIA DEL VALLE s. APREMIO PROVINCIAL" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Mora y Ucín .
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, con fecha 23-12-2025, rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar de inhibición general de bienes intentado por la demandada, impuso las costas de la incidencia a la accionada, en atención a su condición de vencida (arts. 68 y 69 del CPCC) y difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 51 ley 14.967).
II. Declarada por esta Alzada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto el 05-02-2026 por la demandada contra el pronunciamiento reseñado y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar las siguientes
1. ¿Corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por la parte actora con fecha 30-12-2025?
2. ¿Es fundado el recurso interpuesto el 05-02-2026 por la parte demandada?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata, con fecha 23-12-2025, rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar de inhibición general de bienes promovido por la demandada Natalia del Valle Payaro.
2. A través del escrito de fecha 30-12-2025, rotulado "SUPLA - APELACIÓN EN SUBSIDIO", la demandada requirió que se subsane la omisión en que -a su criterio- habría incurrido el juez de grado, al no haber hecho extensiva la condena en costas de la presente incidencia al Fideicomiso "Junahelli", en cuyo interés -según afirma- se habría iniciado el pedido de levantamiento.
II. El recurso interpuesto subsidiariamente por la representación fiscal resulta formalmente inadmisible.
1. Corresponde señalar -liminarmente- que si bien la concesión de un recurso de apelación -o su denegatoria-, cualquiera fuere el ordenamiento procesal aplicable, corresponde al juez de la instancia del que emana la sentencia o resolución apelada, dicha tarea resulta complementada luego con el más exhaustivo examen de admisibilidad que deba practicar la Alzada conforme las normas en juego, en tanto es potestad de la Cámara, como juez final de los recursos ordinarios, decidir oportunamente sobre su procedencia formal y examinar todo lo relativo a su concesión (si quien lo dedujo es parte o tiene interés en su interposición, entre otros conceptos), pues se trata de cuestiones en las que está comprometido el orden público por referirse a la jurisdicción y competencia funcional de la Alzada, sin encontrarse ella obligada ni por la voluntad de las partes, ni por las resoluciones del juez de primer grado, por más que se encuentren consentidas (esta Cámara causas P-2795-DO1 "Orpelli", sent. de 29-9-2011; P-2907-MP2 "Fresno", res. de 29-11-2011; C-3450-MP1 "Raschetti", res. de 8-11-2012; A-3585-AZ0 "Meléndez", sent. del 11-6-2013 -y sus citas-).
2. Sentado ello, advierto que el recurso de apelación subsidiariamente deducido por la parte actora ha sido anclado a una requisitoria que -en definitiva- constituye un pedido de aclaratoria y no de revocatoria, pues, lejos de perseguir la revocación por contrario imperio de la ley de parcela alguna del pronunciamiento recurrido, tiende únicamente a que se subsane una supuesta omisión en materia de costas y se adicione como condenada a la razón social citada.
Recuerdo que el pedido de aclaratoria se encuentra previsto para corregir errores materiales, aclarar algún concepto oscuro de la sentencia o suplir cualquier omisión en la que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en la causa (argto. arts. 36 inc. 3o, 166 inc. 2o y 267, párr. 3o del C.P.C.C. y art. 25 de la ley 13.406; esta Alzada causa P-8125-DO1 "Frigorífico General Belgrano S.A.", res. del 06-12-2018).
Partiendo de lo anterior, es del caso señalar que la apelación subsidiaria del recurso de revocatoria se encuentra prevista por el art. 241 del C.P.C.C. -aplicable al caso por conducto del art. 25 de la ley 13.406-, no verificándose un correlato de tal disposición que autorice la apelación subordinada al resultado de una aclaratoria.
Es que, cada uno de los recursos posee autonomía conceptual y normativa y, a excepción de lo previsto por el art. 241 del C.P.C.C., deben deducirse en forma directa y principal, ya que no son viables por no hallarse subordinados a la suerte de otro interpuesto en línea anterior.
De tal modo, como sucede en el caso, si el recurso de apelación se intentó en forma subsidiaria a otro de aclaratoria, aquella apelación resulta inadmisible (cfr. esta Alzada causas Q-2547-BB0 "Madero", res del 21-VI-2011; A-5378-MP0 "Brahim", res. del 08-10-2015; A-8562-BB0 "Cabanne", res del 6-12-2018; A-10629-MP0E "Gonzalez", res. del 20-04-2021 y C-11422-NE1 "Lizaso", sent. del 23-05-2023; entre otras).
3. Por ello, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de apelación intentado subsidiariamente por la actora con fecha 30-12-2025.
III. Como corolario del desarrollo efectuado, he de proponer al Acuerdo declarar formalmente inadmisible el recurso de apelación intentado subsidiariamente por la accionante con fecha 30-12-2025.
A la cuestión planteada, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Ucín , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la primera cuestión planteada por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Al exponer las razones que lo llevaron a rechazar el incidente de levantamiento cautelar suscitado en autos, el juzgador de la instancia anterior señaló correspondía establecer el rol procesal que correspondía asignar a la incidentista, Natalia del Valle Payaro, a raíz de su presentación de fecha 23-10-2025.
Destacó que mediante el proveído de fecha 5-11-2025 se dispuso que, en virtud del carácter invocado por el letrado interviniente en la presentación del 23-10-2025, éste debía acreditar el mandato dentro del plazo establecido en el art. 48 del CPCC.
Relevó que del mencionado escrito surgía que el Dr. Agustín Juan Amestoy se presentó en carácter de gestor procesal de la nombrada Payaro y esta última en calidad de tercero -como fiduciaria del fideicomiso Junahelli-, conforme las previsiones establecidas por el art. 104 del CPCC.
Consideró que no resultaba factible soslayar que la figura del tercero en el proceso se encontraba reservada para aquellos sujetos que, no siendo parte en el litigio, acreditaran un interés jurídico propio susceptible de ser afectado por la sentencia.
Desde tal mirador, apreció que no resultaba procedente que Payaro -quien era parte demandada en autos- comparezca en calidad de tercero, pues ello implicaría desnaturalizar la mencionada institución procesal y duplicar su intervención bajo una figura que no le correspondía.
En consecuencia, afirmó que, siendo que la citada revestía calidad de parte principal ejecutada en el presente proceso de apremio, con plena legitimación para ejercer todas aquellas defensas que le son propias en el marco de dicho rol procesal, la pretendida comparecencia como "tercero" resultaba improcedente, debiendo canalizarse en carácter de parte demandada.
Aclarado lo anterior, observó que la demandada perseguía el levantamiento de la medida cautelar de inhibición general de bienes que pesaba sobre su persona por el hecho de que dicha medida afectaría diversos bienes -muebles e inmuebles- que no resultaban de su dominio pleno, amparándose en su condición de titular de dominio fiduciario del Fideicomiso Junahelli.
Puso de relieve que la medida cautelar de inhibición general de bienes resultaba ser una medida cautelar que se dictó contra la persona del deudor y no sobre bienes determinados, es decir que la tutela no se limita a un bien específico, sino que afecta a todos los bienes presentes y futuros que el deudor pueda tener inscriptos y que respondan a su patrimonio, diferenciándose del embargo, que sí recae sobre bienes concretos y determinados.
Indicó que tal medida, inscripta en el registro pertinente, surtía efecto sobre la generalidad de los bienes de la persona, impidiendo disponer de sus bienes registrables (inmuebles, automotores, etc.) mientras no opere su caducidad o se disponga su levantamiento.
Definió que la inhibición es una prohibición de disponer que recae sobre la persona, proyectándose sobre sus bienes registrables, generando la inmovilización de presuntos bienes registrables de propiedad del deudor e imposibilitándole, así, la ejecución de actos de disposición sobre los mismos.
Subrayó que en autos se dispuso la inhibición general de bienes de Natalia del Valle Payaro, en el marco de un proceso ejecutivo seguido en su contra por una deuda de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la que no fue oportunamente cuestionada por la demandada a través de los mecanismos previstos por la propia ley de apremio, encontrándose dictada y firme la sentencia de trance y remate correspondiente que mandó a llevar adelante la ejecución por el monto allí reclamado, con más los intereses previstos por el Código Fiscal.
Sostuvo que su finalidad -en estos autos- no fue otra que asegurar que la deudora no se desprenda de su patrimonio y así garantizar la eventual ejecución de la sentencia, por lo que el efecto buscado ha sido provocar el cercenamiento del poder de disposición -de vender o gravar- de la ejecutada respecto de los bienes inscriptos a su nombre.
En ese andar, puntualizó, por un lado, que la inhibición general afecta la disponibilidad -venta o gravamen- de los derechos reales sobre bienes registrables que componen el patrimonio de la ejecutada y, por otro, que la propiedad fiduciaria pertenece a un patrimonio autónomo, separado del patrimonio del fiduciante y fiduciario (art. 1685 CCyC) por lo cual queda exento de la acción de los acreedores de uno y de otro.
Explicó que el titular de un dominio fiduciario adquiere un derecho real, que, si bien implica un dominio imperfecto sobre la cosa, por cuanto carece del carácter de perpetuidad y, no obstante, aquella separación de patrimonios, las facultades del titular de un dominio de esa naturaleza (fiduciario) resultan idénticas a las propias del dueño pleno o perfecto, adquiriendo formalmente el carácter de titular de la propiedad fiduciaria, aunque su dominio no sea absoluto.
Partiendo de lo anterior, concluyó que difícilmente pueda la demanda pretender dejar al margen de la cautela efectivizada en su contra, bienes que -conforme sus propios dichos y la prueba arrimada- "jamás pertenecieron al patrimonio personal de Payaro", sino que resultan de propiedad o dominio fiduciario en los términos dispuestos por el art. 1685 del CCyC y que de manera alguna integran el patrimonio personal de la aquí ejecutada.
De tal modo, estimó que la existencia de la inhibición general de bienes no tenía otra razón de ser que la de mantener asegurado -frente al dictado de una sentencia de trance y remate favorable al acreedor- el eventual cobro del impuesto reclamado.
Así, considerando que no se encontraba configurado en autos un exceso de garantía frente al crédito fiscal, sostuvo que el rechazo del levantamiento de la medida cautelar de inhibición general de bienes solicitado se imponía (art. 6° de la Ley 13.406).
Sin perjuicio de considerar que lo expuesto bastaba para rechazar el requerimiento de la accionada, hizo hincapié en lo manifestado por la actora acerca de que la demandada nunca indicó el perjuicio concreto y actual que le ocasionaría la traba de la cautelar, lo que, eventualmente, sustentaría sus argumentos para la procedencia del levantamiento de la inhibición general de bienes trabada.
Al respecto, señaló que la accionada no realizó un concreto y serio planteo en ese sentido, ni desplegó el menor esfuerzo por demostrar tal contingencia, no obrando en autos instrumento alguno que demuestre el perjuicio sufrido y ponga en evidencia que la medida cautelar efectivizada le ha provocado un daño cierto.
Para más, refirió que tampoco desarrollaba la ejecutada el motivo por el cual el uso de cualquiera de los mecanismos previstos en el art. 1678 del CCyC no podrían brindar adecuada solución al conflicto suscitado en la especie.
2. En su recurso de apelación la parte demandada manifiesta: i) que resulta titular dominial del vehículo patente LUU445; ii) que "...la inscripción de la inhibición no distingue si corresponde a una deuda sobre su patrimonio personal, o sobre el patrimonio fiduciario que administra, es decir este vehículo..." , y iii) que "...el derecho de propiedad y la libre disponibilidad de bienes del fideicomiso se ve afectado por la sola existencia de esta anotación registral" .
Refiere que el pronunciamiento atacado "...parecería considerar que el perjuicio recién ocurriría cuando se intentara vender o gravar el vehículo, lo cual es insostenible, porque de por sí implica una restricción actual y la imposición de una carga en el futuro respecto de lo que ya se sabe que no corresponde, que no sería otra cosa que solicitar el levantamiento de la inhibición, justamente lo que se pidió y denegó..." .
Considera errado el criterio del a quo en cuanto reprochó a su parte no acudir a los mecanismos previstos en el artículo 1678 del Código Civil y Comercial, pues "...si no corresponde la inscripción de la inhibición personal en un Legajo de un bien del patrimonio fiduciario, ni el fiduciario, ni las demás partes, pueden quedar condicionados y obligados a modificar el contrato, en el caso del fiduciario, a perder su rol. Esto violaría los derechos de propiedad y libertad de todos (arts. 14 y 17 CN)..." .
Finalmente, solicita que se la exima de cargar con la totalidad de las costas de la incidencia, atento que existiría "...una clara deficiencia normativa en la materia y una ausencia de jurisprudencia...".
3. La parte actora replica el recurso incoado y solicita el rechazo de la apelación intentada por su contraparte.
II. El recurso no merece prosperar.
1. La crítica encaminada a alcanzar, en fin, el levantamiento de la inhibición general de bienes trabada en autos merece ser desestimada, en la medida que no logra conmover el fundamento central sobre el que el magistrado de grado edificó el rechazo de tal petición.
1.1. Recuerdo que la fundamentación de la apelación constituye la herramienta que busca desbaratar la ratio decidendi (razón para decidir) que sostiene la solución consagrada en el fallo recurrido, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez de grado, sin hacerse cargo de los fundamentos del pronunciamiento en crisis. La postulación recursiva requiere, pues, una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho [cfr. arts. 260 del C.P.C.C. y art. 25 y ccds. de la ley 13.406; esta Cámara causa P-4104-BB1 "Frigorífico Sur S.C.", sent. del 30-07-2013, entre muchos otros].
Así, en la labor impugnativa la recurrente debe criticar todas las partes del fallo que le sirven de sustento, y si en dicha tarea deja incólumes o incuestionadas parcelas que -por sí- tienen entidad para sostenerlo, el pronunciamiento debe mantenerse (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 335:1368; 334:1302; 334:842; S.C.B.A. causas Ac. 92.995 "J., D.", sent. de 24-V-2006; C. 103.709 "Saracho", sent. de 16-04-2014).
1.2. Observo que el a quo partió de distinguir la naturaleza y los efectos propios de la inhibición general de bienes respecto del embargo, destacando que aquélla constituye una medida de carácter personal que, al impedir al deudor disponer de los bienes registrables que integran su patrimonio, no recae sobre cosas individualmente determinadas. Ponderó, asimismo, que los bienes fideicomitidos conforman un patrimonio autónomo y separado del patrimonio personal del fiduciario y se encuentran, por ello, sustraídos de la acción de sus acreedores personales.
Con tal piso de marcha, el juzgador razonó que si, conforme lo afirmado por la propia interesada , los bienes respecto de los cuales pretendía el levantamiento de la inhibición jamás integraron su patrimonio personal sino que conformaban el patrimonio fiduciario, la inhibición general trabada contra la demandada en virtud de una deuda propia no se proyectaba sobre dichos bienes, por lo que su existencia no justificaba dejar sin efecto la cautela personal dispuesta contra la ejecutada.
Frente a ese concreto razonamiento, la recurrente se limita a afirmar que la inscripción de la inhibición no distinguiría si obedece a una deuda correspondiente al patrimonio personal de la fiduciaria o al patrimonio separado que administra y que, por esa razón, su sola existencia afectaría la disponibilidad del vehículo correspondiente al dominio LUU445.
Desde esta posición, aprecio que la apelante prescinde de rebatir lo explicado por el a quo en cuanto sostuvo que no apreciaba de qué modo la anotación de una inhibición general dispuesta contra la ejecutada a título personal podría proyectar sus efectos jurídicos sobre bienes que, según sostuvo la propia incidentista, "...jamás pertenecieron (a su) patrimonio..." , ni identifica la razón jurídica o registral por la cual dicha cautela impediría efectivamente realizar actos de disposición sobre el rodado dominio LUU445, pese a la separación patrimonial que reconoce el art. 1685 del Código Civil y Comercial.
De tal modo, al afirmar que la inhibición afecta la libre disponibilidad del vehículo fiduciario, la recurrente se limita a contraponer su propia conclusión a aquella a la que arribó el magistrado, sin hacerse cargo de la premisa jurídica que sustenta el pronunciamiento bajo análisis.
Tampoco modifica la conclusión expuesta la crítica dirigida contra la referencia efectuada en el fallo a los mecanismos contemplados en el art. 1678 del Código Civil y Comercial, pues, aun cuando se prescindiera de tal consideración, permanecería incólume el fundamento autónomo anteriormente reseñado.
1.3. En consecuencia, la crítica examinada no satisface la carga de formular una impugnación concreta y razonada de los fundamentos del pronunciamiento recurrido, por lo que cabe desestimarla sin más [cfr. arts. 260 del C.P.C.C. y art. 25 y ccds. de la ley 13.406].
2.1. Ingresando a considerar el pedido de eximición de costas que contiene el recurso en tratamiento, resulta oportuno poner de relieve que en el proceso de apremio rige el principio general de costas al vencido (arts. 68, 69, 556 y ccdtes. del C.P.C.C, según el caso de aplicación directa o por conducto del art. 25 de la ley 13.406), que descansa sobre la idea de que quien hace necesaria la intervención del órgano jurisdiccional por su conducta acción u omisión debe soportar el pago de los gastos causídicos que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos. La aplicación de dicho principio de la derrota supone contradicción o contienda y, asimismo, una decisión acorde de las cuestiones controvertidas que necesariamente determinará las calidades de vencedor y vencido en el pleito o en el incidente, en proporción al éxito o fracaso de los respectivos planteos (esta Cámara causa P-5857-MP1 "Pascal", sent. del 29-10-2015 y sus citas).
Asimismo, es pertinente puntualizar que tal principio no constituye una regla rígida, pues admite adecuación cuando circunstancias excepcionales de la causa conduzcan a una solución del pleito que no encaje en aquellos postulados y torne inequitativa o irrazonable la aplicación de aquella regla general en materia de costas (esta Alzada causa P-3474-NE1 "Ramón", sent. del 10-10-2012 y sus citas).
2.2. A la luz de los lineamientos trazados, estimo que, al revestir la parte demandada condición de vencida en el marco de la presente incidencia de levantamiento cautelar, no se configuran en autos circunstancias que, razonablemente, autoricen a relevarla de soportar enteramente el pago de los gastos causídicos, ya que el juez de grado rechazó el pedido de cese cautelar formulado por la accionada el 23-10-2025, receptando para ello los reparos que frente a tal requisitoria blandió la representación fiscal con fecha 25-11-2025.
2. 3. Con todo, corresponde rechazar el agravio formulado por la apremiada en materia de costas.
III. Como conclusión del desarrollo efectuado, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso intentado por la parte demandada con fecha 05-02-2026 y, por consiguiente, confirmar el pronunciamiento apelado. Las costas de Alzada deberían imponerse a la apelante vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C. y 25 de la ley 13.406).
A la segunda cuestión planteada, doy mi voto por la negativa .
El señor Juez doctor Ucín , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota la segunda cuestión planteada por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Declarar formalmente inadmisible el recurso de apelación intentado subsidiariamente por la representación fiscal con fecha 30-12-2025.
2. Rechazar el recurso intentado por la parte demandada con fecha 05-02-2026 y, por consiguiente, confirmar el pronunciamiento apelado. Las costas de Alzada se imponen a la apelante vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C. y 25 de la ley 13.406).
3. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. S.C.B.A. 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1032-2026
Fin de la sentencia