Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Héctor Sebastián Ibáñez, en defensa de Dante Germán Flores Chávez y Eliana Elizabeth Moreyra, contra el punto I) del Auto Interlocutorio N° 125/2026 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, por falta de impugnabilidad objetiva, y tenerlo por erróneamente concedido mediante Auto Interlocutorio N° 148/2026, sin pronunciamiento sobre el fondo.
II. Imponer las costas a los imputados recurrentes por partes iguales (arts. 536, 537 y 541 del C.P.P.).
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la defensa.
AUTO INTERLOCUTORIO Nº: CUARENTA Y CUATRO
San Fernando del Valle de Catamarca, nueve de octubre de dos mil veintiséis.
Estos autos, expte. Corte nº 108/2026, caratulados: “Flores Chávez, Dante Germán – Moreyra, Eliana Elizabeth – usurpación de cargo, etc. – s/rec. de casación c/auto int. n° 125/26 de expte. n° 61/26”.
I. El Auto Interlocutorio N° 125/2026 dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos recurrido, no hizo lugar a la apelación deducida por la defensa y confirmó el punto III) del Auto Interlocutorio N° 78/2026, dictado por el Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación que había rechazado la excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de acción.
Al fundamentar la casación, el recurrente invoca los motivos previstos en los incisos 1° y 2° del art. 454 del C.P.P. Denuncia inobservancia de la garantía de legalidad penal y errónea aplicación de las reglas de la sana crítica racional. Cuestiona la conclusión de la Cámara según la cual la atipicidad alegada no resulta manifiesta o evidente y sostiene que la decisión permite continuar una persecución por un hecho que, a su entender, no encuadra en ninguna figura penal.
En sustento de esa postura, afirma que Moreyra designó a Flores Chávez como auxiliar administrativo contable del Concejo Deliberante de Los Altos, cargo previsto en su reglamento interno y para cuyo desempeño no se exige título universitario. Explica que la denominación de “asesor contable” consignada en el Decreto de Presidencia N° 040/24 respondió a un error material de redacción, rectificado -según sostiene- el mismo día mediante el Decreto N° 041/24. Sobre esa base, niega que la designación configure la usurpación de cargo atribuida a sus asistidos.
Respecto de la subsistencia de aquella denominación en los recibos de haberes, alega que su liquidación y emisión son atribuciones exclusivas de la Intendencia, pues el Concejo Deliberante carece de autarquía y de servicio administrativo-financiero propio. Señala que el decreto rectificatorio fue remitido al Departamento Ejecutivo Municipal y que, mediante nota del 7 de marzo de 2025, Moreyra reclamó la adecuación de la documentación salarial al cargo de auxiliar administrativo contable. Sostiene, por ello, que la demora en efectuar esa corrección no puede atribuirse a Flores Chávez como obra propia, lo que excluiría la tipicidad objetiva de su conducta por ausencia de relación de causalidad. Añade que, al no configurarse el delito atribuido al autor, también resulta atípica la participación necesaria imputada a Moreyra, por su carácter accesorio.
Para justificar la apertura de la instancia, afirma que la resolución es equiparable a definitiva porque plantea una cuestión que no podría revisarse eficazmente en otra oportunidad. Invoca, a ese efecto, el precedente “Ortega” y el Auto Interlocutorio N° 134/2026 de la Cámara de Apelación, que, según refiere, declaró admisible una casación contra una decisión de idéntica naturaleza.
Concretamente, pretende que se revoque la resolución impugnada, se haga lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento por falta de acción penal, prevista en el art. 193 inc. 2°, tercer supuesto, del C.P.P., por considerar manifiestamente atípico el hecho objeto de la imputación, y se dicte el sobreseimiento de Dante Germán Flores Chávez y Eliana Elizabeth Moreyra, conforme al art. 198 del mismo cuerpo legal.
Finalmente, manifiesta que informará oralmente los fundamentos del recurso y formula reserva del caso federal.
II. La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, mediante Auto Interlocutorio N° 148/2026, concedió el recurso de casación interpuesto por la defensa.
Que la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, en su carácter de Presidenta de la Sala Penal, se avoca al estudio preliminar de la admisibilidad del recurso.
Y en ello, repárese que la concesión dispuesta mediante el Auto Interlocutorio N° 148/2026 permite elevar la impugnación a esta instancia, pero no agota el examen de sus requisitos formales. Conforme a los arts. 441 y 462 del C.P.P., corresponde a esta Corte verificar nuevamente esos requisitos y declarar erróneamente concedido el recurso cuando falte alguno de ellos, sin pronunciarse sobre el fondo.
Que ese examen es anterior al tratamiento de los agravios. Se trata de determinar si la resolución contra la cual se dirige el recurso reúne el requisito de impugnabilidad objetiva necesario para abrir la instancia de casación. El interés de los imputados en obtener una decisión favorable, la indicación de motivos comprendidos en el art. 454 del C.P.P. y el cumplimiento eventual de los recaudos de interposición no dispensan de verificar ese presupuesto autónomo. Por ello, la solución de esta cuestión no exige anticipar un juicio sobre el plazo de presentación ni sobre el mérito de la imputación.
Que el art. 430 del C.P.P. consagra la taxatividad de los recursos y su art. 455 limita la casación a las sentencias definitivas y a los autos allí previstos, sin perjuicio de los supuestos de equiparación reconocidos cuando la decisión produce un perjuicio actual que no puede ser reparado eficazmente en el curso ulterior del proceso. La cuestión decisiva es, entonces, si el rechazo de la excepción cierra la discusión sobre la tipicidad o priva a los imputados de una oportunidad de defensa que no volverán a tener.
Que la respuesta, a esto, es negativa en las circunstancias de este caso. El Auto Interlocutorio N° 125/2026 confirma el rechazo de una excepción opuesta durante la investigación penal preparatoria y permite que las actuaciones continúen; no declara acreditados los hechos, no establece de modo definitivo la responsabilidad de Flores Chávez o Moreyra ni decide irreversiblemente la calificación legal.
La apelación prevista para la resolución de las excepciones por el art. 195 del C.P.P. ya fue ejercida. El control de esa decisión por casación requiere, además, demostrar su definitividad o un efecto equiparable, extremo que no se sigue de la sola confirmación adversa del rechazo.
Que el propio desarrollo del agravio muestra el alcance de la controversia pendiente. La defensa sostiene que el Decreto N° 041/24 y la nota del 7 de marzo de 2025 permiten reconstruir la designación como un error material rectificado y atribuir al Departamento Ejecutivo la subsistencia de la denominación anterior en los recibos.
La Cámara de Apelaciones, en cambio, señaló que esa explicación debe confrontarse con los recibos emitidos durante varios meses y con los restantes elementos mencionados por el Ministerio Público Fiscal, entre ellos declaraciones testimoniales y el informe de una contadora perito de la Fiscalía. Determinar qué funciones ejerció efectivamente Flores Chávez, qué alcance tuvo la rectificación y qué incidencia corresponde atribuir a la documentación posterior supone resolver extremos fácticos todavía controvertidos.
Que el art. 194 del C.P.P. admite el ofrecimiento y la recepción de prueba cuando una excepción se funda en hechos que requieren acreditación. De ello, no se sigue que toda decisión que la rechaza sea definitiva a los fines de la casación.
En este supuesto, la crítica recursiva pretende que se adopte ahora una valoración de los elementos de cargo y de descargo distinta de la que la Cámara consideró posible en el estado de la investigación. La continuidad de ese examen conserva la posibilidad de discutir la atribución, la suficiencia de sus fundamentos y el encuadre legal en las oportunidades que ofrece el procedimiento y, en su caso, de obtener una decisión desvinculante. El recurso no demuestra que la discusión sobre la tipicidad y la prueba quede privada de revisión eficaz por efecto del auto recurrido.
Que esta distinción tiene sustento en la jurisprudencia de la Sala Penal, en el Auto Interlocutorio N° 42 del 23 de septiembre de 2016, Expte. Corte N° 107/15, “Moreno, Walter del Valle”, ante el rechazo de una excepción de falta de acción vinculada con el encuadre legal del hecho, se declaró formalmente inadmisible la casación porque la decisión no ponía fin a la causa ni a la acción y la calificación discutida conservaba carácter provisional.
En el Auto Interlocutorio N° 49 del 24 de octubre de 2023, Expte. Corte N° 88/23, “Guillou, Bernardo Cristian”, la Sala rechazó la queja promovida frente a la denegación de la casación luego de que la defensa alegara atipicidad durante la investigación porque consideró que la prosecución del proceso no acreditaba por sí misma un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, puesto que la cuestión podía ser replanteada y dar lugar a la desvinculación del imputado.
Más recientemente, en el Auto Interlocutorio N° 13 del 23 de abril de 2026, Expte. Corte N° 021/2026, “Castro y Márquez”, se declararon inadmisibles los agravios sobre tipicidad y sana crítica dirigidos contra una decisión que permitía la continuación del proceso.
De ello se colige la diferencia entre las vías y etapas procesales de esos antecedentes para atender a los efectos concretos de la resolución cuestionada y a la posibilidad de una reparación posterior.
Que la Sentencia N° 12 del 11 de abril de 2025, Expte. Corte N° 069/24, “Ortega, Cristian del Valle”, invocada por el defensor, no conduce a otra solución. Allí se consideró equiparable a definitiva la denegación de la suspensión del juicio a prueba porque el tratamiento de esa pretensión no sería eficazmente revisable en otra oportunidad.
La decisión, aquí recurrida, versa sobre la tipicidad y los elementos que podrían sustentarla en una investigación todavía abierta. La defensa no explica por qué la revisión posterior de esos extremos perdería eficacia del mismo modo que la decisión sobre una salida procesal cuya oportunidad es anterior al juzgamiento.
Que tampoco basta la mención del Auto Interlocutorio N° 134/2026 de la Cámara de Apelaciones. El recurrente afirma que en otra causa se declaró admisible una casación contra una decisión de igual naturaleza, pero no individualiza las circunstancias y razones de ese pronunciamiento que permitirían trasladar su solución al presente. En cualquier caso, la decisión del tribunal de origen sobre la concesión de un recurso, no sustituye el control de impugnabilidad objetiva que el art. 462 del C.P.P. encomienda a esta Corte.
Que los reproches formulados bajo los incisos 1° y 2° del art. 454 del C.P.P. tampoco modifican la naturaleza del auto atacado. Su examen presupone la apertura de la instancia; no puede emplearse la invocación de un motivo casatorio para dar carácter definitivo a una decisión que no lo tiene.
Lo mismo ocurre con la alegada afectación del principio de legalidad del art. 18 de la Constitución Nacional, su importancia impone preservar una revisión eficaz cuando corresponda, pero no demuestra, sin identificación de un perjuicio irreparable propio de esta etapa, que la continuación del proceso cierre esa revisión. El anuncio de informe oral no altera el orden de este examen formal.
Que, en consecuencia, el recurso carece del requisito de impugnabilidad objetiva exigido por el art. 455 del C.P.P. y corresponde declararlo formalmente inadmisible, sin pronunciarse sobre la existencia del hecho, su calificación o la responsabilidad de los imputados.
Las costas de este recurso se imponen a los recurrentes vencidos, por partes iguales, porque formularon una impugnación conjunta fundada en agravios comunes. La invocación de “Ortega” y la mención del Auto Interlocutorio N° 134/2026, examinadas en su alcance precedente, no aportan una razón notoria para eximirlos de la regla de los arts. 536, 537 y 541 del mismo ordenamiento. Corresponde tener presente la reserva del caso federal en los términos en que fue formulada.
Por ello, en mérito a lo dispuesto por los arts. 430, 441, 454, 455, 462, 536, 537 y 541 del C.P.P.,
I. Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Héctor Sebastián Ibáñez, en defensa de Dante Germán Flores Chávez y Eliana Elizabeth Moreyra, contra el punto I) del Auto Interlocutorio N° 125/2026 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, por falta de impugnabilidad objetiva, y tenerlo por erróneamente concedido mediante Auto Interlocutorio N° 148/2026, sin pronunciamiento sobre el fondo.
II. Imponer las costas a los imputados recurrentes por partes iguales (arts. 536, 537 y 541 del C.P.P.).
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada por la defensa.
IV. Protocolícese, notifíquese y bajen estos obrados a origen a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MÍ: Dra. Érica Gorkiewicz Moroni –Secretaria (P/L/T) - CERTIFICO: Que el presente es copia fiel del original que obra agregado al protocolo de la Secretaría Penal. Conste.
Fin de la sentencia