Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8.258/23
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello el art. 1775 del Código Civil y Comercial dispone que si la acción penal precede a la acción civil o se intenta durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal. Pero establece tres excepciones que permiten el dictado sin esperarla.
La sentencia ha utilizado un fundamento erróneo, pero ha aplicado, sin expresarlo, un supuesto de excepción que le permite no tener que esperar la sentencia penal. Se trata del previsto en el inciso b) del art. 1775 que se refiere al caso en que la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración del derecho a ser indemnizado.
La parte tiene derecho a que dilucide si tiene, o no, derecho a ser indemnizada, más en el caso de una trabajadora donde las indemnizaciones, de tener derecho a ellos, ostentan carácter alimentario.
La causa penal se ha movido lentamente en dirección a la sentencia. No se había determinado siquiera al dictado del llamado de autos a sentencia, si se le citaba a indagatoria.
Por ello entiendo que la sentencia llegó a un resultado justo al no esperar que se dictara sentencia en sede penal. No se puede tener a los trabajadores litigantes en una incertidumbre. Pero el fundamento utilizado, aunque no fuera cuestionado por las partes, es equivocado. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8.258/23 Sentencia: Definitiva Actor: Fleitas Norma.
Demandada: Álvarez José Ceferino.
Objeto: Laboral Fecha: 16-04-2.024.
Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los dieciséis días del mes de abril de dos mil veinticuatro, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “FLEITAS, Norma C/ ÁLVAREZ José Ceferino s/ laboral” Expte. Nº L-1251 del año 2021 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Puerto Deseado y que ingresaran en la instancia bajo el Nº 8258. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el Dr. Maximiliano Fiol en representación de la Sra. Norma Alicia Fleitas en PE 294375/2921 promueve demanda laboral y ofrece prueba contra el Sr. José Ceferino Álvarez reclamando el pago de la indemnización por despido incausado arts. 245, 246, ley 20774 art. 9, ley 23.013 y art. 2 DNU 34/2019 y sus prórrogas. Relata el comienzo de la relación el 14/4/2008 en el comercio del demandado (JCA CARNES) erróneamente categorizada como Vendedor B siendo que se encontraba a cargo de la caja registradora. Afirma tener un día de franco y percibir el pago de las horas extras en negro y no tener sanciones en su legajo. Refiere que en medio de la pandemia se le negó el acceso al lugar de trabajo y que al llegar a su domicilio encuentra una carta documento de despido. Sostiene haber sido inducida a presentar un telegrama de renuncia de manera dolosa por su inexperiencia en reclamar sus derechos laborales bajo amenaza de ir presa y la pérdida de trabajo del marido de no acceder. Invoca el régimen disciplinario progresivo y que el empleador decidió optar por la pena máxima. Sostiene que la pérdida de confianza alegada no resulta ser tal conforme su trayectoria y la califica de desproporcionada. Enumera decretos de necesidad y urgencia que prohíben el despido. Sostiene que la causa del despido no está fundamentada y no es precisa en el momento o fecha de los faltantes y no se puede determinar la mercadería que faltó. Señala que al manejar la caja registradora se le debía abonar un plus y que las horas extras se abonaban en forma ilegal. Expresa que persigue el íntegro pago de su liquidación final por despido incausado y reclama el pago del plus por caja y de las horas extras debidas.
II. Que en la audiencia del art. 47 de la ley 1444 no se arriba a una solución conciliadora y el demandado José Ceferino Álvarez representado por su apoderado Dr. Fabricio Carbone Miele contesta la demanda y ofrece prueba en PE 329460/2021. Formula una serie de negativas. Reconoce que la actora prestaba servicios en el local de la calle Reconquista Nº 881 desde abril de 2008 en la categoría Vendedora B. Refiere que al tener noticias de inconsistencias en los cierres diarios de la sucursal donde trabajaba la actora encomendó una auditoría que determinó que la actora realizaba compras simulando los pagos mediante la terminal posnet que para no ser denunciado como faltante al cierre, era compensado con ventas de productos de otros clientes que no pasan por el registrador fiscal es decir los “varios” (almacén, carbón, bebidas etc.) y cuando los pagaban en efectivo, no emitía el ticket y se guardaba el dinero y luego para retirar la mercadería simulaba el pago con la tarjeta de ella o de su pareja (débito o crédito)y anulaba la compra sin emitir el comprobante para compensar con los valores de caja y fueron realizadas desde marzo a julio de 2021 lo que generó un perjuicio de $ 181.670.
Relata que en julio de 2021 su representado decide dar de baja las terminales de posnet e implementar terminarles Point de Mercado Pago que informa en tiempo real al titular del comercio si se realiza alguna anulación de pago. Por ello afirma que a partir de agosto se dejan de producir anulaciones y en el registrador fiscal se incrementó el registro de los productos de la categoría “varios”. Relata que 11 de septiembre el demandado y junto a Rodrigo Vera apoderado de la firma JCA CARNES citaron a la actora para que aclare el accionar denunciado, pretextando que lo hacía para ver el saldo y que luego aceptó haber realizado la maniobra y adeudar $ 181.670 y solicitó un plan de pago. Dice que le entregaron los cupones de pago anulados perteneciente a las tarjetas de crédito y débito y que quedó en manos del demandado una copia firmada por la actora.
Indica que al tratar de establecer la forma de pago la actora manifestó que se había asesorado con un abogado y que hagan lo que tengan que hacer motivo por el que la despidieron por justa causa y radicaron la denuncia penal en expediente Nº 17.044/2021 en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Secretaria Nº1. Sostiene que se practicó la liquidación final por despido con justa causa y se depositó en la cuenta de haberes de la actora y se la intimó a retirar la certificación laboral que no retiró pase a estar notificada. Persigue el rechazo de la demanda con costas.
III. Que en PE 334367/2021 la demandada amplía la prueba y por PE 227671/2021 se corre traslado de los puntos de pericia.
En PE 235442/2021 se abre la causa a prueba produciéndose la obrante en autos y cerrado el término de producción de pruebas en PE 547160/2023 se fija la audiencia del art. 70 de la ley 1444 a la que las partes no concurren y sólo obra en PE 906653/2023 el alegato de la parte demandada. Luego se llama autos para dictar sentencia y en PE 927409/2023 se ponen los autos a despacho para el dictado de ella.
La sentencia obra en PE 969679/2023 y luego de su fundamentación en considerandos que se tienen presentes, resuelve: I.- no hacer lugar al planteo de idoneidad (“inidoneidad” en realidad) de la testigo Kuhnle. II.- acoger parcialmente la demanda interpuesta por la Sra. Norma Fleitas contra el Sr. José Ceferino Álvarez y hacer lugar al reclamo en concepto de adicional de caja por la suma de $387.898, monto sobre el que se adicionará intereses desde que cada suma es debida y a la fecha del efectivo pago que se calculará aplicando la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina. III.- Rechazar parcialmente la demanda toda vez que el despido ha sido con justa causa conforme los fundamentos de los considerandos. IV.- Hacer saber a la actora que se encuentra a su disposición en la mesa de entrada esta Secretaria y Juzgado la certificación de servicios original para su retiro. V.- Imponer las costas por su orden. VI. Diferir la regulación de honorarios y la determinación de la tasa por servicios judiciales.
VI. Que disconformes con lo resuelto ambas partes recurren la sentencia. La parte actora en PE 980878/2023 apela y funda en recurso que se le concede libremente y con efecto suspensivo y se corre traslado de los agravios con providencia obrante en PE 615605/2023. La demandada contesta estos agravios en PE 996720/2023 y el Juzgado los tiene por contestados en PE 623552/2023.
El demandado por la pluma de su apoderado también apela la sentencia y expresa agravios en PE 983369/2023 recurso que se le concede libremente y con efecto suspensivo y se corre traslado de las quejas en providencia de PE 615612/2023. El apoderado de la actora contesta el traslado en escrito de PE993336/2023 y el Juzgado los tiene por contestados en PE 620429/2023.
Los autos se elevan con la certificación de estilo y sobre con documentación reservada en PE1057308/2023. Recibidos se integra Cámara con el Dr. Mario A. Albarrán. En PE1085327/ 2023 Se remiten copias de la causa penal y última audiencia testimonial. En PE1076735/2023 se dicta el llamado de autos a sentencia y se fija el orden de estudio.
V. Que el Dr. Maximiliano Fiol apoderado de la parte actora en el primer agravio critica que se haya determinado que el despido se configuró por una justa causa por una maniobra fraudulenta de la actora y por ende se agravia por el rechazo parcial de la demanda y entiende que pese a la falta de prueba que acreditara el ilícito o faltante de dinero la Jueza consideró que el despido era procedente. Invoca el informe del perito caligráfico y recuerda que fue presionada a firmar el reconocimiento bajo amenazas que sostiene se encuentran gravadas en audio en poder de la actora. Califica duramente a los demandados y recuerda que durante 14 años no le pagaron el adicional de caja que se condenó pagar.
Sostiene que los tiques fueron firmados por un tercero. Afirma que no se acreditó que las tarjetas fueran de la actora o su marido y las operaciones no precisadas y especula que pudieron corresponder a cualquier persona que quisiera perjudicar a la actora. No se acreditó de que tarjeta provenían dichas operaciones. Califica de escueta y confusa la fundamentación de la valoración de la prueba pericial pues reconoce que no se pudo probar que la actora realizó la maniobra en persona, pero rechaza el reclamo laboral y entiende que ello demuestra la clara contradicción de la sentencia que considera que la sentencia es justificada por ser la actora la cajera. Sostiene que no se acompañó una “auditoría legal” con firma de un experto en la materia o balances del año en que supuestamente se produjo el perjuicio y en la planilla de Excel pueden poner montos a criterios de antojo del demandado y lo califica de poco serio.
Insiste que no está probado que la compleja maniobra no fue realizada por la actora y por ello la causal del despido no fue debidamente demostrada. No se ha demostrado que el perjuicio económico ascendiera a $180.000 con sustento contable y hace notar que la pericia contable determina que hubo anulación por un monto menor. Sostiene que la explicación técnica del procedimiento que evidenció las maniobras ilícitas no se verificó en el presente proceso y el rechazo del reclamo está orientado por la magistrada por encontrarse en el manejo de la caja. Solicita que se valore por el tribunal en forma fehaciente las pruebas producidas que a su juicio no logran acreditar la autoría de la actora. En el segundo agravio se queja por la falta de apreciación de las probanzas de autos con respecto de la idoneidad del testigo ofrecido por el demandado.
Hace notar que la testigo no es contadora sino una persona que estudió hasta cuarto grado de economía y sostiene que una auditoría debe estar firmada por un profesional recibido. Afirma que la testigo carece de capacidad técnica para realizar una auditoría. Asimismo se queja porque la magistrada no consideró las evidentes contradicciones de la testigo que dice fueron de expuestas en el escrito de su parte y que transcribe y que doy por reproducido. En el tercer agravio se queja por la imposición de costas por su orden y no haberse planteado en los considerandos las razones por las cuales consideraba que las costas judiciales deben ser impuestas por su orden. Hace referencias al principio de gratuidad procesal en los procedimientos laborales del art. 20 de la LCT que garantiza al trabajador el libre acceso a la justicia y hace referencia al beneficio de litigar sin gastos que iniciara.
Cita el art. 84 del CPCC que la exime de costas hasta que mejore su fortuna y se explaya en consideraciones y antecedentes que se tendrán presentes al resolver.
VI. Que el demandado se agravia y hace hincapié en que la demanda ha prosperado en un 8,13 del total reclamado por la Sra. Fleitas. Considera injusto que las costas sean soportadas por partes iguales pues si bien se hizo lugar parcialmente a la demanda en términos económicos no se llegó a un 50% de lo discutido. Se queja porque no se ha fundado el fundamento de esa decisión. Cita el art. 68 del CPCC y se queja por no haberse indicado el mérito para eximir parcialmente a costas a la actora.
VII. Que las partes han hecho uso del derecho de contestar los traslados conferidos de las expresiones de agravios de su contraria.
El apoderado de la actora sostiene que coincide con el demandado que la sentencia no planteó en sus considerandos las razones por las cuales entendía apartarse del principio del art. 68 del CPCC. Pero aparte de esta coincidencia se refiere al principio de gratuidad del art. 20 de la LCT y hace referencia a que su parte inició un incidente de beneficio de litigar sin gastos. Recuerda que obtuvo un pronunciamiento favorable en sede judicial. Reitera los argumentos vertidos en el tercer agravio de su apelación. El apoderado de la parte demandada, al contestar a su turno los agravios de la actora, solicita se teste una frase utilizada por su contraria por considerar que resulta extremadamente ofensiva e injuriante para su representado.
En primer término al contestar agravios señala que las presiones del demandado y su yerno para que firme las ocho hojas que ahora se invoque y la circunstancia de tener un audio de esas presiones no fue invocada en el escrito de demanda. Recuerda que la actora desconoció ese documento firmado el 11/9/2021 pero que su firma fue reconocida por la pericial caligráfica. Hace notar que la actora negó en posiciones la existencia de la reunión del 11/9/2021 y ahora en agravios pretende haber sido amenazada a firmar ese documento. En su argumentación se apoya en los puntos de pericia contable establecidos por el Juez en PE 415680/2022 para sostener que de lo informado por el perito en el Anexo I se probó fehacientemente en el periodo de marzo a julio la actora realizó 25 compras con tarjeta de crédito y/o debito de ella o de su marido de las que anuló 13 el mismo día de la compra y que la suma las operaciones llega a $ 181.590.
Respecto de la crítica respecto de una interpretación parcial y maliciosa de lo que quiso decir la magistrada transcribe los fundamentos de la sentencia en este aspecto. Explica que las columnas de la planilla de Excel no se colocaron de manera antojadiza de su representado sino que sus columnas se elaboraron en función de la documentación que se acompañó en la contestación de la demanda contrastada con la prueba informativa que sirvió de base a la pericial contable que dio por probados los hechos que llevaron al despido de la actora y se remite a la demanda, la pericial las prueba rendida en autos y la sentencia. Entiende que la actora en su primer agravio no analiza minuciosamente la prueba rendida que enumera.
Con relación al segundo agravio de la actora quien se queja por no haberse hecho lugar al plateo de idoneidad de la testigo Kuhnle que transcribe su planteo realizado el mismo día de la declaración de la testigo fuera del horario el apoderado del demandado considera que se trata de atacar la formación profesional de la testigo y realizar una tarea por cuenta del actor y señala que no son argumentos válidos para “tacharla” como no es argumento válido para “tacharla” las supuestas contradicciones que a su juicio no existen y si existieran no son de una envergadura que presuma un falso testimonio. Contesta el tercer agravio señalando que el art. 20 de la LCT solo facilita al trabajador el acceso a la justicia pero no implica que se lo exima de costas cuando resulta vencido.
Cita jurisprudencia que se tiene presente. Por otro lado señala que el art. 84 del CPCC no obliga al magistrado a apartarse de lo dispuesto por el art. 68 del CPCC y por ello puede ser condenada y obligada a pagar cuanto mejore de fortuna. Pide se rechacen los agravios y se confirme la sentencia con excepción del punto V que fuera materia de apelación por su parte.
VIII. Que resumida en esta forma los antecedentes y los agravios y a fin de analizarlos con un cierto orden trataré la pretensión de testado de parte de una frase contenida en los agravios de la actora, por considerar que es extremadamente ofensiva e injuriante. El art.18 de la ley 1 nos impone velar porque las actividades judiciales se desarrollen dentro de un ambiente de orden, decoro y respeto. Si bien los términos empleados pueden haber herido la susceptibilidad de la parte debemos recordar que estamos en litigios donde se lucha y las partes se agravian de la conducta de la contraria y califican severamente la conducta que se atribuyen mutuamente. Está dentro del derecho de defensa que no puede ser coartado con testados. Ello sin perjuicio de considerar que se pueden calificar conductas con otros calificativos que no lleguen a alterar el orden, el decoro y el respeto. A mi juicio no alcanzaría para merecer que se utilizara la potestad que los jueces y camaristas tenían en el procedimiento escrito. El sistema digital no permite el testado del escrito. Hago notar que no se pide la parte que se testen las mismas palabras que ella reproduce en PE 996720/2023 en párrafo II-1 por lo que esas calificaciones quedan dentro del expediente. El sistema como expliqué no permite el testado y si lo permitiera la parte se ha preocupado que esas palabras queden dentro del expediente digital al reproducirlas en su escrito de agravios. Por ello propongo al acuerdo no atender esta solicitud.
IX. Que antes de ingresar al examen de las cuestiones a resolver debo señalar, aunque no fuera materia de agravios que se observa una cuestión prejudicial que las partes se han ocupado de poner de resalto. Ella es la existencia de una causa penal promovida por denuncia: “Vera Rodrigo Sebastián s/ denuncia” Expte. Nº 17044/2021. En la sentencia la Sra. Jueza expresa:
“Que no tengamos sentencia en sede penal, no significa que la conducta reprochada a Fleitas no haya podido configurar un incumplimiento del contrato de trabajo que impida la prosecución del vínculo, motivo por el cual considero oportuno dictar sentencia en los presentes autos conforme lo establecido por el art. 1774 CCyC.”
Llega a mi entender la Sra. Jueza a una solución justa, pero con un fundamento equivocado. Veamos el art. 1774 del Código Civil y Comercial establece:
“La acción civil y la acción penal resultante del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente. En los casos que el hecho dañoso configura al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales.”
El art. 29 del Código Penal (texto según ley 11179 B.O. del 16/1/1985) establece:
“La sentencia condenatoria podrá ordenar: 1º) La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto fuera posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias, 2º) La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. 3º) el pago de las costas.”
Una cosa es el ejercicio simultaneo de una acción civil y una penal. No se encuentra entre las facultades de un juez penal el determinar si existió una justa causa de despido ni expedirse sobre las pretensiones de la actora en estos autos. No estamos en el supuesto del art. 15 del Código Procesal Penal de la Provincia.
Por otro lado la actora es imputada en esa causa, no la víctima.
De lo expuesto se desprende que la fundamentación de la sentencia en el art. 1774 del Código Civil y Comercial no ha sido correcta.
La prejudicialidad de la acción penal tiene por objeto evitar el escándalo jurídico de sentencias contradictorias en ambas sedes.
Por ello el art. 1775 del Código Civil y Comercial dispone que si la acción penal precede a la acción civil o se intenta durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal. Pero establece tres excepciones que permiten el dictado sin esperarla.
La sentencia ha utilizado un fundamento erróneo, pero ha aplicado, sin expresarlo, un supuesto de excepción que le permite no tener que esperar la sentencia penal. Se trata del previsto en el inciso b) del art. 1775 que se refiere al caso en que la dilación del procedimiento penal provoca, en los hechos, una frustración del derecho a ser indemnizado.
La parte tiene derecho a que dilucide si tiene, o no, derecho a ser indemnizada, más en el caso de una trabajadora donde las indemnizaciones, de tener derecho a ellos, ostentan carácter alimentario.
La causa penal se ha movido lentamente en dirección a la sentencia. No se había determinado siquiera al dictado del llamado de autos a sentencia, si se le citaba a indagatoria.
Por ello entiendo que la sentencia llegó a un resultado justo al no esperar que se dictara sentencia en sede penal. No se puede tener a los trabajadores litigantes en una incertidumbre. Pero el fundamento utilizado, aunque no fuera cuestionado por las partes, es equivocado. Debió apoyar la decisión de seguir adelante y dictar sentencia en el art. 1775 inc. b) del Código Civil y Comercial y no el art. 1774 del mismo cuerpo legal que trata otra cuestión.
X. Que por una cuestión de lógica me aparto del orden propuesto por la actora recurrente. Creo que debemos dilucidar en primer término el segundo agravio relativo a la idoneidad de la testigo Kuhnle, como una etapa previa, para poder luego analizar racionalmente, y con este tema resuelto, el primer agravio relativo a la valoración de la prueba. Por ello debemos establecer, en primer lugar, si debe atenderse a la alegación de falta de idoneidad que se atribuye a la testigo Sra. Kuhnle. En efecto, si vamos a examinar la valoración de la prueba debemos tener resuelto el ataque contra esta testigo, habida cuenta que en este segundo agravio se busca eliminar su testimonio invocando una falta idoneidad. Antes quiero y debo aclarar la confusión de la demandada cuando se refiere a “tacharla”. La “tacha” del testigo era una antigua institución que se encontraba en el viejo Código Procesal Civil y Comercial Nacional que tenía un título llamado precisamente “tachas” (en sus artículos 205/209), hasta que la ley 14.237 lo derogó. Por ese procedimiento se “tachaba” al testigo por sus condiciones personales, morales o intelectuales: enajenación mental, ebriedad consuetudinaria, condena por falso testimonio, falta de ocupación conocida etc. de las que recuerdo. El ordenamiento actual importó la derogación del sistema de tachas y por ello el término está mal utilizado. Hoy día los testigos son llamados y declaran. Pueden ser impugnados en su falta de idoneidad por las partes, incluso por quien lo propuso si desconocía la causal. La prueba debe versar sobre la inidoneidad del testigo, pues lo que se requiere son testigos idóneos. Dentro del procedimiento laboral, como es el caso de estos autos, la alegación acerca de la idoneidad del testigo se encuentra legislada en el art. 67 de la ley 1444, en estos términos:
“… Hasta tres días después de la audiencia en que presten declaración, las partes podrán alegar y ofrecer prueba acerca de la idoneidad de los testigos. Al dictar sentencia el juez apreciará según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones.”
Este procedimiento fue ejercido por la representación de la actora. Aclarado ello resta recordar que no debe confundirse la alegación de la idoneidad (en realidad se impugna la inidoneidad o falta de idoneidad) dirigida contra la persona del testigo, con la tacha al dicho que ataca la validez probatoria de las declaraciones. La tacha al dicho no es objeto de alegación y prueba conforme el art. 67 de la ley 1444 y debe ejercitarse en el alegato en los juicios ordinarios o en la instancia de apelación.
Si la testigo no es contadora por haber cursado sólo 4 años de la carrera, esa circunstancia no sería una condición personal que la vuelva inidónea para prestar declaración como he establecido. Cualquier persona puede declarar en un accidente en que una persona sufre una fractura expuesta por cuanto lo puede ver. Quizás el médico pueda detallar mejor el hueso fracturado, tejidos afectados, tratamiento y pronóstico. Pero no ser médico, en el ejemplo, no la volvería inidónea para declarar. Tampoco la vuelve una testigo inidónea por haber sido empleada o prestar servicios a la demandada. Su testimonio será valorado teniendo en cuenta esta relación. Y en los procesos laborales los demás dependientes son admitidos a declarar por ser los que pueden tener un mayor conocimiento de los hechos. No advierto las contradicciones en la declaración de la Sra. Kuhnle que pretende la actora, pues la circunstancia de haber sido contratada en Julio de 2021 no impide que se examinen las constancias contables anteriores hasta marzo de 2021. Se explicó que no se siguió para atrás por haberse tirado, sin controlar, los tiques anteriores. No hay tal falta de claridad que sostiene la parte actora en agravios. En esa pieza no se señalan concretamente cuales son las contradicciones pues se limita a transcribir el escrito por el que alegó sobre la idoneidad de la testigo. Si se está atacando la validez probatoria de su declaración, como he dicho, no es necesario que la Sra. Kuhnle sea contadora para que su declaración tenga validez.
El diccionario de la Real Academia Española (23ª edición) define en 1ª acepción al auditor como: persona que realiza auditorías; y, a la auditoría, como: la revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse y en 2ª acepción como la revisión y verificación de las cuentas y de la situación económica de una empresa o entidad. En el “Diccionario Jurídico” de Editorial Rubinzal-Culzoni dirigido por Mario Ackerman, Francisco Ferrer, Roxana G. Piña y Horacio Rosatti se define al auditor como “persona física que releva, controla e investiga a través de un seguimiento diario, semanal, mensual u ocasional el accionar de una empresa o de un ente privado o estatal con el fin de: a) recomendar mejoras en la eficacia y calidad del trabajo; b) detectar dentro de su estructura negligencias o ilícitos…” para después analizar los distintos tipos, esfera auditada y la relación con quien lo solicita (relación de dependencia o externo).
A mi juicio el auditor no tiene que ser un profesional y si tener conocimiento del ramo que debe auditar. Hay además de la persona física auditor empresas con múltiples especialistas que auditan grandes empresas. La Empresa Boeing soporta en estos momentos auditorías sobre seguridad a raíz de accidentes y no creo que sean contadores. Todas las cajas y obras sociales cuentan con auditores médicos. Para revisar las cuentas, egresos e ingresos de una cadena de carnicería no hace falta ser contador sino tener conocimientos de la contabilidad y del giro del comercio y como se organizaban los ingresos. No estamos en el caso de una compañía de seguros que requiera cálculos actuariales para auditarla.
Cualquier dueño de un comercio revisa las cuentas de su negocio. La testigo ha cursado 4 años de la carrera de contador público lo que permite colegir que tenía conocimientos para realizar tareas de auditoría de esa cadena de carnicerías de Puerto Deseado. Obsérvese que la testigo ha trabajado en un estudio contable y luego en otro y no se puesto en duda sus estudios universitarios o su capacidad. El demandado relató que al advertir inconsistencias recurrió a una persona para realizar una auditoría. Sostengo que la Sra. Kuhnle como idónea has prestado declaración sobre los trabajos de auditoría por ella realizados en declaración sincera. La tarea por ella realizada no requiere profundos conocimientos científicos, es más una tarea que requiere prolijidad comparando cada operación.
Por estas consideraciones entiendo que debe rechazarse el segundo agravio. Así lo propongo al Acuerdo.
XI. Que fijada posición en cuanto al rechazo de la alegación de falta de idoneidad de la testigo debo ingresar ahora, con el panorama más claro, al examen del primer agravio. Se pretende en primer lugar que las firmas insertas en los tickets conforme la pericia caligráfica no pertenece a la autoría de la actora. Es lógico que quien está realizando una maniobra de anular un tique no pondrá su firma. Pero sí han sido reconocidas las firmas en hojas cuya copia certificada por escribano se acompañó al escrito de contestación de la demanda (PE329460/2021). Pero no se ha desconocido la firma (reconocida por el perito calígrafo) ni se acreditó que lo firmó bajo amenaza como afirma, ni que lo firmó por inexperiencia, que entiendo no puede alegarse por quien se desempeñó durante 14 años como cajera, según sostiene en su demanda y se confirma en la sentencia al disponerse el pago del adicional por caja. La existencia de un “audio en su poder” con relaciones a amenazas para firmar el documento constituye capítulo no propuesto a decisión del Juez de primera instancia sobre el cual tenemos vedado fallar conforme el art. 276 del CPCC aplicable en el proceso laboral por envío del art. 121 de la ley 1444. Es también un capítulo no propuesto al magistrado de primera instancia las amenazas para suscribir el documento referido pues en su escrito de inicio afirmó haber sido amenazada para firmar una renuncia que no es lo mismo. Propongo pues al Acuerdo rechazar también el primer agravio relativo a la falta de acreditación de la causa del despido al no haberse acreditado error en la sentencia.
XII. Que ambas partes se agravian por la forma de la imposición de las costas en el orden causado. El principio de la gratuidad del proceso laboral al trabajador o sus derechohabientes del art. 20 de la LCT se concreta a posibilitar el acceso del trabajador sin limitación o requerimiento económico alguno a los estrados judiciales para reclamar ya sea en sede administrativa o judicial. No lo exime de las responsabilidades por las consecuencias que promueven costas. Pero cuando se desnaturaliza la protección del principio de gratuidad para obtener por medio del proceso una ventaja patrimonial que no le corresponde, la sentencia es justa cuando las impone en el orden causado, pues se embarcó en el litigio con base a un consejo que solo prosperó en el rubro adicional por Caja y la demandada no se allanó al reclamo del rubro. Pero la ley lo sigue protegiendo al disponer que su vivienda no podrá ser afectada al pago de las costas. El art. 84 del CPCC aplicable en el proceso laboral por envío del art. 121 de la ley 1444 solo lo declara exento del pago de las costas hasta que mejore de fortuna exención que no necesitará ejercer contra el demandado si mi voto es compartido. Por ello considero justo haber impuesto las costas en el orden causado, solución que considero equitativa para las costas de esta instancia (art. 68 segundo párrafo y art. 71 del CPCC).
XIII. Que por estas consideraciones respondo en forma afirmativa a la primera cuestión sometida a consideración del Acuerdo, ello sin perjuicio de las aclaraciones con relación al rechazo del testado de una frase y las consideraciones formuladas con respecto a la prejudicialidad. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XIV. Coincido con el rechazo del testado de una frase, las consideraciones sobre la prejudicialidad por darse en esta litis una de las excepciones a la suspensión del dictado de la sentencia civil. Comparto las consideraciones que se formulan al rechazar los agravios. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XV. Que en función de las razones expuestas precedentemente, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar el testado de una frase solicitada por el demandado. 2º) Aclarar la sentencia en lo que hace a la no suspensión del dictado de la sentencia civil por existencia de una causa penal y señalar que el fundamento que corresponde es el art. 1775 inciso b del Código Civil y Comercial. 3º) Rechazar los agravios de las partes por las razones expuestas y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. Las costas de la instancia se imponen en el orden causado (arts. 68 segundo párrafo y 71 del CPCC). 4º) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre en autos liquidación final y regulados los honorarios de primera instancia. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XVI. Estimo justa y equitativa la propuesta del primer votante, adhiero a su propuesta.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 16 de abril de dos mil veinticuatro
Y
1. Rechazar el testado de una frase solicitada por el demandado.
2. Aclarar la sentencia en lo que hace a la no suspensión del dictado de la sentencia civil por existencia de una causa penal y señalar que el fundamento que corresponde es el art. 1775 inciso b del Código Civil y Comercial.
3. Rechazar los agravios de las partes por las razones expuestas y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios. Las costas de la instancia se imponen en el orden causado (arts. 68 segundo párrafo y 71 del CPCC).
4. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales y la determinación de la tasa de justicia hasta tanto obre en autos liquidación final y regulados los honorarios de primera instancia.
5. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Mario A. Albarrán no firma por no existir disidencias. - FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201010S.241 Tomo: C Sentencia: 3050 Folio Nº: 058/066 Secretaria: 1
Fin de la sentencia