Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de abogado defensor de Claudio Exequiel Flores y Jesica María del Valle Reartes, en contra de la Sentencia n° 45/2025 dictada por la Oficina de Gestión de Audiencias – Juicio por Jurados.
2Rechazar el recurso de casación deducido en favor de Claudio Exequiel Flores y, en consecuencia, confirmar la condena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, con accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
3Rechazar los agravios deducidos en favor de Jesica María del Valle Reartes en cuanto cuestionan su declaración de culpabilidad y la calificación legal atribuida, confirmando su condena como partícipe secundaria del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
4Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto en favor de Jesica María del Valle Reartes, únicamente en lo relativo a la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta.
5Confirmar el monto de la pena de tres años de prisión impuesta a Jesica María del Valle Reartes, disponiendo que la misma sea de ejecución condicional, conforme los arts. 26 y 27 bis del Código Penal.
6Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, en cuanto no se oponga a lo aquí resuelto. …
SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y CINCO
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti como Presidenta, Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño, se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en expte. Corte n° 05/26, caratulado: “Flores, Claudio Exequiel; Reartes, Jesica María del Valle - homicidio calificado, etc. s/ recurso de casación c/ Sentencia n° 45/2025 de expte. n° 53/24”.
Por Sentencia n° 45/2025, del 10 de diciembre de 2025, dictada por la Oficina de Gestión de Audiencias – Juicio por Jurados, se resolvió, en lo que aquí interesa: “I) Imponer a Claudio Exequiel Flores, de condiciones personales relacionadas en la causa, la pena de diez (10) años de prisión, con accesorias legales y costas, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, previsto y penado por los Art. 79º, 41º bis, 42º, 45º, 12º, 40º y 41º del Código Penal; y arts. 536, 537 del C.P.P. II) Imponer a Jesica María del Valle Reartes, de condiciones personales relacionadas en la causa, la pena de tres (03) años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de partícipe secundaria, con costas, previsto y penado por los art. 79º, 41º bis, 42º, 46º, 40º y 41º del Código Penal; y arts. 536, 537 del C.P.P. III) Ordenar la detención del condenado Claudio Exequiel Flores procediendo a su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial (art. 280 y c.c. del C.P.P.). IV) Imponer a Jesica María del Valle Reartes, hasta que quede firme la presente sentencia, el cumplimiento de las siguientes normas de conducta: a) Fijar domicilio y no mudarlo sin aviso a la autoridad; b) comparecer a toda citación que se le formule; c) prohibición de mantener cualquier tipo de contacto directo o indirecto con la víctima Cristian Exequiel Acosta o su grupo familiar. (…)”.
Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de casación el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de abogado defensor de Claudio Exequiel Flores y Jesica María del Valle Reartes, y centra sus agravios en los arts. 454 inc. 3 y 460 del C.P.P. y 93 de la ley 5.719.
Primer motivo de agravio:
En su presentación, el recurrente sostiene, en primer lugar, que la sentencia condenatoria deriva de un veredicto del jurado que sería arbitrario y manifiestamente contrario a la prueba producida en el debate. Afirma que, aun cuando en el sistema de juicio por jurados no sea posible conocer el proceso intelectual seguido por sus integrantes, una correcta valoración de la prueba debió conducir a una solución distinta, particularmente respecto de la intención atribuida a Flores y de la participación asignada a Reartes.
En relación con Claudio Exequiel Flores, cuestiona que se haya tenido por acreditado el dolo homicida. Sostiene que la prueba producida no permitiría afirmar, más allá de toda duda razonable, que aquél hubiera tenido la intención de dar muerte a Cristian Exequiel Acosta. Aduce que el hecho se produjo en un contexto previo de conflicto, vinculado a un presunto robo sufrido por el imputado y su familia, y que la conducta de Flores debió ser encuadrada, en todo caso, en una figura menor, como lesiones gravísimas en estado de emoción violenta.
También critica la valoración de conversaciones y audios de WhatsApp, señalando que no se habría acreditado debidamente su autenticidad ni la pertenencia del número telefónico identificado como “Peyeyo” al imputado Flores. Alega que se trató de prueba de dudosa calidad, incorporada en debate de manera perjudicial para los imputados, y que, aun tomándola en consideración, no surgiría de ella una amenaza de muerte clara y directa contra Acosta.
Asimismo, cuestiona la interpretación efectuada respecto de los registros fílmicos y de la reconstrucción del hecho. Alega que de esas constancias surgiría que Reartes conducía la motocicleta sin conocer lo que iba a suceder, que Flores descendió intempestivamente del rodado, que ella no tenía visibilidad sobre lo que ocurría dentro de la obra en construcción, y que incluso habría gritado a su pareja para que cesara su conducta.
Respecto de Jesica María del Valle Reartes, la defensa sostiene que no se acreditó una participación consciente y voluntaria en el hecho. Señala que la sola circunstancia de haber trasladado a Flores o de haber permanecido en cercanías del lugar no basta para atribuirle responsabilidad penal; que el propio Ministerio Público Fiscal, al momento de alegar, solicitó su absolución; y que el jurado, pese a ello, la declaró culpable sin que existiera prueba suficiente para superar el estándar de duda razonable.
Segundo motivo de agravio:
En segundo término, la defensa denuncia la inobservancia y errónea aplicación de las normas previstas para la individualización judicial de la pena, con fundamento en el art. 454 inc. 3° del C.P.P. En relación con Claudio Exequiel Flores, sostiene que la pena de diez años de prisión impuesta resulta manifiestamente desproporcionada, excesiva y carente de una fundamentación suficiente, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de un delito en grado de tentativa y que, a criterio del recurrente, el tribunal habría utilizado como agravantes circunstancias que ya integran la figura típica aplicada. En esa dirección, cuestiona que se hayan valorado en su contra la naturaleza de la acción, el medio empleado, el peligro ocasionado y la extensión del daño, por entender que tales extremos se encuentran comprendidos en la propia calificación legal de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, configurándose así una doble valoración prohibida.
Asimismo, el recurrente afirma que la sanción impuesta a Flores no guarda adecuada proporción con otras condenas dictadas en la jurisdicción provincial en casos que, según su criterio, revistieron mayor gravedad, incluso supuestos de homicidios consumados o hechos cometidos con pluralidad de intervinientes. Sobre esa base, sostiene que la respuesta punitiva seleccionada por la jueza directora luce arbitraria, pues no explicaría de manera concreta por qué correspondía imponer una pena tan elevada dentro de la escala aplicable. Alega también que debieron ponderarse con mayor intensidad las circunstancias atenuantes reconocidas en la propia sentencia, tales como el contexto previo del conflicto, la situación socioeconómica y familiar del imputado, su arrepentimiento, el pedido de disculpas a la víctima, la falta de antecedentes computables y sus condiciones personales de vida.
En función de ello, y para el caso de que no se hiciera lugar al planteo principal dirigido a modificar la calificación legal atribuida a Flores, la defensa solicita subsidiariamente que se revise el quantum de la pena impuesta y se reduzca la sanción a seis años de prisión, por considerarla más proporcionada al hecho, a la escala penal aplicable y a las pautas previstas por los arts. 40 y 41 del Código Penal.
Finalmente, y en relación con Reartes, cuestiona tanto el monto como, principalmente, la modalidad de cumplimiento de la pena. Sostiene que la sentencia impuso tres años de prisión efectiva sin brindar razones suficientes para descartar la aplicación del art. 26 del Código Penal, pese a tratarse de una pena que no excede dicho límite legal. Señala que la magistrada reconoció expresamente a su favor la falta de antecedentes computables, su condición de madre de tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad, y la necesidad de presencia y acompañamiento de la progenitora, pero aun así dispuso una pena de cumplimiento efectivo sin explicar por qué las finalidades preventivo-especiales no podían alcanzarse mediante una condena condicional. Con cita de doctrina y jurisprudencia vinculada al art. 26 del Código Penal, solicita que, en caso que no se haga lugar a la absolución, que se aplique el mínimo de la pena prevista para el delito en cuestión y que dicha pena sea dejada en suspenso.
Efectúa reserva del Caso Federal y del recurso contenido en el art. 2, ap. 3, inc. b) del PIDCyP.
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 72), nos pronunciaremos de la siguiente manera: 1° Dr. Martel, 2° Dra. Saldaño y 3º Dra. Rosales.
Así las cosas, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1. ¿Es formalmente admisible el recurso de casación interpuesto?
2. En la sentencia recurrida, ¿se ha incurrido en arbitrariedad del veredicto, errónea aplicación de la ley sustantiva o inobservancia de las normas previstas para la individualización y modalidad de cumplimiento de la pena? ¿Qué resolución corresponde dictar?
A la primera cuestión, el Dr. Martel dijo:
El recurso de casación interpuesto reúne los requisitos de admisibilidad formal previstos en el art. 460 del C.P.P. debido a que ha sido deducido en tiempo oportuno, por parte legitimada, con asistencia técnica, contra una sentencia definitiva de condena y con invocación de agravios susceptibles, en principio, de revisión en esta instancia. En consecuencia, corresponde declarar formalmente admisible el recurso. Así voto.
A la primera cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Adhiero a la solución propugnada por el Sr. Ministro preopinante y voto en igual sentido.
A la primera cuestión, la Dra. Rosales Andreotti, dijo:
El Dr. Martel da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la cuestión relativa a la admisibilidad formal del recurso. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la segunda cuestión, el Dr. Martel dijo:
El hecho que el Tribunal consideró acreditado, es el siguiente: “Que el día 19 de julio del año 2022, en horario que no puede determinarse con precisión, pero que estaría comprendido entre la hora 12:30 y 13:00 aproximadamente, Claudio Exequiel Flores (a) “Peyeyo” a bordo como acompañante en una motocicleta marca Honda modelo CG 150 cc Titán de color roja dominio A120QEV, la que era conducida por su pareja YESICA MARIA DEL VALLE REARTES, se hicieron presentes en calle Primero de Mayo a la altura de la numeración 1279 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Una vez en el lugar, CLAUDIO EXEQUIEL FLORES (a) “PEYEYO”, descendió de la motocicleta, mientras YESICA MARIA DEL VALLE REARTES se quedó a bordo de la misma aguardando a FLORES, quien procedió a ingresar a una obra en construcción existente en el lugar, donde se encontraba trabajando como albañil Cristian Exequiel Acosta, y muñido de un arma de fuego pistola 9 mm- únicos datos-, habría increpado a Acosta, quien corrió hacia la parte trasera de la obra en construcción, procediendo FLORES con claras intenciones de darle muerte a Acosta, a efectuar tres disparos con su arma de fuego hacia la humanidad de Cristian Exequiel Acosta, habiendo impactado uno de esos tres disparos sobre Acosta, ocasionando las siguientes lesiones conforme consta en examen médico técnico obrante en autos: “Herida de Bala, probable calibre 9 mm, con orificio de entrada en hipocondrio izquierdo del abdomen y salida en tórax anterior sobre línea hemiclavicular a la altura de la mamila derecha. En su trayecto provocó estallido del bazo (se realizó esplenectomía), desgarro de estómago (se realizó rafia), estallido de hígado, doble brecha diafragmática que fue suturada y doble hemotórax, por lo que se colocó tubo pleural bilateral. Estado muy comprometido, en asistencia respiratoria e intubación. Pronóstico reservado con peligro de muerte, sujeto a evolución, para luego de haber efectuado los disparos, CLAUDIO EXEQUIEL FLORES (a) “PEYEYO”, a retirarse de la obra de construcción, y subirse a la motocicleta marca Honda modelo CG 150 cc Titán de color roja dominio A120QEV en la que se encontraba aguardándolo su consorte delictivo y pareja YESICA MARIA DEL VALLE REARTES, dándose ambos a la fuga del lugar en la motocicleta de mención rumbo desconocido, por calle Primero de Mayo con sentido hacia el Sur”.
Ingresando al tratamiento de los agravios traídos a estudio, adelanto que el recurso debe ser rechazado en cuanto pretende conmover la declaración de culpabilidad de Claudio Exequiel Flores y Jesica María del Valle Reartes, así como también en cuanto procura la reducción del monto de la pena impuesta al primero. Sin embargo, corresponde hacer lugar parcialmente a la impugnación respecto de Jesica María del Valle Reartes, exclusivamente en lo relativo a la modalidad de cumplimiento de la pena de tres años de prisión impuesta, la que deberá quedar en suspenso.
I. Agravio vinculado a la supuesta arbitrariedad del veredicto del jurado.
La defensa sostiene que la condena se apoya en un veredicto arbitrario, apartado de la prueba producida en el debate y contrario al estándar de duda razonable. En particular, afirma que el jurado no habría contado con elementos suficientes para tener por acreditado el dolo homicida de Flores ni la participación penalmente relevante de Reartes. El agravio no puede prosperar.
Como punto de partida, corresponde recordar que la revisión casatoria de un veredicto emitido por un jurado popular exige compatibilizar dos mandatos constitucionales: por un lado, el derecho del condenado a obtener una revisión amplia e integral de la sentencia; por otro, el respeto debido al veredicto popular emitido por el órgano constitucionalmente previsto para juzgar los hechos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente “Casal”, ha establecido que el derecho al recurso exige una revisión amplia de todo aquello que resulte revisable, agotando la capacidad de rendimiento del remedio intentado. Pero ello no autoriza a convertir la casación en una reedición completa del debate ni a sustituir sin más la valoración del órgano que tuvo inmediación con la prueba, salvo que se verifique arbitrariedad, ausencia de fundamentación racional, apartamiento palmario de las constancias de la causa o quebrantamiento de garantías esenciales.
En el sistema de juicio por jurados, el veredicto no expresa los fundamentos individuales de cada integrante. Sin embargo, ello no impide su control. La revisión debe reconstruir si, a partir de las pruebas producidas y de las instrucciones impartidas, una conclusión de culpabilidad podía ser razonablemente alcanzada. La pregunta no es si este Tribunal hubiera valorado la prueba de igual manera, sino si el veredicto condenatorio cuenta con sustento racional suficiente o si, por el contrario, resulta manifiestamente incompatible con la prueba rendida.
Bajo ese marco, la impugnación de la defensa no demuestra arbitrariedad. Lo que propone, en rigor, es una lectura alternativa de los mismos elementos probatorios valorados durante el debate. Pero la mera posibilidad de ensayar una hipótesis defensiva distinta no convierte en arbitrario el veredicto ni habilita su anulación, cuando la conclusión de culpabilidad se presenta como una derivación razonable del cuadro probatorio.
La defensa sostiene que no se acreditó que Flores haya querido dar muerte a Acosta. Alega que su conducta respondió a un contexto de conflicto previo, vinculado al presunto robo de bienes de su propiedad, y que la prueba permitiría, a lo sumo, encuadrar el hecho en una figura lesiva. Tampoco este planteo puede ser admitido.
El dolo homicida, como todo elemento subjetivo, rara vez puede ser acreditado por prueba directa. En la generalidad de los casos se infiere a partir de datos objetivos: el medio empleado, la zona corporal atacada, la distancia del disparo, la reiteración de la agresión, la conducta anterior y posterior del autor, la entidad de las lesiones y las circunstancias concretas en las que se desarrolló el hecho.
En autos, no se encuentra discutido que Flores utilizó un arma de fuego calibre 9 mm; que descendió de la motocicleta en la que se trasladaba, que ingresó o se dirigió hacia el sector donde se encontraba Acosta, que efectuó disparos en su dirección y que uno de ellos impactó en la humanidad de la víctima, provocándole lesiones gravísimas que pusieron en riesgo concreto su vida.
La utilización de un arma de fuego de alto poder ofensivo, la dirección de los disparos hacia una persona determinada, la cercanía con la víctima y la entidad del daño efectivamente ocasionado constituyen indicios objetivos de suficiente entidad para tener por acreditado, al menos, el dolo homicida requerido por la tentativa de homicidio.
No asiste razón a la defensa cuando pretende derivar la ausencia de dolo homicida del hecho de que la víctima sobrevivió o de que Flores se retiró del lugar sin continuar disparando. La tentativa precisamente supone la no consumación del resultado muerte por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. En el caso, la muerte no se produjo por la asistencia médica recibida y por la intervención de factores ajenos al dominio final del imputado, no porque el medio empleado careciera de idoneidad o porque la acción hubiera sido inocua.
Tampoco resulta decisivo el argumento relativo al supuesto conflicto previo entre Flores y Acosta. Aún si se admitiera que existía una disputa anterior o una percepción subjetiva de agravio por parte del imputado, ello no elimina la significación jurídico penal de la conducta desplegada. La existencia de un conflicto previo puede explicar un móvil, pero no borra el dolo cuando el agente, armado con una pistola, dirige disparos contra la humanidad de otra persona y le provoca lesiones que comprometen órganos vitales.
Menos aún puede prosperar la pretendida subsunción en lesiones gravísimas en estado de emoción violenta. La defensa no demuestra la concurrencia de un estado emocional jurídicamente relevante en los términos exigidos por la ley penal, ni la existencia de circunstancias objetivas que tornen excusable o comprensible, desde el punto de vista normativo, la intensa reacción violenta desplegada. La mera invocación de un conflicto, robo previo o enojo no basta para desplazar la calificación jurídica cuando el modo de ejecución revela una agresión potencialmente letal.
La sentencia, en este punto, no luce arbitraria. El veredicto condenatorio respecto de Flores aparece sostenido por argumentos razonables a partir de la prueba producida.
La defensa cuestiona asimismo, la incorporación y valoración de conversaciones atribuidas a Flores, alegando que no se habría acreditado debidamente la pertenencia del número telefónico, ni la autenticidad de los audios o mensajes, ni la correspondencia de la voz con la del imputado.
Sin perjuicio de la crítica ensayada, el agravio no posee entidad suficiente para conmover la condena.
En primer lugar, la defensa no demuestra que la sentencia o el veredicto se hayan apoyado de manera exclusiva o determinante en esos elementos. Por el contrario, el cuadro probatorio valorado durante el debate fue más amplio y estuvo compuesto por registros fílmicos, testimonios, reconstrucción del hecho, constancias médicas, informes periciales y demás prueba producida en audiencia.
En segundo lugar, aun cuando se aceptara hipotéticamente una disminución del valor convictivo de tales conversaciones, ello no desarticula el núcleo central de la acusación: la presencia de Flores en el lugar, su descenso de la motocicleta, la utilización de un arma de fuego, los disparos dirigidos contra Acosta, el impacto producido en la víctima y la fuga posterior.
La arbitrariedad de una sentencia condenatoria no se configura por la simple existencia de objeciones parciales a determinados elementos probatorios cuando el pronunciamiento cuenta, además, con otros datos independientes, concordantes y suficientes para sostener la conclusión adoptada.
Por otra parte, ya en relación al agravio vinculado con la participación de Reartes, el recurrente sostiene que las imágenes y la reconstrucción acreditarían que el arribo al lugar no fue planificado, que Reartes no conocía la existencia del arma, que no tenía visibilidad sobre lo que ocurría en el fondo de la construcción y que incluso habría gritado para que Flores dejara de disparar. El planteo, nuevamente, reedita una valoración alternativa de la prueba.
El tribunal de casación no se encuentra habilitado a reemplazar la apreciación del jurado por una propia cuando la decisión impugnada se apoya en una plataforma probatoria razonable. En este caso, los registros fílmicos y la reconstrucción del hecho fueron incorporados al debate y estuvieron al alcance de las partes y del jurado. La defensa pudo controvertirlos, explicarlos y ofrecer su interpretación. Sin embargo, el jurado optó por una conclusión diferente, compatible con la hipótesis acusatoria, sin que se advierta que esa decisión resulte absurda o inconciliable con las constancias producidas.
Además, la circunstancia de que Reartes pudiera no haber presenciado visualmente cada tramo del ataque no excluye, por sí sola, la participación secundaria que el jurado le atribuyó. La participación penal puede inferirse del comportamiento anterior, concomitante y posterior al hecho, y no exige necesariamente dominio visual permanente de toda la secuencia ejecutiva.
Por lo demás, la supuesta exhortación verbal de Reartes para que Flores cesara su conducta no fue considerada por el jurado como suficiente para excluir su cooperación. Esa valoración, aun cuando pueda ser discutida desde la perspectiva defensiva, no aparece como arbitraria si se la examina dentro del conjunto de elementos producidos.
La defensa sostiene, además, que Reartes fue condenada por estar en el tiempo y lugar equivocados; que no tuvo dominio del hecho; que el propio Ministerio Público Fiscal pidió su absolución; y que no se acreditó una cooperación dolosa o consciente.
Es cierto que la situación procesal de Reartes difiere sustancialmente de la de Flores. También lo es que fue condenada como partícipe secundaria y no como autora, circunstancia que ya expresa una menor intensidad de intervención en el hecho. Pero de ello no se sigue que el veredicto de culpabilidad resulte arbitrario.
La prueba permitió tener por acreditado que Reartes condujo la motocicleta en la que ambos arribaron al lugar, permaneció en el sitio mientras Flores descendió y ejecutó la agresión, y luego facilitó el retiro del autor en el mismo rodado. Esa secuencia no fue valorada aisladamente, sino en relación con el contexto del hecho, la conducta previa y posterior, y las demás constancias incorporadas al debate.
La participación secundaria no exige dominio funcional del hecho ni coautoría. Basta con una cooperación dolosa que, sin resultar imprescindible para la consumación, haya facilitado de algún modo la ejecución del delito principal.
Tampoco resulta decisivo que el Ministerio Público Fiscal haya solicitado su absolución al momento de alegar. En el sistema de juicio por jurados, una vez que la hipótesis acusatoria fue válidamente sometida a consideración y que la querella mantuvo su pretensión, el jurado conserva la función de decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad conforme la prueba producida y las instrucciones recibidas. El pedido fiscal de absolución no cancela automáticamente la posibilidad de un veredicto de culpabilidad cuando otra parte acusadora mantuvo la imputación y el caso quedó dentro de las alternativas sometidas al jurado.
Por lo tanto, aun cuando la defensa ofrezca una interpretación distinta y favorable a Reartes, no demuestra que la conclusión del jurado carezca de sustento racional. En consecuencia, corresponde confirmar su declaración de culpabilidad como partícipe secundaria del delito atribuido.
II. Agravio relativo a la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P.):
La defensa cuestiona la pena de diez años de prisión impuesta a Flores, a la que considera excesiva y desproporcionada. Compara el caso con otros precedentes provinciales y sostiene que se habrían valorado indebidamente circunstancias propias del tipo penal. El agravio no puede prosperar.
La determinación judicial de la pena constituye una facultad propia del tribunal de mérito, revisable en casación cuando se demuestra arbitrariedad, fundamentación aparente, apartamiento de las pautas legales de los arts. 40 y 41 del Código Penal, o manifiesta desproporción. No basta con sostener que otra pena habría sido posible o más adecuada, ni con comparar el caso con otros procesos sin acreditar identidad sustancial de circunstancias.
Cada mensuración penal responde a un juicio concreto de culpabilidad, gravedad del injusto, condiciones personales, modo de ejecución, extensión del daño y peligro ocasionado. Por ello, las referencias a otros precedentes provinciales no resultan, por sí solas, aptas para demostrar arbitrariedad.
En el caso, la pena de diez años de prisión encuentra fundamento suficiente en la extrema gravedad del hecho, el uso de un arma de fuego, la dirección de disparos contra una persona determinada, el peligro concreto para la vida de Acosta y las secuelas irreversibles sufridas, particularmente la pérdida del bazo y las consecuencias inmunológicas derivadas de ello.
No advierto que la sentencia haya incurrido en doble valoración prohibida. La agravante del art. 41 bis se vincula con el empleo de arma de fuego como factor legal de intensificación punitiva. Pero ello no impide al tribunal ponderar, dentro de los arts. 40 y 41 del Código Penal, las circunstancias concretas de ejecución, la intensidad del ataque, la entidad real del daño producido y el peligro efectivamente generado. No se trata de valorar dos veces el mismo dato típico, sino de examinar el modo singular en que el hecho se desarrolló y sus consecuencias concretas.
El quantum impuesto se ubica dentro de los márgenes legales aplicables y aparece razonablemente fundado. La defensa no demuestra que el tribunal haya partido de premisas falsas, omitido atenuantes relevantes o seleccionado una pena manifiestamente desproporcionada.
Por ello, corresponde confirmar la pena impuesta a Claudio Exequiel Flores.
Ahora bien, la defensa también cuestiona la pena impuesta a Reartes y, especialmente, la decisión de que sea de cumplimiento efectivo.
En cuanto al monto, considero que la pena de tres años de prisión debe ser mantenida. La condenada fue considerada partícipe secundaria de un hecho de extrema gravedad, que puso en riesgo la vida de la víctima y produjo secuelas permanentes. El tribunal ponderó su menor intervención al fijar la pena en tres años, diferenciándola claramente de la sanción impuesta al autor principal.
Sin embargo, distinta solución corresponde adoptar respecto de la modalidad de cumplimiento.
La sentencia reconoce expresamente a favor de Reartes diversas circunstancias atenuantes de significativa relevancia: arrepentimiento demostrado en juicio, pedido de disculpas a la víctima, falta de antecedentes computables, edad, condiciones personales y familiares, y especialmente su condición de madre de tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad, extremo que torna necesaria la presencia y acompañamiento de la progenitora.
Pese a ello, el decisorio dispone que la pena de tres años sea de cumplimiento efectivo sin desarrollar una fundamentación específica, autónoma y suficiente acerca de la necesidad concreta de ejecutar intramuros la sanción. Ese déficit resulta relevante.
El art. 26 del Código Penal habilita a dejar en suspenso el cumplimiento de una primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años. Si bien se trata de una facultad judicial, su ejercicio, tanto para conceder como para denegar la condicionalidad cuando el caso se encuentra dentro del límite legal, debe estar suficientemente motivado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la doctrina que emana de precedentes como “Squilario”, “Oyarse” y “García”, ha señalado que la condenación condicional tiene por finalidad evitar la imposición de penas cortas de efectivo cumplimiento en supuestos en los que la prevención especial puede satisfacerse mediante la amenaza de ejecución y la imposición de reglas de conducta. También ha destacado que, cuando se opta por imponer cumplimiento efectivo pese a encontrarse habilitada legalmente la ejecución condicional, no bastan fórmulas genéricas o la sola invocación de la gravedad del hecho, sino que se requiere una motivación concreta vinculada con las circunstancias personales del condenado y con la necesidad de ejecución.
En el caso, la sentencia se detiene en la gravedad objetiva del hecho, el peligro ocasionado y la extensión del daño sufrido por la víctima. Tales circunstancias justifican la condena, la calificación legal y el monto de pena impuesto. Pero no alcanzan, por sí solas, para explicar por qué Reartes, condenada como partícipe secundaria, sin antecedentes computables, madre de tres hijos menores y con un hijo con discapacidad, debe cumplir efectivamente una pena de tres años de prisión.
Debe distinguirse el juicio sobre la culpabilidad del juicio sobre la modalidad de ejecución. Confirmar la responsabilidad penal de Reartes no conduce automáticamente a imponer cumplimiento efectivo. La modalidad de cumplimiento exige una valoración propia, orientada a determinar si el encierro resulta necesario para satisfacer los fines preventivo-especiales de la pena o siéstos pueden alcanzarse mediante una condena condicional sometida a reglas estrictas de conducta.
En este punto, la sentencia presenta una tensión interna. Por un lado, impone a Reartes una pena de cumplimiento efectivo. Por otro, al analizar la necesidad de asegurar su sujeción al proceso hasta la firmeza, reconoce que respecto de ella resultan suficientes medidas menos gravosas que la prisión preventiva, destacando que siempre estuvo a derecho, se presentó espontáneamente, aún teniendo un hijo de corta edad, y afrontó el proceso colaborando con el accionar de la justicia.
Esas mismas circunstancias debieron ser ponderadas con mayor profundidad al decidir la modalidad de cumplimiento de la pena. Si el tribunal entendió que no existían razones actuales para disponer su encierro cautelar, y si además reconoció atenuantes personales y familiares de fuerte peso constitucional, debía explicar de modo específico por qué, no obstante ello, la ejecución efectiva resultaba imprescindible.
A ello se agrega una pauta de jerarquía constitucional que no puede ser soslayada, la afectación concreta que la prisión efectiva produciría sobre los hijos menores de la condenada, particularmente sobre aquél que presenta una discapacidad y requiere presencia y acompañamiento materno.
El art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional conforme el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, impone que en todas las decisiones que afecten directa o indirectamente a niños, niñas o adolescentes, su interés superior sea una consideración primordial. La Ley 26.061 define ese interés como la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías. Ello no significa impunidad ni exención de responsabilidad penal para la persona condenada; significa que, al decidir la forma de ejecución de una pena, el tribunal debe ponderar concretamente las consecuencias que el encierro produciría sobre terceros inocentes y especialmente vulnerables.
La pena debe recaer sobre la persona condenada, pero el Estado no puede desentenderse de sus efectos expansivos sobre niños que no participaron del hecho. El principio de humanidad de la pena y la mínima trascendencia de la sanción penal respecto de terceros obligan a preferir, dentro de las alternativas legalmente disponibles, aquella que satisfaga los fines de la condena con menor afectación de derechos fundamentales ajenos al proceso.
También las Reglas de Bangkok, aprobadas por Naciones Unidas, recomiendan que respecto de mujeres condenadas con hijos o personas menores a cargo se consideren medidas no privativas de libertad cuando ello resulte compatible con la gravedad del hecho y con las circunstancias del caso. Tales reglas no desplazan la ley interna, pero constituyen pautas interpretativas relevantes para decidir, con perspectiva de género y niñez, la modalidad de ejecución de una pena corta.
En autos, mantener la pena de tres años preserva la respuesta penal frente al hecho juzgado. La condena no desaparece ni se reduce. La modificación que corresponde disponer se limita a la modalidad de ejecución, por entender que la finalidad preventivo-especial puede ser satisfecha mediante una condena de ejecución condicional acompañada de reglas de conducta severas y control judicial.
No existe constancia de antecedentes computables que impidan la aplicación del art. 26 del Código Penal. Tampoco se advierte riesgo concreto de fuga o de reiteración delictiva que torne indispensable el encierro. Por el contrario, la sentencia reconoce que Reartes estuvo siempre a derecho, se presentó espontáneamente y colaboró con el proceso.
Por ello, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto en favor de Jesica María del Valle Reartes, únicamente en lo relativo a la modalidad de cumplimiento de la pena, disponiendo que la pena de tres años de prisión sea dejada en suspenso, conforme los arts. 26 y 27 bis del Código Penal. Así voto.
A la segunda cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
El Dr. Martel, a mi juicio, da las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la segunda cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
Entiendo acertados los argumentos expuestos por el Sr. Ministro, Dr. Martel que deciden correctamente la presente cuestión, como también la solución arribada. En razón de ello, adhiero a su voto y me expido en idéntico sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de abogado defensor de Claudio Exequiel Flores y Jesica María del Valle Reartes, en contra de la Sentencia n° 45/2025 dictada por la Oficina de Gestión de Audiencias – Juicio por Jurados.
2. Rechazar el recurso de casación deducido en favor de Claudio Exequiel Flores y, en consecuencia, confirmar la condena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, con accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
3. Rechazar los agravios deducidos en favor de Jesica María del Valle Reartes en cuanto cuestionan su declaración de culpabilidad y la calificación legal atribuida, confirmando su condena como partícipe secundaria del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
4. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto en favor de Jesica María del Valle Reartes, únicamente en lo relativo a la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta.
5. Confirmar el monto de la pena de tres años de prisión impuesta a Jesica María del Valle Reartes, disponiendo que la misma sea de ejecución condicional, conforme los arts. 26 y 27 bis del Código Penal.
6. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, en cuanto no se oponga a lo aquí resuelto.
7. Imponer las costas en la forma que corresponda conforme el resultado parcialmente favorable del recurso.
8. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dres. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia