Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 47752-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la apelación de la actora contra la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró la improcedencia formal del recurso interpuesto, con costas (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.), y
2Confirmar –en lo que fue materia de recurso– los honorarios regulados con fecha 15/10/2021 y fijar los de Cámara, conforme surge del Considerando IX.-, del presente decisorio.
Expte. N° 71778/2022.-
///nos Aires, 26 de marzo de 2024.- JMVC Y VISTOS, estos autos caratulados: “Florenciano Ceballos, Marta Graciela (TF 47752-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, en fecha 3/12/2019, declarar la improcedencia formal del recurso interpuesto por la actora, contra el acto administrativo fechado en 26/12/2016, por conducto del cual la A.F.I.P. -D.G.I. rechazó el reclamo impetrado por la contribuyente, al que denominó: “Demanda de Repetición –solicitud de devolución de retención de impuesto a las ganancias” (cfr. fs. 1 del documento digitalizado).
Impuso las costas a la actora vencida.
Asimismo, en fecha 15/10/2021 el Tribunal a quo reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional (cfr. constancia digitalizada de fs. 39/40).
II. Que, a efectos de fundamentar la decisión en cuanto a la improcedencia formal del recurso ante el T.F.N., en síntesis, los miembros que integraron la mayoría señalaron que la contribuyente se agravió ya que quiso presentar el Formulario 980 (previsto en la Resolución General N° 1615/2003 de la A.F.I.P.) y no le fue aceptado. Sin embargo, desconoció que el art. 4° de esa resolución general prevé que, en caso de rechazo del mismo, se podrá acudir a la vía recursiva del art. 74 del decreto 1397/79, acompañando a tal efecto los comprobantes que fundamenten el reclamo.
En orden a ello, el voto mayoritario entendió que el caso no encuadra en un supuesto de repetición ni de devolución; y dado que la propia norma indica como vía recursiva la residual del aludido art. 74 del decreto reglamentario de la L.P.T., corresponde declarar la improcedencia formal del recurso interpuesto.
III. Que, contra lo decidido en punto a la admisibilidad formal, la actora interpuso apelación en forma tempestiva y presentó de igual modo su memorial de agravios (cfr. fs. 30/38 del documento digitalizado).
La demandada contestó el traslado de la expresión de agravios que le fuera oportunamente conferido (cfr. fs. 101/108 del expediente en soporte papel). A su vez, la regulación de honorarios fue apelada por considerarla elevada (cfr. fs. 41 del documento digitalizado).
Por último, el Sr. Fiscal Federal emitió su dictamen en fecha 29/12/2023.
IV. Que, en su apelación, la contribuyente discrepó con lo decidido por el T.F.N., al indicar que las retenciones o pagos a cuenta de los impuestos tienen naturaleza tributaria (en el caso: impuesto a las ganancias), por lo cual no existe duda respecto del carácter coercitivo de la retención practicada. Por ello, según su comprensión, corresponde encuadrar el caso bajo examen en los términos del art. 81 de la ley 11.683 y, por ende, el Tribunal Fiscal resulta competente conforme a lo dispuesto por el artículo 159, inciso c) de la citada ley. Con relación a la vía recursiva administrativa, manifestó que el 25/08/2015 interpuso un reclamo ante la A.F.I.P., en los términos del art. 81 párrafo 1 de la ley 11.683, y aclaró que la referencia a la R.G. N° 2224/79 que contenía esa presentación se limitó a un mero agregado incluido en la fundamentación de su recurso: “…conforme fuera asesorada verbalmente por los propios funcionarios de la Agencia N° 1 de la A.F.I.P.”.
Agregó que tal solicitud fue rechazada en fecha 30/03/2016: “…bajo el entendimiento de que el pedido efectuado no encuadraba en los términos de la R.G. N° 2224/79 (…)” (cfr. fs. 115/136 del documento digitalizado).
A continuación, indicó que el día 24/06/2016 realizó un nuevo pedido de repetición en los términos del art. 81 párrafo 1 de la L.P.T., solicitando al mismo tiempo que el reclamo sea encauzado por la vía que la autoridad considere procedente (el reclamo consta a fs. 66/67 vta. de las actuaciones administrativas en formato papel).
Luego de la interposición de un pronto despacho, esa presentación fue rechazada con fecha 26/12/2016 porque se consideró: “…improcedente en virtud de estar dirigido a otra repartición”; a la vez que se señaló que: “…no obstante, respecto a su solicitud de devolución se le informa que los pedidos en los términos de la R.G. N° 2224/79, deben surgir de declaraciones juradas originales o rectificativas, que no es este el caso (…)” (cfr. fs. 1 del documento digitalizado). En tal contexto, la contribuyente enfatizó que: “…el organismo fiscal rechazó sin más el pedido presentado, en lugar de encauzarlo por la vía que estimare pertinente, afectando así el principio de informalismo a favor del administrado establecido en el art. 1 inc. c) de la ley 19.549 y escindiéndose del principio de la verdad material que establecía que en las rentas fiscales existía un ingreso no motivado…”.
Asimismo, respecto del ámbito de aplicación del art. 81 de la L.P.T., alegó qué la retención practicada por la entidad bancaria con base en la Resolución N° 1615/2003 de la A.F.I.P. -y que, a su juicio, resultó indebida atento su carácter de monotributista-, encuadra dentro de la noción de pago “a requerimiento” al que refiere el citado art. 81, ya que la entidad bancaria realizó la retención: “…en virtud de una exigencia impuesta por el organismo fiscal”.
Por último, discrepó con el análisis efectuado en la sentencia recurrida, en tanto allí se consideró que debió interponer el recurso administrativo previsto en el art. 74 del decreto reglamentario N° 1397/79, conforme a lo previsto en el art. 4 de la Resolución General N° 1615/2003”.
Al respecto, sostuvo que: “…se vio impedida de seguir esa vía impugnatoria, ya que no existió un acto administrativo formal de rechazo del formulario 980, que es el supuesto de hecho contemplado por el artículo 4 de la Resolución N° 1615/2003.
V. Que, cabe señalar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “Ramón S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 28.367/2019, sentencia del 5/03/2020, entre muchos otros).
VI. Que sentado lo anterior, corresponde poner de resalto que –más allá de cualquier otra consideración de índole tanto fáctica como jurídica- lo cierto y concreto es que el Tribunal Fiscal de la Nación decidió, por mayoría, declarar la improcedencia formal del recurso interpuesto por la actora, toda vez que el caso no encuadra en un supuesto de repetición ni de devolución. Ello así, por cuanto, la normativa que rige el aspecto tributario de los acreedores de mutuos hipotecarios (tal su caso), resulta ser la R.G. Nro. 1615/2003.
Dicha normativa exige que debe presentarse el Formulario F.980 de “Acreditación Fiscal”, el cual la actora afirmó que no le fue aceptado. Al respecto, y tal como lo interpretó la mayoría del T.F.N. en el pronunciamiento recurrido, el art. 4* de la R.G. antes mencionada prevé que en caso de rechazo -los que a juicio de ese Tribunal ocurrió con el dictado del acto administrativo de fecha 26/12/2016-, el interesado podrá acudir a la vía recursiva del art. 74 del decreto reglamentario de la L.P.T. (cfr. fs. 1 del documento digitalizado).
Por manera que, al no haber la actora interpuesto el recurso de apelación ante el Director General de la D.G.I., contra el rechazo por parte del Fisco respecto de la presentación del Formulario F.980 –tal como lo establece el art. 4* de la R.G. Nro. 1615/2003- es que a criterio del Tribunal Jurisdiccional Administrativo corresponde declarar la inadmisibilidad formal del recurso interpuesto.
VII. Que, respecto a las manifestaciones vertidas en el memorial debe señalarse que, en rigor, el recurso de la actora no se ajustó estrictamente a lo establecido en el art. 265 del C.P.C.C.N., norma que resulta de aplicación al caso en atención a lo dispuesto por el art. 91 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.). Esto es así, pues frente a lo decidido en la instancia anterior la recurrente se limitó a discrepar con lo resuelto por el T.F.N. efectuando consideraciones que se presentan como discrepancias subjetivas y carentes de virtualidad para refutar (o controvertir) la decisión adoptada en la instancia anterior.
En efecto, en su libelo recursivo sólo dedicó dos párrafos al final del mismo, a la cuestión que -a la postre- resultó capital para solventar la decisión del Tribunal de instancia anterior.
La circunstancia antes mencionada acota los alcances de la atribución revisora de esta Sala pues, cuando en el recurso se vuelca un discurso subjetivo, que se limita traducir un cuestionamiento formal e insuficiente del pronunciamiento recurrido, terminan quedando incólumes argumentos decisivos en los que hace pie la sentencia apelada, lo que impide su revocación (cfr. C.S.J.N. Fallos, 333:1657, y expte. A. 1003. XLIV “Alfacar S.A. s/concurso preventivo”, sentencia del 13/12/2011; asimismo, con otra formulación ver Fallos, 328: 645, entre otros). El defecto apuntado merece reproche, si se tiene presente que esta Cámara ha preconizado reiteradamente que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado. Tal exigencia no se sustituye con una mera discrepancia con el criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas. De ahí que se haya podido sostener que el respectivo memorial constituye un acto de petición, destinado específicamente a desvirtuar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal revisor.
A su vez, la exigencia concerniente a la crítica concreta se refiere a la precisión que implica señalar específicamente el agravio vertido, mientras que el requerimiento de que aquella sea razonada, alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, el cual debe demostrar en qué reside el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (cfr., en sentido concordante, Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1983, pp. 834/837 y esta Sala, in re, “Falk, Gerardo F.J. c/E.N.”, Expte. Nº 1291/05, del 13/03/2012, entre otros).
Por cierto, se ha sostenido reiteradamente que la operación de criticar es muy distinta a la de disentir. En efecto, la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación del fallo, con miras a demostrar los errores jurídicos y fácticos que éste pudiere contener. Por el contrario, disentir implica meramente exponer que no se está de acuerdo con la sentencia, según ha tenido oportunidad de indicar esta Sala, tanto en su anterior integración, in re, "Contreras, Hugo S. c/J.E.M.G.E.”, sentencia del 29/03/2011 y sus citas, como en la actual, en autos: “Oro, Guillermo Alberto y otros c/E.N. -D.I.E.”, del 14/02/2012, entre otros. Con una perspectiva afín a la descripta, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado que no alcanza para descalificar una sentencia el sostenimiento de una opinión diversa o alternativa a la expresada por el juzgador, de por sí insuficiente para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso, o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. Fallos, 305:1058; 306:598; 324:2460; 327:2168; 329:3979, entre otros en los cuales se descartó la tacha de arbitrariedad).
A la luz de estos principios, pesaba sobre la recurrente el deber de demostrar el error en el que habría incurrido el T.F.N., no pudiendo considerarse razonablemente que haya formulado una crítica seria de la resolución recurrida ante este Tribunal, por cuanto al proceder como se mencionó anteriormente no se hizo debido cargo de los fundamentos dados por el pronunciamiento apelado, lo cual importa un defecto de fundamentación insalvable.
En razón de lo expuesto, no resulta posible tener por procedente el recurso interpuesto y sometido a consideración de esta Cámara.
VIII. Que, por lo demás, las expresiones relacionada con el Principio del Informalismo a Favor del Administrado, no resultan pertinentes ni conducentes, en la medida en que se repare en que la aplicación del tal principio, no exime del cumplimiento de las normas jurídicas específicamente establecidas, sino que se ha previsto a efectos de favorecer al administrado frente a situaciones disvaliosas y con la finalidad de obtener una resolución expresa o tácita frente a sus planteos o reclamos. El “informalismo” no es inexigibilidad de formas, sino sólo relativización de ellas en beneficio inmediato de los administrados, siempre que no sean esenciales, ni afecten el interés público o administrativo ni a derechos de terceros (cfr. Comadira, Julio R. y Monti, Laura (colab.), “Procedimientos Administrativos, L.N.P.A., anotada y comentada”, T.I., Bs.As., La Ley, 2002, pp. 58-62 y sus citas).
Sin embargo, la aplicación del mentado principio no puede alcanzar situaciones donde la cuestión está expresamente contemplada en la normativa aplicable al tiempo de los hechos y la solución, en caso de producirse una contingencia desfavorable para el contribuyente, también se encuentra allí prevista como sucede en este caso.
IX. Que en atención a la forma en que se resuelve, y no advirtiéndose motivos para la dispensa, corresponde que las costas sean impuestas a la recurrente quien resulta vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., del aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
Que, asimismo, a fin de tratar el recurso interpuesto contra la fijación de honorarios; en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 - XII-97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).
Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario). Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados – conf. fs. 1 (F4) y lo resuelto con fechas 23/12/2019 y precedentemente–; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante la etapa del pleito cumplida, corresponde, confirmar –en lo que fue materia de recurso– los honorarios regulados con fecha 15/10/2021, en favor de los DRES. OSCAR ALBERTO YULAN y VERONICA IRIS CARRA, por la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento lo resuelto por la CSJN doctr. Fallo: “Las Marías” y el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($81.142) -equivalente a 2 UMA- los emolumentos de la DRA. VERONICA IRIS CARRA, letrada apoderada, actuante en la defensa de la demandada(arts. 16, 20, 21, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio – Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
En razón de lo hasta aquí expuesto, y habiendo dictaminado el sr. Fiscal Federal, el Tribunal RESUELVE: 1°) desestimar la apelación de la actora contra la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró la improcedencia formal del recurso interpuesto, con costas (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.), y 2°) confirmar –en lo que fue materia de recurso– los honorarios regulados con fecha 15/10/2021 y fijar los de Cámara, conforme surge del Considerando IX.-, del presente decisorio. Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal Federal por medio de los correos electrónicos indicados en su dictamen- y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia