Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28810-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 39/41 en cuanto fue materia de recurso; sin especial imposición de costas dada la ausencia de contradicción.
2Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del demandado conforme lo dispuesto en el considerando 5º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
12589/2024 “FISHING WORLD SA (TF 28810-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, agosto de 2024.
1. Que, a fs. 39/41, el Tribunal Fiscal de la Nación declaró condonada la multa impuesta a la actora mediante la resolución AD PDES 235/10, según los términos del artículo 56 de la ley 27.260 y con el alcance previsto en las resoluciones generales AFIP 3920/16 y 4007-E/17.
Para resolver como lo hizo, mencionó que se había imputado a la actora la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero, por haber validado una opción de plazo de espera incorrecta con relación al permiso de embarque 06 019 EC01 002012A y abonado los tributos fuera de término.
Aclaró que de los antecedentes surgía que la recurrente había cancelado la diferencia tributaria determinada por el Fisco, por lo que correspondía encuadrar el caso en lo previsto en el cuarto párrafo del citado artículo 56 de la ley 27.260, que establece: “…Las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha.” Transcribió, en lo pertinente, las aludidas resoluciones generales de la AFIP y, en particular, lo previsto en el artículo 6º de la resolución 4007-E/17, en cuanto determina que la infracción tipificada en el artículo 954, inciso a, del Código Aduanero se considera como sustancial/material.
Distribuyó las costas por su orden con referencia a lo previsto en el artículo 14 de la resolución 3920/16.
2. Que, disconforme, a fs. 46 interpuso apelación el Fisco Nacional; que se concedió a fs. 49, se fundó a fs. 62/63vta. y no fue replicada. En sustancia, planteó que la condonación se había decidido en exceso de lo pedido y sin constatar previamente el cumplimiento de lo previsto por el artículo 84 de la ley 27.260. Añadió que se había visto en la obligación de formular las consultas pertinentes con posterioridad al dictado de la sentencia, arribando a la conclusión de que no se había acreditado el cumplimiento de los extremos legales; por lo que no correspondía otorgar el beneficio, que era excepcional y de interpretación restrictiva.
3. Que, en lo que al caso interesa, la ley 27.260 estableció que “[l]as multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley [23/7/16] y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha” (art. 56, cuarto párrafo, énfasis añadido).
A su turno, el artículo 21 de la resolución general AFIP 3920/16, reglamentario de los artículo 55, 56 y 60 de la ley, indicó que “se entenderá por firmes a las emergentes de actos administrativos que a la fecha de acogimiento o a la fecha de entrada en vigencia de la mencionada ley, según corresponda, se hallaren consentidos o ejecutoriados, de conformidad con las normas de procedimiento aplicables, cualquiera sea la instancia en que se encontraran (administrativa, contencioso-administrativa o judicial” (énfasis añadido).
Finalmente, la resolución general AFIP 4007-E/17 precisó:
“ARTÍCULO 6° — Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada dicha fecha…. Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a)…de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones” (énfasis añadido).
4. Que, con arreglo al marco normativo transcripto, esta Sala ha interpretado que el artículo 56 de la ley 27.260 contempla expresamente supuestos como el que nos ocupa; es decir, el caso de una multa que no se encontraba firme ni abonada a la fecha de entrada en vigencia de la ley (23/7/16), impuesta por infracción al artículo 954, inciso a, del Código Aduanero, y asociada a una obligación sustancial de naturaleza tributaria que, a su vez. había sido íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016 –como se desprende de fs. 29/30 de los antecedentes– (doctr. causas 16682/17 Bunge Argentina SA c/ DGA”, sent. del 11/4/17; 77465/16 “Compañía Minera Aguilar SA c/ DGA”, sent. del 22/8/17; 75963/17 “Cargil SACI c/ DGA”, sent. del 19/6/18; y 73495/18 “Argentine Breeders & Packers SA y otro c/ DGA”, sent. del 11/4/19 –esta última, confirmada por la CSJN el 1/11/22–).
El agravio vinculado con la supuesta afectación del principio procesal de congruencia no puede prosperar puesto que el texto expreso de la ley 27.260 indica que la condonación opera “de pleno derecho”; por lo que así debe ser declarada por el juez interviniente, “cualquiera sea la instancia en que se encontrare la actuación”, como lo aclara la reglamentación.
Por otra parte, no se discute que la sanción impuesta en la resolución AD PDES 235/10 cumplía con los requisitos sustanciales previstos por la normativa transcripta para que operase la condonación.
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En cuanto a la falta de acciones tendientes a verificar si, con respecto a la actora, concurría alguna de las causales de exclusión que enumera el artículo 84 de la ley 27.260, este Tribunal entiende que la parte demandada es quien se halla en mejor situación para constatarlo. Por ese motivo, en causas análogas que tramitaron ante sus estrados (véanse, por ejemplo, las que se han citado arriba), le ha requerido informes como medida para mejor proveer.
En línea con lo expuesto, no puede pasar inadvertido que en el propio memorial el recurriente admitió haber tenido oportunidad de canalizar internamente las consultas pertinentes. Al ser ello así, y no haber individualizado ninguna circunstancia concreta que imposibilitase acceder a la condonación, tampoco se advierte que este pueda ser un motivo para apartarse de lo decidido. Es que, a este último respecto, se habría incumplido la carga de demostrar suficientemente al tribunal de alzada, en forma precisa y circunstanciada, los errores del pronunciamiento apelado (doctr. Fallos: 225:73; 268:58; 289:329; 312:2513; 323:1261; entre otros; y esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre otras).
Por las consideraciones precedentes, corresponde rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 39/41; sin especial imposición de costas en esta instancia, dada la ausencia de contradicción.
5. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia a cargo del demandado (v. escrito del 12/8/24 y proveído del 14/8/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a lo solicitado y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $210,54; debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar la apelación del Fisco Nacional y confirmar la decisión de fs. 39/41 en cuanto fue materia de recurso; sin especial imposición de costas dada la ausencia de contradicción.
2. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del demandado conforme lo dispuesto en el considerando 5º.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia